La British American Tobacco, consorcio de industrias del tabaco que posee —entre otras marcas— Lucky Strike, Pall Mall y Dunhill, ha interpuesto recurso en Holanda contra la aplicación de una directiva europea que obliga a publicar la lista y dosis de los aditivos de los cigarrillos. A finales de los años noventa, la publicación de documentos confidenciales de esta industria permitió saber que se usan más de seiscientos ingredientes, muchos de ellos tóxicos. El argumento de las tabacaleras es «evitar el plagio de los competidores», y que «como industria tenemos el derecho a estar protegidos por la Directiva de Propiedad Intelectual».

Se sabe que los únicos gobiernos disconformes de momento con la información dada por las tabacaleras son los de Holanda y Bélgica. En España no se sabe si el Ministerio de Sanidad recibe la información especificada en la directiva.

Los gobiernos combaten el tabaquismo desde hace años mediante campañas informativas sobre el perjuicio que causa fumar, es decir, apelando a la conciencia de la gente y culpabilizándola. O también fomentando una segregación social del acto de fumar, prohibiendo hacerlo en determinados lugares públicos. Estos gestos de los gobiernos —contra los que no hay nada que objetar— les han permitido fingir que actúan contra el tabaquismo mientras eludían la acción realmente eficaz de intervenir enérgicamente y prohibir el uso de aditivos, de los que ya sabemos hace tiempo que algunos son tóxicos y otros adictivos. De modo que, torticeramente, con la mano derecha se permite a los fabricantes añadir substancias que refuerzan la adicción mientras que con la mano izquierda se insiste a los fumadores para que abandonen el tabaco. Hace demasiado tiempo que estas cosas se saben. Bienvenida sea la mencionada directiva de la UE; vigilemos para ver cómo se aplica. Pero todo este asunto revela, primero, que los fabricantes tienen el cinismo de declarar públicamente que sacrifican la salud de sus clientes en aras de la competencia comercial y, segundo, que los gobiernos han mostrado durante demasiados años una tolerancia culpable hacia este atentado flagrante a la salud pública para no crear dificultades a unas empresas que mueven muchos millones y muchos puestos de trabajo… y que dejan muchos impuestos a las arcas estatales.