I

Muchos y graves son los problemas que nuestra economía tiene que afrontar en el actual periodo de crisis, del que podíamos contar en estos momentos seis largos años. Es debate común el intentar encontrar un responsable, a la vez que es problema del conjunto establecer unas premisas sobre las cuales podamos plantear una salida de esta situación económica tan desfavorable. Resulta primordial determinar tanto al responsable de la crisis como aquellas medidas necesarias para salir de la misma. Y ello es debido a que, transcurridos seis años y viendo cómo el conjunto de economías desarrolladas de nuestro alrededor crece en torno al 3% (dejando aparte economías emergentes que están canalizando crecimientos superiores al 6%), la situación para nuestro país en ningún caso va a ser cíclica y pasajera. Difícilmente llegará un momento en el que la economía española pueda de nuevo subirse a una ola y despegar, por lo que será del todo necesario encontrar mecanismos de creación de tal despegue para el conjunto de nuestra economía.

Abordaremos a continuación la primera de las figuras, esto es, el responsable de la crisis; tarea ciertamente complicada porque nadie quiere serlo y todo aquel que sea sospechoso no duda en señalar al de enfrente, máxime si su colectivo o intereses se sitúan en tela de juicio o en posición de riesgo. Pues bien, muchos tributaristas culparán de la crisis al desplome de los ingresos públicos, puesto que a nadie se le escapa que dejar de ingresar más de un 20%, y sobre todo si este 20% se traduce en cifras que superan los 22.000 millones de euros, supone un notable quebranto para cualquier economía.

Muchos gestores culparán de esta situación a la pésima gestión de los recursos públicos en época de bonanza económica. Así, quedan en entredicho la eficacia de las inversiones realizadas, que contribuyen a acumular gastos por intereses en importes cercanos a los 38.000 millones de euros anuales, y con una tendencia a crecer en los siguientes años si no se controla la prima de riesgo.

Muchos economistas culparán sin duda al sistema financiero, cuyas entidades se han beneficiado durante la crisis con transferencias cercanas a los 54.000 millones de euros, teniendo en cuenta tanto las ayudas directas como las derivadas del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, y que en ningún momento se han traducido en liquidez y créditos para la inversión productiva.

Muchos empresarios señalarán el desplome de la construcción como desencadenante de la crisis, en tanto que se trataba del sector más dinámico de la economía española, con cerca de dos millones de trabajadores vinculados al mismo.

Y finalmente, muchos ciudadanos culparán de la crisis a aquellos no contribuyentes que, de forma insolidaria, dejan de pagar sus impuestos con un fraude estimado en más de 88.000 millones de euros anuales. De hecho, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que cada español debe pagar anualmente al Fisco unos 1.910 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar debido al fraude y la evasión fiscal.

Y un resumen acertado, situaría como desencadenante de la crisis al cúmulo derivado de las anteriores situaciones, basado en el desplome del mayor sector productivo del país, la construcción, que arrastró con él a un sector financiero más preocupado por obtener dividendos que por salvaguardar su estabilidad; y todo ello unido a un sector público endeudado y mermado aún más por el desplome de los ingresos por impuestos, y las enormes cifras de fraude fiscal existentes.

II

Pero tema aparte y donde sin ninguna duda nadie entrará en controversia, será en analizar quiénes son los que realmente, y con enorme sacrificio, pagan las consecuencias de la crisis. Basta con echar un vistazo al Informe Anual de Recaudación Tributaria para comprobar que en el periodo 2006-2010, con más de cuatro millones de desempleados, los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no sólo se mantuvieron, sino que se incrementaron en más de 4.000 millones de euros (resultado propiciado por la subida de este impuesto). Por su parte, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) pasó de recaudar 54.652 millones de euros a 49.086 millones, un descenso muy bajo visto el desplome de la actividad económica en ese periodo (y que se puede explicar por los aumentos de los que ha sido objeto dicho impuesto). Mención aparte tendría el Impuesto sobre Sociedades, que, en apenas cinco años, ha pasado de recaudar 41.675 millones de euros a 14.156 millones el año pasado, lo que da una idea de los problemas fiscales que padece el Estado.

Dos son los aspectos a destacar de estas cifras. En primer lugar, cerca del 80% de la recaudación tributaria en nuestro país viene directamente de dos impuestos: el IRPF y el IVA, y ambos recaen de manera inmisericorde y con un mayor esfuerzo fiscal sobre las rentas medias y bajas. Por de pronto, está el IRPF, que es básicamente un impuesto a los trabajadores, dado que cerca del 90% de lo que se recauda mediante él procede de rentas del trabajo. De las estadísticas oficiales se desprende otro dato: las clases medias son las más castigadas por el IRPF, de tal modo que sólo un tercio de los contribuyentes paga el 52% de todo el IRPF que recauda Hacienda, unos 35.000 millones de euros. Son 5,8 millones los contribuyentes que declaran unos ingresos anuales de entre 21.000 y 60.000 euros.

Por su parte, el IVA es un impuesto aún menos redistributivo y proporcional que el IRPF, puesto que, independientemente de la Renta, el ciudadano paga obligatoriamente un tipo general del 21% en sus compras, sin posibilidad de deducción alguna. Y, ciertamente, son las rentas bajas y medias las que tienen mayor propensión al consumo al no poder destinar prácticamente nada de su renta al ahorro. Si éstas son las rentas que sostienen la estructura impositiva del país, ¿por qué no establecer como solución de justicia tributaria un impuesto alto sobre las empresas, sumado a un gravamen sobre los grandes patrimonios?

Las empresas ingresan IVA, pero no como un exceso de coste final como le ocurre al consumidor final, sino que actúan como meros transportadores del IVA que previamente han girado a sus clientes. Y respecto a su renta, pagan un Impuesto sobre beneficios plagado de deducciones y con un tipo efectivo que para sí quisieran los asalariados de renta media. Así, las empresas españolas ganaron 218.019 millones de euros en el año 2007 (y estamos hablando únicamente del último año de una década de enormes beneficios empresariales), ingresando 41.675 millones de euros, lo que nos da un tipo efectivo medio que no llega al 20% (recordemos que el tipo de gravamen más bajo en el IRPF se sitúa en el 24%, aplicándose progresivamente hasta gravar con tipos máximos del 52 al 56%).

En referencia a las grandes fortunas, un dato significativo del reparto de la riqueza mundial es el que señala que el 2 por ciento de la población posee más de la mitad de la riqueza global, según un informe de la ONU. Pero para nuestro país la estimación no es menos abrumadora. De acuerdo con los datos del Banco de España, a octubre de 2010 el 10% de las familias españolas concentran el 70% de la riqueza financiera disponible y se estima que no más de medio millón de personas acumulan en sus manos una riqueza financiera por un valor superior a los tres billones de euros.

Se entiende, pues, que en estos momentos de crisis económica en los que todos advierten la necesidad de reactivar la capacidad productiva del país, es necesaria la solidaridad de aquellos que obtuvieron pingües beneficios en la época de bonanza económica. Los grandes beneficiados de entonces no pueden ser ahora los grandes desaparecidos e los intentan que el peso de los impuestos recaiga sobre la clase asalariada.

III

Llegados a este punto, hemos de sacar una conclusión práctica, la necesidad de una reactivación de la actividad económica, bien porque la riqueza empresarial acumulada en tiempos de bonanza económica se invierta en la generación de empleo y vuelva a entrar en la economía, bien porque la élite social no deslocalice su patrimonio, pague sus impuestos sobre el mismo y nutra de liquidez al sistema (vía inversión directa, vía impuestos que se traduzca en gasto social).

Su inactividad está generando una crisis que amenaza con perpetuarse si no se establecen controles tributarios a la deslocalización de los beneficios empresariales, así como controles a la ocultación de los grandes patrimonios. La solución ya no puede ser la subida de los impuestos, como el IVA y el IRPF, que recaen sobre los que siempre pagan, porque el sacrificio fiscal que están soportando estos contribuyentes es excesivo y supondría un recorte considerable de su, ya de por sí mermada, capacidad económica.

A pesar de ello, el Gobierno ha afirmado que mantendrá el gravamen solidario del IRPF para el año 2014, es decir, un año más de lo previsto, y que lo eliminará sólo en 2015. La pregunta es: ¿para cuándo un gravamen solidario de los realmente beneficiados por la crisis? Seamos cautelosos y tomemos nota de lo que nos indica la “curva de Laffer”. Esta curva demuestra que siempre llega un momento en el que una subida impositiva ya no se traduce en un incremento de recaudación. Liso y llano: subir impuestos constantemente no supone ingresar más; sobrepasado un punto que podríamos denominar “sobreesfuerzo fiscal máximo”, cualquier aumento impositivo se traduce en una caída de la recaudación a causa del empobrecimiento global de la economía. Es más, puede llegar un momento en el que el tipo de gravamen sea tan alto que la recaudación se convierta en prácticamente inexistente. Y esto lo sabemos todos, porque el 40, 50 o 60% de cero… al final siempre va a ser cero, sobre todo si se intenta sobrecargar de impuestos a los que permanentemente contribuyen y constatan que no se les ofrecen soluciones para que la situación revierta.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]