Desde una óptica progresista desechamos las salidas autoritarias o conservadoras y la simple estrategia adaptativa a los retrocesos socioeconómicos y políticos. La apuesta es frenar o impedir la actual deriva regresiva y promover un giro más social en la política socioeconómica y la democratización del sistema político, con una mayor activación de la ciudadanía. Veamos algunos elementos de este punto de vista.
 

Giro socioeconómico y democratización
 

En el momento actual, se podría especular con la reproducción de cierta similitud de escenario con el periodo 2002-2004 (agresividad de la derecha, oposición del conjunto de la izquierda y los movimientos sociales, recuperación electoral socialista). No obstante, existen distintos factores y procesos específicos a los de esa etapa: gravedad de las consecuencias socioeconómicas de la crisis, reciente experiencia de la gestión antisocial del gobierno socialista, ausencia de renovación y reorientación significativas del PSOE, autonomía y persistencia de una ciudadanía activa.

Una profunda acción política, social y democrática es mucho más imprescindible para la izquierda, para contrarrestar el poder económico y financiero, corregir y regular los mercados financieros, activar a la ciudadanía y fortalecer la legitimidad de esa actuación y su representación política.

La auténtica solución para impedir y cambiar la estrategia de austeridad, revalorizar la acción pública o sociopolítica frente a los mercados financieros y reforzar la democracia, es la consolidación de una amplia corriente indignada y una fuerza social activa, con un aumento de su representación parlamentaria, reequilibrando en las izquierdas la hegemonía del partido socialista. Es un elemento también positivo para que el partido socialista resuelva de forma progresista su desafío de reorientación política y renovación orgánica, así como mejorar sus vínculos con la sociedad.

Por tanto, la crítica y el rechazo a la política regresiva, a esa clase gobernante encargada de su aplicación, muchas veces faltando a elementales prácticas democráticas de transparencia y compromisos electorales con sus bases sociales, están fundamentados, son realistas y constituyen la mejor opción pragmática para ponerles freno y promover su cambio.

Por supuesto, no todos los políticos o partidos políticos son iguales. Hay diferencias significativas, en diversos planos, entre los dos partidos mayoritarios PP y PSOE. Pero ambos han asumido y aplicado políticas regresivas y antisociales, son corresponsables junto con los poderes económicos del deterioro material de la mayoría de la sociedad y han sido poco respetuosos con sus compromisos con sus bases sociales y la opinión de la ciudadanía. Ese distanciamiento respecto de la mayoría de la sociedad, en aspectos especialmente sensibles, le hace merecer a ambos partidos, a la clase política mayoritaria y, especialmente a sus líderes, la poca confianza ciudadana sobre que su gestión de los asuntos públicos esté guiada por la justicia social, la defensa de las capas populares y desfavorecidas o el interés general de la sociedad.

En otro plano, sin esa gran responsabilidad en la gestión de la política de austeridad y la aplicación de los recortes sociales de espaldas a la ciudadanía, están las deficiencias o limitaciones de otros agentes sociales y políticos.  

En la sociedad se combinan dos elementos:

1) Una amplia desconfianza en las élites políticas actuales que a juicio de la mayoría social ‘no representan’ adecuadamente su opinión e intereses, aunque gran parte de ella siga votando a los mismos partidos políticos.

2) Una esperanza en que el sistema democrático y representativo, con nuevas élites políticas y sociales, sea capaz de una renovación institucional y una reorientación de sus prioridades socioeconómicas y políticas.

Es una aspiración sensata y justa, no exenta de cierto escepticismo en su materialización completa. La desafección no alcanza a la democracia representativa o a la acción sociopolítica y ciudadana, sino todo lo contrario, hay expectativas en que proporcionen los mecanismos para la solución. La cuestión es si es probable o, mejor, qué condiciones sociopolíticas se deben configurar para ser una opción realista y practicable.

El propio partido socialista se debate entre la continuidad o la ligera renovación de sus políticas, discursos y liderazgos. No se adivina una reorientación profunda de su estrategia y su dinámica organizativa. El grado de desarrollo de la izquierda social y política es fundamental. La potenciación y articulación de la ciudadanía activa, con su expresión del sindicalismo, el movimiento 15-M (y sus derivados), sus fórmulas mixtas (como las mareas ciudadanas) y el resto del tejido social progresista, es clave para impulsar el cambio social y político.

El futuro está abierto. La opción dominante es la salida regresiva y autoritaria de la crisis que están intentando imponer el poder económico e institucional europeo (y mundial), con la corresponsabilidad de las élites políticas del sur periférico. Pero la sociedad europea no está condenada de forma fatal a esa opción liberal-conservadora dominante, con un fuerte retroceso de las condiciones y derechos sociolaborales, el desmantelamiento del actual Estado de bienestar, particularmente para el sur europeo, y la anulación o la subordinación de las fuerzas sociales y políticas de izquierdas, el sindicalismo y los movimientos sociales progresistas.
 

La pugna sociopolítica por una salida justa de la crisis
 

El nuevo ciclo sociopolítico, iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta diversas enseñanzas. El hecho social más significativo, en este periodo, es la consolidación de una corriente social indignada, una ciudadanía activa y una doble representación social, los sindicatos y los grupos de activistas del 15-M.

Primero, en el año 2010, del sindicalismo, luego, en la primavera, verano y otoño de 2011 por el movimiento 15-M, y después, empezando ya en el otoño de 2011 (huelgas en la enseñanza pública y movilizaciones contra la reforma constitucional) y en el año 2012, ya con el nuevo gobierno del PP y sus duros planes de ajuste, con una combinación de  movilizaciones generales del movimiento sindical, acompañado de una amplia participación de grupos sociales. Se realizan las dos huelgas generales de marzo y noviembre, con cerca de cinco millones de huelguistas cada una y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones de esos días y algo menores en otras jornadas de participación también masiva como el 15 de febrero, el 19 de julio o el 15 de septiembre de ese año. Se añaden protestas sindicales y ciudadanas sectoriales y locales y algunas acciones del movimiento 15-M (y similares), que alcanzan decenas de miles de personas.

El nuevo escenario sociopolítico, con un emergente campo social autónomo y diferenciado de las instituciones políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la gestión antisocial del gobierno socialista y luego se desarrolla contra la derecha.

La configuración de las ideas fuerza de esa corriente crítica y los objetivos de su actividad expresiva, están constituidos por cuatro elementos interrelacionados:

1) El rechazo a las graves consecuencias de la crisis, el paro masivo, la desigualdad social y el retroceso en las expectativas laborales y socioeconómicas, particularmente entre la gente joven.

2) La oposición a la gestión regresiva (económica y política) dominante, con profundos recortes sociales.

3) La crítica al déficit democrático de las instituciones políticas, legitimadas electoralmente pero alejadas de la conciencia popular mayoritaria, con desconfianza social hacia la clase política.

4) El deterioro de la credibilidad del aparato socialista como representación política y cauce de las demandas de un amplio sector social.

La conciencia crítica hacia la clase política es todavía más lacerante al integrar en ella al partido socialista, como responsable de una política especialmente regresiva y dura en un país periférico como España (al igual que hicieron los partidos socialistas de Grecia y Portugal). Las bases sociales progresistas y de izquierda reaccionan más firmemente contra los recortes sociales y las medidas injustas, defienden más la igualdad social, cuestión positiva y que les diferencia de las personas de derecha. Pero, además, cuando la aplicación de medidas antisociales viene de políticos socialistas se sienten más defraudados con esa clase política al advertir más distancia respecto de sus discursos y proyectos.

La profundidad y la especificidad de la crisis económica y social en España y las medidas regresivas que adoptó el Gobierno de Zapatero-Rubalcaba en la segunda legislatura revelaban el fracaso de un proyecto modernizador. O, más grave todavía, constataban la ausencia de tal proyecto, la ingenuidad en la creencia de la solidez de nuestro sistema económico y la estabilidad de nuestro mercado de trabajo, la continuidad de la misma política económica anterior y la complicidad con la burbuja inmobiliaria, la especulación financiera y un débil Estado de bienestar.

Así mismo, la cúpula socialista infravaloraba que los fundamentos de su apoyo social, fortalecido en el periodo previo de las grandes movilizaciones sociales de 2002/2004, que le auparon para su victoria electoral, tenían que ver con su confrontación con la derecha, sus vínculos con la izquierda social y los movimientos progresistas y la expectativa de un avance en los derechos civiles, políticos y sociales.

Por tanto, la frustración de esa corriente social indignada con la clase política gestora de la austeridad para las capas populares, su crítica al poder económico y financiero, como principales culpables de la crisis, así como el malestar ciudadano, son profundos, realistas y justos. Ese fenómeno refleja una mayor conciencia del papel positivo de la propia activación ciudadana y constituye una exigencia de regeneración democrática del sistema político y una reorientación social y ética de las izquierdas.

