0. Propósito

Lo que sigue es una variante de una nota que se empezó a redactar a finales de mayo. Estuvo en la red poco antes de la noticia, el 9 de junio, del crédito de hasta 100.000 millones de euros del Fondo Europeo de Estabilización Financiera al fondo de rescate bancario español (FROB) para recapitalizar la banca quebrada. Este hecho ha inducido a revisarla. No varían las tesis ni los argumentos de la versión anterior, sino que se amplían a algunas consideraciones sobre ese acontecimiento.

Esta nota pretende apuntar, a modo de argumentación sucinta y no de explicación detallada, cuatro posiciones en sus correspondientes cuatro apartados:

1. A todas luces, en España sobran bancos. Aprovechemos la ocasión de la quiebra de los peores —generalmente, bancos procedentes de cajas pésimamente gestionadas— para reestructurar un sector excesivo en su papel y en su tamaño. Liquidemos ese sobrante, que ya era excesivo antes de su quiebra y que resulta una rémora para la economía real, en lugar de endeudarnos colosalmente recapitalizándolo a costa del Estado con fondos comunitarios que habrá que devolver.

2. Además de que son una carga para la economía española, esos bancos no tienen viabilidad económica ninguna en el futuro cercano ni en el lejano. Son insalvables, están condenados a la ruina: como veremos, no van a dar beneficios, ni concederán crédito y, desde luego, no van a poder devolver ni siquiera los intereses de los fondos procedentes de la CE que el Estado, si nada lo impide, les inyectará.

Lo peor es que, de paso, esos rescates malgastados, inútiles, condenan también a la ruina a los ciudadanos. Recapitalizar (reflotar, rescatar, salvar; resucitar a los muertos también puede ser apropiado en este caso) la banca quebrada, entendiendo por ello a la mayoría de las antiguas cajas y algunos bancos, le costará al Estado, como se verá, alrededor de 85.000 millones de euros (ya se acepta una línea de crédito europea de 100.000, así que probablemente nos quedamos cortos). Esa cifra, cuya brutalidad se hace patente cuando la comparamos con las partidas del presupuesto del Estado, se aplicará sin retorno posible a unas entidades que, además de ser innecesarias, no tienen valor de mercado: ese dinero se enterrará inútilmente.

3. En lugar de ir a la capitalización de una banca ya condenada, los fondos que aporta el Estado (que es quien se endeuda; y con él todos nosotros) deberían emplearse en facilitar crédito directo a la economía real. Con cifras incluso menores se podría generar un volumen de crédito suficiente para estimular una recuperación económica y una reversión de los recortes.

4. La principal de las excusas para comprometer los recursos públicos en recapitalizar la banca quebrada es una presunta protección a los ahorradores, que son los principales acreedores de cualquier banco. Grosera falacia: no hay nada que les apetezca más a los bancos no quebrados que incrementar su mermada liquidez pujando por esos depósitos ahorrados. Tal y como está la pelea por los pasivos (es decir: depósitos de los ahorradores) en el mercado bancario español, habría cola para la captación de los depósitos de la banca quebrada. El resto de las partidas a liquidar del balance de ésta tiene, como veremos, destinos ya más que transitados, y desde luego más fecundos, que dilapidar fondos públicos de manera estúpida y masiva.

1. Minimizar el sistema financiero sobrante

1.1. Sobre la salida de la crisis se dan importantes divergencias políticas y teóricas. Pero en lo que refiere a sus causas coincide una amplia opinión dominante: la crisis proviene de una alimentación desproporcionada del crecimiento económico por parte del crédito, ligada a un sistema financiero desproporcionadamente grande. Está más que ampliamente aceptado y documentado que el sistema financiero tiene, en todos los países principales, un peso excesivo respecto a la economía real, por amplia que sea la definición de ésta.

