La I+D es una de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que mayor atención y debate debería suscitar en el trámite parlamentario para su aprobación. Por una razón evidente, la I+D+i, (investigación + desarrollo + innovación) si se desarrolla en el sector público (Centros de investigación, laboratorios, universidades…) es una inversión de futuro en inteligencia de capital humano y de avances tecnológicos que revierte en el desarrollo productivo de la economía del país y nos hace menos dependientes del exterior.

Así lo ha expresado la comunidad científica ante el grave deterioro a que se ven abocados los centros públicos por el recorte de aportaciones que, iniciadas en 2010, no han parado de disminuir hasta la fecha. Hecho que ha motivado agrias críticas y manifestaciones varias contra el Gobierno por no apostar por la investigación pública, mientras si hace aportaciones en I+D en favor de la empresa privada. No es que no deba apoyar el desarrollo de la industria para hacerla más competitiva en bienes y servicios. Pero lo que no está claro, es que deba llevarse a cabo con recursos públicos, pues una cosa son las ayudas para desarrollo industrial, incluida la I+D, y otra cosa es que las ayudas se dirijan a sectores de dudosa eficiencia productiva. Este es el caso de la I+D militar que paso a comentar.

Este año 2014, en los PGE figuran 506,8 millones para I+D militar, con un fuerte incremento respecto de 2013, un 39,5%; mientras que la I+D civil (5.633 millones) han recibido tan solo un 1,3% más que el año anterior. Pero la asignación de I+D militar está dividida en dos aportaciones, una que se desarrolla dentro del Ministerio de Defensa con de 163,2 millones, y otra que sale desde el Ministerio de Industria con una asignación de 343,6 millones. Pero esta última, es aportada como crédito, es decir, que se deben devolver. Estos créditos se iniciaron en 1997 y desde entonces hasta 2014 se han otorgado nada menos que 16.120 millones y no se ha retornado ni un euro a las arcas públicas, ¿Cómo ha sido esto posible? Paso a detallarlo.

Estos créditos reembolsables en I+D fueron ideados como una fórmula de “ingeniería financiera” para hacer frente a unos programes especiales de armamentos (PEAs) de un alto coste, unos 20.000 millones de 1997. Unos PEAs a desarrollar, según los casos, en los próximos 25 años: Hoy aquellos programas superan los 40.000 millones de coste, los más conocidos de los cuales son: aviones EF-2000, fragatas F-100, submarinos S-80, blindados Leopardo, helicópteros Tigre, aviones A400M así hasta quince. Como las empresas no empezarían a desarrollar esas armas sin adelantos, idearon la artimaña de otorgar créditos a 20 años vista y a cero intereses. Diseñaron un convenio firmado a tres bandas entre los Ministerios de Industria, Defensa y las empresas, mediante el cual: Industria concedía los créditos, las empresas desarrollaban las armas y cuando éstas eran suministradas se les descontaba el crédito concedido, que Defensa debía devolver a Industria.

¿Por qué fue ideado semejante embrollo? Por tres motivos: a) para no incrementar el gasto del Ministerio de Defensa siempre mal visto por la opinión pública y evitar las críticas de la oposición política; b) las industrias militares recibían unos adelantos en forma de créditos en I+D, sin los cuales no hubieran puesto en marcha unos programas tan costosos; c) se incrementaba la aportación en I+D respecto del PIB, cuando España se encontraba en el furgón de cola de la I+D de la UE, entonces se aportaba un 0,9% del PIB del cual, nada menos que un 37% era I+D militar; en 2011 ha sido del 1,33% del PIB (un 8,2% proviene de I+D militar), mientras que la media de la UE es del 1,94% y detrás de España tan solo están Eslovaquia, Polonia, Grecia, Italia y Hungría.

Las pertinentes preguntas que hoy debemos hacernos son: ¿Esos 16.120 millones fueron en realidad I+D?, ¿O simplemente fueron adelantos a cuenta de las armas? Además, ¿Alguien se cree que Defensa devolverá a Industria esos millones? Yo no, sobre todo pensando que el Ministerio de Defensa además tiene una deuda pendiente con las empresas por esos mismos programas de más de 10.000 millones que no sabe cómo afrontar. Con el agravante que a medida que los abona se convierten en déficit público y lo mismo ocurrirá con la deuda acumulada en I+D.

Por último, la cuestión central: ¿Esos recursos en I+D revertirán en desarrollo tecnológico mediante su explotación en la economía productiva? No, pues las armas no forman parte de la economía real, pues no existe competencia ni un “mercado” de armas, debido a que son adquiridas por el estado (alrededor de un 70% y el 30% restante va a la exportación); además, la adjudicación de los contratos se lleva a cabo por adjudicación directa a las cuatro grandes empresas que ejercen como oligopolio en España, a saber: EADS, Navantia, Indra y Santa Bárbara.

Entonces para hacer verosímiles las excelencias de la I+D militar, se debería saber cuántas de las tecnologías militares han sido patentadas para su aplicación en la producción civil. No lo sabemos. Mientras tanto, la I+D militar aquí y en cualquier otro lugar del mundo, es, hablando en plata, y si no que nos demuestren lo contrario, una pérdida de oportunidad para la economía productiva.

No cabe duda que la comunidad científica está cargada de razón por criticar que la I+D civil se desvirtúa mediante créditos a empresas privadas. El caso de la I+D militar ilustra esa perversión, los créditos en I+D a industrias militares privadas son una operación de ineficiencia tecnológica. Pues por mucho que se esfuercen los voceros de las virtudes de la tecnología militar, ésta difícilmente tiene una traducción práctica en el desarrollo de tecnologías civiles que redunden en mayor bienestar para la población.