Hemos tenido conocimiento, durante el primer trimestre de este año 2013, de que el 8 de enero el Partido Socialista ha realizado una batería de preguntas al Gobierno, a través del Congreso de los Diputados, para que sean contestadas por escrito. El motivo es conocer a cuánto asciende el montante de que se beneficia la Iglesia católica (Ic, en adelante) en virtud de las exenciones y bonificaciones fiscales y otro tipo de subvenciones en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede (1979) (Un Concordato, de hecho).

Le ha preguntado al Gobierno del PP que le diga cuánto le cuesta al Estado anualmente: 1) que la Ic no esté sujeta a los impuestos sobre la renta o consumo; 2) que esté exenta total y permanentemente de la contribución territorial urbana sus edificios, locales anejos, capillas, residencias de obispos, seminarios, universidades, casas, conventos, congregaciones e institutos de vida consagrada; y 3) que esté exenta total y permanentemente de los impuestos reales y de producto sobre la renta y patrimonio, así como de los de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia.

Asimismo, pregunta el PSOE al Gobierno del PP, cuántos religiosos prestan asistencia en el ejército y en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos. Igualmente se interesa por el coste anual de dicha asistencia, que viene impuesta por los citados Acuerdos de 1979.

Las reacciones no se han hecho esperar: algunas personas han visto la iniciativa con un optimismo desbordante, creándose unas expectativas en consonancia con una actuación que no goza de precedentes. A otras, por el contrario, conocedoras de la trayectoria errática, y pasiva, de los socialistas en esta materia, dicha iniciativa les parece irrelevante. Vayamos por partes.

La primera reflexión que asalta la mente es: ¿cómo es posible que habiendo gobernado durante los últimos ocho años (de 2004 a 20011) y otros quince años anteriormente, desde 1982 hasta 1996, esto es veintidós de los últimos treinta años, no dispongan aún de estos datos? Se podría pensar que, hasta ahora, éste ha sido un asunto menor en la agenda política del gobierno, que no ha generado ningún interés a pesar de alcanzar un flujo de dinero público, por acción u omisión, de unos 11.000 millones de euros (M€, en adelante), cantidad equivalente al 1% del PIB español.

Lo cierto es que “los dineros de la iglesia” ha generado un gran interés desde hace mucho tiempo. Ya en 1986 Gonzalo Puente Ojea, siendo embajador de España ante la Santa Sede, solicitó información al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). En la respuesta, dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.” Veintiséis años después, tras diecinueve al frente del gobierno del Estado, el PSOE sigue sin conocer esta información (ni los ciudadanos).

Es positivo, por tanto, que el Partido Socialista quiera conocer ahora el montante anual que deja de ingresarse por estos privilegios fiscales a la Corporación católica. Así como también es un hito positivo el que, por primera vez, y aunque sea con un perfil tan bajo como preguntas escritas a la Mesa del Congreso, el PSOE haga pública su intención de arrojar luz sobre asuntos tan opacos, como los que se derivan de unos Acuerdos con un Estado que a su vez es también una confesión religiosa.

Sin embargo, es cierto que, por otro lado, existen motivos para el escepticismo. Los Acuerdos con la Santa Sede han sido un tema tabú en la trayectoria política del PSOE desde la Transición. Las relaciones con la Ic han estado dominadas por el secretismo, la rendición de pleitesía ante la jerarquía católica y un completo y permanente entreguismo a los intereses simbólicos, educativos y económicos de la Corporación católica.

Ese escepticismo viene alimentado por continuas declaraciones y sonados amagos a que nos ha tenido acostumbrado dicho partido. Valgan de muestra algunos ejemplos. En 2006, la Vicepresidenta de la Vega, en plena renegociación de la financiación de los sueldos de los obispos y curas católicos a cargo del Presupuesto, anticipó que la Ic “debía ir pensando en autofinanciarse”, como estipulan los propios Acuerdos; dicho amago no sólo no cortó la referida financiación, sino que elevó el “pellizco” a su favor en un 33%, manteniendo intacta toda la privilegiada estructura financiera de exenciones y bonificaciones, sobre las que ahora solicita información.

