I

Nunca existió un “modelo Barcelona”. Éstá fue una idea que sobre todo propiciarion los intelectuales y urbanistas cercanos al Partit Socialista para resaltar a posteriori la importancia de su gestión política.

De hecho, aún en sus mejores años Barcelona siempre fue el resultado de fuerzas contradictorias. De una parte, de las demandas de unos movimientos sociales, especialmente el vecinal, que en la década de los setenta alcanzaron un notable grado de movilización y presencia social. Que contaron con el apoyo de un importante volumen de técnicos que ayudaron a dar profundidad a estas demandas. Y que consiguieron que su plataforma reivindicativa fuera incluida entre los planes de acción de los primeros ayuntamientos democráticos. Pero junto a este impulso democrático, social, las políticas municipales siempre estuvieron contrapesadas por los intereses económicos que ya llevaban colonizando la política municipal desde tiempos inmemoriales.

Por ejemplificar, Barcelona ha tenido una gestión privada del suministro de agua desde hace más de cien años (el origen del grupo Agbar, hoy controlado por la multinacional francesa Suez). De igual modo, el servicio de limpieza ya era privado cuando cambió el régimen (y es uno de los orígenes del actual grupo constructor FCC). Y donde más se ha dejado sentir este papel de lo privado ha sido en la vivienda, lo que explica el carácter totalmente subsidiario de la política específica al respecto hasta nuestros días.

Si alguien ejemplifica esta contradicción entre demandas sociales y movimientos privados es tal vez la figura del primer alcalde democrático, Narcís Serra. Elegido como líder del PSC (especialmente con los votos cosechados en los barrios obreros de la ciudad), en la década anterior había sido uno de los principales directivos del especulativo proyecto del Pla de la Ribera (junto con su amigo Roca Junyent) propiciado por grupos empresariales locales (especialmente Catalana de Gas, el embrión de la actual Gas Natural Fenosa) y que obtuvo una respuesta contundente del movimiento vecinal de la época. La Vila Olímpica, el proyecto Diagonal Mar y el posterior del 22@ (propiciados todos ellos por los ayuntamientos socialistas) han sido en gran medida la aplicación de aquel viejo plan que buscaba revalorizar los antiguos terrenos industriales en usos más rentables.

No obstante, al menos durante los primeros años de gobiernos de izquierda, en la ciudad hubo una cierta dinámica de confrontación-diálogo-cooperación entre movimientos vecinales y administración municipal que posibilitó construir equipamientos, mejorar el tejido urbano y crear algunos mecanismos de participación con los que se podía debatir. Las mejores experiencias de la ciudad nacieron de estas dinámicas, no de planes preconcebidos desde arriba. Por ejemplo, lo que se ha presentado como logros sociales de las Olimpiadas del 92 (la cobertura de las Rondas para reducir molestias y contaminación a los barrios, el complejo deportivo de Can Dragó) fue la respuesta a una densa lucha popular que forzó su realización. Allí donde esta fuerza no existió, el resultado fue mucho menos progresista (por ejemplo en la Villa Olímpica no se incluyó ningún bloque de vivienda pública).

Tras las Olimpiadas, el deterioro del presunto modelo fue evidente, como resultado combinado del debilitamiento del movimiento vecinal, la paulatina pérdida de visión de las élites del PSC y el cada vez más presente papel de los lobbies empresariales organizados. Un deterioro que con todo tenía sus aspectos contradictorios y dio lugar a algunas respuestas interesantes. Especialmente en el último gobierno socialista de la ciudad, donde, en parte por el mayor peso que en él tuvo Iniciativa-Verds, en parte por alguna renovada resistencia vecinal y en parte por la propia conciencia del alcalde socialista Hereu de perder apoyo social, se intentó rectificar la deriva en aspectos tales como un fuerte aumento de las políticas de servicios sociales (que siempre fueron un elemento residual en los mejores años del viejo modelo) o el fallido intento de reforma de la Diagonal que concitó una brutal (y exitosa) respuesta por el potente lobby del automóvil (organizado en torno al Real Automovil Club de Catalunya, una empresa privada con disfraz de club social). Buena muestra de lo contradictorio de esta política lo constituye la implicación de los últimos responsables socialistas del urbanismo municipal en una parte del “affaire del Palau de la Musica”, consintiendo una irregular recalificación de suelo para construir un hotel por el simple hecho de que “no se podían oponer a las demandas de una institución como el Palau”. Los que llevamos años peleando en el movimiento vecinal hemos recogido otros muchos casos de sumisión del ayuntamiento a las demandas urbanísticas de grandes grupos del poder, sin que siempre sea factible demostrar que exista un delito claro.