1.2. En España, esa macrocefalia (con todos sus síntomas de tamaño y de patologías conexas) del sistema financiero es más severa todavía. En ningún otro país se da ese derroche de oferta financiera. Ilustremos con números sencillos el tamaño de esta exageración, porque en ella se basa lo que aquí se propone. En relación al PIB: España, 32,4 oficinas por millón de euros de su PIB; EE.UU., 6,8; Alemania, 12,5; Francia, 10,7; Gran Bretaña, 6,1. Si la comparación se hace por habitantes, los resultados son similares. Eso en pleno auge de los servicios bancarios por internet y siendo el país con una diferencia aún más abismal sobre los que nos siguen que la que acabamos de ver en la red de cajeros automáticos. Vamos: que si se cerraran las tres cuartas partes de las agencias bancarias estaríamos más que servidos financieramente. (¿Quién no ha notado la extrañeza de los extranjeros que nos visitan ante la sobreabundancia de oficinas bancarias en España?)

1.3. Aquí, desde los años ochenta, los beneficios bancarios fueron tan desorbitados que daban para esa prodigalidad de medios y para más. Pero eso se acabó. Se dan unas circunstancias, previsiblemente duraderas, en las que la banca española tendrá en su país los mismos márgenes (y ya es optimismo, porque su morosidad es mucho mayor) que los bancos europeos en los suyos. Así que nuestra obesidad financiera no se puede sostener.

1.4. Uno de los que escriben este papelillo ha vivido todas las crisis bancarias desde mediados de los setenta y estuvo en los equipos directivos de las intervenciones de Banca Catalana y de los bancos de Rumasa y Banesto por el Banco de España. La diferencia es que, en esos casos, el reflotamiento fue realizado básicamente por los bancos mejores —que entonces tenían unos beneficios fantásticos en su negocio en España— y no por el Estado. En aquellas circunstancias los quebrados tenían valor, como se comprobó cuando pujaron por ellos los bancos sanos, por dos circunstancias: porque sus redes de oficinas generaban entonces rentabilidad —fruto de los elevados márgenes del sistema—, y porque las ayudas del Banco de España se le pagaban a éste a unos tipos de interés menores que los que se obtenían por los bancos en aquellos momentos. Ahora ya no habrá banco sano que compre un banco quebrado y, si lo hace (como en el caso de la compra por el Sabadell de la CAM,) se cuidará muy mucho de que sea el Estado quien corra con las pérdidas anteriores.

2. Que no nos den vela en este entierro

2.1. Las cifras de la mora bancaria española, contabilizada o no, producen vértigo. Sólo los solares abandonados o a semiconstruir financiados a promotores rondan un tercio del PIB, unos 350.000 millones de euros (más de 190.000 ya están considerados morosos ahora); el total de los préstamos al promotor y el constructor rozó el 45% del PIB en 2007 y al comprador el 60%. Habrá que añadirle pisos y locales sin demanda factible, hipotecas impagables (éstas, otros 75.000 millones adicionales, como mínimo) y créditos a empresas con las ventas por los suelos (la mora empresarial superaba formalmente en abril el 7 por cien; realmente, supera el 8,5%). De ese agujero, sólo para las antiguas cajas, al menos 85.000 millones de euros [*] serán inyectados por el Estado, procedentes de fondos europeos que nos endeudan a todos, para capitalización directa. Es decir: dinero contante y sonante que se enterrará en el capital de unas entidades que no valen nada. Eso si no lo evitamos; que puede evitarse, se verá al final de estas líneas.

2.2. Lo de enterrar el dinero público no es un eufemismo. Primero, porque no hay devolución posible: “no son ayudas sino capital y no hay que devolver nada”, el nuevo presidente de Bankia dixit. Segundo, porque no hay esperanza de resurrección: los políticos correctos ejercen el cinismo o la ignorancia cuando hablan de recuperar el dinero público que califican de “invertido”: los resultados de esas entidades nunca van a ser positivos y, si se presentan como tales, será por puro artífico contable. Pero, además, los fondos que se inviertan en esos bancos quebrados se les tienen que cobrar a los bancos recapitalizados (por normativa europea sobre la competencia) al 8,5% anual. Bankia, por ejemplo, tendría que pagar más de 2000 millones de euros anuales sólo por esos intereses, además de una suma similar por los de su endeudamiento a día de hoy con el Banco Central Europeo. De locos.

