La movilización del pasado 11 de septiembre es, sin duda, una de las manifestaciones más masivas de la historia catalana reciente. Ha sido precedida por una serie de acontecimientos que explican su masividad, su carácter netamente independentista y su condición interclasista. Es importante repasar dichos acontecimientos para poner en perspectiva lo que está ocurriendo e intentar entender las contradicciones de la situación política catalana que han conducido a la declaración de Mas en el Parlament y a la convocatoria de elecciones anticipadas el 25 de noviembre.

Antecedentes del movimiento

El intento frustrado de reforma del Estatut de Catalunya promovido por el primer Tripartito en 2005, que fue recortado por las Cortes Generales a instancias del PSOE –cuando Zapatero se había comprometido solemnemente a apoyar la reforma estatutaria que decidiera el Parlament de Catalunya– y nuevamente recortado tras la declaración de inconstitucionalidad de partes muy significativas del texto por parte del Tribunal Constitucional (a instancias del PP), está en la base de un creciente malestar ciudadano. Ambos hechos fueron percibidos por parte de una mayoría social –que iba mucho más allá de la base social y electoral tradicional de los partidos nacionalistas como CiU o ERC– como verdaderos atentados contra la voluntad democrática de la sociedad catalana.

Ya durante el trámite parlamentario del Estatut catalán en las Cortes se gestó una Plataforma por el Derecho a Decidir que se opuso a los recortes del texto aprobado por el Parlament, organizando enormes manifestaciones. Cuando se sometió a referéndum el texto recortado, dicha campaña mutó en una plataforma por un no soberanista al “Estatut de la vergonya” (por el vergonzoso pacto Mas-Zapatero en la Moncloa), que llegó a presionar tanto sobre ERC que obligó a dicho partido a defender la misma consigna de voto y romper la disciplina de gobierno (del que sería expulsado días más tarde).

La reedición del gobierno tripartito generó una incipiente fractura interna en ERC, donde cristalizó una oposición independentista de derechas partidaria de un cambio de 180º en la política de alianzas. La segunda legislatura tripartita (el llamado Govern d’Entesa) se caracterizó por un giro a la derecha en materia social y ambiental (la Ley de Educación de Catalunya, que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública, y la aprobación del Cuarto Cinturón son ejemplos de ello), las negociaciones sobre un nuevo modelo de financiación, el caos de las infraestructuras y la psicosis ante la inminente pero largo tiempo aplazada sentencia del Constitucional sobre el ya mutilado Estatut aprobado en referéndum (recordemos que el NO alcanzó el 20%, algo inaudito si vemos los resultados del Estatut de Núria del 32 y del de Sau del 79).

La dilatación de los plazos de la llegada del AVE a Barcelona y las averías y los retrasos crónicos en la red de cercanías de RENFE pusieron de relieve un trato discriminatorio de Catalunya en lo que se refiere a las inversiones del Estado en infraestructuras y servicios públicos (independientemente de que sean más o menos reprobables desde el punto de vista socioambiental). Esta coyuntura fue favorable para que CiU removilizara a su base social y para que hubiera un cambio de correlación de fuerzas en la Plataforma por el Derecho a Decidir. En lugar de asistir a una movilización popular (sindical, vecinal, asociativa…) en defensa de los servicios públicos (contra la privatización y la desinversión en ADIF-RENFE), aistimos a un punto de inflexión en el movimiento soberanista, que pasaba de las exigencias democráticas (caracterizadas por un frágil equilibrio entre las fuerzas nacionalistas de izquierdas y las corrientes populares políticas, sindicales, asociativas…) a una campaña del tipo “Madrid nos roba”. Desgraciadamente, la subordinación de las direcciones sindicales y de una parte significativa del tejido social al segundo tripartito y la consideración, a pesar de todo, de Zapatero como “gobierno amigo” abrió espacio al nacionalismo conservador y a una verdadera ofensiva de la “sociedad civil” (escuelas de negocios, patronales y cámaras de comercio) en defensa de la transferencia de las principales infraestructuras a la Generalitat (Renfe, Aeropuerto de Barcelona, etc…) para su consiguiente privatización. Se organizaron grandes actos públicos en los que se exigían dichas transferencias y se presionaba al gobierno para alcanzar un acuerdo de financiación satisfactorio. En plena crisis de las cercanías se organizó una manifestación en la que se evidenció un cambio de composición social del movimiento y un giro hasta cierto punto populista en lo que a consignas se refiere, una movilización que capitalizó CiU y, en menor medida, el sector más nacionalista y partidario de romper con el Govern d’Entesa de ERC. También es cierto que la crispación con la que las capas medias están padeciendo esta crisis, unida al hecho de que el movimiento obrero ya no es un referente social tan indiscutible como en el pasado, explican porqué el malestar social de estos sectores sociales se acabe expresando de un modo que reproduce prejuicios sociales típicamente burgueses y descursos simplistas y poco reflexivos. Esta movilización coincidió también con la toma del poder del sector independentista más hegemonista en la Plataforma por el Derecho a Decidir y el desembarco de la base social de CiU en su seno. A partir de ese momento empieza a gestarse lo que podríamos denominar un “independentismo fiscal” con ciertos tintes populistas.

Consultas independentistas

En septiempre de 2009, las Candidatures d’Unitat Popular (CUP), que agrupan al grueso de la constelación política, social y cultural que se define como izquierda independentista y que han conocido un desarrollo electoral importante en los últimos años en pequeñas localidades de comarcas y en algunas capitales, lanzaron una campaña nacional de consultas por la independencia. La prueba piloto tuvo lugar en Arenys de Munt el 29 de septiembre y se constató rápidamente que el Reagrupament (primero tendencia y más tarde escisión independentista de derechas de ERC) de Carretero, así como la propia ERC (alarmada ante la crisis política que se abriría con la sentencia del Constitucional y la vía muerta en que se hallaba la vía estatutaria) y una CiU en ascenso, intentarían capitalizar el movimiento. Este movimiento de las consultas, que se presentaba como un movimiento por el derecho a decidir, era en realidad una campaña de agitación independentista, en la que, si bien se expresaba una dinámica de ruptura democrática con los límites de la Constitución del 78, se estaba fraguando de facto una frente sociopolítico patriótico e interclasista que, con altibajos pero también con contradicciones, se ha mantenido hasta la actualidad. No en vano, la localidad en la que se inició el movimiento de las consultas, Arenys de Munt, está gobernada actualmente por una coalición de la CUP, ERC y CiU. Afortunadamente, hasta el momento, el grueso de las CUP han tomado conciencia de la necesidad de mantener una independencia de su proyecto político en relación con el nuevo independentismo fiscal más interclasista y han hecho campañas importantes contra los recortes y la corrupción en la sanidad. Sin embargo, la escasa cohesión estratégica de la coalición explica que sus políticas de alianzas puedan bascular rápidamente según las realidades locales o comarcales, como cuando sus grupos municipales precipitaran la caída de gobiernos de “izquierda plural” en favor de una vuelta al poder del nacionalismo conservador y/o centrista (CiU, ERC) en ciudades significativas como Manresa o Vilafranca del Penedès. Pero, como decía, la propia composición de las CUP en los distintos territorios también ha permitido orientaciones de apertura hacia la izquierda anticapitalista y de clase cuando han predominado corrientes más abiertamente marxistas o marxistas-leninistas. De lo que no cabe duda es de que, dado el giro soberanista y hasta “independentista” del grueso del nacionalismo catalán tradicional, las CUP cada vez tendrán más necesidad de marcar un perfil de izquierdas propio.

Acuerdo de financiación y supresión del grueso del impuesto de sucesiones

Cuando finalmente se alcanzó un nuevo acuerdo de financiación entre el gobierno de Entesa y el gobierno Zapatero quedó claro que estaba relacionado con la recaudación directa en Catalunya, una recaudación que estaba ya en caída libre por la contracción de la actividad económica debida al impacto de la crisis y a la oleada de EREs que Montilla aceptaba pasivamente. No obstante, para el asombro y la indignación de cualquiera que defiende políticas redistributivas, tan sólo unas semanas depués de alcanzar dicho acuerdo, a propuesta del ultraliberal consejero de economía Castells, el gobierno Montilla aprobaba una supresión parcial del impuesto de sucesiones que reducía entre un 70 y un 80% su capacidad recaudatoria, manteniéndolo únicamente para patrimonios superiores a los 600.000 euros, esto es, para las grandes fortunas. He aquí una parte significativa del origen de la crisis fiscal que se ha esgrimido para legitimar los brutales recortes sociales que vendrían después.

10 de julio de 2010: macromani contra la sentencia del constitucional

La movilización del 10 de julio ya manifestaba un crecimiento del independentismo en la reacción popular contra la sentencia de un tribunal sin legitimidad. Pero tampoco hay que perder de vista que la situación sólo benefició a CiU, que supo jugar bien las cartas y erosionar al segundo gobierno tripartito, pero, a su vez, contener temporalmente la marea independentista con su propuesta de pacto fiscal.

Elecciones de 2010 y surgimiento de un independentismo parlamentario

Las elecciones del 28 de noviembre de 2010 marcan, sin duda, un giro a la derecha sin precedentes en la sociedad catalana: hubo un hundimiento muy significativo de ERC (una auténtica debacle) y del PSC y un crecimiento electoral muy grande de CiU y PP. Es más, por primera vez el populismo ultraderechista de Plataforma per Catalunya conoció un ascenso electoral alarmante en gran cantidad de localidades tradicionalmente conservadoras pero sobre todo en barrios obreros emblemáticos (hasta el punto de que en los primeros recuentos parecía hasta conseguir representación parlamentaria). También se constató la consolidación electoral de Ciutadans, un partido neolerrouxista que hace de la defensa de la Constitución del 78 y de la unidad de España su único programa político. Todos estos fenómenos denotan una descomposición política enorme del mundo del trabajo y, a su vez, un nuevo paso adelante en el largo divorcio entre movimiento obrero organizado y movimiento de emancipación nacional, que se iría manifestando a lo largo de la legislatura. El hecho de que ICV-EUiA no experimentara una caída electoral tan notable era una victoria pírrica, en la medida en que perdía más votos por su izquierda de los que recuperaba por su derecha de votantes desencantados con el PSC, máxime tras los escándalos represivos (el montaje contra la militante libertaria Laura Riera y la represión del movimiento estudiantil) protagonizados por Joan Saura.

Pero, sin duda, lo que marcó esas elecciones fue el hecho de que un partido abiertamente independentista –Solidaritat Catalana per la Independència de Laporta, Bertran y López Tena, desgajado de Reagrupament– obtuviera representación parlamentaria y pudiera utilizar el Parlament para hacer una intensa agitación independentista y amplificar el impacto político de organismos que se crearían posteriormente, como la Assemblea Nacional Catalana. Sin embargo, Reagrupament de Carretero no logró representación, algo que ha empujado a la formación a hacer un trabajo de lobby independentista que ha basculado hasta el momento entre ERC y CiU más que a construir un bloque con Solidaritat y Laporta, quien, por puro personalismo, rompió con SI al poco de obtener el acta de diputado para pasar al grupo mixto. Hay que reconocer que el trabajo parlamentario de Uriel Bertran ha sido incisivo e incómodo para CiU en más de un tema y que Solidaritat ha lanzado campañas inteligentes como la del “No vull pagar” contra los peajes gestionados por Abertis, una empresa muy lucrativa que guarda fuertes vínculos con el aparato de CiU.

La derecha nacionalista vuelve al poder

Con un estilo parecido al de Rajoy, Mas alcanzaba el gobierno de la Generalitat con un triple discurso: contra el “despilfarro” de las izquierdas, por un gobierno “de los mejores” para levantar el país en un contexto de crisis y por recuperar el “prestigio de Catalunya y sus instituciones” tras los ridículos del Tripartito. Pues bien, el pragmatismo de CiU ha sido impresionante. Mientras preparaba su plan para alcanzar el pacto fiscal, no ha tenido reparo en alcanzar todos los acuerdos necesarios con el PP (que había llevado el Estatut al Constitucional, que agitaba contra el modelo de inmersión lingüística y que operaba un giro protolepenista desde alcaldías como la de Badalona…) para aplicar recortes y presupuestos de austeridad. Lo más dramático de esta legislatura ha sido que el único partido que ha hecho una tímida oposición ha sido ICV-EUiA. Tímida porque, al fin y al cabo, si exceptuamos el salto cualitativo que representa la demolición de la sanidad pública, CiU no ha hecho más que profundizar y radicalizar las políticas emprendidas por el gobierno anterior, de las que Iniciativa es corresponsable, por mucho que se desmarcara de sus medidas más regresivas a última hora y con la boca pequeña. Es más, CiU ha conseguido paralizar al PSC, sumido en una crisis de dirección y de proyecto, y satelizar a ERC con su propuesta de pacto fiscal. Es decir que hemos asistido a una legislatura desesperante, durante la cual se han sufrido los ataques antisociales más brutales desde la posguerra sin que el partido en el gobierno experimentara la más mínima erosión y sin que la oposición extraparlamentaria consiguiera unificar los movimientos sociales contra los recortes y el movimiento sindical en un potente frente social y político antiausteridad. Ha sido patético ver cómo PP, por un lado, y PSC y ERC, por otro, hacían la corte a CiU para aparecer como fuerzas responsables de gobierno partidarias de grandes “consensos” ante la crisis económica y la crisis del Estado de las autonomías.

Es más, CiU ha inoculado masivamente la idea de que los recortes no son deseados, sino la única respuesta posible a la asfixia financiera impuesta por un sistema de financiación injusto que saquearía los recursos de Catalunya. Lo más cínico e hipócrita de todo es que, mientras se afirmaba que no había dinero en las arcas para llegar a fin de mes, mientras el gobierno catalán cerraba plantas de hospital y recortaba las pagas de los funcionarios de la Generalitat, Mas Collell suprimía lo que quedaba del impuesto de sucesiones: ¡el tramo aplicable a patrimonios superiores a 600.000 euros! Ya se sabe, Madrid nos roba… Pero quizás no sólo Madrid robe, visto cómo, sin ir más lejos, Mas colocaba al jefe de la patronal de las clínicas privadas al frente de la Consejería de Sanidad con la misión de desmantelar la sanidad pública y abrir así más campo de negocio a su sector, ya de por sí atiborrado por una tradicional transferencia fabulosa, opaca e inmoral de recursos públicos mediante conciertos de dudosa legalidad (como han destapado l@s compañer@s de la revista Cafè amb Llet).

No hay declaraciones más cínicas que las de Mas vertiendo lágrimas de cocodrilo por los “inevitables ajustes” en el Estado del bienestar (siempre en pos, cómo no, de su viabilidad futura…) y su “dolor” cuando se le acusa de querer desmantelar unos servicios públicos que son “obra de su partido”, haciendo abstracción de la correlación de fuerzas existente al final de la transición en Catalunya y de la fuerza relativa del movimiento obrero organizado de entonces.

De lo que no cabe la menor duda es de que, para CiU como para el PP, así como para el resto de formaciones burguesas de la UE, la crisis en curso es un pretexto formidable para dar otra vuelta de tuerca a la ofensiva neoliberal emprendida a finales de los años 70 e imponer un modelo social en el que se hayan dinamitado las conquistas sociales y democráticas posteriores a la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en este contexto, una de las manifestaciones de la hegemonía ideológica burguesa (que, a mi juicio, extrae en buena medida su fuerza de la debilidad política de sus adversarios de clase) es que ha conseguido mantener la cuestión fiscal fuera del ámbito del debate público, salvo cuando se ha utilizado, como en el caso catalán, como agravio frente a otras fracciones burguesas.

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística y la recentralización del PP

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística, que llegó con los primeros compases del gobierno Mas, también ha servido para eclipsar las luchas contra los recortes en educación en favor del frente común en defensa de un modelo lingüístico acosado por una deriva involucionista de un aparato de Estado que, a ojos de la sociedad catalana, ha pasado claramente a la ofensiva. Esto es particularmente dramático en la medida en que bloqueó una posible sinergia entre las luchas contra los recortes en educación que se desarrollaban entonces en la Comunidad de Madrid y el clamor contra los primeros recortes aplicados por CiU en Catalunya, algo que ha hipotecado la posibilidad de desarrollar un movimiento más potente y sostenido a nivel estatal contra los ataques del PP, no sólo en educación sino también en sanidad.

Si a esto le añadimos los globos sonda del PP sobre una recentralización del Estado y el españolismo que transpira la reforma educativa que está preparando el gobierno central, entenderemos porqué ha contribuido a generar una creciente mayoría social independentista en Catalunya.

Sobre el pacto fiscal, o por un reparto más justo de la evasión fiscal…

Aquí llegamos, a mi juicio, a un tema fundamental porque es un punto nodal en el que se concentran muchos vectores de la situación política catalana, española y mundial. La crisis de la globalización capitalista que estamos viviendo está desmintiendo clamorosamente determinadas visiones de la globalización como un proceso homogeneizador en el que se diluían los conflictos nacionales, estatales e imperiales y en el que supuestamente las correlaciones de fuerzas entre capital y trabajo a nivel nacional perdían relevancia por una hipotética pérdida de centralidad del poder político bajo el peso creciente de un capitalismo amébico y universalizado. Lo cierto es que la mundialización del capital y las alianzas transnacionales no dejan de superponerse a un sistema de Estados cada vez más jerarquizado y a tensiones interimperialistas renovadas por el cambio de correlación de fuerzas geopolíticas y geoeconómicas entre las viejas potencias dominantes y nuevas potencias emergentes. Esto, que se da a escala internacional, también se reproduce en la Unión Europea e incluso en el Estado español. La crisis capitalista está agudizando todas las contradicciones. Es más, la explosición del bumerán de la deuda en la UE ha trasladado a su seno las lógicas neocoloniales intrínsecas al sistema de transferencia de recursos que ha saqueado el Tercer Mundo durante más de treinta años. Este sistema de poder financiero, potenciado por la arquitectura neoliberal del euro, el Plan de Estabilidad y el BCE, tiene su correlato en una relación de poder político cada vez más jerárquica. Esta relación de dominación entre los países más desarrollados y los menos desarrollados de la Unión se está haciendo cada vez más evidente con los memorándums que están padeciendo los pueblos sometidos a los rescates de la Troika. Estos planes de ajuste son imprescindibles para evitar un hundimiento del sector financiero europeo y se acompañan en el terreno ideológico de una culpabilización de las víctimas. Sin embargo, estas políticas, que pueden resumirse en la voluntad de fondo de “que la crisis la paguen los pobres” (justamente lo contrario de lo que defiende la izquierda anticapitalista), también se trasladan al seno de los Estados nacionales de la Unión, adquiriendo mayor relevancia en esos en los que existe un hecho nacional no resuelto. En este sentido, las políticas de austeridad con las que tanto se identifican los gobiernos del PP y de CiU, así como el resto de fuerzas conservadoras de la Unión Europea, parten del consenso de que el masivo endeudamiento contraído por los Estados debido a la crisis, a décadas de reducción de la presión fiscal sobre el capital y, sobre todo, por el salvamento de amplios grupos financieros en quiebra técnica, debe reducirse, no aumentando los ingresos del Estado, sino demoliendo las ya magras prestaciones sociales y los sistemas públicos de salud y educación. Una de las grandes contradicciones del Estado español es que, justamente, el Estado de las autonomías está en crisis, entre otras cosas, porque administra la sanidad y la educación públicas sin un sistema de financiación consolidado que garantice dichas prestaciones.

Como bien apunta Vicenç Navarro, una de las características históricas de los Estados de la Unión Europea rescatados (o que están a punto de serlo, como el español) es que sus burguesías han medrado históricamente gracias a regímenes autoritarios y/o fascistas, están acostumbradas a una presión fiscal bajísima comparada con la de los países más desarrollados y, como consecuencia de ello, han generado fuertes desigualdades sociales que han debilitado al movimiento obrero organizado y han generado democracias oligárquicas de muy mala calidad y muy sometidas al poder financiero y mediático. Desde luego, la burguesía catalana, a pesar de sus especificidades, no escapa a esta caracterización.

Así pues, en este contexto de regresión social y de jerarquización entre Estados y entre regiones y nacionalidades de los mismos Estados (las desigualdades norte-sur también han crecido con la crisis en Italia o el Estado español, algo evidente viendo los distintos índices de paro, por ejemplo), ¿qué representa el pacto fiscal propuesto por CiU? ¿Es realmente una política que busca aumentar los ingresos de la Generalitat para salvaguardar el modelo social catalán? ¿Qué tiene de justo y solidario y qué tiene de neoliberal y regresivo?

Creo que, desde la izquierda anticapitalista hay que partir de tres principios a la hora de abordar las cuestiones fiscales:

a) Que para que haya cohesión social y redistribución de la riqueza es necesario que los que más tienen paguen más. Algo que es válido tanto para los individuos como para los territorios.

b) Que deben existir mecanismos redistributivos entre los territorios más desarrollados y los menos desarrollados.

c) Que quien más paga y quien menos paga reciban, grosso modo, los mismos servicios y prestaciones, concretándose así derechos universales.

