El reformismo del rescate asimétrico

I

El alud de medidas de ajuste y de anuncios de rescate es tan apabullante que cuando escribo este comentario, a finales de agosto, ya casi hemos olvidado la brutalidad de las medidas adoptadas por el gobierno hace mes y medio. Y nos estamos preparando para la nueva avalancha que llegará a finales de año, calculando que la próxima bomba de destrucción masiva caerá tras la convocatoria electoral de octubre. Si alguna imagen me viene a la mente en esta situación es la veraz descripción que hace Ramiro Pinilla de la defensa republicana de Vizcaya, donde un ejército de esforzados militantes trataba de resistir la brutal combinación de bombardeos aéreos y ataques masivos de los fascistas. Todos sabemos cómo acabó aquello y casi todos pensamos que nos vamos a tragar los próximos ajustes que dicten Bruselas, la Merkel, el FMI, el Banco de España o el papa de Roma. Lo que no quiere decir que la resistencia sea inútil o innecesaria. Simplemente constatar que hoy por hoy las fuerzas son desiguales.

Creo que hay poco que comentar sobre los efectos sociales de estos ajustes, los intereses que las imponen, el modelo social al que nos conducen. Hemos hablado reiteradamente de esta cuestión, mucha gente lo ha hecho con acierto. Y lo vamos a continuar haciendo, sin duda, en los próximos meses. Lo que me parece que vale la pena destacar en el momento actual tiene que ver con los tiempos de la intervención, con las formas y las orientaciones.

II

El aspecto más relevante al respecto es el de los plazos en los que se están realizando los rescates. Un seguimiento detallado de la coyuntura muestra una enorme lentitud en la toma de decisiones y en su aplicación práctica. La sucesión de cumbres, minicumbres, reuniones de trabajo, etc. es interminable. Las medidas se anuncian en los titulares, pero después pasa largo tiempo hasta que se encarnan en acciones concretas, y en muchos casos quedan en el aire. Podemos pensar que ello tiene sobre todo que ver con la complejidad institucional de la Unión Europea. A estas alturas resulta evidente el fracaso estructural de un modelo que trata de unificar los mercados sin construir una estructura política adecuada. En un mundo donde las decisiones financieras se toman a velocidad supersónica un sistema de intervención pública que actúa a ritmo de tortuga o es simplemente inútil o se convierte en cómplice de los especuladores.

Pero reducir la cuestión a un problema de mero diseño institucional resulta a estas alturas ingenuo. Si bien la Unión Europea ha batido todos los récords de parsimonia en la adopción de decisiones básicas, no ha sido la única en retardar las reformas, ni en aplicar prácticas de doble velocidad. En cuanto se ha tratado de sostener al sistema financiero todo el mundo ha tomado decisiones drásticas, empezando por las nacionalizaciones masivas de bancos en 2008 y continuando por el apoyo sostenido a dicho sistema en forma de inyecciones masivas de crédito a las entidades financieras llevado a cabo por el Banco Central Europeo. En cambio, la lentitud ha sido máxima a la hora de regular las instituciones financieras, aun en los casos en que es evidente su comportamiento criminal. Como se ha desvelado recientemente en el caso de manipulación de los referentes crediticios Libor y Euribor por parte de un “pool” de los más selectos bancos del mundo. Los rescates a la banca han sido rápidos y con exigencias menores; los rescates al sector público, lentos y con grandes exigencias.

En esto consiste la práctica del rescate asimétrico. Una práctica que muestra el equilibrio de poder y la ideología de los que realmente mandan. El ejemplo más reciente lo hemos tenido en España: mientras el Gobierno inyecta 5.000 millones de euros a Bankia, su banco amigo, racanea las ayudas a las autonomías y pone con ello en peligro mucho bienestar y muchos puestos de trabajo.

III

Pero hay más que sesgos e inercias en este desigual tratamiento de los problemas. En la lentitud al aplicar ayudas a los países o comunidades en dificultades hay también un elemento de cálculo estratégico en la tardanza en aplicar ayudas. Se trata, más que de una terapia de shock, de una política de luz de gas, de ir acogotando al necesitado, de negarle medidas de emergencia para que al final acabe aceptando todo el lote de exigencias que se le quieren imponer. Es una política maquiavélica que cuenta, además, con una buena colectividad de corifeos que la avalan. Una política en la que el dogmatismo y la ceguera ideológica se combinan con la defensa de intereses inconfesables.

En el campo de los dogmáticos están una buena parte de los propagandistas teóricos pro-capitalismo. Cualquier lector atento de El País ha tenido la oportunidad de leer, en las últimas semanas, infinidad de artículos de economistas supuestamente respetuosos (varios de ellos catedráticos en universidades extranjeras, lo que supone un plus de pedigrí) abogando por la necesidad de mantener alta la exigencia como única forma para que se realicen las “necesarias reformas liberalizadoras” que nos llevarán a adoptar el supuesto modelo económico ortodoxo (inexistente en ningún país real) que nos permitirá salir prontamente de la crisis y retomar una incomparable senda de bienestar y crecimiento… Ninguna visión reflexiva sobre el pasado y el presente. Ninguna revisión del impacto que han tenido estas mismas políticas en los países donde ya se aplicaron. Ninguna reflexión sobre el crecimiento de las desigualdades y la pobreza que treinta años de políticas neoliberales han generado en los países desarrollados. Ninguna reflexión crítica sobre la evolución de la globalización, el papel de las grandes corporaciones, la financiarización y la existencia de un sistema económico mundial donde imperan importantes estructuras de poder asimétrico. Por supuesto, ninguna reflexión profunda sobre los efectos perversos del capitalismo de mercado en la gestión ecológica ni sobre los peligros de seguir replicando el mismo modelo productivo. Practicantes de una pseudociencia sin visión crítica no dudan en defender que la mejor autopista al paraíso pasa por aceptar el malestar, la desigualdad, el empobrecimiento.

Junto a ellos los beneficiarios de los ajustes. Los beneficiarios económicos, los que ven incrementadas sus rentas, sus posibilidades de negocio, su poder social, con el desguace de las políticas de bienestar y de derechos laborales. Y los beneficiarios políticos. Aquellos que practican la luz de gas como forma de mantener su propio proyecto político. Como una Merkel que necesita mantener la firmeza frente al Sur de Europa como parte de su política propagandística xenófoba en su propio feudo alemán. Como Rajoy, que trata de mantener la asfixia financiera de las comunidades autónomas (a las que previamente se las hizo responsables del grueso del gasto público) como medio para reforzar su visión centralista y españolista de la política.

Estamos en manos de individuos que por dogmatismo, interés, y/o miopía, están practicando una política de cerco generadora de un elevadísimo coste social. Que puede generar efectos insospechables, como la generalización de una nueva recesión planetaria (a algo de ello apuntan los últimos datos macroeconómicos de medio mundo) o la incapacidad de hacer frente a nuevos desafíos globales como los del cambio climático o el pico del petróleo.

Para resistir a esta política de estrangulamiento no basta con la movilización y la denuncia. Es también necesario reforzar tanto un conocimiento económico alternativo, teórico y aplicado, como, especialmente reconstruir planes y formas de intervención que hagan frente a este desastre. Es tiempo de lucha, de pensamiento y de política. De otro pensamiento y de una acción colectiva que vaya más allá del necesario, pero a veces narcisista, ejercicio de la protesta.

Recortar derechos, dividir a las víctimas

No hace falta ser un especialista muy sofisticado en políticas sociales para percibir que los planes de ajuste representan recortes brutales a los derechos sociales y generan más pobreza y desigualdades. Dada la profundidad de los ajustes en marcha, los afectados son millones de personas. Y por ello podría esperarse una amplia respuesta social de las víctimas. El que ésta no se produzca, el que los ajustes tengan poco coste político para quien los decide, es una de las grandes preguntas que deberíamos saber contestar.

Sin entrar en un análisis más global, vale la pena subrayar que una parte de esta respuesta limitada tiene que ver con el propio diseño de muchas de las políticas de ajuste. Éstas se presentan siempre como medidas de racionalización orientadas no tanto a eliminar derechos básicos como a actuar contra despilfarros innecesarios y abusos insoportables. Una forma de presentar los ajustes que hemos podido ver en las diversas medidas que se han ido tomando. Así, las reformas de derechos laborales se intentan justificar con el excesivo poder que tienen los trabajadores fijos frente a los temporales (lo que se supone que se traduce en aumentos salariales insensatos, reticencias a la adaptación laboral…). Los recortes a las prestaciones de desempleo se plantean como una respuesta a la actitud laxa en materia de búsqueda de empleo por parte de un sector de parados rentistas. Los recortes en la sanidad se plantean como respuesta al excesivo consumo farmacéutico o a la presencia de un insoportable turismo sanitario… Los recortes llevan siempre asociadas medidas de discriminación de beneficiarios (atendiendo pretendidamente a “circunstancias objetivas”) cuyo control aumenta a menudo la complejidad administrativa de la gestión.

Y es que estas políticas están diseñadas con un doble objetivo: el de recortar derechos y gastos y el de dividir a la población en cuanto a la aceptabilidad de las mismas. Ninguna política social universal es ajena a la posibilidad de que haya personas que abusen o se aprovechen. Y siempre es posible detectar fallos en su aplicación. Pero el coste social de eliminar estos abusos puede ser a menudo mayor que el de permitirlos. En muchos casos, la denuncia de estos abusos sólo forma parte de la estrategia de distracción empleada para camuflar el verdadero carácter antisocial de estas medidas.

Las medidas de racionalización tratan de convertir los conflictos sociales generales, de clase, en conflictos interpersonales o intergrupales: entre trabajadores fijos y temporales, personas mayores y jóvenes, nativos e inmigrantes, usuarios responsables y despilfarradores, etc. Puede pensarse que se trata de una estrategia grosera (del estilo de la empleada por la ministra de Empleo al relacionar a los jóvenes perceptores del subsidio de 400 euros con familias de altos ingresos), pero en muchos casos resulta mucho más sofisticada y alcanza gran parte de sus objetivos de trasladar el conflicto, empantanarlo y obtener la aceptación de suficiente base social.

De hecho se trata de la aplicación de algo que en la fase de capitalismo neoliberal ha sido fundamental para erosionar tanto los servicios públicos como la solidaridad de clase. Las políticas de recortes selectivos forman parte de una estrategia más amplia de fragmentación social que se ha jugado tanto en el terreno de las políticas públicas como en el de la gestión laboral de las empresas. En ambos espacios se han ido generando múltiples mecanismos de evaluación, selección, diferenciación, que tienen el efecto de individualizar, fragmentar, promover la rivalidad entre personas. No se trata sólo de la existencia de filtros y mecanismos de diferenciación, sino de todo un aparato “cultural” puesto al servicio de esta diferenciación. Gran parte de la ideología que subyace en conceptos como “capital humano”, “carrera profesional”, o “mérito individual” tienen que ver con esta política de la diferenciación, sobre todo en el plano laboral. Quizás hasta ahora ha sido menos sofisticada su versión en las políticas públicas, aunque en todas ellas está presente la construcción cultural de los buenos y malos merecedores de servicios, de los nacionales y los extranjeros, de los contribuyentes y los parásitos. Ahora estamos asistiendo a un reforzamiento de estos discursos prácticas como un componente esencial de las políticas de recortes.

Invertir estas prácticas exige no sólo denunciar sus efectos perversos, su peligrosidad social. Exige también construir otro marco de referencia cultural capaz de combatir las estrategias de la división y la fragmentación que son consustanciales a la hegemonía social de las políticas neoliberales.