Ecologistas en Acción y Utopía Contagiosa recalcan, una vez más, que la solución a las crisis que está viviendo África (Malí en este caso) no viene de la mano de una escalada militar y, mucho menos, del intervencionismo de la antigua potencia ocupante: Francia. La solución pasa por el cambio de las políticas internacionales hacia un nuevo orden jurídico internacional justo y solidario y la desmilitarización de las prioridades e instrumentos de la acción política. Además, denuncian que los objetivos de Francia no son humanitarios, sino de acceso a recursos (sobre todo el uranio) y de sostenimiento de su influencia en la región.

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Con el apoyo de la OTAN y Estados como Canadá, Bélgica, Dinamarca, Alemania y España, Francia se ha lanzado a una supuesta misión de pacificación en Malí que, en realidad, busca mantener al actual Gobierno de Bamako en el poder y preservar los intereses occidentales, particularmente de Francia, en la región.

 Malí es el tercer productor de oro de África, con prospecciones a gran escala. Recientemente se han encontrado grandes reservas de uranio (no hay que olvidar la fuerte dependencia de la energía nuclear por parte de Francia) y también petróleo, además de otros recursos naturales como piedras preciosas. La extensión del islamismo supone un desafío al acceso occidental a estos recursos y una potencial fuente de desestabilización de la zona. Además, China ha aumentando notablemente su influencia en toda África en los últimos años. Mantener la influencia francesa frente a la islamista y la China para el control de los recursos malieses es, a juicio de las organizaciones ecopacifistas, la razón real de la intervención francesa.

Malí es uno de los países más pobres del mundo, con una renta per cápita de unos 1.500 dólares por año. Alrededor de la mitad de su población vive con menos de 1,5 dólares por día. Sin embargo, lo que está haciendo Francia no tiene nada que ver con revertir esta situación, más bien al contrario.

 Malí se ha convertido en uno de los Estados más empobrecidos del planeta como consecuencia de su expolio histórico. Antes de la conquista por Francia, suministró a las potencias europeas oro y esclavos/as, entre otros recursos. Pero es tras su colonización cuando su explotación creció a manos de la metrópoli. Tras la descolonización, Malí pasó a ocupar un lugar periférico en la economía global. Esto se ejemplificó, por ejemplo, en que en 1988 la deuda externa de Malí representaba el 125% de su PIB y el 25% de su presupuesto estaba destinado a pagar la deuda externa. Su incapacidad para devolver la deuda hizo intervenir al FMI, que impuso un duro programa neoliberal (privatización de la banca, disminución de la administración del Estado, obligación a la venta de empresas estatales…). Estas políticas no mejoraron la situación de la población y la inestabilidad económica conllevó una inestabilidad política con continuos golpes militares. A partir del año 1992, los tuaregs fueron objeto de una fuerte persecución política, que provocó el éxodo de más de 120.000 tuaregs dispersándose por Argelia, Mauritania, Burkina Fasso y Níger. Esos mismos tuaregs son quienes ahora están en guerra contra el Gobierno de Bamako y a los que Francia quiere derrotar.

La situación de expolio, aunque la deuda externa de Malí ha bajado considerablemente, no ha concluido. Por ejemplo, actualmente se están produciendo ventas de tierras por parte del Gobierno a países y multinacionales en las orillas tanto del río Senegal como del Níger. Ventas que están redundado en un empobrecimiento de la población al privarles de sus medios de subsistencia.

Malí no tiene un gobierno respetuoso de los derechos humanos ni con un programa político enfocado al bienestar de su pueblo, sino un gobierno militar, fruto de un golpe de estado, que derrocó hace poco menos de un año al presidente electo de aquel país cuando quiso resolver de forma negociada los impulsos autonomistas de los tuareg del norte del Estado.

De este modo, para Utopía Contagiosa y Ecologistas en Acción las políticas que tendría impulsar Francia en Malí deberían partir de una asunción de su responsabilidad en el empobrecimiento del país y suponer una ayuda para que la población tenga unas condiciones dignas de existencia sin agotar sus recursos. Al igual que en Europa, la salida de la crisis en Malí pasa por apostar por medidas que busquen la justicia social en equilibrio con el planeta y no en redundar en la masacre de la población.

Es por eso que las organizaciones ecopacifistas hacen un llamamiento a los colectivos sociales y políticos españoles, y a la población en general, para que exija, por medio de la movilización y la lucha social, al Gobierno español el cambio de política hacia el conflicto maliense. Este cambio debe ir en el sentido de presionar a la comunidad internacional hacia la desmilitarización del conflicto y el apoyo a políticas de responsabilidad social, de reparación del expolio colonial, de inversión en el bienestar de la población y de sostenibilidad.