Acaban de celebrarse los congresos confederales de los principales sindicatos: CC.OO. y UGT Sus estrategias afectan al conjunto de la sociedad y, en particular, a las clases trabajadoras y la izquierda social. Es un momento para participar en el debate colectivo sobre la experiencia reciente del sindicalismo y los desafíos presentes y futuros.

Fracaso del diálogo social

En los últimos años, junto con el paro masivo y las graves consecuencias sociales producidos por la prolongada crisis económica, se consolidan y generalizan las políticas de ajuste económico y austeridad para las clases trabajadoras en España y la UE, particularmente, desde el Consejo europeo de mayo del año 2010. Al recorte de condiciones y derechos sociolaborales de la ciudadanía se suma la apuesta liberal por el desequilibrio en las relaciones laborales, con refuerzo del poder empresarial y debilitamiento de los sindicatos. La imposición gubernamental de esas políticas regresivas, con el apoyo del poder económico y financiero, conlleva el fracaso del sistema de diálogo social como vía de freno a esas medidas y marco para establecer una política equilibrada y compartida frente a la crisis.

La tradición del movimiento sindical ha combinado en diferentes momentos una doble estrategia basada en el conflicto social y el acuerdo general, en la movilización sindical y sociopolítica y en la negociación y el diálogo institucional. La combinación de esos dos elementos básicos está condicionada por las estrategias y la posición de las contrapartes (gobiernos y organizaciones empresariales), así como por las expectativas de avance en los objetivos reivindicativos fundamentales para trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía: mejoras sociolaborales y de empleo sustantivas, y fortalecimiento de la participación popular y, específicamente, del sindicalismo como instrumento de representación de intereses y mediación de propuestas y reivindicaciones de sus bases sociales. La acción sindical es un medio fundamental para conseguir resultados concretos en los dos planos: avances reivindicativos; mejorar la capacidad representativa, movilizadora y contractual del sindicalismo. En condiciones defensivas, se puede formular como freno al deterioro de las condiciones en los dos ámbitos con una acción firme y continuada que modifique esa situación desventajosa.

En los últimos años la estrategia sindical de diálogo social ha materializado tres grandes pactos generales: Acuerdo para la negociación colectiva del año 2010; acuerdo social y económico con el aval a la reforma de las pensiones del año 2011, y nuevo acuerdo para la negociación colectiva del año 2012. Ninguno de ellos ha supuesto avances sustantivos ni mejoras significativas para trabajadores y trabajadoras. Los supuestos compromisos de las contrapartes a los sacrificios salariales y de pensiones acordados también se han incumplido, y las arduas negociaciones posteriores han fracasado.

En el primer caso, no evitó la ruptura del diálogo social sobre la reforma laboral y con el beneplácito de la patronal el Gobierno del PSOE impuso su regresiva reforma laboral, a la que hubo que contestar con la huelga general del 29-S, exigiendo su rectificación y la consiguiente ILP.

En el segundo caso, la mayoría de las direcciones sindicales, aun con una ligera suavización respecto del plan inicial, colaboró con un recorte sustancial de los derechos de pensiones, con importantes dificultades de legitimación social. La mayoría ciudadana estaba y está en contra de las dos condiciones de aplicación mayoritaria para acceder a una pensión completa: la edad legal de jubilación a los 67 años y el aumento de cotización de 35 a 37 años; las consecuencias son, entre otras, la correspondiente penalización de casi un 20% (15% + 4,5%) respecto de los derechos actuales del 100%, en los casos más ordinarios según la edad (65 años) y cotización (35 años). Ese gran sacrificio para los asalariados ha sido cuantificado oficialmente como de 3,5 puntos del PIB (35.000 millones de euros anuales) cuando se apliquen íntegramente esas medidas (a los que se añadirían la reducción estimada por el Gobierno del PP de 4.000 millones por la reciente reforma de la jubilación parcial y anticipada y el recorte de los subsidios de desempleo).

Pero, además, también fue incumplida la contrapartida gubernamental de consensuar la siguiente reforma de la negociación colectiva. Por tanto, el acuerdo sindical con el retroceso en los derechos de las pensiones tampoco evitó la imposición unilateral por el Gobierno del PSOE de otra reforma atentatoria de los derechos y equilibrios contractuales en la negociación colectiva. Hubo que constatar esa trampa y contestar esa nueva agresión, junto con un distanciamiento a la política gubernamental y europea que se reafirmaban en las políticas de austeridad (reforma constitucional) y, más tarde, ya con la derecha en el Gobierno, en mayores y profundas reformas regresivas.

En el tercer caso, el acuerdo firmado en enero de 2012 para la negociación colectiva, además de aceptar y favorecer la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la desactivación de las exigencias reivindicativas en los convenios colectivos, tampoco evitó la ruptura de la negociación institucional sobre las normas reguladoras de la negociación colectiva. El Gobierno del PP aplicó una dura y agresiva reforma, la de mayor trascendencia en estas décadas, para debilitar los derechos de la población asalariada y desequilibrar todavía más las relaciones laborales en beneficio del poder empresarial y en perjuicio de la representación sindical y la capacidad defensiva en las empresas. Hubo que contestar con la huelga general del 29-M.

Las tres grandes reformas han constituido un fracaso en los dos planos: retroceso de condiciones y derechos sociolaborales, y debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo (reforma laboral y de la negociación colectiva) o de su legitimidad social (reforma de las pensiones). Los intentos negociadores en torno a ellas no las han modificado y han fracasado. Siguen pendientes los objetivos de revertir esos retrocesos: garantías laborales, equilibrios en las relaciones laborales y derechos de jubilación (65+35).

Combinado con esos pactos globales se han promovido tres grandes huelgas generales, con importante participación y mayor apoyo popular a sus objetivos. Han sido procesos de reafirmación del sindicalismo y aumento de su legitimidad social, imprescindibles tras las evidencias de las fuertes agresiones gubernamentales, su incumplimiento de las promesas anteriores y el fracaso de la negociación. Han expresado el otro componente fundamental de la acción sindical. La firme voluntad sindical y la masiva contestación popular contra medidas impuestas e impopulares. Es verdad que tampoco han conseguido sus objetivos reivindicativos inmediatos de echar atrás las respectivas reformas laborales. Pero han señalado el camino para ello, han consolidado una opinión ciudadana contra los recortes sociales y laborales y en defensa de un empleo decente, han debilitado la credibilidad gubernamental, y apuntan a una rectificación de esa política regresiva. Suponen también una relegitimación de la actuación representativa y de liderazgo del sindicalismo, aspecto crucial ante los intentos conservadores de su marginación.

Firmeza reivindicativa por el cambio de la política socioeconómica y laboral

Existe un contexto de hegemonía de las políticas regresivas y fuerte poder institucional y patronal. Junto con la continuidad del paro masivo y las nuevas brechas sociales, las medidas regresivas que se están aplicando, todavía van a tener efectos sociales y sindicales más perniciosos. Pretenden una salida regresiva de la crisis y la subordinación de las capas populares, junto con marginación del sindicalismo y la neutralización de la indignación ciudadana.

La estrategia sindical de diálogo social o acuerdos generales no ha ofrecido soluciones a los grandes problemas y objetivos externos (reivindicativos) e internos (capacidad representativa y contractual). Tampoco ha servido, significativamente, en un sentido defensivo, como veto o freno a dinámicas mucho más agresivas.

La acción sindical fundamental no pasa por la prioridad de un diálogo social subordinado y de colaboración con esa dinámica. La pasividad o simple inercia tampoco es suficiente. La experiencia de las tres huelgas generales ha expresado los límites de participación y de resultados reivindicativos, aunque ha permitido ampliar el apoyo social a los objetivos y la representatividad de los propios sindicatos. Igualmente, las importantes movilizaciones sectoriales en diversos ámbitos sectoriales y territoriales (como la enseñanza en Madrid o los empleados públicos en Catalunya) han demostrado el amplio respaldo a las iniciativas sindicales, aun cuando sean lejanos o parciales los frutos reivindicativos. En su conjunto, se han puesto de manifiesto las dificultades sindicales para garantizar los derechos sociolaborales y evitar la involución social. La realidad de la crisis socioeconómica y de empleo y las regresivas políticas gubernamentales son un obstáculo para avanzar en una salida equitativa y progresista de la crisis. Pero ha quedado claro que la política sindical de colaboración o pasividad con los recortes de derechos tiene efectos perniciosos para la población trabajadora y el propio movimiento sindical, y que el distanciamiento y la oposición a los mismos, condicionan su aplicación y facilitan un mayor prestigio y legitimación del sindicalismo, palanca desde la cual se posibilita el avance posterior.

Los próximos años no aventuran un deseo gubernamental y de las instituciones europeas de un cambio sustancial hacia una salida más justa y equitativa de la crisis. Esa es la alternativa que el sindicalismo pretende conseguir en defensa de un modelo social, laboral, democrático y productivo progresista. Para ello, sería necesaria una acción sindical firme y prolongada de activación de todos los recursos laborales y sindicales para revertir esa tendencia dominante y abrir una dinámica de cambio de esas políticas y el reequilibrio en las relaciones laborales. Los sindicatos son agentes representativos fundamentales para condicionar esa orientación. Su reconocimiento institucional y el impulso negociador deben estar basados en los resultados de mejoras reivindicativas para las clases trabajadoras, en el cuestionamiento de los retrocesos.

Supone impugnar el acuerdo de la negociación colectiva e impulsar la acción reivindicativa en la negociación colectiva y frente a las reestructuraciones empresariales. Es preciso que los sindicatos promuevan una firme acción sindical y sociopolítica, junto con otros agentes y movimientos sociales, particularmente contra los recortes sociales y del Estado de bienestar, asegurando la calidad de los servicios públicos, una protección social plena y los derechos de las pensiones. Se trata de enmarcar esa acción sindical en un proceso de activación sindical y movilización social contra las medidas agresivas más relevantes y, en primer lugar, por la abolición de las reformas laborales impuestas. Para ello es necesaria una estrategia global, continuada y prolongada, basada en la firmeza para exigir la reorientación de la política socioeconómica y laboral y en defensa de los intereses y derechos de trabajadores y trabajadoras que, además, refuerce al propio sindicalismo y la acción democrática de la ciudadanía. En el plano sociopolítico favorecerá la democratización del sistema político y la renovación y el fortalecimiento de las izquierdas, cuestión necesaria para avanzar en una salida justa de la crisis.

En definitiva, el sindicalismo, junto con diversos grupos sociales, ha sido capaz de activar un amplio movimiento sociopolítico contra la austeridad y constituye una fuerza social clave para defender a las clases trabajadoras y promover un cambio de rumbo. Pero ha cometido algunos errores que han debilitado su legitimidad social y su capacidad transformadora. Y sus inercias organizativas dificultan una mejor vinculación con significativos segmentos de la sociedad. A los sindicatos se les puede pedir más: evitar actuaciones erróneas, incrementar su dinamismo y firmeza en la acción sindical y renovar sus dinámicas organizativas y sus discursos. Así se fortalecerá su doble dimensión reivindicativa y social.

[Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid]