La participación popular en las manifestaciones convocadas por el movimiento 15-M el pasado 12 de mayo, junto con las movilizaciones y procesos deliberativos anteriores y posteriores, han demostrado la persistencia de una amplia ciudadanía activa. Han participado varias decenas de miles en Madrid y en Barcelona, así como en el conjunto de más de cincuenta ciudades de todo el Estado. Una presencia menor y simbólica ha sido la de otras capitales europeas. Los motivos de hace un año para expresar indignación siguen vigentes y se han reforzado: oposición a las consecuencias injustas de la crisis económica y los recortes sociales; crítica a los mercados financieros y los gestores institucionales dominantes como responsables de una política regresiva; exigencias de cambios socioeconómicos y mayor y mejor democracia, con estímulo de la participación cívica y democrática.

Esa amplia indignación ciudadana se ha expresado en el ámbito público y se ha convertido en una masiva participación cívica y pacífica frente a una gestión política antisocial. Una idea de fondo que subyace en esa movilización progresista es que primero están la sociedad, las personas, y, sometidas a esa voluntad ciudadana, después deberían estar las instituciones políticas y económicas, particularmente los mercados financieros. Es una posición nítidamente democrática, de reafirmación de la soberanía popular para desde ella definir las políticas y los proyectos de la sociedad, frente al imperio del beneficio privado que dictan las leyes económicas liberales y las élites poderosas.

Una forma de expresar el alcance de ese protagonismo de la ciudadanía es el lema (traducido) de la manifestación de Barcelona: “El pueblo somos la solución”. Su contenido, recogido en el título de este artículo, sirve para comentar el doble significado de estas resistencias ciudadanas. Por un lado, en el plano social, como conformación de una amplia conciencia social crítica, una participación masiva, democrática y cívica; es la palanca para generar una dinámica de cambio sociopolítico y relaciones sociales, frente a la resignación y el fatalismo. Su orientación es frenar la involución social y condicionar una gestión más equitativa de la crisis económica. Así, por otro lado, en el plano programático, esa movilización popular se guía y complementa con propuestas concretas y alternativas más generales de transformación progresista, económica, política y social. Estas respuestas ciudadanas constituyen un paso clave para la conformación de una alternativa distinta en la actual encrucijada.

El movimiento 15-M sigue contando con una gran legitimidad social

Veamos, en primer lugar, el alcance de estas movilizaciones y su legitimidad. El movimiento 15-M ha sido cauce de expresión de la indignación ciudadana. Ha combinado grandes manifestaciones de protesta y exigencia de cambios (15-M, 19-J, 15-O y, ahora, 12-M) con actividades locales y reivindicativas descentralizadas y procesos deliberativos asamblearios y en las redes sociales. Se pueden distinguir tres niveles de intensidad en esa vinculación: un primer nivel de unos pocos miles de activistas más comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una ciudadanía activa, personas participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de expresión popular, que se puede cifrar en varios centenares de miles; un tercer nivel, ciudadanía indignada o descontenta, en torno a dos tercios de la población, que simpatiza de alguna manera con los objetivos y las acciones de ese movimiento.

El movimiento 15-M, en sentido estricto o de articulación permanente, lo conforman los grupos de activistas. Desde algunos de sus sectores más activos a veces se identifica sólo con ese nivel, o se asimila al resto con el mismo. En sentido contrario, en algunos ámbitos mediáticos suelen referirse sólo a esta parte más organizada para intentar estigmatizarlo como minoritario o radical. Pero, el movimiento 15-M, en un sentido amplio, también lo conforma esa ciudadanía activa que ha participado en sus grandes manifestaciones y apoya expresamente sus iniciativas y objetivos generales. Durante los últimos meses, desde octubre pasado hasta esta mitad de mayo, los grupos de activistas han realizado un arduo y prolongado trabajo de inserción, vinculación y revitalización del tejido asociativo en barrios y pueblos y promovido numerosas actividades locales. Ante la ausencia, en estos meses, de una gran movilización general y expresiva y los límites en la capacidad reivindicativa, ha aparecido la incógnita de la posible desaparición de este movimiento social, o bien, su reducción a la parte más activista, aventurando la desactivación de esa ciudadanía activa y su aislamiento de la comprensión y la simpatía de esa amplia base popular indignada. El resultado de estas movilizaciones de mayo ha sido positivo, y ha demostrado, a pesar de las dificultades, la continuidad del movimiento y la vinculación de los tres niveles de la ciudadanía.