Ya en 2008 Jáuregui, secretario del Grupo parlamentario Socialista, ante sendas proposiciones no de ley de IU y el Grupo Mixto para eliminar la Biblia y el crucifijo de las tomas de posesión de l@s ministr@s (y para revisar los Acuerdos de 1979), afirmó durante el debate que “el crucifijo está de más” para, a continuación votar en contra de ambas proposiciones. Otro botón: poco después el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero manifestaría que no había necesidad de tocar los Acuerdos con la Santa Sede, pues “hasta ahora han funcionado razonablemente bien”. Así pues, existen motivos para la desconfianza.

Ya me referí a una posible explicación de estos comportamientos y analicé los argumentos que se barajaban en las filas socialistas, en un artículo que escribí en 2008, a propósito del 37 Congreso Federal del PSOE (“El Congreso del PSOE y el laicismo”). Dichos argumentos hacían referencia a que “la sociedad no está madura”, a que “no existe consenso” o a que “tendría un coste electoral excesivo”. Estos argumentos han saltado en pedazos, tras una modificación exprés de la Constitución, impuesta tan sólo con la mecánica parlamentaria de los dos partidos mayoritarios, con manifiesto desprecio al consenso social y a la deliberación democrática. En cuanto al coste electoral, no es preciso extenderse en el desplome socialista en este ámbito, incapaz de superar el 23% de la intención de voto en un momento como el actual, de rápido desplome del PP en las encuestas electorales (¿Hubiera sido mayor este coste de haber tenido que afrontar la supresión de los Acuerdos con la Santa Sede?).

Suárez Pertierra, que fue ministro de Educación entre 1993 y 1995, así como Director General de Asuntos Religiosos, ha manifestado en un artículo que “cancelar el compromiso asumido en 1979 [los Acuerdos] hubiera exigido una opción política de gran envergadura”. El contexto de 2013 es el de una crisis política y económica sin precedentes, que se está llevando por delante todo lo público (sanidad, educación servicios sociales…), generando más de seis millones de parados, una desigualdad extrema y con un sistema político esclerotizado y en poder de una casta que se autoperpetúa. Incluso se ha realizado una modificación de la Constitución “con nocturnidad y alevosía”. Esta situación sí es producto de una opción política de gran envergadura, arbitrada por los grandes poderes económicos, financieros y bancarios mundiales, con la inestimable colaboración de los poderes políticos de toda laya. En comparación con esta situación ¿se sigue viendo desde esa atalaya la supresión de los Acuerdos de 1979 como una opción política de (tan) gran envergadura?

En realidad, estoy convencido de que, como he expresado en otras ocasiones, existe en el seno del PSOE un potente lobby confesional católico cuyo poder e influencia impide no sólo la elaboración de una política laicista como partido, sino tan siquiera el afloramiento de un cierto compromiso con las ideas laicistas. Posiblemente no pueda hablarse de una corriente organizada como tal, pero el número de dirigentes políticos retardatarios es tan significativo que tal parece que son ellos los que marcan el paso en esta materia.

El error que supone el que perciban “que la sociedad no demanda más laicismo” (como dijo el anterior alcalde de Santiago, en la Ejecutiva Federal del PSOE), es del mismo tipo que les ha llevado a no percibir que la sociedad demanda más justicia social, más participación política, más servicios públicos, o unas condiciones de vida dignas, aspectos todos ellos entrelazados. Y por esa pendiente se están alejando paulatinamente de su presumible base social, quedando fuertemente deslegitimados como interlocutores políticos de amplias capas de ciudadan@s.

La consideración que a la jerarquía del PSOE les merezca el laicismo, a tenor de su práctica política, quizás no pase de tipificarlo como “el florero de la democracia”. Si en circunstancias político-económicas “normales”, asuntos tan importantes como el ejercicio de la libertad de conciencia, la igualdad de trato y la no discriminación por motivo de las creencias, o la laicidad de las instituciones y de los cargos públicos, pueden ser consideradas por algunas mentes obtusas como un mero adorno (florero), esta salvaje ofensiva de los poderosos del capital y de las finanzas, que se está llevando por delante no sólo las instituciones democráticas, sino a las personas mismas por la vía del estrangulamiento económico, debería poner en el primer plano de la agenda política la estricta separación Iglesia/Estado.

¿Cómo, si no, explicar algo que no sucede en ningún país de nuestro entorno, como es el hecho de que año tras año el Estado constitucional siga “alimentando” unas instituciones (las diócesis católicas) que gastan 10 veces más de lo que recaudan (¡más del 1.000% de déficit!) y que no sólo no realizan ningún servicio de interés general, ni por tanto público, sino que además se utilizan para torpedear “sin misericordia” todas las leyes que emanan del poder civil que no están de acuerdo con su particular moral, aunque sirvan para ampliar o reconocer derechos individuales a distintos colectivos ciudadanos?

¿Cómo explicar que, tras 34 años de Constitución presuntamente aconfesional, seamos el único país europeo que garantiza mediante un tratado internacional (Acuerdos/Concordato de 1979) el sostenimiento de una confesión religiosa y, por tanto, la preeminencia de dichas creencias en la sociedad a través de “la consecución del adecuado sostenimiento económico de la Iglesia católica” (Ic, en adelante)?

¿Cómo explicar que sólo en España se de la situación de que la educación católica concertada succione más de 4.000 millones de euros (M€) de los recursos públicos y englobe ya a más de la tercera parte de l@s estudiantes español@s, mientras se abandona y menosprecia por los poderes públicos la enseñanza pública y laica? ¿O que se desvíen 600 M€ para pagar adoctrinadores de religión en la escuela pública?

¿Cómo explicar que la Ic esté no sujeta a, o esté exenta “total y permanentemente” de todo tipo de impuestos directos o indirectos (Acuerdos/Concordato de 1979) reduciendo los ingresos del Estado en más de 2.500 M€? ¿Cómo explicar, en fin, que se desvíen de los Presupuestos hacia la institución católica más de 11.000 M€, algo más del 1% del PIB? Todo ello sin mencionar los enormes privilegios simbólicos y jurídicos (Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Ley Hipotecaria…), sin parangón en ningún país de nuestro entorno, de que goza la Ic en nuestro país.

No. Ante esta situación los dirigentes del PSOE, y sus militantes, no pueden seguir mirando para otro lado, y teniendo la percepción de que el laicismo (sin adjetivos), así como la laicidad de las instituciones, sea “el florero de la democracia”. Muy al contrario, el menosprecio al laicismo y el silencio ante los privilegios confesionales menoscaba continuamente, deslegitimándola, la razón civil que emana de la legitimidad democrática. Y el mensaje que se lanza a la sociedad es que la moral religiosa (católica) es un complemento indispensable del poder civil. Buena prueba de ello es la constante pleitesía de los poderes del Estado (Rey, Jefe de Gobierno, Parlamento, ministros) hacia los jerarcas católicos (obispos y papas) y sus ritos.

Si ya resulta irreparable el impacto que el propio funcionamiento de los grandes poderes económicos y financieros nacionales e internacionales está provocando en nuestras instituciones democráticas y en nuestros presuntos “servidores públicos”, la tenaza clerical católica contribuye a cerrar el lazo sobre el cuello de la joven democracia española, situando a la jerarquía católica y sus intereses en el centro de la escena, en detrimento de la razón civil democrática.

Es en este contexto en el que, durante el primer cuatrimestre de 2013, comienzan a sucederse declaraciones de dirigentes del PSOE: el diputado Juan Moscoso, portavoz del Grupo Socialista, además de presentar al Gobierno la batería de preguntas mencionadas al principio, declara que “fue un error” no suprimir los privilegios económicos de la Iglesia católica y que “hay que rectificar” porque “las religiones deben autofinanciarse”. Asimismo se muestra “convencido” de que “ha llegado la hora de reformar los Acuerdos con la Santa Sede”. Pero a continuación añade que “… porque hay un coste fiscal por lo que se deja de recaudar y eso en tiempos de crisis no tiene justificación”.

Esta declaración parece indicar que más que un profundo convencimiento laicista (o más sencillamente, aconfesional) la presente actitud del PSOE podría tener sentido, exclusivamente, en el marco de la crisis actual: pasada la crisis, ¿volvería a tener justificación el privilegio fiscal? En realidad, nos sitúa más en la órbita de las declaraciones de la Conferencia Episcopal, que ha declarado, “con la boca pequeña”, que quizás debería la Ic realizar “un gesto” y ser sensible al pago del IBI. Pero este “gesto” sería estéril si no se anula la madre de todos los privilegios eclesiales: el actual Concordato (Acuerdos de 1979).

Resulta asimismo críptica la declaración de Moscoso de que “no tiene ningún sentido que la iglesia subcontrate la educación religiosa en el Estado y, encima, sufragada por todos los ciudadanos”. ¿Esto quiere decir que por fin el PSOE va a realizar una propuesta política para sacar a los catequistas católicos de la escuela pública y, por ende, de los Presupuestos Públicos? Claro está, en todo caso, que en lo referente a la enseñanza concertada el mutismo es absoluto.