2.3. La imposibilidad de retorno de los fondos públicos empleados en la recapitalización se basa en tres evidencias definitivas:

• Una, si todas las oficinas de las entidades quebradas desaparecieran, a los ciudadanos no les faltarían servicios bancarios. Lo único que pasaría es que se racionalizaría, y aún sólo en parte, un sistema financiero hipertrofiado: cuantos menos costes de los bancos por exceso de medios superfluos, menos podrían cobrar por los créditos.

• Dos, las cuentas de resultados de los bancos condenados están muertas hasta el juicio final; todo fondo estatal o comunitario que se entierre en los quebrados se perderá. Las cifras proyectadas de pérdidas para los bancos quebrados por sus propios gestores actuales para 2013 rondan casi los 8.000 millones. Nadie prevé beneficios nunca más.

• Y tres, con una perspectiva indefinidamente larga de bajos tipos de interés no habrá altos beneficios bancarios —ni aunque no se arrastrara, como se arrastra, la imposible losa de morosidad de esas cajas y bancos españoles— en décadas.

2.4. Lo que significan esos 85.000 millones que van a dilapidarse, si la gente no lo remedia, en unas entidades que sobran —que no tienen ninguna utilidad, que no valen nada— es una barbaridad: unas ocho veces el tijeretazo a sanidad y educación de 2012; dos veces la suma de los recortes y subidas de impuestos de 2012; quince años de inversión –con base al año actual— en investigación; más de tres veces lo que se pagará este año en intereses por la deuda estatal; dos años y medio de prestaciones por desempleo.

Añadamos una referencia que no aporta tanto sufrimiento como las que se acaban de dar, pero que desenmascara absolutamente la idea de una “inversión” estatal que se recuperará en su momento: toda la banca española, la capitalización de todas sus acciones, incluyendo a Santander, BBVA y Caixabank, ha llegado a valer en Bolsa menos que esos 85.000 millones. Menuda “inversión”.

3. Convertir la recapitalización en crédito directo

3.1. La improvisación y el cinismo de nuestros gobiernos en el tema banca española son antológicas, casi tanto como lo ha sido la gestión de las cajas. Desde el disparate de Zapatero, al calificar el sistema financiero español como el mejor del mundo o al permitir la salida a Bolsa de Bankia con datos inverosímiles, a las estupideces sucesivas de Rajoy: “no habrá rescate del sistema financiero”; “el Estado va a invertir en bancos y recuperará su dinero”; “hemos conseguido de Europa un préstamo sin ninguna exigencia económica”; “el crédito europeo evita el endeudamiento del Estado”. Por el camino ha quedado también el prestigio de una de las pocas instituciones que lo habían conseguido: el Banco de España (que ni vio, ni escuchó, ni habló). Todos hemos visto los resultados de ese crédito europeo sobre el encarecimiento récord de los intereses de la deuda pública —y el incremento del volumen de ésta— que pagamos todos. Pero la más sangrante de las mentiras —porque es la más sangrante de las llagas macroeconómicas— es que el rescate bancario traerá crédito a las empresas y a los ciudadanos. Ni un duro de crédito: tal como está diseñado el plan gubernamental, ese capital va a cubrir pérdidas anteriores y, por lo tanto, no puede dedicarse de ningún modo a crédito.

3.2. Lo que se perpetra hacer no tiene pies ni cabeza. La nacionalización, en especial del sistema financiero, siempre se le ha antojado simpática a la izquierda social. Bueno, pues hay que despertarse: en este caso la nacionalización vía recapitalización es la medida más lesiva para la gente común. Como todo, depende de quién la haga, cómo la gestione, cuánto cueste y cuánto rinda socialmente. Para abreviar, resumamos cuatro razones que desaconsejan siquiera mentarla en estas circunstancias:

• Primera, la mayor parte de las entidades que nos han metido en este lío son cajas que tenían una especie de estatuto público y en sus consejos estaban los políticos de sus comunidades autónomas, los sindicatos y una representación indirecta de los impositores; ya se ha visto lo que han hecho. Visto lo visto, no hay ninguna garantía —más bien todo lo contrario— de que una gestión proporcional a la representación formal política —local, de autonomía, estatal— ofrezca garantías de eficacia.

• Segunda, el coste es tan desproporcionado, en términos absolutos y relativos, como lo que se ha intentado ilustrar arriba.

• Tercera, el rendimiento de la inversión en recapitalizar y nacionalizar será cero.

3.3. Dedicados esos 85.000 millones a crédito directo generarían (a través del expansivo multiplicador del crédito: los créditos generan depósitos, sobre los que puede concederse más crédito y así sucesivamente), el suficiente estímulo como para reactivar la economía. En efecto, aplicando al crédito esa cifra que se pretende enterrar en capitalización de los quebrados una más que moderada ratio 7/1, se obtendrían unos 600.000 millones de euros en nuevas operaciones crediticias. Naturalmente, no es necesario —ni aconsejable— emplear esa cantidad en crédito, pero resulta evidente que la capacidad de estimular la economía sería enorme. Además, quedaría espacio para revertir recortes sociales que harían crecer los salarios reales, a través de la recuperación de los salarios indirectos por prestaciones públicas, que también contribuirían a recobrar el consumo y la confianza.

3.4. ¿Quién podría realizar esa inyección de crédito directo? Pues, para no ir más lejos, el Instituto de Crédito Oficial —ICO— que ya lo intenta hacer indirectamente (dejando un más que sabroso margen a los bancos privados intermediarios, que así presumen de conceder un crédito que no dan ellos), pero con una evidente ridiculez en los volúmenes en relación a las necesidades de la economía real. Y si el ICO no llega, inyéctese a los bancos sanos, con buena rentabilidad para éstos pero con la exigencia absoluta de que lo apliquen a crédito: que no pase como con las subastas del Banco Central Europeo, que acaban remansándose en depósitos de los propios bancos en el mismísimo Banco Central como seguro de liquidez. Sin esa condición, ni un duro. El quién, por consiguiente, no es problema. El cuánto, 85.000, hemos supuesto aquí, que es lo que se iba a tirar en recapitalizar lo quebrado —¿y por qué no suponerlo, puesto que el Estado está dispuesto a malgastarlo?—. El cómo hacerlo sigue a continuación.

3.5. Respecto al criterio para inyectarlo, lo primero y lo segundo es no olvidarse de quiénes han administrado mal o delinquido; no sólo para que paguen su cacaseno pasado, sino sobre todo para servir de advertencia a quienes deberán dar los tan necesarios créditos futuros. Primero, exíjanse responsabilidades a los administradores bancarios, como ocurrió en anteriores casos, que han llevado a la quiebra; también a los del Banco de España, que han sido cómplices con su pasividad en la función auditora de la banca, que es la esencia de la institución (si no, ¿para qué sirve, si ni siquiera fija los tipos de interés?). Segundo, reclámense ejecutivamente los dineros que ciertos administradores se han llevado a su casa por indemnización, por retiro o por asociación con los especuladores. Tercero —y más importante incluso que lo anterior—, establézcanse mecanismos profesionales para que ese crédito fluya a la economía real no especulativa. Los mecanismos que precisamente faltaron cuando se provocó el enorme agujero de la banca española. No es difícil dar créditos con profesionalidad, así que tres ejemplos indicativos bastarán: las empresas que han pagado razonablemente sus créditos en los años anteriores; las que se comprometan a crear empleo por un plazo determinado; los particulares que hayan cumplido con sus obligaciones crediticias en relación con sus salarios. Desde luego, es tan ínfimo lo que significa sobre esas cifras la deuda de quienes no pueden pagar sus hipotecas —por el paro o por el recorte de sus salarios directos o indirectos— que, en esos casos, se impone no ya la dación en pago sino una moratoria indefinida, aunque siempre debidamente justificable.

4. ¿Cómo dejar quebrar un banco?

4.1. Ésta parece la madre de todas las preguntas, un insondable problema reservado únicamente a expertos financieros. Pero su respuesta es de sentido común, a pesar de lo que se nos cuenta: liquidando ordenadamente los elementos de su balance, atendiendo a las prioridades sociales. Como siempre ha pasado; ¡anda que no han quebrado bancos en la historia sin que, generalmente, nada pasara más que a sus propietarios!