No obstante, la realidad es que la conformación de un campo social, con una cultura progresista y una representación y articulación social, tiene unos ritmos específicos y unas características distintas a la configuración de los campos electorales, con la estructuración de unas opciones políticas y una estructura organizativa, creíbles y relativamente cohesionadas con un proyecto político y el condicionamiento de los mecanismos electorales.

El concepto ‘resistencias’ sociales o colectivas se adecúa a la realidad de los equilibrios de fuerzas y los caminos a recorrer. Las protestas colectivas no consiguen mejoras materiales inmediatas, sino que son freno al empeoramiento impuesto y generan la deslegitimación de sus gestores, para promover el cambio de políticas e instituciones. Estamos en un ciclo ‘defensivo’, de impedir retrocesos en las condiciones y los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, aunque esa posición es imprescindible completarla con un proyecto social y democrático, de transformación progresista.

El significado de la acción sociopolítica, la protesta social y las resistencias ciudadanas es impedir la deriva regresiva, antisocial y autoritaria. Esos componentes no son simplemente el contexto de la acción colectiva de la ciudadanía activa, como si fueran las circunstancias externas que rodean el hecho fundamental. Por el contrario, el actual proceso de movilizaciones populares tiene sus bases, sus objetivos y su sentido en esa realidad socioeconómica y política y expresan la aspiración a su cambio. La especificidad del actual proceso de resistencias colectivas es que señala su rechazo a componentes ‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y política y apunta a reformas profundas de carácter social y democrático.

El descontento ciudadano con esa clase política, incluido el aparato socialista en la medida que no corrige claramente su orientación, está fundamentado, es justo y conveniente. Supone un valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada representación social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de representación política y gran parte de ella sigue votando a los mismos partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un significativo efecto en el apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda.

Su evolución depende, sobre todo, de la consolidación de una dinámica creíble para derrotar esa estrategia de austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y una mayor democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva, progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas contraproducentes, adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos sectores, de carácter populista, xenófobo o exclusivista. En definitiva, la indignación ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar y madurar, no a debilitar, desprestigiar o minusvalorar.

Particularmente, desde el año 2010, estamos en otro ciclo sociopolítico y de la protesta social. No solo cambia el contexto, las circunstancias que rodean el hecho principal: el rechazo ciudadano a una política antisocial y poco democrática. Esos elementos forman parte del sentido y el significado de las resistencias colectivas en una situación defensiva respecto del poder. Es mayor la disociación entre su componente expresivo o dimensión social y sus logros reivindicativos de mejoras en las condiciones materiales o los derechos individuales y colectivos.

Desconocer los componentes socioeconómicos y laborales y, en otro sentido, las respuestas del mundo sindical, deja sin explicar aspectos sustantivos de este ciclo de movilización social. Las protestas colectivas actuales, las más amplias y generales (las huelgas generales y las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas, hasta algunos masivos conflictos sectoriales pero también cívicos, como en la educación y la sanidad) apuntan a elementos más sistémicos o de conjunto que otras experiencias más parciales. Así, infravalorar el contenido social de ese proceso de contestación ciudadana, dificulta analizar su significado, sus causas y sus objetivos. Nos alejaría de la realidad, dificultando una interpretación adecuada y, sobre todo, una estrategia o un proyecto sociopolítico acertado.

Rebajar este enfoque social y crítico generaría, por una parte, el embellecimiento de la gestión socialista y la derecha, basada en la austeridad, y, por otra parte, la minusvaloración del fortalecimiento de la ciudadanía activa y, más en general, de la articulación de un fuerte movimiento social transformador de la realidad socioeconómica y política. Y este factor es clave para promover una salida más justa y equitativa a la crisis y asegurar un modelo social avanzado para los países europeos.

La cuestión es la perspectiva y las características de la conformación de los dos campos y su interrelación: el social o sociopolítico y el político-electoral. Es difícil, con  las tendencias actuales, asegurar la certeza de una salida justa y solidaria de la crisis. No obstante, es imprescindible proponer y empujar por un proyecto transformador, referencia para los sectores de izquierda, estímulo para la ciudadanía activa y condicionamiento de los equilibrios y acuerdos más amplios que puedan definir fases intermedias y aislar a los núcleos de poder más reaccionarios. Ello permitirá una mayor firmeza y determinación de los distintos agentes sociales y superar la inercia adaptativa o la simple supervivencia representativa. Es el sentido de una alternativa sociopolítica y una teoría social crítica que permita fortalecer la acción práctica igualitaria y democrática, así como el compromiso solidario.

Extracto de la Comunicación presentada en el XI Congreso español de Sociología, en el grupo de “Movimientos sociales, Acción colectiva y Cambio social”,  julio de 2013

[Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid]