A estas alturas, pocos se atreverían a defender una política sin ética. Es una idea asumida y repetida que la política y los políticos han de actuar éticamente y que la política ha de dialogar con la ética. “Nos ha faltado ética” o “Hemos sido poco éticos”, se ha dicho repetidas veces durante estos últimos años. En el contexto actual de crisis, se ha apelado a la ética como salvavidas y como reconstituyente moral de la vida pública. No se va a discutir ahora sobre este llamamiento a poner la ética en el centro de la política, sino sobre un efecto asociado a este llamamiento: la ética sin política.

La ética, en tanto que referente público, ha sustituido en buena medida a la desgastada política. Las aguas de la ética se han vuelto más cálidas que las de la política en las que la realidad chirría constantemente. Aunque no se sepa muy bien a qué se apela bajo el rótulo ‘ética’, esta referencia goza de buena salud frente a la mórbida política. Los publicistas lo han entendido rápidamente: se pueden ver anuncios en los que se aprovecha la ridiculización de los políticos y se utiliza en positivo las referencias éticas. Y no faltan motivos para hacer escarnio público de la corrupción, de los desmanes de algunos representantes políticos, de la mediocridad o del oscurantismo en la gestión pública. La referencia pública a la ética aparece inmaculada, libre de culpa, incólume.

Diríase que la ética trata de rescatar a la política, aunque en realidad el fenómeno es más complejo. De hecho, este fenómeno es anterior a la crisis del 2008. Se corre el peligro de situar el origen de fenómenos como el que aquí se comenta en el origen de la crisis, cuando en realidad esta transformación ya se observaba desde tiempo atrás. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos decenios y se ha intensificado en estos años de crisis?

La expansión de la ética sin política puede describirse a partir de distintos factores que interactúan entre ellos. La frustración ante la creciente pérdida de conquistas sociales es uno de ellos. Una mayoría social ya no se sitúa en la perspectiva mental expresada en “un mundo por ganar”, sino en la más defensiva “resistir” o en “el mundo que hemos perdido” que expresa la sensación de derrota y de fracaso. En esta situación de frustración, las estructuras de gobierno, los partidos políticos y los políticos han caído en el descrédito.

No ocurre lo mismo con los expertos en ética, los comités y observatorios, los códigos éticos, que han proliferado desde hace años. Basta una búsqueda rápida en algún buscador de internet para darse cuenta del alcance de este fenómeno. Estos espacios, algunos de ellos previstos legalmente, han contribuido a incrementar la presencia del término ética en la vida pública. Bajo este rótulo se realizan pronunciamientos y en ocasiones se toman decisiones sobre cuestiones centrales de la vida en común de las personas. Lo que se presenta como una intervención desde la argumentación ética es en muchas ocasiones una intervención con contenido político ya que se orienta (o se decide) sobre cuestiones centrales de la vida colectiva. Sin embargo, no se utiliza el término política o sus derivados, y sí el ético. Hay razones para ello que no se reducen a las anteriormente señaladas.

La ética sin política puede ser cómoda. Supongamos que en una empresa, o en una administración se propone la creación de un “comité político”, no es probable que prospere la propuesta. Sin embargo, si el nombre utilizado es “comité ético” (o una expresión similar) es probable que se diga: pero ¿cómo es que todavía no lo hemos creado? Más allá de las modas, la ética sin política puede resultar cómoda en el momento en que aconseja, orienta, promueve, anima… pero no obliga.

La reflexión ética cumple y ha de cumplir, sin duda, un papel público importante. Esto no se discute. El problema se plantea cuando la extensión de la ética sin política contribuye a sustraer del debate político público cuestiones que son importantes para la vida en común. Lo que se necesita, bajo mi punto de vista, es que se generen las condiciones para que exista un mayor y mejor debate político público en el que las personas puedan participar. A esto puede servir una ética política, pero no una ética sin política: una ética que oculte la politicidad de las cuestiones.

La expansión de la ética sin política puede contribuir a dejar las manos libres a los centros de poder a los que beneficia situar las discusiones importantes en el terreno de la ética de baja intensidad en vez de hacerlo en el terreno de la política. En la medida en que el terreno de la política se estrecha y se ensancha el de la ética desligada de la política, un número menor de personas se anima a participar de forma que se reducen los ámbitos de decisión. Por paradójico que pueda resultar: la expansión de la preocupación ética puede contribuir al encogimiento de los espacios de estructuración e intervención política si se pierde de vista la politicidad de los conflictos.

El descrédito de la política y la expansión de la ética sin política ha facilitado el desarrollo de uno de los discursos sociales que más auge ha tomado durante los últimos años: el llamamiento a la responsabilidad personal como solución a los problemas sociales. Mark Tushnet, entre otros autores que han abordado esta cuestión, explica cómo, a partir de 1980, en EE.UU. se impone un nuevo orden constitucional en el que la responsabilidad individual y los mecanismos mercantiles son propuestos como los medios mediante los que se intenta satisfacer la aspiración por conseguir un modelo social más justo (The New Constitutional Order, Princeton University Press, Princeton, 2003). Los procesos de desagregación social tienen en este elemento una pieza de confirmación: las personas son responsables de su bienestar o de su malestar y del de sus allegados. La atención hay que centrarla en lo individual, no en lo colectivo, ni en las estructuras económicas o en la distribución social de los privilegios. Esta apelación a la responsabilidad personal (de la que el ministro Wert hace uso y cita el caso estadounidense en su apelación a la responsabilidad personal) se compadece mejor con la ética sin política en la medida en que se ocultan las causas colectivas de los problemas que afectan a las personas.

Paco Fernández Buey expresó con el término ‘poliética’ (Poliética, Losada, Madrid, 2003) la pluralidad de éticas existente y la conveniencia de fusionar lo ético y lo político. Para justificar esta propuesta, decía: “[…] los principales problemas que llamamos políticos remiten a principios éticos insolventables y, viceversa, que no hay asunto relativo a los comportamientos privados que no acabe en consideraciones políticas o jurídico-políticas”. Sirvan estas palabras de defensa de la ética política y de advertencia acerca de las trampas en que puede incurrir una ética sin política que trate de ocupar escenarios de debate y decisión política.