Se ha hecho público el plan del PP sobre seguridad para la próxima legislatura. A grandes rasgos, propone crear 32.000 plazas de policías y guardias civiles (7.303, las de 2004, ya aprobadas en Consejo de Ministros), potenciar las patrullas en las calles, dotar a las policías de nuevas tecnologías, mantener la actual estructura militarizada de la Guardia Civil, reforzar la colaboración con policías de otros países, limitar los permisos penitenciarios y las libertades condicionales y endurecer las penas para los menores. El PSOE, por su parte, ha echado la vista atrás a las protestas sociales de 2003 al proponer la creación de un Superministerio de la Seguridad que coordine a Policía Nacional y Guardia Civil, así como el aumento de sus dotaciones. Según Zapatero, «la seguridad es un valor de la izquierda».

Esto indica que la política del miedo ha calado hondo entre los españoles, preocupados por la instalación en nuestro país de mafias violentas que negocian con la extorsión, la inmigración, la prostitución, las drogas o el territorio. El PP, tras dejar caer en los últimos años el número de efectivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, se apresura ahora incrementar el presupuesto en policía, pero con un acento en el control preventivo que debe ser criticado y contextualizado.

Los pasados 20 y 21 de octubre, la cumbre de ministros de interior del G-5 (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) puso a las claras uno de los puntos centrales de la cuestión: la concepción de la UE como una estructura política al servicio de los mercados, sólo abierta a los países pobres en tanto favorezca la deslocalización de empresas o el suministro de bienes básicos. En dicha reunión se consolidó la lucha contra la inmigración ilegal como un eje de la política europea y como una condición para percibir fondos comunitarios (lo que supone un aviso para los países que se van a incorporar a la UE y una garantía de socialización de los costes de las expulsiones para países como España). Además, se propuso incorporar las huellas dactilares, el reconocimiento facial y el iris del ojo a un chip en los visados de pasajeros ajenos al «espacio Schengen», así como impulsar una directiva europea que obligue a las compañías de transporte a comunicar los datos de dichos pasajeros a las autoridades.

La Europa de Schengen que se pretende reforzar es una macroárea de seguridad para la prevención y el control de las actividades de individuos y grupos considerados peligrosos por los gobiernos. Dota a las policías de cobertura jurídica y medios técnicos para acumular toda clase de datos personales en un número incuantificado de ficheros informatizados, cedidos de unas policías a otras a través de la Oficina Europea de Policía. Supone, por los muy débiles controles democráticos de estas operaciones, una amenaza permanente para las libertades democráticas que puede quedar constitucionalidada próximamente.

En 2003 España se ha colocado en vanguardia de esta política. Por un lado, al haber incorporado la mencionada propuesta sobre transporte de pasajeros en la última reforma de la Ley de Extranjería, que también establece la obligación para los extracomunitarios sin permiso de residencia de inscribir su datos personales en el Padrón Municipal cada dos años, a efectos de control por la DGP. Por otro lado, con la propuesta de Ángel Acebes de sumar a los ficheros preventivos de datos personales creados al amparo de la Ley de Protección de Datos uno de «individuos de riesgo potencial, aunque estén cancelados sus antecedentes» y «personas sospechosas de alto perfil», en un hábil aprovechamiento por el ministro de interior de la alarma social en torno al caso mediático de Tony Alexander King. Finalmente, se ha llegado al extremo del anteproyecto «fantasma» de reforma del Código Penal Militar, señalado como no prioritario por el gobierno pero que prevé de 1 a 6 años de cárcel para actos públicos contra la guerra (por desacreditar la intervención de España en asuntos internacionales) y somete dichos actos de opinión y de manifestación a la jurisdicción militar. Algo que nos recuerda lo que puede suceder con los estadounidenses que han participado en manifestaciones críticas con Bush, investigados como sospechosos de terrorismo por el FBI según ha denunciado la Unión de Libertades Civiles.

El panóptico que se configura en España no afecta en cambio a los grandes delincuentes económicos. El nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (aprobado con los interesados votos del PP, CiU, PNV y CC) se ha instrumentalizado para quitar de en medio a Carlos Jiménez Villarejo y para recortar extraordinariamente la operatividad de los fiscales anticorrupción, al obligarles a informar al sospechoso de la apertura de cualquier investigación y limitar ésta a seis meses. Al mismo tiempo, se ha suprimido la división secreta de economía del Centro Nacional de Inteligencia, hasta ahora encargada de investigar casos de corrupción institucional. La vigilancia crece, pero como siempre selectivamente.