La desastrosa situación de la economía española hace necesario un intento de clarificación de las opciones estratégicas que tenemos por delante.

El punto de partida es conocido: caída brutal de la actividad y paro masivo. Pero hay que traer al primer plano cuestiones básicas no resueltas de la producción de esta sociedad y no tanto las divagaciones sobre las medidas puntuales del gobierno, que por supuesto pueden ser tomadas en consideración en otro plano.

El primer dato básico, pavoroso, es la dependencia energética del exterior, del petróleo: una factura tremenda que en cualquier caso habrá que disminuir a toda costa. De un lado con cambios en los modos de vida —desde una coercitiva limitación del uso del automóvil privado hasta, más en general, cambios en los modelos de transporte—; de otro lado, con un impulso decidido a la produccion de electricidad a partir de energías renovables. Esta última cuestión está siendo degollada por un gobierno del PP obediente a los intereses de las grandes compañías eléctricas, en una política energética no sólo insensata sino retrógrada, burda.

El segundo dato básico es que la gran industria interior de este país, una vez hundida la construcción, que no se recuperará en muchos años, es casi exclusivamente la industria turística. Su ulterior expansion es difícil, por no hablar del problema de su fuerte estacionalidad.

El tercer dato básico es la sumisión de la agricultura a los grandes intereses de otros países de la Unión Europea. El ingreso en la UE supuso no sólo la destrucción de industrias —como la siderúrgica y la naval, sin reconversión seria— sino sobre todo un tremendo mazazo para la agricultura. Las explotaciones lácteas fueron golpeadas seriamente. Sólo el aceite y el vino se mantienen de verdad. La pequeña agricultura y la ganadería pagaron el pato de la adhesión a la Unión. Para el futuro, la necesidad de fomentar una producción agropecuaria limpia, ecológica —y por tanto exportable— puede ser una de las vías para una recuperación productiva a la altura de los tiempos.

Un cuarto dato básico a tomar en consideración es la decisión antisocial de los capitalistas españoles, adoptada a finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo XX, de realizar fundamentalmente inversiones en el exterior. Esas inversiones en general han tenido éxito, pero debemos evaluarlas comparándolas con la alternativa diversa que emprendieron en los mismos años los empresarios de países similares económicamente al nuestro, como Corea del sur. En esos países el capital decidió invertir en el interior, y por ello se crearon grandes empresas que han acabado convertidas también en multinacionales, pero cuya base es local, y demandan el tiempo de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del país. El capital privado español no ha sabido hacer nada de eso.

El quinto dato básico tiene que ver con la fiscalidad. No sólo huyen del fisco las grandes fortunas: también hay extensas zonas de trabajo «negro» que no tributan, y no principalmente entre lo que suelen llamarse clases trabajadoras —pequeños transportistas, fontaneros, pintores, albañiles, etc.—, sino sobre todo en las clases media y alta: médicos, dentistas, abogados y profesionales liberales operan parcialmente en negro y no tributan. La fiscalidad española, además de constituirse en una red con grandes agujeros por los que pueden escapar tanto los tiburones como los pececillos, es muy inferior a la media en la Unión Europea, y sobre todo es muy baja en lo tocante a las sociedades, es decir, a la empresa pequeña, mediana y grande.

Estos datos básicos deben ser tomados en consideración para que se vuelva visible la inanidad de las promesas políticas de crear empleo, que se formulan sin tener en cuenta las deficiencias elementales de la estructura productiva.

¿Quién va a crear empleo? ¿Esperamos que lo hagan la pequeña y mediana empresa supervivientes, que si sobreviven es precisamente a base de recortes de empleo y salariales, que escasamente innovan tecnológicamente en la crisis? ¿Un Estado, maniatado por la doctrina neoliberal de la Unión Europea, que recauda principalmente para pagar la deuda pública? ¿Un Estado sin instrumentos de política económica, alegremente enajenados por el tratado de Maastricht y anteriores?

¿Podemos esperar algo de unos grandes partidos políticos que han mostrado su ineptitud para la gobernación del país? ¿Que han antepuesto el rescate bancario, esto es, el pago de la deuda del sistema financiero con los bancos franceses y alemanes a la posibilidad de que el Estado español financiara una parte del cambio productivo que la crisis impone? Esos partidos, además, han pretendido que no se exigieran las responsabilidades penales que se deben atribuir a gestores de cajas y bancos, al propio Banco de España, a otras instituciones públicas y a los responsables de ministerios económicos. ¿Podemos esperar algo de unas instituciones que se limitan a mediar para que los españoles seamos gobernados por extranjeros y quedemos cada vez más sometidos a intereses que no son los nuestros?

¿Qué legitimidad material tienen las instituciones españolas en este delicado momento? ¿Cómo intentan distraernos de la cuestión principal con ruido mediático, con proyectos de ley que desvían la atención de esa cuestión principal, con la dosificada cancha concedida a cuestiones secundarias? ¿Qué legitimidad conserva una constitución cuyos elementos democráticos se volatilizan con normas penales y procesales que vacían las libertades políticas, una constitución que preside la destrucción de los derechos sociales al trabajo, a la vivienda, a la sanidad y a la educación públicas? ¿Un sistema que enajena lo ya pagado por los españoles a la voracidad de intereses particulares?

No solamente tenemos un grave problema económico: tenemos también un problema politico de enorme magnitud. Si no lo afrontamos las instituciones fraguarán rápidamente en organismos autoritarios que pesarán sobre todos los aspectos de nuestra vida; así llegaremos a un sistema social que puede hacer bueno el de los años cincuenta del siglo pasado.

Sin embargo las preguntas más pregnantes son las siguientes:

¿Que alternativas hay para la actividad económica de los españoles? ¿Qué alternativas de política económica y social?

Ya sabemos la respuesta tanto del gobierno como del Psoe: aguantar con las políticas neoliberales, someterse a los dictados del capitalismo europeo, y hacer eso con unos acentos u otros según quién esté en el gobierno —aunque por este camino acabarán formando represivos gobiernos de coalición—. Cuando en la prensa se habla de «grandes pactos nacionales para crear empleo», dentro de estas políticas, en realidad se trata de pactos para reforzar el autoritarismo empresarial y el amordazamiento social

Está por otra parte la propuesta buenista de Izquierda Unida: no se atreve aún a poner en cuestión el euro y Maastricht. En realidad propone únicamente hacer las cosas mejor —y eso ya sería algo—: incrementar la contribución fiscal de los que tienen, combatir el trabajo y el dinero negros, reprimir la corrupción; acabar con las políticas derechistas sobre la educación pública y la sanidad. Buscar medidas de austeridad menos desigualitarias y menos antisociales.

Para que esta propuesta resultara fecunda probablemente sería preciso cambiar la definición y las funciones del Banco Central Europeo, a lo que se negarán los gobiernos de los países menos golpeados por la crisis.

Lo malo de esta propuesta es que no aborda todavía las cuestiones de fondo de la economía española. Para hacerlo se necesita mucho más.

Por último está la alternativa que hoy habría que llamar utópica porque aún no existen suficientes fuerzas sociales para materializarla. Pero tal vez sí las haya mañana. ¿En qué consiste?

Ante todo en renegociar Maastricht para recuperar instrumentos de política económica: capacidad para presupuestos con déficit, para políticas públicas de fomento industrial y comercial; para crear empresas públicas. Y salir del euro, para poder tener una auténtica política monetaria. Con eso se podrían estructurar políticas públicas de transformación de la estructura productiva.

Pero esta alternativa tiene dos serias dificultades. Una: salir del euro significará a corto plazo una minusvaloración de la fuerza de trabajo de este país, inflación —lo que hará necesario la indexación de salarios y pensiones—, y un empeoramiento temporal de la mano de obra empleada. Aunque a plazo medio las mejoras se dejarían sentir con claridad.

La segunda dificultad es que esta alternativa, la que nos pondría en la mejor situación para abordar el futuro de austeridad que aguarda a todo el mundo, lidiar con los problemas ecologicos que se echan encima, etc., precisaría enfrentarse en serio a la gran derecha, por lo que su necesidad ha de ser entendida por grandes masas de población. Hablando claro: se impondrían sacrificios, pero a todos, y más a los que más tienen, y esos sacrificios se exigirían de verdad, lo que supone un amplísimo consenso poblacional en apoyo de tal exigencia.

Son pocos todavía los que están por la labor de hacer realmente políticas que no sean estériles. Quienes esperan un futuro para España han de reflexionar de veras; han de pensar. Las buenas intenciones, sean de IU o de los movimientos de las plazas, no bastan. Como tampoco basta el activismo puntual y cortoplacista, muy satisfactorio para las conciencias individuales de los activistas, pero insuficiente para materializar un futuro sostenible.

La indignación es hoy socialmente hegemónica entre nosotros; una buena orientación proyectiva, no. Está verde. Es necesario que madure cuanto antes mejor.