En plena crisis financiera internacional, con problemas endémicos por parte de la mayoría de los países para controlar su déficit público de la deuda y bajo la amenaza constante de recortes presupuestarios en prestaciones sociales básicas —educación, sanidad, desempleo, jubilaciones…—, la sociedad en su conjunto demanda una acción contundente y eficaz de los gobiernos frente a una de las mayores lacras de la economía: la evasión de capitales hacia paraísos fiscales.

Historia

El origen de los paraísos fiscales se remonta a finales del siglo XIX, cuando el estado estadounidense de Nueva Jersey decidió rebajar sus tipos impositivos con el objetivo primordial de “atraer más industria a la región”.

Cabe hablar en ese momento del “inicio de la competencia fiscal por razón de territorio” y fijarnos de inmediato en el cambio en el panorama de estos paraísos fiscales, donde la existencia de una actividad económica industrial real brilla por su ausencia.

Por su parte, Europa —concretamente Suiza— comenzó a ofrecer beneficios fiscales y a instaurar mecanismos de opacidad a finales de la Primera Guerra Mundial, siendo el verdadero detonante de este tipo de centros la posibilidad ofrecida por el Banco de Inglaterra de permitir depósitos en moneda nacional fuera de sus respectivos países. Es en ese momento cuando se desarrolla una industria financiera en territorios como las Islas del Canal, las Islas Caimán, etc.

Podemos distinguir, no obstante, dos épocas diferenciadas respecto a estos establecimientos: entre los años cincuenta y los noventa, en que se conocía la existencia de estos centros pero ningún país los denunciaba explícitamente —pudiendo incluso publicitar de forma legal sus servicios financieros—, y finales de los años noventa, fecha en que los estados miembros de la OCDE publicaron una lista con todos los países responsables de tales operaciones. Desde entonces, y de manera creciente, las denuncias y críticas se han desatado de forma feroz contra los efectos perjudiciales que, para el sistema financiero y para la supervivencia fiscal de los países, han provocado los patrimonios gestionados desde los paraísos fiscales. Críticas que incluso han levantado ligeramente el velo que cubre las cuentas registradas en estos países, por el temor a ser calificados de paraísos fiscales.

Lista de los paraísos fiscales

No existe una lista única para los territorios considerados paraísos fiscales, y de hecho tampoco existe un criterio idéntico para la diversidad de organizaciones y países que las recogen.

A modo de análisis, la principal lista fue la publicada el 2 de noviembre de 2011 por la OCDE, en la que sólo quedan como países catalogados como paraísos fiscales Nauru, en la Micronesia, y Niue (la Roca de la Polinesia).

Además, podemos hacer referencia a los paraísos fiscales en la legislación española, recogidos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio de 1991.

Pero más representativos que cualquier lista pueden resultarnos algunos ejemplos de países, y lo que sin duda nos sorprendería sería su consideración o no como territorios calificados como paraísos fiscales:

• Nauru, un territorio paupérrimo con una extensión de unos 21 kilómetros cuadrados, cuenta nada menos que con unos 400 bancos.
• Las Islas Caimán, considerado por muchos como el quinto centro financiero internacional, tienen sólo 54.000 habitantes.
• Las Islas Barbados, que tiene domiciliados alrededor de 40 bancos, más de 350 compañías de seguros y cerca de 4.000 empresas.
• Liechtenstein, con unos 36.000 habitantes, cuenta con más de 40.000 entidades registradas.
• Aruba, que tiene 70 kilómetros cuadrados de superficie, y donde operan 17 bancos y más de 3.000 empresas.
• Las Islas Vírgenes Británicas, donde hay registradas unas 2.000 compañías por cada cien habitantes.
• Luxemburgo, con alrededor de 320 establecimientos financieros y donde operan unos 1.200 fondos, cuenta con más de 10.000 holdings y grupos de empresas y con 55 bancos propios.

Características de estos “centros financieros internacionales”

Nadie es capaz realmente de dar una definición exacta de “paraíso fiscal” y, de hecho, hemos visto que diferentes organizaciones internacionales o países tienen sus propias listas de paraísos fiscales, pero de lo que no cabe duda es de que estos “centros financieros internacionales” tienen unas características en común que los hacen “apetecibles” desde el punto de vista financiero y fiscal:

• Un nivel de tributación bajo o nulo aplicado a los no residentes, incluso cuando no desarrollan actividades reales en el territorio. Conviven, por tanto, dos regímenes fiscales diferentes, el que afecta a residentes sujetos al pago de impuestos y el que afecta a no residentes que gozan de ventajas fiscales.
• Un secreto bancario reforzado, lo que asegura un alto nivel de anonimato en sus cuentas e impide disponer de un conocimiento real de las operaciones que se llevan a cabo en esa jurisdicción.
• Una amplia infraestructura de soporte (bancos, abogados, notarios, fideicomisarios…).
• Un procedimiento laxo en cuanto a la inscripción de una empresa en su territorio, con condicionantes marginales al reservarse a operadores con una importante cifra de inversión.
• Una eficacia y rapidez manifiestas en la incorporación de una entidad. Muchas de las entidades están constituidas previamente y permanecen vacías hasta que son adquiridas por un agente económico.
• Una ausencia de transparencia, al darse disposiciones legales, reglamentarias o prácticas administrativas que impiden el intercambio de información con otros países, en relación con contribuyentes que se beneficien de las ventajas fiscales.

Con estas características, estamos en disposición de desentrañar el porqué de su denominación de “paraísos fiscales”, puesto que, como paraísos, permiten hacer prácticamente todo lo que a uno se le antoje desde el punto de vista financiero y fiscal.

Volumen gestionado

En el mundo hay unos sesenta centros financieros internacionales, los cuales están concentrados en Sudamérica —especialmente en el Caribe—, algunas regiones de Estados Unidos, Europa, el sudeste asiático y el océano Índico. Como vemos, los paraísos fiscales están repartidos absolutamente por todos los continentes a lo largo y ancho del globo terráqueo. Aunque su ubicación es clara, la información respecto a la cantidad de dinero que estos centros mueven es meramente un dato estimativo.

No obstante, un dato cierto y conocido es que estos centros dan cabida a más de dos millones de empresas, además de miles de bancos, fondos y aseguradoras.

Una de las estimaciones más fiables es un estudio publicado por Tax Justice Network, que nos indica una cantidad en torno a los 21 billones de dólares como estimación de la riqueza oculta en paraísos fiscales. Esta cantidad representa la suma de los PIB de Estados Unidos y Japón juntos, o, en nuestro caso, 15 veces el PIB de España. Además, según el autor del estudio, el economista James Henry, se trataría de una estimación conservadora. La cifra podría elevarse hasta los 32 billones; aun así, el cálculo se limita a los activos financieros y excluye, por tanto, las propiedades inmobiliarias, los yates o las colecciones de arte.

El mismo estudio ofrece datos respecto a la brecha entre los que más tienen y el resto. Así es como se repartirían, según la investigación, los 55 billones de dólares que existen en forma de activos financieros netos a escala global: unas 90.000 personas, es decir, el 0,001% de la población, poseerían el 30%; algo más de 9 millones de personas, el 0,14% de la población, controlarían el 81,3%; por último, el 99,86% restante de la población se repartiría el 18,7% de esos 55 billones. Así pues, si incorporamos al análisis los fondos escondidos en paraísos fiscales, es posible que los niveles de desigualdad existentes sean mucho peores de lo que nos habían contado.

Suponiendo que los 21 billones de dólares que las personas más ricas del planeta esconden en paraísos fiscales produjeran una rentabilidad del 3% anual y que a ese beneficio se le aplicara un impuesto del 30%, se generarían ingresos fiscales por valor de 190.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la cantidad que los países de la OCDE destinan cada año a financiar la Ayuda Oficial al Desarrollo. Dicho de otro modo, el servicio que los paraísos fiscales ofrecen en la actualidad para que las personas más ricas puedan ocultar su dinero supone un lastre inaceptable para el resto de la población. Esas mismas personas que esconden su dinero en paraísos fiscales utilizan servicios y bienes públicos para generar su riqueza, pero deciden no pagar por ello. Parece ser que para eso ya estamos el 99,86% de la población restante.

Problemas

Opacidad: Uno de los mayores problemas de la existencia de estos centros es el nulo intercambio de información, haciendo opacas las operaciones que se realizan en ellos.

Complejidad: La mayoría de las corporaciones e individuos que utilizan estos territorios diseñan complejas estructuras organizativas para la evasión fiscal. Esto provoca que la presión fiscal recaiga sobre las corporaciones e individuos que no pueden permitirse diseñar tales esquemas fiscales.

Ilegalidad: En la mayoría de los casos, las gestiones de patrimonios realizadas por estos territorios responden a actividades ilícitas. Son además numerosos los casos de corrupción y blanqueo de capitales asociados con cuentas abiertas en estos “centros financieros”.

Y, fruto de todo ello, fraude y evasión fiscal: Según Xavier Harel, investigador y autor de La grande évasion: le vrai scandale des paradis fiscaux, del 30 al 40% de los impuestos que deberían recaudar los países en desarrollo terminan en paraísos fiscales. Según Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan anualmente a la Unión Europea alrededor de 200.000 millones de euros.

Sin lugar a dudas, los paraísos fiscales son el auténtico agujero negro de la economía mundial, distorsionan los flujos financieros, acrecientan las desigualdades sociales y representan un peligro constante para la economía real. Mucho habría que analizar sobre la actual crisis en Chipre y el modelo de estos centros financieros internacionales, sus causas y sus consecuencias; un análisis del que el resto de los países de la Unión Europea deberían tomar previsor ejemplo. “Y es que los pueblos que no conocen su historia, están condenados a repetirla”, como dijo Nicolás de Avellaneda.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]