Podría parecer que salir, actualmente, en defensa de la Escuela Pública resulta manida y hasta obsoleta tal actitud. Pero, no. Es decir, repetir que una escuela pública, laica y de calidad para todas y todos, además de gratuita, democrática, participativa, integradora, e igualitaria y que solo con ella y así, se conseguiría tener una garantía de integración y cohesión social, no solo no está desactualizada, sino que es urgente volver a decirlo alto y claro.

El Proyecto de Ley, la LOMCE, que el gobierno del PP, de la mano del inefable Wert, quiere convertir en el futuro modelo por el que se regirá la enseñanza pública en España, hace que se tenga que volver a recordar y a defender los principios básicos expuestos.

En mi opinión, dos son, entre otros, los aspectos que hacen vislumbrar una educación pública puesta al servicio no precisamente de todas las personas con derecho a una educación pública de calidad. Me refiero: a) la enseñanza de la religión en la escuela pública y b) la función integradora y democrática que debe de tener.

La regulación de la enseñanza de la religión en la escuela ha suscitado en España controversias y no pocos enfrentamientos a lo largo de los últimos años. 

Como cabía esperar, la mayoría absoluta del PP, y la anterior dejación de las otras mayorías que hubo (PSOE) y la buena vecindad de los gobiernos de Zapatero con la Iglesia Católica, ha vuelto a reabrir un nacionalcatolicismo que, en mi opinión, no había desaparecido, pero que ahora, en buen lógica de la derecha, se recrudece. La polémica gira, como siempre, en torno a la cuestión sobre qué lugar debe ocupar la religión en los centros de educación pública. ¿Debe formar parte del currículo escolar la enseñanza de la religión? Y, si formase parte, con qué carácter ¿confesional o aconfesional? A mi juicio, el debate es falso. Lo único que cabe decir es que en el marco de una Estado aconfesional la religión como asignatura (voluntaria o no) sobra en el currículo de la Escuela Pública y por añadidura, con ella, el profesorado que mediante el único “mérito” de ser señalado por el obispo de turno se introduce como enseñante en la educación pública. Sería, de una vez y por todas, la hora de una escuela libre, democrática, laica y justa. De otra manera, el Estado abandona sus competencias educativas para dejarlas en manos de la iglesia católica en todo lo relativo a determinación del currículo, aprobación de libros de texto. Etcétera.

Para avanzar hacia el Estado laico y, así, respetar la libertad de conciencia de alumnos y alumnas, y por extensión, de todos los ciudadanos, se necesita, sin lugar a dudas, una reforma de la Constitución que dictamine el carácter laico del Estado; una revisión total de la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980; y tal vez, lo primero de todo, la anulación de los Acuerdos entre el Vaticano y el Estado español. Mientras se continúe como ahora, se seguirá retrasando el momento de tener un estado moderno y europeo. El anteproyecto de la LOMCE elimina, de facto, los derechos efectivos a la libertad de conciencia y libre elección de todos los ciudadanos. 

En lo referente a la conexión educación-empresa el preámbulo de la LOMCE, que modifica la LOE, considera a la educación como una actividad orientada principalmente a incidir en el sistema productivo desde dos perspectivas que, reflejadas con claridad posteriormente, son: espíritu “emprendedor” y formación para el empleo; es decir, en ningún caso considera la educación como un bien público, un derecho universal que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos. En Román Paladino y para entenderse: formar, instruir para ser buenos actores sumisos en el sistema de producción capitalista y de consumo. Un ejemplo que corroboraría lo dicho es la supresión de materias que no son susceptibles de “producir”, pero que sí serían educadoras de sentido crítico y sensible, me refiero a la Filosofía o a la Educación para la Ciudadanía. Así, ese querer formar “emprendedores”, digamos empresarios, hace peguntarse si todo el alumnado tendrá las mismas oportunidades, al margen de su estatus social o de sus capacidades. 

No es pesimismo pensar, insistiendo en la función integradora que la enseñanza pública debe tener, que la disminución de un año del itinerario común y el adelantamiento de la opción por el Bachillerato o la Formación Profesional sean un filtro clasista. Que esto pueda ser así, lo hace prever que la FP se vaya a desarrollar no tanto en centros educativos como en grandes empresas, que tendrán de este modo una abundante, barata y precaria mano de obra. 

En lo relacionado con el funcionamiento democrático de los centros, la LOMCE modifica la LOE en lo relativo a los Consejos Escolares, que si ya tenían poco que decir ahora nada dirán ya que se introducen cambios sustanciales en las competencias de los mismos en el sentido de convertirlos en órganos consultivos en lugar de órganos de gobierno, hurtando la ya poca incidencia que la llamada comunidad escolar (profesorado, padres/madres y alumnado) tenían en lo que afecta a la vida y funcionamiento de los centros educativos. En el mismo sentido van los cambios orientados a reforzar el poder del Director del centro en general, y especialmente en la selección del profesorado.

Es fácil, pues, entender que «la mejora educativa” que el tal Wert quiere introducir en la educación española es una congruente apuesta por las élites sociales y económicas; es decir al resto: las clases trabajadoras, los inmigrantes, las personas sin recursos, que sus aspiraciones tienen un límite, que todos no somos iguales. Es una ley que entra de lleno en el debate político e ideológico, no tanto en el técnico ni en el exclusivamente pedagógico.