En este sentido, creo que es de justicia afirmar que, en términos relativos a su población, Catalunya sufre una discriminación en lo que se refiere a asignación de recursos e inversiones del Estado. Dicha discriminación, que es el resultado de un revanchismo del aparato de Estado contra el nacionalismo catalán (cuya consolidación es, a su vez, una de las consecuencias históricas del fracaso de la revolución burguesa en España, teniendo así las burguesías industriales una influencia más débil sobre el aparato de Estado que las oligarquías terratenientes y financieras), constituye un agravio comparativo en relación con otros territorios del Estado.

Este agravio objetivo constituye, no obstante, una fuente de legitimación eterna para que el nacionalismo conservador desvíe el malestar social por sus propias políticas neoliberales y su desmantelamiento sistemático de lo público hacia “Madrid”, y es una de las fuentes más consistentes de su hegemonía política sobre las capas medias e incluso sobre amplios sectores de las clases populares. Logra así, hasta cierto punto, desplazar y transustanciar la lucha de clases hacia un conflicto nacional sublimado que, si bien tiene potentes raíces políticas e históricas y se nutre de legítimas aspiraciones nacionales y democráticas no satisfechas, se concreta en una lucha por evacuar la miseria hacia otros territorios y eclipsar así totalmente la necesidad de imponer otro reparto de la riqueza tanto en Catalunya como en España.

¿Qué se proponía realmente el pacto fiscal de Mas?

La idea era que la Generalitat recaudara y gestionase directamente todos los impuestos en Catalunya y que, a continuación, transfiera al Estado la parte correspondiente a los servicios que presta éste en su territorio, además de un fondo de solidaridad vagamente definido. En mi opinión, el objetivo de fondo no era aumentar los ingresos de la Generalitat para mantener o mejorar el Estado del bienestar, sino poder reducir a su antojo la presión fiscal sobre los contribuyentes catalanes (y, ante todo, sobre las empresas) para que la economía catalana no perdiera competitividad relativa a la vista del dumping fiscal practicado en otras zonas del Estado, como Euskadi o la Comunidad de Madrid. Dicho en otros términos, se aspira a una soberanía fiscal para orquestar un reparto más justo de la evasión fiscal. Creo que los cálculos del Govern eran que suprimiendo el llamado “expolio fiscal de Catalunya” se podrían mantener grosso modo los ingresos de la Generalitat aún reduciendo drásticamente la presión fiscal.

En este sentido, lo que los países más poderosos de la Unión Europea se niegan a hacer en la Unión Europea –una armonización fiscal al alza y unos servicios públicos europeos que constituyan un mecanismo redistributivo viable para compensar el desarrollo desigual dentro de la UE–, es lo que propuestas como la del pacto fiscal de Mas se proponen deconstruir progresivamente dentro del Estado español. Máxime cuando está cantado que el rescate del Estado español llegará en breve y arrecian las reacciones populistas del tipo “sálvese quien pueda” en lugares como Catalunya y, desgraciadamente, tampoco faltan actitudes racistas contra los “vagos del sur”, como la de Durán i Lleida, que no tienen mucho que envidiar a las campañas de un sector de los medios de comunicación y el establishment alemán contra el pueblo griego, por ejemplo.

¿Qué dice la izquierda?

Pues bien, como apuntábamos más arriba, tanto la izquierda política, como sindical e incluso la académica e intelectual ha asistido pasivamente al despliegue de la propuesta de pacto fiscal por parte del gobierno de CiU. El PSC finalmente se adhirió, con matices, a la propuesta, ERC con un entusiasmo y una subalternidad lamentables, ICV haciendo un brindis al sol que pedía educadamente que el pacto fiscal se acompañara de un pacto social en defensa del Estado del bienestar, las direcciones sindicales mayoritarias tres cuartos de lo mismo… Por desgracia el movimiento antirecortes tampoco ha sabido aprovechar el debate sobre fiscalidad para hacer un discurso ofensivo de denuncia de la desfiscalización premeditada como causa del déficit y pretexto para los recortes. De nuevo, la pompa institucional y la unión sagrada se han impuesto y han eclipsado las contradicciones sociales y el verdadero saqueo que se ha perpetrado durante el proceso de elaboración de dicho pacto fiscal. Ni tan siquiera la izquierda crítica ha (hemos) estado a la altura de la necesidad de elaborar ideas-fuerza alternativas y un discurso operativo para trasladar a la escena política las potentes pero escasamente articuladas resistencias que se han dado y se siguen dando a nivel social contra las políticas de austeridad. La consecuencia lógica de todo ello es que la cuestión nacional y la cuestión fiscal han permitido a la burguesía catalana paralizar y dividir al movimiento obrero y hacer inaudible a la izquierda, generando tal grado de hegemonía que los brutales recortes de CiU no han erosionado sus apoyos sociales y electorales (es más, según las encuestas, parece fortalecerse electoralmente). El gobierno de Artur Mas ha sido el primero de Europa en conseguirlo.

Assemblea Nacional Catalana: “Catalunya próximo Estado de Europa”

Partiendo de la experiencia de las consultas soberanistas, un amplio espectro de colectivos, agrupaciones y redes sociales constituyeron la llamada Assemblea Nacional Catalana, intentando recuperar el referente simbólico de la Assemblea de Catalunya del antifranquismo y su carácter de organismo protoconstituyente. De momento, la movilización de la ANC ha apoyado que el máximo de plenos se declarasen municipios libres independientes, ha incentivado un movimiento de insumisión fiscal –que ha tenido un cierto seguimiento entre empresarios de la demarcación de Girona–, ha promovido una gran marcha por la independencia, una dinámica que ha culminado en la gran manifestación de la Diada.

Este organismo defiende abiertamente la proclamación de un Estado independiente en el seno de la Unión Europea, generando un movimiento independentista interclasista pero hegemonizado por la pequeña burguesía y caracterizado por una visión verdaderamente mesiánica de la independencia como panacea para resolver todos los problemas de la sociedad catalana y en el que el único eje de agregación política es el grado de apoyo a la propuesta independentista, sin más horizonte político y social.

Resulta curioso que ahora que la verdadera naturaleza de clase e imperialista de la Unión Europea se está manifestando con más crudeza y cuando Estados formalmente independientes como Grecia, Portugal o Irlanda (por cierto, el último Estado de Europa occidental en lograr la independencia) son, de facto, protectorados de la Troika, el independentismo catalán invoque a la Unión Europea como la tabla de salvación para garantizar una “separación civilizada” del Estado español, con la vana ilusión de que Catalunya, sin el lastre fiscal de su pertenencia a España, estaría, si no en la parte alta, al menos en mitad de la tabla. Pues bien, como hemos visto en los medios, Durao Barroso ya se ha apresurado a afirmar que una supuesta independencia de Catalunya no pondría los relojes de la deuda a cero y no podría hacerse sin el consentimiento de la UE.

La Diada y la oposición de Rajoy al Pacto fiscal

Ciertamente, CiU se ha visto desbordada por la manifestación de la Diada –que pretendía utilizar exclusivamente para apoyar su pacto fiscal–, en la que la ANC se ha apropiado de una celebración propia del catalanismo político en toda su pluralidad para movilizar por la independencia y silenciando o marginando otras visiones o culturas políticas soberanistas y democráticas totalmente legítimas. Es verdad también que se manifestó claramente un sentimiento contra los grandes partidos institucionales y sus maniobras. Es muy sintomático que Duran i Lleida fuera acosado y forzado a abandonar la marcha. La consigna central fue “independència”, pero la segunda no fue “no a los recortes” o “que se vayan todos” o “abajo el régimen”, sino “bote, bote, bote español el que no bote”, poniendo de relieve prejuicios populistas y hasta racistas de un sector nada despreciable del independentismo. ¿Cava? Quizás sí, pero seguido de una buena dosis de Alka Selzer, que diría Bensaïd…

La oposición de Rajoy al pacto fiscal ha puesto punto final a la legislatura más corta desde la recuperación de la Generalitat de Catalunya y ha planteado de un modo concreto la posibilidad de una ruptura con el régimen de la Reforma que está cargada de posibilidades pero también de peligros.

¿Y ahora qué? Elecciones anticipadas y “ejercicio de la autodeterminación”

Como comentaba más arriba, CiU ha conseguido salir airosa de sus políticas ultracapitalistas gracias a una dinámica populista evidente y a la descomposición de un PSC lastrado por su fidelidad constitucional y su subordinación al PSOE, uno de los grandes pilares del régimen español. El hecho de que la polarización sobre el referéndum de autodeterminación se haya convertido en el gran eje de la política catalana imposibilita ningún tipo de coalición que amenace una cómoda mayoría absoluta de CiU, que aprovechará para profundizar los ataques antisociales mientras agita su mística patriotera. Habrá que ver qué sucede en el mundo independentista: o bien construye un bloque patriótico subalterno de CiU o bien busca una alianza con la izquierda de clase para impulsar una lucha consecuente contra la ofensiva capitalista. En este contexto, lo que deberá defender la izquierda anticapitalista es la máxima unidad de la izquierda de clase y de la izquierda independentista contra las políticas de austeridad y para romper con el régimen evitando así una dinámica de “gobierno de unidad nacional” como propone abiertamente Solidaritat de la Independència o implícitamente la Assemblea Nacional Catalana. Lo que sin duda sería una verdadera catástrofe para la conciencia de clase y el futuro del movimiento obrero catalán sería una dinámica frentista de bloques, en la que se cristalizaran posiciones “constitucionalistas” e “independentistas” abriendo fracturas sociales (por motivo de origen y/o lengua materna de la población) fácilmente manipulables por reaccionarismos de todo pelaje.

De lo que no hay duda es de que la dinámica política abierta en Catalunya es un factor desestabilizador de primer orden en el Estado español cuyo desenlace es muy incierto. En este contexto, las izquierdas catalana y española deberán aprovechar la coyuntura para construir nuevos escenarios republicanos y solidarios en los que tejer relaciones de colaboración que sean el fruto del respeto y el acuerdo mutuos y que no estén viciadas por resentimientos y desconfianzas inoculadas por las élites respectivas. A estas alturas parece probable que dicho escenario no se podrá alcanzar sin un acto de soberanía más o menos traumático por parte de la ciudadanía de Catalunya. Aquí es importante ni rechazar ni fetichizar la consigna de independencia. No rechazarla, porque es cierto que para una parte muy importante de la población se identifica con una voluntad rupturista de acabar con las transacciones propias del nacionalismo conservador desde la transición (es decir: “donde tengas la cartera no metas la bandera”, por parafrasear un vulgar dicho popular). Ni fetichizarla, dado que, más allá de la mística, no deja de ser hasta cierto punto demagógica, dada la situación política en el sur de Europa que hemos descrito más arriba. La dinámica que se anuncia tampoco está exenta de peligros populistas o hasta involucionistas que podrían obstaculizar, cuando no cortar de raíz, la reconstrucción del movimiento social y la necesaria recomposición del movimiento obrero no sólamente en Catalunya, sino también en el conjunto del Estado español.

Por todo ello, y dado que estamos experimentando una aceleración de los tiempos políticos, hay que retomar el debate que se ha lanzado sobre la posibilidad de una Syriza catalana insistiendo en que esa hipótesis de agrupamiento sólo tiene sentido partiendo de tres grandes ideas fuerza irrenunciables:

• Que fuera para potenciar y organizar al máximo las resistencias contra los recortes, rechazando cualquier tipo de perspectiva gubernamental social-liberal o de su acompañamiento subalterno.
• Que se centrara en el objetivo de hundir el régimen desde una perspectiva republicana que no opusiera la construcción de una República catalana al apoyo a los movimientos republicanos protoconstituyentes en el resto del Estado, como los que estos días se están movilizando con una energía y una combatividad formidables en Madrid.
• Que respetara escrupulosamente la independencia y el pluralismo de los movimientos sociales y sindicales.

En este sentido, en la coyuntura actual, el peor escenario posible sería que la izquierda anticapitalista se viera satelizada o bien por la izquierda antiliberal o bien por la izquierda independentista. Esto la privaría de la posibilidad de articular las reivindicaciones sociales y las nacionales, y, por consiguiente, las bases sociales obreras y profesionales de las principales ciudades con las populares y campesinas predominantes en comarcas. Si no se construye un gran bloque social alternativo como el que protagonizó el antifranquismo anterior a los pactos y las transacciones, la burguesía catalana seguirá disponiendo de un amplio margen de maniobra para mantener el control de la situación política a pesar de sufrir desbordamientos episódicos.

 

[Andreu Coll es militante de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista. Publicado originalmente en Viento Sur]