La participación masiva y la simpatía explícita de la mayoría de la sociedad han confirmado la legitimidad de este movimiento social, así como su importancia para expresar unas aspiraciones populares y juveniles de cambio socioeconómico y político y condicionar la dinámica sociopolítica, desde el fortalecimiento de la participación democrática y pacífica de una ciudadanía activa. Ante la persistencia de los problemas que lo originaron siguen vigentes sus objetivos generales y su tipo de expresión colectiva. Y así lo percibe la mayoría social.

Efectivamente, según la encuesta de opinión de Metroscopia (El País, 13-5-2012), realizada unos días antes, más de dos tercios de la población (68%) asegura que tienen razón en las cosas que dicen y por las que protestan, y más de la mitad considera que es un movimiento que lo que pretende es regenerar la actual democracia (55%) y dice tener simpatía por el movimiento (51%). Estos porcentajes han descendido ligeramente desde hace un año (entre el 13% y el 16%), probablemente entre las personas identificadas como de centro-derecha. Así, son mucho más amplios sus apoyos entre los electorados de las izquierdas y menores entre los de las derechas —incluso a un tercio (33%) le inspira rechazo—. Además, este movimiento es valorado como pacífico por la mayoría (55%) y como radical y antisistema por una minoría (29%).

No obstante, a pesar de las dificultades para articular las resistencias ciudadanas y los intentos institucionales y mediáticos de deslegitimación y minusvaloración de esa acción colectiva, junto con distintos procesos sociopolíticos y electorales, lo relevante es que todavía la mayoría de la sociedad comparte objetivos y apoya la existencia y actividad de este movimiento social. Dicho de otra manera, persiste y se reafirma una ciudadanía indignada que simpatiza con la función de la protesta colectiva de esa ciudadanía activa: frenar la dinámica de injusticia y recortes sociales y superar el déficit democrático de las élites políticas.

Esa amplia legitimidad popular del movimiento 15-M, contrasta con la poca confianza ciudadana en los máximos líderes políticos y las políticas gubernamentales y la exigencia de responsabilidades a los mercados financieros. En la misma encuesta citada, el 61% de la población desaprueba la gestión de Rajoy como presidente del Gobierno (32% la aprueba), y en el caso de la gestión de Rubalcaba como líder de la oposición, el 64% la desaprueba (28% la aprueba). Pero todavía aumentan más los índices de desconfianza hacia ambos líderes: a tres cuartas partes de la sociedad les inspiran poca o ninguna confianza (73%, Rajoy; 79%, Rubalcaba), y en torno a una cuarta parte, mucha o bastante (26% Rajoy; 20% Rubalcaba); lo cual indica también las dificultades de renovación y legitimación del partido socialista y su labor de oposición. A la pregunta si el Gobierno está sabiendo hacer frente de forma adecuada a la situación económica, la repuesta NO es del 60% (SÍ, el 33%), el mismo porcentaje que critica los recortes. Y como dato complementario, para la población los dos máximos responsables de la actual crisis económica española son los Bancos y Cajas (9,2 puntos en una escala de 0 a 10) y el Gobierno (8,2 puntos) —por no haber reaccionado a tiempo y no haber sabido adoptar las medidas necesarias—.

No cabe duda de que los parlamentos y gobiernos (central y autonómicos) tienen una gran representatividad y legitimidad derivada de sus amplios apoyos electorales, y que el PP aún no contando con el apoyo mayoritario en las urnas tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y un amplio margen de maniobra político y legal. Pero esa delegación representativa no es absoluta ni incondicional, y sigue erosionándose su legitimidad social. Así, es evidente que la mayoría de la sociedad, y especialmente la izquierda social, por un lado, sigue estando en desacuerdo con los recortes sociales, con poca credibilidad para la élite política y financiera, y por otro lado, simpatiza con una movilización popular que los cuestiona activamente y reclama otro tipo de gestión más progresista y democrática.

