La creciente contaminación de los recursos naturales básicos (aire, agua, suelo) está suponiendo un incremento notable en los cambios de nuestro ecosistema; cambios que, sin ninguna duda, amenazan el equilibrio natural del planeta. A nadie se le escapa que si los daños causados al medio ambiente en que vivimos continúan, la Tierra muy pronto estará en peligro. En el cuidado del medio ambiente, la participación ciudadana es especialmente importante, pero mucho más importantes y preocupantes son los enormes errores de gestión, tanto públicos como especialmente privados, cometidos en multitud de actuaciones en la que se toman decisiones sobre los recursos naturales básicos de nuestro planeta.

Nuestro comportamiento respecto al medio ambiente, y más concretamente el comportamiento sobre nuestra actual forma de vida, coge un significado primordial en la lucha contra la destrucción del medio ambiente. Términos como reciclaje, eliminación de residuos, ahorro de agua y energía, cambios en los hábitos de consumo y el uso ecológico de muchos bienes, cobran especial importancia individual en las personas concienciadas con la conservación del planeta en el que viven. Pero de nada sirve que la población vaya tomando cada día una mayor conciencia ecológica si las grandes empresas no aplican políticas de desarrollo sostenible y minimización de la contaminación, o si las autoridades no colaboran en la lucha por mejorar las condiciones ambientales de la Tierra, mediante la creación de leyes sancionadoras y proyectos de educación medioambiental. Como mucho, éstos comportamientos individuales servirían para que el negocio de éstas empresas contaminantes se postergara un poco (o quizá bastante) más, pero siempre a costa del deterioro del planeta; deterioro finito y en algún momento irreversible para todos.

Es en este estadio donde los grandes principios básicos -por parte de la empresa privada, el maximizar los beneficios; y por parte de la clase política, el maximizar sus votos- deben de darse una tregua por un bien mayor: conservar el terreno de juego de todos, que es nuestro preciado y único planeta. Porque en el momento en que la conciencia ecológica llegue de forma plena a las empresas y a las autoridades, primando el bien común al bien individual, la batalla contra la destrucción del planeta estará ganada.

Abordaremos a continuación el contenido de nuestro artículo: la conciencia ecológica. Pero no hablaremos de la conciencia ecológica de los habitantes de nuestro planeta, sino de la de quienes elaboran y regulan nuestra normativa medioambiental, es decir, la de nuestros gobernantes, principales garantes de la conservación de nuestra planeta frente a las mayores contaminadoras del planeta, esto es, las empresas que priorizan la consecución de beneficios al desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

El agua

Aunque el Planeta se le denomina Tierra, más del 70% de su superficie contiene agua, elemento imprescindible para la vida. Pese a ser un recurso renovable, que cambia de estado en el transcurso del ciclo hidrológico, es un recurso limitado y cada vez más escaso. De hecho, el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo provienen del consumo y de la exposición al agua no potable, que provoca la muerte de más de 25.000 personas cada día.

El problema del agua en España siempre ha sido una fuente de conflictos entre territorios, principalmente por el acceso a este recurso escaso. Pero, ¿existe una efectiva conciencia ecológica por parte de los gobiernos, en estos casos principalmente autonómicos, que parecen defender y gestionar el agua bajo principios que pocas veces se les podría denominar solidarios y de interés general? ¿Es lícito gravar el consumo del agua con tasas, cánones, tarifas, precios públicos que incrementen su precio para racionalizar el consumo de este bien escaso?

La respuesta a estas preguntas es claras: la gestión del agua en España no debería estar sometida a vaivenes políticos que sólo fomentaran resultados electoralistas en detrimento del interés general. El agua se debe gestionar sin ambigüedades y sin criterios localistas, con la eliminación de aquellos grupos de interés que se beneficien de la venta y del consumo del recurso agua. Así, el precio del agua debería garantizar la amortización, la conservación y la explotación de las infraestructuras hidráulicas, pero nunca llevar un sobrecoste añadido. Los puntos de partida son claros, pero lo real normalmente se aleja de lo conveniente. Los conflictos en la gestión del agua, el incremento de su precio vía tasas y las tentativas de privatizar este bien público son una muestra manifiesta del largo camino que queda por recorrer en esta materia.

El aire

Para responder a la amenaza del cambio climático, la ONU aprobó en 1997 el Protocolo de Kyoto, que fue ratificado por 156 países pero que finalmente fue rechazado por los mayores contaminantes del mundo: Estados Unidos y Australia. El Protocolo tiene como objetivo la reducción mundial de emisiones de los gases que contribuyen al efecto invernadero y lograr así atenuar el proceso de calentamiento global que sufre el planeta.

En él se establecen unos derechos de emisión, que representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos, superada la cual, o se compran nuevos derechos de emisión o se pagan unas determinadas sanciones. Así, el acuerdo divide y privatiza la atmósfera como si fueran parcelas e instaura un mecanismo de compra y venta de “permisos de contaminación” como si se tratara de una mercancía cualquiera, donde el Banco Mundial se ha convertido en el mayor intermediario público en la adquisición de estos derechos de emisión (obteniendo sustanciosas comisiones con la venta de los créditos generados por los proyectos).

El comercio de emisiones se ha convertido, por tanto, en un sutil método para aplazar los cambios que se deben realizar para que la economía mundial reduzca sus emisiones. Asimismo, el Protocolo de Kyoto se ha demostrado insuficiente para abordar el cambio climático: un ejemplo claro de los problemas que padecen los procesos de decisión democrática y un síntoma muy claro de las injusticias que inundan las relaciones internacionales entre los pueblos.

La energía

No menos preocupante en la conservación del medioambiente, son las cuestiones relativas a la política energética y la necesidad de desarrollo de energías renovables. En numerosas ocasiones, la Comisión Europea no se ha limitado a recordar a España que va en contracorriente al cercenar el sector de las renovables, uno de los pocos sectores con futuro en este país y que ayuda a reducir la enorme factura energética, sino que además ha acusado a la escasa competencia en el sector eléctrico español como culpable directa de la generación del déficit de tarifa (recordemos que más del 80% de la generación y distribución eléctrica del país está en manos de sólo dos compañías).

Y este oligopolio en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del actual déficit tarifario y las abultadas facturas energéticas que el consumidor acaba pagando. ¿Para cuándo, pues, un Plan Energético que favorezca las energías renovables como la fotovoltaica y la energía eólica? ¿Se teme que un cambio en el modelo energético suponga un cambio en el modelo social? La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA tiene la respuesta: “La Comisión finalmente ha cedido a la presión de los lobbies energéticos y de algunos países europeos al situar el objetivo vinculante de renovables en un modesto 27%, obligatorio para la Unión Europea en su conjunto pero no para los estados miembros”.

En su opinión, la Comisión da marcha atrás en su política de apoyo a un sector, el de las renovables, que es uno de los principales instrumentos para reducir la dependencia energética, herramienta fundamental para dar cumplimiento a los compromisos de la Unión Europea sobre cambio climático, fuente de empleo y una baza importante para la recuperación económica de Europa.

Una vez más, la conciencia ecológica falla, y nos preguntamos por qué el sector de las energías limpias pierde fuerza en pos de otras energías menos ecológicas (pero, por lo que se ve, mejor posicionadas).

A modo de conclusión

La evolución de la conciencia social en materia ecológica en nuestro país ha avanzado enormemente, llegando a considerarse a España un país comprometido con el medioambiente; un país cuyos habitantes desean que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Sólo deseamos que tal evolución se traslade a sus gobernantes, y que las decisiones en materia de medioambiente no sólo tengan claros los principios básicos medioambientales tan fáciles de enumerar –“desarrollo sostenible”, “responsabilidad ambiental”, “el que contamina paga”– sino que se traduzca en una normativa y una forma de actuación acorde a los mismos. Y que esta conciencia se vea reflejada en una fiscalidad ecológica que permita recaudar fondos públicos suficientes para financiar políticas medioambientales, contribuya a incentivar el cambio de actitud en los agentes económicos y consiga que los contaminadores reduzcan sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Todo ello para evitar que se cumpla el escenario que la sabiduría indoamericana supo plasmar en una máxima de extraordinaria eficacia: “Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero”.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]