Fuentes parlamentarias del PSOE han denunciado la “absoluta falta de transparencia” del gobierno, que “se niega a decir a los ciudadanos que también pagan de sus impuestos la financiación pública de la Iglesia católica como las transferencias relativas a sanidad o educación, cuánto se está ahorrando la Ic al quedar exenta de impuestos” ¿Está el PSOE dispuesto a realizar, por fin, una propuesta política para que se pueda evaluar el montante a que asciende la financiación pública a la Iglesia y a sus instituciones y organizaciones, tanto de manera directa como por razón de exenciones, bonificaciones o no sujeciones a impuestos, y eso en los tres niveles estatal, autonómico y local? No podemos concebir la transparencia de otra forma que no sea el balance económico y la cuenta de resultados del conjunto de la Gran Corporación Católica. Cualquier otra “transparencia” sería pura cosmética.

La propia Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano, en relación con la pretensión del PP de modificar (en realidad, eliminar) la actual normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo, ha declarado que “si se consuma esta fechoría contra las mujeres vamos a estudiar fórmulas para pedir que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede…”. Esta declaración coincide con la manifestación de Pérez Rubalcaba que afirmaba que “si el PP sigue con su plan de ajuste ideológico a la derecha” él propondrá al PSOE que plantee la revisión del concordato con la Santa Sede.

Ramón Jáuregui, portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, coordinador de los trabajos de la conferencia política del PSOE y cabeza de filas de la corriente confesional del partido, reincidía en la idea de que en tal caso “plantearían una revisión de los actuales acuerdos con el Vaticano”. Así pues, parece que sólo si se diera esa condición (la modificación de la ley que regula la interrupción del embarazo), se plantearía la denuncia y revisión de los Acuerdos de 1979. No parece, por tanto, que este planteamiento obedezca a una convicción política profunda acerca de qué es lo que se necesita hacer en estos decisivos momentos.

En todo caso, Jáuregui va un poco más allá y declara que la fuerza de la Ic en el debate público es “anómala y exagerada”. Y no sólo en el debate público, cabe añadir: los privilegios de la Iglesia en materia económica, jurídica, simbólica, así como en la enseñanza, son exorbitantes, y no tienen parangón en toda Europa, y a ello ha contribuido persistentemente la política de todos los gobiernos socialistas en sus 23 años en el ejercicio del poder.

Jáuregui se extiende algo más, al afirmar que la posibilidad de romper los acuerdos es una “reflexión que viene haciendo una fuerte corriente de su partido [a la que él no parece pertenecer] antes incluso de que se anunciara la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo”. Tratándose del coordinador de los trabajos de la Conferencia Política del PSOE y del cabeza de filas visible de la corriente confesional del partido, la utilización de la palabra “romper” podría generar alguna expectativa, pero el hecho de que venga acompañada de la palabra “posibilidad” (ciertamente no hay nada imposible, si existe voluntad política) no nos debe ocultar que tal ruptura resulta altamente improbable.

Por último, el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso también ha declarado que es probable que no se puedan mantener invariables los términos “de aquel viejo tratado del año 1979” con el Vaticano, en un país que ha evolucionado hacia una concepción de la igualdad, de la libertad religiosa y de la laicidad incluyente.

Vayamos por partes. En primer lugar, parece que la “posibilidad” de romper los Acuerdos, condicionada a que el PP anule la actual regulación sobre el aborto, se matiza bastante: sólo se estaría planteando sustituir “el viejo tratado de 1979” por otro nuevo. De hecho, Jáuregui habla de “revisión”. En la misma línea abunda Moscoso cuando afirma que “ha llegado el momento de reformar los Acuerdos”. En realidad todas estas declaraciones me suenan a esa manida fórmula publicitaria, ya utilizada en otros tiempos por el PSOE, “Acuerdos… de entrada no”, de tan infausta memoria para tantos miles de personas de izquierda.

L@s militantes socialistas y sus dirigentes tienen la obligación de sacar de la incertidumbre a la sociedad y, especialmente, a sus potenciales votantes, sean éstos quiénes sean, en este momento de grave hundimiento de su partido y de una evidente desafección ante la política y los políticos. ¿Los Acuerdos han funcionado aceptablemente, como declaró Zapatero hace apenas unos años? ¿Son los privilegios eclesiales, tanto económicos, como jurídicos, educativos y simbólicos una muestra de ese funcionamiento “aceptable”? ¿No tiene el PSOE nada que explicar a la sociedad española (o a su posible base social, al menos) acerca de tantos errores de omisión cometidos en esta materia, e incluso de políticas activas a favor de la jerarquía eclesiástica (baste como botón de muestra la subida de más del 30% en la cantidad que se desvía de la declaración del IRPF)?

A mi juicio, sólo este ejercicio autocrítico y una iniciativa política que denuncie los Acuerdos de 1979, y proponga su anulación, podría restituir las esperanzas en la laicidad de las instituciones del Estado y de sus servidores públicos.

No obstante, la mención de Jáuregui a la “libertad religiosa” y a la “laicidad incluyente” nos sitúa en una senda de sentido contrario. Sin necesidad de extenderme en este asunto, hay que volver a recordar el empecinamiento de la actual jerarquía del PSOE en seguir “jugando en el equipo de los obispos”, omitiendo la referencia a la genuina libertad de conciencia (reconocida por la legislación internacional en la materia), dentro de la cual quedan comprendidas las creencias de tod@s l@s ciudadan@s, sean religiosas o de cualquier otra naturaleza. L@s dirigentes del PSOE conocen la diferencia, pues su último gobierno, ya en fase terminal, propuso la elaboración de una (previsiblemente descafeinada) ley de libertad de conciencia que sustituyera a la actual, e ignominiosa Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980.

Igualmente confesional es adjetivar la laicidad como “incluyente” ¿Qué incluye? ¿A quiénes? ¿Incluyente significa colaborar con la Iglesia católica y las demás confesiones, de manera que el Estado promueva las religiones y sus intereses? No. El laicismo no puede admitir adjetivaciones, pues de lo contrario lo estaríamos prostituyendo. El laicismo reconoce la libertad de conciencia de todas las personas, con creencias religiosas o de cualquiera otra naturaleza, la igualdad de derechos entre todas ellas y la estricta separación entre el Estado y las creencias. Por lo tanto, la laicidad de las instituciones que se inspiren en los principios del laicismo ya incluye a las personas de todas las creencias y convicciones, sean de la naturaleza que sean, así como excluye la manipulación eclesial de los ámbitos públicos.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, denuncia que el Gobierno del PP “no escucha” a quienes defendemos una educación y una sanidad públicas, y ello me permite una reflexión acerca de la acción política y sus efectos a medio plazo. La destrucción sistemática de la sanidad y la enseñanza pública a que se aplica afanosamente en la actualidad el gobierno del PP, aún con el telón de fondo de la ofensiva neoliberal a nivel mundial desde hace tres décadas, tiene también sus no muy lejanos antecedentes en decisiones políticas de gobiernos del PSOE: tanto la introducción de las fundaciones en la sanidad pública como la concertación con la escuela privada (católica mayoritariamente) han permitido, en la actualidad, el trasvase del ingente capital público acumulado en el sistema sanitario hacia la iniciativa privada, por un lado, y por otro, la introducción definitiva del confesionalismo en el sistema educativo español, así como el debilitamiento de la escuela pública en beneficio de la iniciativa privada.

No parece que las miles de personas que nos hemos manifestado contra esta situación en los últimos diez años hayamos sido “escuchados” por los diferentes gobiernos del PSOE. Ahora, ya en la fase final de acoso y derribo de ambos sistemas (sanidad y enseñanza), l@s dirigentes socialistas declaran que su intención no era, en ningún caso, que se llegara tan lejos. Pero, en todo caso, fueron ell@s quienes pusieron la primera piedra privatizadora y quienes han seguido dando pasos en la misma dirección hasta…su derrumbe político. Sus militantes deberían tener el convencimiento de que estos servicios (que son derechos sociales pero también deberes públicos) sirven para crear vínculos sociales, redistribuir rentas y promover una mayor igualdad entre l@s ciudadan@s. Este ámbito es el que da consistencia al Estado. Y sin un Estado con un amplio espacio público, donde confluya lo que podemos considerar de interés general, sin esta posibilidad de emancipación personal, no es posible la existencia del laicismo ni, por tanto, de la democracia.

Si las declaraciones de las personas que ejercen el liderazgo en el PSOE pueden ofrecernos indicios (al menos, verbales) de la posible voluntad política de su partido, es en los documentos oficiales de un partido (Congresos, Programas electorales) donde se expresa de manera fehaciente dicha voluntad política, así como la disposición a adquirir compromisos políticos. Y en ese sentido, los documentos más recientes, y relevantes, puestos por el PSOE a disposición de l@s ciudadan@s han sido el Programa Electoral para las elecciones generales de 2011 y la Ponencia Marco para el 38 Congreso del Partido. Veamos cómo desarrolla los aspectos relacionados con el laicismo.

El Programa Electoral a las Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011 se componía de 5 apartados y de 181 páginas. En su apartado V, dedicaba el punto 2.6 a las “Reformas para profundizar en la aconfesionalidad del Estado español”. Tras realizar alguna genérica afirmación de orden político y sociológico, como que “la laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad” (adjetivándola de “positiva”), o la necesidad de “fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna” (¿El Estado debe fomentar el pluralismo religioso? ¿Tan difícil es hablar de libertad de conciencia?), sitúa como preocupación central que “se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa” y que plantea a los países europeos (y al nuestro, se entiende) “uno de sus desafíos mayores”.

Apenas estos tres cortos párrafos, daban paso a dos propuestas, una abstracta y otra concreta: la primera, declamaba la necesidad de asegurar “la neutralidad religiosa en los espacios y actos públicos”, sin especificar a qué actos y espacios se refería ni cómo se incorporaría al campo político y jurídico normativo; la segunda planteaba suprimir los privilegios de la Iglesia católica contenidos en la Ley Hipotecaria, y su Reglamento, modificando el artículo 206 de la primera y el 304 del segundo, para hacer imposible las apropiaciones eclesiales por la práctica de la inmatriculación. Y eso es todo sobre el laicismo en el programa electoral.

En vano buscaremos ninguna referencia a los Acuerdos con la Santa Sede (un Concordato, de hecho), a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, a la elaboración de una auténtica Ley de Libertad de Conciencia, al compromiso acerca de una escuela pública laica que elimine el adoctrinamiento religioso de las aulas, a la derogación del Código Civil de los artículos que tipifican el delito de blasfemia…

El segundo documento reciente que podemos utilizar como “testigo” es la Ponencia Marco del 38 Congreso Federal, celebrado en Sevilla los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012. En este documento, de 121 páginas, sólo figuran tres referencias en otros tantos párrafos:

a) La primera, en relación con la necesidad de apostar por “reforzar la calidad de la democracia y ponerla en manos de ciudadanos y ciudadanas”, signifique esto lo que signifique, se afirma que “necesitará de una apuesta firme por desvincular definitivamente las cuestiones religiosas de las civiles, garantizando la laicidad que proclama nuestra Constitución.”. Palabras hermosas donde la haya, pero completamente vacías de contenido, al no mencionar qué deberes deberán asumir los poderes públicos para garantizar el disfrute de estos derechos y con qué iniciativas políticas y jurídicas pretende el PSOE hacerlos posible. ¿Qué se propone ante los funerales católicos de Estado? ¿Ante las tomas de posesión con crucifijos y biblias? ¿Ante la rendición de pleitesía de las autoridades civiles hacia las autoridades eclesiásticas y santos católicos? ¿Ante las capillas (con capellanes a cargo del erario público) en cárceles, hospitales, universidades y ejército?

b) La segunda mención, en relación con la ciudadanía común, afirma que ésta exige “del Estado que adopte una posición de especial neutralidad como garante del pluralismo religioso y de la convivencia entre las distintas confesiones religiosas.”, y termina declamando que “los socialistas seguiremos defendiendo la laicidad del Estado como una condición sine qua non para una convivencia armónica en nuestro país”. Una vez más se pone de manifiesto la visión reduccionista y clerical que del laicismo realiza el PSOE: sólo parece preocuparle el pluralismo religioso y la convivencia entre confesiones religiosas invisibilizando, por el contrario, a ese gran porcentaje de población atea, agnóstica o simplemente indiferente ante el hecho religioso. Es coherente con esta premisa planteamientos tan peregrinos como el “diálogo entre civilizaciones”.

En esta ocasión (38 Congreso) no se ha hecho alusión, al menos, a la consolidación de las relaciones de “cooperación con las diferentes confesiones religiosas”, que figuraba en la Resolución del 37 Congreso, aunque es consistente con la propuesta de que el Estado sea “garante del pluralismo religioso”, que he mencionado más arriba en este mismo apartado. Por eso no está de más aclarar que el ámbito de la “cooperación” del Estado con las distintas creencias debe estar basado en el ejercicio (derecho) de libertad de conciencia, de tal manera que “cooperar” debería significar hacer posible la igualdad y la libertad en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Ir más allá, como sucede en la actualidad, es confesionalismo rampante.

c) Por último, al hablar de la educación, la ponencia afirma: “Propugnamos, además, avanzar en la aconfesionalidad y la neutralidad de la enseñanza ante el hecho religioso en la escuela pública”. Se ignora cómo avanzar en este sentido sin “remover” los Acuerdos con la Santa Sede, especialmente el relacionado con la enseñanza y la Ley Orgánica de libertad religiosa. Ni una palabra, tampoco, acerca de l@s adoctrinador@s de religión en la escuela pública, de las múltiples prácticas confesionales, de los símbolos religiosos o de la permanente subordinación a los intereses episcopales.

En la misma Ponencia Marco del 38 Congreso se delineaba el escenario actual para el Partido Socialista con extraordinaria claridad: “En el último año, el PSOE ha sufrido las dos mayores derrotas electorales de la democracia. El 20-N, respecto a 2008 (sic), más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas han perdido su confianza en nosotros. Pero no debemos olvidar que otros 7 millones de españoles y españolas siguen apoyándonos. Nuestro principal objetivo es recuperar a quienes nos abandonaron y consolidar a quienes nos votaron para aglutinarlos en torno al futuro proyecto socialista. Aspiramos a ser los portavoces de millones de personas que reclaman una sociedad más justa e igualitaria”.

Ignoro qué planteamientos se están realizando en materia de laicismo, al día de la fecha, en los trabajos de la Conferencia política a celebrar en el otoño de 2013, pero en esta España supuestamente aconfesional y laica, llama poderosamente la atención la carencia de una política laicista como partido, así como su escaso compromiso con las ideas laicas.

Si bien es patente el confesionalismo de muchos prominentes dirigentes socialistas, dudo que éste sea un fiel reflejo de las ideas de la mayoría de sus militantes. Más bien se observa, en todos los ámbitos, un temor a expresarse libremente en torno a estos asuntos, como si siguiera vigente la terrible amenaza de “no salir en la foto”. Así pues, sería deseable que las nuevas generaciones socialistas pudieran formar su conciencia política (laicista) en libertad, así como que ejercieran su libertad de conciencia sin cortapisas. Claro está que esta “salida del armario” exige claridad teórica, voluntad política y valentía personal. En todo caso, estoy seguro que estas cualidades están presentes en un gran número de l@s actuales militantes socialistas.

En un momento como el actual, en que a la profunda crisis económica en nuestro país (cuyo análisis no es objeto de este trabajo), se superpone la grave crisis de legitimación del sistema político (como causa y efecto, simultáneamente), el sistema político representativo, en su actual configuración, es incapaz de conseguir unas condiciones de vida dignas para la mayoría de l@s ciudadan@s, arrebatándoles con ello la propia condición de ciudadanía.

Sin imaginar nuevas formas de participación y deliberación públicas en los asuntos colectivos, los partidos tradicionales están condenados a su atomización y, finalmente a los márgenes de la acción política. Para ello es necesario la elaboración de una política que satisfaga las necesidades sociales y económicas más sentidas por la mayoría de la población. Si las personas que están en la órbita del PSOE (dirigentes, pero sobre todo militantes) no son capaces, en esta encrucijada, de “imaginar” el futuro y arrumbar el pasado, no podrán impedir el actual rumbo errático, ni su actual declive hacia la irrelevancia. Y este imaginario, en el ámbito del laicismo, debe ofrecer respuestas a los asuntos capitales hoy planteados: Acuerdos con la Santa Sede, Ley Orgánica de Libertad Religiosa, elaboración de una Ley de Libertad de Conciencia, eliminación de las referencias confesionales en la Constitución (art. 16.3), Código Civil (blasfemia), Ley Hipotecaria y Reglamento (inmatriculaciones). Éste es el presente y el futuro. No es el momento de más silencios cómplices.

 

[Enrique Ruiz del Rosal es el presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid y miembro de la junta directiva de Europa Laica]