La prolongada y profunda crisis económica que estamos viviendo ha tenido la virtud de iluminar la contradicción de fondo que se observa entre capitalismo y democracia. Las situaciones extremas motivadas por la crisis han evidenciado esta contradicción, que antes permanecía soterrada, al inclinarla normalmente con maneras bastante despóticas en favor del capitalismo y en contra de la democracia.

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Hasta hace poco se suponía que el progreso económico mejoraría la situación de la mayoría de la población, evitando la precariedad y la pobreza y paliando las servidumbres del trabajo. Este progreso se veía espoleado por reivindicaciones sociales tradicionalmente orientadas, entre otras cosas, a subir los salarios y a reducir la jornada laboral y la edad de jubilación. Sin embargo, en los últimos tiempos ese progreso ha mudado en regresión al atentar sistemáticamente los gobiernos contra esas reivindicaciones mediante recortes de ingresos y derechos, no solo actuales, sino también futuros, de la mayoría de la población. Atendiendo a las presiones de la patronal, y con el pretexto de una crisis que oficialmente se presentaba como coyuntural, se han precipitado reformas de fondo en el mercado de trabajo y las pensiones que echan por tierra logros penosamente adquiridos por el movimiento obrero. Y estos cambios a peor se han forzado desde el poder, lo mismo en los países europeos con mayores derechos, salarios y pensiones, como Francia u otros países centroeuropeos, que en los más precarios, como España, Grecia o Rumania, entonando en tan diferentes casos la misma cantinela económica de la competitividad.

Estas agresiones a los derechos e ingresos actuales y futuros de la mayoría de la población, no sólo han acarreado la impopularidad y la pérdida de votos de los gobiernos que las fuerzan, sino también el descrédito de la legitimidad democrática que teóricamente las avalaba. Porque, si efectivamente existiera un gobierno del pueblo, no tendría sentido que se empeñara en recortar sus actuales y futuros ingresos y derechos. Pero el elitismo gubernamental corre parejo con la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones importantes. Es más, los gobiernos acostumbran a hurtar el debate para imponer con urgencia decisiones sobre el marco regulatorio de las pensiones y del trabajo que deterioran las condiciones de vida de la mayoría de la población y que atentan contra la solidaridad y la cohesión social. Y los gobernantes justifican su poder para tomar estas decisiones porque dicen que han sido elegidos, olvidando por qué y para qué fueron elegidos y que si violan sus promesas electorales están deslegitimando su mandato. Hemos asistido, así, a la eclosión de un despotismo democrático apoyado cada vez más en un poder sin autoridad y en una legitimidad desprovista de confianza. Este poder sin principios ha venido olvidando que la ética más elemental de la democracia exige cumplir las promesas electorales y contar con la ciudadanía en las decisiones de gobierno ajenas a esas promesas.

Y, a la vez que se han sucedido las agresiones a los derechos e ingresos de la mayoría de la población, un rosario de políticos imputados en casos de corrupción ha venido pasando por los tribunales y aflorando en los media. Lo cual induce a preguntarse por el caldo de cultivo sui generis que los hizo proliferar, traspasando los teóricos filtros democráticos.

Existen dos posibles interpretaciones del tema. Una más restringida, que identifica la corrupción con delitos tipificados en el Código Penal, consistentes en utilizar las Administraciones Públicas para obtener lucros privados. Este enfoque considera el comportamiento corrupto como patologías individuales condenables que cabe denunciar y perseguir con más o menos ahínco, pero hace abstracción del contexto que las genera y que aparece como algo normal, que no llama la atención ni suscita la crítica. Hay que adoptar, así, otro enfoque más amplio para investigar ese contexto propicio a la corrupción que ofrecen las actuales democracias.

El foro sobre «Corrupción y democracia», promovido por el diario Público a finales de 2009 reflejó ambos enfoques. El enfoque más restringido, corrió a cargo de dos ponentes invitados militantes de los dos principales partidos que gobiernan el país: el PP y el PSOE que, tras reconocer la corrupción como patología que aflora en los tribunales, apuntaron la necesidad de reforzar controles e instrumentos que ayuden a paliarla. Sus razonables propuestas tuvieron la virtud de mostrar los límites hasta los que puede llegar este enfoque, al reconocer que los procesos de corrupción que estos controles detectan son más bien la excepción que la regla. Sin embargo, el introductor del Foro, José Vidal-Beneyto, adoptó un enfoque más amplio, apuntando que el problema no es el que enfrenta corrupción a democracia, sino el de la corrupción de la propia democracia y señalando como causa radical de este fenómeno la incompatibilidad de fondo que se observa entre capitalismo y democracia [1]. Precisemos por este camino la forma que adopta esa contradicción tan bien ejemplificada en nuestro país, junto a la dimensión que alcanzan en él las prácticas corruptas.

Desde este enfoque más amplio, los casos de corrupción que se detectan vienen a ser la punta del iceberg de males mucho más extendidos, en nuestro caso heredados de la simbiosis entre capitalismo y medio siglo de despotismo franquista… y de una transición política que excluyó a los críticos del sistema, para reacomodar, bajo nueva cobertura democrática, las élites del poder que siguen tomando las grandes decisiones y favoreciendo los grandes negocios de espaldas a la mayoría. Las mismas Administraciones Públicas siguen estando parasitadas por los intereses empresariales o partidistas que mandan en cada sector… o en cada municipio, haciendo que trabajen a favor de estos de forma normal y que la corrupción prospere las más de las veces con cobertura legal. En el urbanismo se entronizó al “agente urbanizador” para que, en connivencia con los políticos locales, utilice a sus anchas la trampa de las reclasificaciones y recalificaciones de suelo. Así, operaciones y megaproyectos urbanos que durante el franquismo eran calificados de escándalos, se multiplicaron después, durante la democracia, revestidos de impunidad legal y de buen hacer político y empresarial [2]. Iluminar este oscuro caldo de cultivo tan propicio a la corrupción es el primer paso para erradicarla. Lo cual exigiría avanzar hacia una democracia más participativa, que sustituya el actual consenso reservado y elitista, por otro más amplio en el que una ciudadanía activa e informada participe normalmente en las decisiones de gobierno. Para ello habría que establecer un marco institucional y una ética política que propicien esa participación informada a los distintos niveles de gobierno, desde lo local y sectorial hasta las escalas más agregadas. En este sentido apuntan las «buenas prácticas políticas» contenidas en la «Propuesta de axiomas de participación» que a continuación se presenta, elaborada al calor de las movilizaciones del 15-M, en la primavera-verano de 2011, que aportaron una corriente de aire fresco al entonces claustrofóbico ambiente electoral exigiendo «democracia real ya». Contexto que indujo a reflexionar sobre esa democracia real o verdadera enarbolada en las protestas, frente a la falsa o degradada existente.

La democracia, al albergar dos términos contradictorios, pueblo y poder, arrastra una indefinición tan amplia que le permite oscilar entre el despotismo y la acracia según el poder se divorcie o se fusione más o menos con el pueblo [3]. Ahora que casi todos los regímenes políticos se dicen democráticos, es el grado de participación efectiva del pueblo en la toma de decisiones públicas el que marca el lugar que ocupan en el amplio abanico de posibilidades antes mencionado. Y esta participación no cae del cielo, sino que depende de la existencia de unas instituciones y de una ciudadanía activa e implicada que la propicien. Ambas han fallado en nuestro país, lastrado por una transición política que, como ya hemos indicado, supo reacomodar “sin traumas”, bajo la nueva cobertura democrática, las élites del poder que siguen haciendo los grandes negocios y tomando las grandes decisiones de espaldas a la mayoría. Como también supo afianzar con éxito la reinstauración monárquica impuesta por Franco, desplazando los conciliábulos del poder desde El Pardo a La Zarzuela. Las nuevas protestas que vienen denunciando este statu quo que daba por buena la política oficial, abren horizontes de reflexión y de cambio ignorados por el bipartidismo reinante.

Las protestas critican la deriva despótica de la actual democracia, gobernada por una “clase política” que es, a la vez, instrumento y parte de la oligarquía imperante. Denuncian ese núcleo económico duro de empresarios buscadores de concesiones, contratas, privatizaciones… o “pelotazos” diversos y de políticos conseguidores, que facilitan el continuo asalto de lo público. Ambos, ensimismados en sus peleas de poder, muestran encefalograma plano en ideas y propuestas solidarias e ilusionantes para la mayoría. «Mucho chorizo y poco pan», sintetizaba una de las pancartas del 15-M. Las mencionadas movilizaciones de protesta rompieron la mansa apatía que venía otorgando impunidad a nuestros insignes “chorizos” e invitan a pensar y posibilitar los cambios en el sistema que serían necesarios para erradicar tan lamentable y despótica situación.

La reacción de los gobiernos frente a la nueva oleada de protestas ha sido también clarificadora. ¿Es propio de una democracia prohibir que la ciudadanía se reúna libremente en el ágora? No parece. Este gesto despótico es más propio de la tiranía. Sin embargo, esto es lo que acabaron haciendo como un solo hombre en Madrid los gobiernos central, autonómico y municipal, cuando impidieron el libre acceso de los ciudadanos a la plaza principal de la villa, la Puerta del Sol, acordonando los accesos, clausurando las correspondientes estaciones de metro y ferrocarril suburbano y apaleando con saña a quienes protestaban pacíficamente contra semejante atropello. Tan grave provocación represiva suscitó la protesta, la represión desproporcionada de ésta y las nuevas y más masivas movilizaciones de personas indignadas. Esta espiral se cortó porque no podía seguir permanentemente cerrada la Puerta del Sol, dando una imagen propia de un estado de sitio. Así, tras cuatro días de protestas, la masiva manifestación convocada por el 15-M ocupó de nuevo la plaza y volvieron a celebrarse en ella las asambleas.

Estos eventos provocaron reacciones y declaraciones que evidencian la naturaleza autoritaria de una nomenklatura próxima al poder cuyos hijos, a diferencia de muchos indignados, no solo nacen con el pan, sino con el piso debajo del brazo. Que el propio presidente del Congreso, José Bono, defendiera tan lamentables actuaciones diciendo que «la democracia se resuelve en las urnas, no en tiendas de campaña», mostró una demagogia impropia de un presidente de esa instancia teóricamente representativa de la democracia. Pues la democracia debe resolverse potenciando todas las instancias de participación ciudadana, desde las asambleas en plazas y barrios, hasta el propio congreso, como sugiere la Axiomática (elaborada en junio de 2011, por José Manuel Naredo y Tomás R. Villasante, a raíz de las movilizaciones del 15-M) que a continuación se presenta. Y una verdadera democracia debería incentivarlas, no reprimirlas, y saludar positivamente la labor realizada por 15-M en favor de una ciudadanía más activa y participativa.

Aunque el orden de presentación de los axiomas va desde el poder a la base, las iniciativas más creíbles e interesantes van desde la base hasta el poder. Lo hemos comentado en relación con la convocatoria de posibles referendos. Para el movimiento surgido en el 15-M deberíamos proponer ya que se lance la reclamación de algún referendo concreto, como acaba de pasar en Italia o en Islandia. Por ejemplo, sobre el tema de los desahucios y la “dación en pago”, sobre lo que hay mucho consenso, sobre el pacto del euro… o, en el caso de la Comunidad de Madrid, sobre el empeño del Gobierno de privatizar el Canal de Isabel II.

Corolario

Si, como ha venido siendo habitual, el Gobierno decide y actúa sin tener en cuenta a la ciudadanía, evita el debate en los propios órganos deliberativos del Estado a través de oscuras componendas extraparlamentarias u otros ardides y no incentiva, sino que castiga, las iniciativas ciudadanas de participación, control y legislación, ese Gobierno no debe llamarse democrático, sino despótico o autocrático, por mucho que fuera votado en su día por una minoría suficiente del censo electoral.

Ejemplo a pequeña escala:

En un pueblo de la sierra de Madrid el PP sacó 295 votos (obteniendo la mayoría absoluta); el PSOE 188; Zaide 83; IU 44 (la oposición suma 315), y los nulos 40, en blanco 21, y abstenciones 287 (suman 348). Es decir, que con menos de un tercio de los votos posibles la Ley Electoral le confiere a un partido el Gobierno, y este se puede permitir no consultar a la población (que mayoritariamente no le apoya) en los siguientes cuatro años.

A la luz de lo anterior, cabe concluir que los votos no facultan a los gobernantes a comportarse de modo despótico, a ignorar e incluso castigar a la ciudadanía, hurtándole derechos y dineros con medidas, megaproyectos y prácticas corruptas que no habían sido ni siquiera explicitados en las campañas, como lamentablemente ha venido ocurriendo, haciendo alarde de malas prácticas políticas que el presente texto trata de denunciar y corregir.