4.2. La primera de las justificaciones del despilfarro de la recapitalización de la banca quebrada siempre es la presunta protección de los depósitos. Se nos dice: el principal pasivo, la deuda relevante, de los bancos son los ahorros y la tesorería que los particulares y las empresas tienen depositados en el banco, así que si se le deja quebrar esos depósitos corren el riesgo de perderse. Pues no es, ni lejanamente, como nos dicen: precisamente lo que necesita imperativamente ahora la banca no quebrada es liquidez; y, para obtenerla, están peleando duramente por los depósitos en el mercado. Hasta Santander ofrece un 4% en pagarés. Por lo tanto, no faltarán bancos dispuestos a no sólo garantizar sino a pagar razonablemente por esos depósitos. Ni siquiera haría falta acudir a Fondo de Garantía de Depósitos, puesto que a los ahorradores les sobrarían los novios solventes con los que ganar algo más por sus ahorros, además de garantizarlos.

4.3. Sigamos con el balance a liquidar. Nos encontramos con los tan imponentes como superfluos activos materiales bancarios: edificios y oficinas, generalmente en las mejores zonas comerciales y de negocios del país. Aunque el mercado se encuentre muy deprimido, no faltarían fondos internacionales dispuestos a adquirirlos a bajo precio. Lo harían, claro, con ánimo de especular con ganancias futuras, aprovechándose de la necesidad de la banca condenada y reafirmando su condición de “fondos cuervo”. Sin embargo, parece peor desmontar derechos, servicios, prestaciones e investigaciones de carácter público dilapidando los dineros que los financian en rescates bancarios. Además, y resulta cuestión principal, por mal que se malvendieran —y se malvenderían—, esas propiedades inmobiliarias privadas, cubrirían sobradamente los derechos de los empleados bancarios que quedaran sin empleo, sin necesidad de acudir a prestaciones de desempleo. No sería la primera ni la última vez en que la venta de inmuebles comerciales de la banca quebrada sirviera para garantizar las prestaciones debidas a los trabajadores.

4.4. El siguiente, y último, capítulo del balance a liquidar es el de los créditos. Los hay de tres clases: los definitivamente perdidos (dotados o no), los recuperables y los que no presentan síntomas de morosidad (todavía y afortunadamente, la mayoría). No es este el lugar para exponer las técnicas bancarias y la infinidad de experiencias históricas para gestionar las carteras bancarias en caso de quiebra. Por abreviar, los bancos sanos de cualquier país sanean periódicamente sus balances vendiendo las carteras de sus créditos, incluso los que son intachables en su pago. Lo hacen por vaciar sus balances de créditos anteriores, lo que les ofrece posibilidades de realizar nuevos créditos. Existe un gran número de bancos y entidades especializadas diversas que paga esos paquetes de créditos en virtud de sus perspectivas de cobro: con enormes descuentos para lo más incobrable, menores para los que tienen perspectivas de recuperación y mejores precios para los que presentan buenos hábitos de pago por los acreedores. Solucionados los depósitos y los activos inmobiliarios, la venta de los distintos créditos resulta un negocio inventado, probado y estandarizado.

Con ello la liquidación estaría hecha; y los 85.000 o 100.000 millones podrían aplicarse a la economía real y no al despilfarro de amortajar a la banca muerta, o mejor dicho asesinada por sus baludaques, estultos y aberrantes —cuando no venales— gestores.

[*] 23.500 comprometidos en Bankia; 58.400 estimado -según la proporción entre lo garantizado inicialmente a Bankia (4.465) y lo comprometido finalmente (23.500)- para Catalunya Caixa, Novacaixa Galicia-Evo; Caja España, Mare Nostrum, Banca Cívica, CajaSur, CAM (la parte que responde el estado en su venta al Sabadell), Unnim (la parte asumida por el Fondo de Garantía de Depósitos en su venta al BBVA) y Banco de Valencia. Todo ello sin contar avales del Estado, ni las previsiblemente duras provisiones adicionales que exigirán los indocumentados —y metedores de pata históricamente ridiculizados— auditores privados extranjeros que ha contratado el Ministro de Economía y Competitividad a su imagen y semejanza.