El 28 de junio de 1991, unas 40.000 personas se reunieron en Oviedo en apoyo al sector de la minería que también había convocado en dichas fechas una huelga general en las comarcas mineras. El conflicto tenía como objetivo mostrar el rechazo al plan de futuro de Hunosa presentado por el desaparecido Instituto Nacional de Industria (INI) que preveía la pérdida de 6.000 empleos y reivindicar medidas reindustrializadoras para los concejos mineros del centro de Asturias. Aquel día, el filósofo Gustavo Bueno se dirigió a los manifestantes en un memorable discurso de defensa del sector. Posteriormente, el 23 de diciembre de 1991, treinta y seis sindicalistas, se encerraron en el interior del pozo Barredo en Mieres, en protesta por el Plan de Reconversión Industrial de HUNOSA. El encierro culminó el día 3 de enero de 1992. Ahora, veintiún años después, la minería asturiana (con la leonesa y de Aragón) se vuelve a manifestar en defensa del sector. En los años 1991-1992 gobernaba el PSOE, hoy el PP.

El conflicto actual hay que contextualizarlo en el recorte que contemplan los presupuestos económicos del gobierno: del 63,2% para las ayudas al funcionamiento de las empresas (de 301 a 111 millones), del 39,2% para infraestructuras en las cuencas (de 167 a 102 millones), del 76,6% para proyectos empresariales (de 167 a 39 millones), del 99,6% para formación y becas (de 56 a 2 millones) y del 100% en materia de seguridad minera (de 12 a 0). Además, la consignación para el Instituto del Carbón baja el 39,1 %, pasando de 1.078 a 656 millones.

Con estos datos la minería del carbón se juega el ser o no ser, ya que amenazan con precipitar el cierre de las explotaciones mineras, fijado por la Unión Europea para el año 2018. El desastre económico y social que sin duda va a carrear el “inhumano” plan del gobierno está haciendo que en las cuencas mineras de Asturias se estén viviendo una serie de movilizaciones, muy duras, con enfrentamientos directos entre la policía y guardia civil con los piquetes de mineros que ponen las barricadas impidiendo el normal desarrollo de tráfico tanto por carretera, como por ferrocarril. Hay momentos realmente crudos, llegando a “tirarse al monte“ los mineros, desde donde disparan con cohetes y tirachinas que son respondidos por pelotas de goma y otros “artilugios” por las fuerzas de policiales. De momento, los enfrentamientos y barricadas registran heridos entre ambas partes y otras personas ajenas al conflicto.

El ánimo general, tanto del sector de trabajadores afectados como del conjunto de la población puede decirse que es de absoluta preocupación y en el ánimo de todos está salvar el sector.

Paros, manifestaciones y encierros en la mina (Pozo Santiago en Figaredo y Candín en Langreo) y en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea (cuatro mineros) son, junto con la huelga general vivida en los concejos mineros y la manifestación de más de 30.000 personas desde La Felguera a Sama de Langreo, las acciones con las que se intenta «convencer» al Gobierno de que dé marcha atrás y negocie con los sindicatos. Al día de escribir este artículo la normalidad es total en lo referido a cortes de carretera y ferrocarril. No obstante es un “silencio” que se palpa como premonitorio de que la cosa no acaba aún.

La “marcha negra” hacia Madrid de los mineros asturianos (así como de mineras: las mujeres están protagonizando acciones de apoyo) leoneses y aragoneses que comenzó el viernes 25 tiene previsto llegar a la capital el 11 de julio. En el ánimo de algunos está que esa fecha no llegue, o lo que es lo mismo, que el Ministerio de Industria, con su inefable Soria a la cabeza, rectifique y se disponga a escuchar al sector de la minería.

En principio la huelga estaba prevista para 4 días (23 y 24; 30 y 31 de mayo), pero el 29 se encerraron 5 mineros en el Pozo de Candín y 5 más del Pozo Santiago, y desde ahí la huelga se ha convertido en indefinida. Lo que en el momento de escribir esto da 29 días de huelga y 27 de encierro en los pozos. Están recibiendo numerosas muestras de solidaridad: desde la Asamblea de Vivienda de Madrid expresando su más firme y solidario apoyo a las luchas de los mineros en Asturias, León y otras zonas, a ex-mineros ingleses que en su momento mantuvieron la famosa lucha contra el neoliberalismo de la presidenta Margaret Thatcher; pasando por un manifiesto de apoyo a los sindicatos mineros proveniente de diversos ámbitos de la cultura.

Si lo dicho hasta aquí es importante en lo que al cierre de las minas se refiere, no lo es menos (acaso más) las consecuencias que comporta para el ámbito familiar y social. Enumerando muy esquemáticamente: inestabilidad económica y consiguientemente familiar; deterioro de la calidad de vida derivando a problemas psicológicos, como la depresión y la inseguridad personal y social. Todo ello nos indica que lo que subyace a la precariedad laboral que traerá el deterioro de las comarcas mineras serán unas graves consecuencias tanto en el orden social en general como en la vida de las personas en particular, condicionando en buena medida las formas de comportamiento, así como su presente y su futuro.

Se concluye, pues, que no desfallecer y continuar en la organización y coordinación de la resistencia frente a estas medidas, impuestas por una ideología muy concreta y que el gobierno de España está dispuesto a refrendar, es la base necesaria para el triunfo de la minería asturiana y española que deseamos.

Resistencia que, en mi opinión, no debería de finalizar en la consecución de garantías para la continuación de las minas o en conseguir salidas más o menos gremiales, ambas efectivamente importantes, sino también en cuestionar las relaciones de poder institucionales, jurídico-políticas e ideológicas existentes que conducen precisamente a situaciones como las dadas actualmente y que no serán las últimas. Es decir, una economía y unas relaciones sociales en contra de la inmensa mayoría de la población, que recortan los derechos laborales y sociales históricamente conquistados.