Persisten motivos y condiciones para la continuidad de una ciudadanía activa

En España han cambiado algunos aspectos del contexto, principalmente, tres. 1) La principal gestión política e institucional es ahora de la derecha del PP (y CiU), que aun con una renovada legitimidad electoral, ha imprimido un plan de fuertes recortes antisociales (educación, sanidad…) y reformas regresivas (laboral…). 2) Se agravan las consecuencias sociales de la crisis económica (paro masivo, pobreza y brechas sociales, desahucios…), sin perspectivas de creación de empleo. 3) El panorama sociopolítico ha cambiado esta primavera respecto de la del año pasado: por un lado, ya han pasado las dos campañas electorales del año anterior, y por otro lado, al mismo tiempo, se ha producido una gran movilización social promovida por el movimiento sindical (huelga general del 29 de marzo, precedida por las grandes manifestaciones del 19-F).

En definitiva, persistían los motivos de fondo para manifestar la indignación ciudadana (las consecuencias de la crisis, y la gestión regresiva gubernamental), pero cambiaba el papel de algunos agentes relevantes: la responsabilidad principal de las medidas de austeridad ya no es del PSOE, y los grandes sindicatos también se han enfrentado a los recortes sociales.

Junto con esos tres factores hay que añadir un cuarto: la prueba de la propia capacidad de los grupos de activistas. Mayoritariamente jóvenes, existe una gran heterogeneidad de sus experiencias anteriores, vínculos asociativos, inclinaciones sociopolíticas y talantes integradores. La función unitaria y de liderazgo, para encauzar un movimiento social amplio, es difícil. Existen debilidades y limitaciones para encarar la complejidad y la dimensión de estos problemas y oportunidades. Los riesgos de su fragmentación o su desorientación eran evidentes. Tenían un gran reto: seguir conectando con las ideas fuerza presentes en esa ciudadanía activa, mantener la simpatía de la mayoría de la sociedad, y acertar con una propuesta de expresión masiva que diese nuevamente visibilidad e influencia pública a ese movimiento. Han debido sostener una actividad prolongada y poco visible, de arraigo social, deliberación de propuestas e iniciativas y articulación organizativa, que permitiesen dar sentido a ese esfuerzo continuado. Y, al mismo tiempo, debían encauzar un tipo de expresión ciudadana masiva y pacífica que formaba parte de su identidad de origen y prestigio social, en este nuevo contexto social y temporal.

Todo ello ha estado condicionando la conciencia social de la ciudadanía y, particularmente, su actitud de simpatía hacia este movimiento y esta gran movilización del 12 de mayo. El movimiento ha salido airoso de ésta, aunque el proceso y su continuidad siguen siendo complejos y difíciles.

Por tanto, esta respuesta popular masiva de hace unos meses no era sólo emocional o superficial, destinada a su evaporación inmediata (Bauman). Ha estado y está enraizada en una profunda y persistente conciencia ciudadana indignada y de denuncia de la injusticia social. Es, sobre todo, una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética igualitaria y solidaria, e incrustada en la realidad de las graves condiciones de vida y las aspiraciones de mejora de millones de personas. Además, aumenta la gravedad de la situación socioeconómica y los motivos de descontento persisten. Y todos los intentos de las instituciones políticas y económicas para relegitimar la misma política de austeridad, con distintos discursos y retóricas, pero desconsiderando una gestión más equitativa y democrática, no han conseguido la confianza ciudadana. Las élites poderosas tienen un importante problema de credibilidad social, que no es pasajero ni pueden infravalorar.

De forma soterrada y a veces expresa, permanecen la exigencia popular de rectificación de esa política y la pugna democrática por la legitimidad de los distintos gestores y representantes públicos. Por un lado, se encuentran agentes institucionales y económicos que representan una orientación regresiva (Gobierno, mercados financieros…). Por otro, existen varios agentes sociopolíticos (el movimiento 15-M con sus masivas protestas, o el movimiento sindical con las huelgas generales y las movilizaciones contra los recortes…) que, junto con otros grupos sociales y políticos, representan una amplia opinión popular de rechazo a esas medidas y expresan una dinámica de cambio progresista. El poder político, aun amparado en el sistema representativo electoral, tiene un doble componente: democrático, influido por la voluntad popular; oligárquico o elitista, condicionado por los grupos poderosos que defienden sus privilegios. Así, importantes sectores de la sociedad siguen viendo conveniente la existencia de esta acción colectiva progresista como factor positivo en este contexto de relaciones de poder desventajosas. Particularmente, en el plano social y democrático, en cuanto es un factor fundamental cuyo desarrollo puede consolidar las resistencias ciudadanas, propugnar un auténtico cambio de las políticas de ajuste y austeridad y abrir un horizonte de una salida económica e institucional más equilibrada, justa y democrática.