En suma, si algo caracterizó el antinguo “modelo Barcelona” fue esta mezcla contradictoria de políticas impulsadas desde las luchas sociales, negociadas y consensuadas a veces, con ciertas dosis de procesos participativos e impulso de los intereses de grupos económicos cuya legitimidad casi nunca era cuestionada. Era un modelo que en el movimiento vecinal tildamos de “la doble participación”: la del modelo formal orientado a organizaciones sociales y personas corrientes (lento, incompleto, insuficiente) y la del palco del Camp Nou (o del Liceo), de diálogo directo y ágil con los grupos dominantes, con las élites.

II

La llegada al poder del actual equipo de gobierno ha liquidado por completo cualquier idea de modelo participativo y social de ciudad. Su obsesión es promocionar cualquier actividad orientada al lucro privado, privatizar la gestión de lo social y convertir toda la ciudad en algo vendible. Más que de promocionar la “marca Barcelona”, a veces parece que el modelo que predomina es el “todo a cien”. Los ejemplos abundan en aspectos numerosos. Recojo sólo los que se citan en una de las resoluciones que ayer aprobamos en la asamblea de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona:

• la creación sin ningún tipo de debate ni concurso público de una nueva compañía metropolitana de gestión del agua controlada por el grupo Agbar en un 80%. Y creada tras hacerse visible que había caducado la concesión a Agbar y era posible municipalizar el servicio sin autorización;
• la anunciada privatización de 25 aparcamientos públicos (los más rentables en el centro de la ciudad) y venta a Saba (la principal operadora privada de la ciudad, participada por la Caixa), que tenía próximo el vencimiento de sus concesiones;
• una nueva normativa de antenas de telefonía móvil y de uso del espacio urbano que en la práctica deja al completo control privado la instalación de antenas y la instalación de terrazas comerciales;
• la cesión del puerto antiguo (el Port Vell situado junto al barrio obrero de la Barceloneta) para la construcción de un exclusivo puerto de embarcaciones de lujo totalmente cerrado;
• el cambio de usos de Ciutat Vella (el área histórica de la ciudad) para favorecer la construcción de nuevos hoteles en una zona donde la población padece el impacto del monocultivo turístico que, entre otras cosas, favorece su expulsión;
• la introducción paulatina de tarifas al acceso a diversos espacios públicos (Parc Güell, Castell de Montjuic…) alegando la masificación generada por el turismo que está en el centro de la política municipal;
• el desvío de ayudas a las entidades sociales y la concesión de subvenciones millonarias a la organización de todo tipo de eventos, especialmente deportivos (en gran parte como respuesta a las presiones del muy organizado lobby Sport Cultura Barcelona);
• la mercantilización del espacio público de mil y una formas: se cierra un museo para celebrar una boda de la poderosa familia india Mittal, se viste la estatua de Colón para rodar un spot publicitario del FC Barcelona, se buscan sponsors para las paradas de Metro, se cambian proyectos urbanísticos de barrio para favorecer la implantación de Mercadona.

Y todo ello acompañado de una política de reformas que ignora los barrios obreros, por una política para los pobres nortada por la caridad y por el bloqueo total de la participación y el diálogo. La gestión conservadora del nacionalismo catalán cada vez se parece más a la de Madrid. Si alguna vez existió un modelo diferencial, la derecha local, ahora separatista, lo ha cepillado de cuajo. Aunque en cosas muy importantes, como en la creación de la empresa de aguas (o como en el reciente proyecto de casinos Barcelona World que de un plumazo rebajará los impuestos a todos los casinos catalanes, la mayoría de ellos en manos de los herederos del primer alcalde franquista de la ciudad), ha contado con el apoyo realista del PSC. Otra forma de decirle a la ciudadanía que “no hay alternativa”.

Quizás la única buena noticia es que tanta política de mercantilización y desguace está ayudando a reanimar a los movimientos sociales. Reforzando la capacidad de acción del viejo movimiento vecinal, dando entrada a nuevos actores y en muchos casos generando convergencias en luchas aún incipientes pero prometedoras. Y es que mucha gente está volviendo a aprender que si algo se ganó en el pasado fue porque hubo una presión social que marcó el camino de lo que había que hacer. Una presión renacida que se ha hecho visible en las movidas de la PAH, de Nou Barris Cabrejada, del movimiento Stop Pujades (contra el brutal aumento del transporte público), en las diferentes mareas, en los Yayoflautas, en la lucha contra los desalojos de inmigrantes en Poble Nou… Y que ha empezado a cosechar algunos frutos como la recuperación de Can Batlló o la Flor de Maig. Parece, salvando las distancias, que la historia se repite. En este caso para bien. Aunque faltan aún muchas piezas para que el proyecto neoliberal de la “marca Barcelona” deje paso a un nuevo proyecto social, igualitario, sostenible, participativo.