La alternativa principal está en el refuerzo de las resistencias ciudadanas

Esta ciudadanía activa o estos movimientos populares no sólo denuncian las injusticias sociales y los déficit democráticos, tal como dicen algunos pensadores (Morin); también enuncian. Tienen propuestas concretas y objetivos generales que cuestionan la dinámica liberal-conservadora dominante y apuntan a un modelo más democrático y más justo. En el primer caso, por ejemplo, han reunido y deliberado sobre varios miles de demandas y reivindicaciones, agrupadas en varios bloques: económico-social (frente a los recortes laborales, educativos y de sanidad, en defensa del empleo decente, la protección social o los derechos sociolaborales, o bien sobre la vivienda, la dación de pago en las hipotecas, así como la regulación del sistema financiero y sus gestores…); político (reforma de la ley electoral, democratización del sistema político…), y de participación ciudadana (refuerzo del tejido asociativo, procesos deliberativos y decisorios amplios y democráticos, talante antiburocrático, autonomía de los poderes institucionales…). Entre los objetivos generales siguen vigentes las dos ideas-fuerza originarias: mejor democracia, y una gestión socioeconómica más justa.

Los grandes poderes económicos y políticos sólo conciben una opción: la política liberal-conservadora de ajuste y austeridad. Para ellos no hay alternativas, la solución es el sometimiento popular. Es verdad que en el ámbito institucional europeo y español, la orientación dominante es antisocial, con estancamiento económico, paro masivo y reestructuración regresiva del Estado de bienestar. Ello perjudica, especialmente, a la mayoría social de los países débiles del sur de Europa, entre ellos España. La alternativa programática es otra política social y económica, basada en la creación de empleo y las garantías de los derechos sociolaborales y democráticos. La dificultad principal no es de programa, sino de suficientes energías ciudadanas para impulsarlo. Se necesitan afinar propuestas y elaborar nuevas teorías sociales, pero el factor fundamental es la amplitud y activación del apoyo social a una orientación de cambio progresista. Es el camino iniciado hace dos años, con diversos altibajos, y que ha recorrido ahora, en mayo, el movimiento 15-M, y que ayer, en marzo, impulsó el movimiento sindical.

Con la demanda de una amplia izquierda social y política en Francia y la positiva victoria del socialista Hollande, se ha puesto encima de la mesa de las instituciones europeas otra política, la de crecimiento económico. No obstante, las derechas hegemónicas y la socialdemocracia europea, particularmente la alemana, no cuestionan los ejes de la política aprobada por el Consejo Europeo de austeridad fiscal y ajuste económico, y sólo apuestan por complementarla, con otras medidas estimuladoras de la demanda y la inversión. Pero, sin una impugnación global de esa política regresiva y su reorientación hacia la prioridad del crecimiento de empleo decente, con una solidaridad europea y una reafirmación de su modelo social, las consecuencias son la prolongación de la crisis, las fuertes desigualdades sociales y el sufrimiento para amplios sectores populares. Los efectos más perniciosos no sólo llegan a Grecia (o Portugal) sino también a España, Italia e incluso Francia. La solución se encuentra en cada país y en el ámbito europeo, pero sobre todo atañe al campo social, a la consistencia de fuerzas sociales y democráticas suficientes para forzar otra estrategia de gestión y salida de la crisis, que condicione y refuerce a las izquierdas y apueste por una opción progresista.

En definitiva, la solución principal se encuentra en el pueblo, en la soberanía popular y la regulación pública frente a los mercados financieros, en la actitud ciudadana de participación cívica frente a la injusticia social y por una democracia social más avanzada.

[Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid]