La democracia ateniense era en muchos aspectos una democracia directa de los pocos que tenían la condición de ciudadanos. En las sociedades occidentales la complejidad de las poblaciones hace difícil que la democracia directa se pueda dar. Ante todo hay que decir que los sistemas contemporáneos se parecen al modelo griego en que son sistemas de exclusión, aunque ésta se articule de distinta manera. La exclusión ateniense de los trabajadores esclavizados era clara y descarada. La exclusión, en los sistemas políticos contemporáneos, además de tener un componente claro y descarado —los trabajadores sin voto por ser inmigrantes, en un universo donde todo el mundo emigra—, tiene otro componente más fundamental: a diferencia de los atenienses, donde los ciudadanos —propietarios— eran relativamente iguales socialmente, los sistemas contemporáneos pretenden ser democracias de desiguales: como si la formal igualdad del voto, cuando existe, compensara la desigualdad social. Ésta es relevante políticamente porque existen grandes masas de población manipulables hasta el punto de hacer irreconocibles para ellas las opciones políticas en juego. Por eso, por causa de la desigualdad social, los sistemas que suelen presentarse como democráticos no pasan de ser oligarquías: unas oligarquías en las que los representantes politicos pertenecen a empresas de servicios políticos —grandes partidos— financiados por —y a las órdenes de— los poderes económicos y de algún poder cultural afín (como ocurre en España con la iglesia católica). Los derechos individuales —lo que permite el disfraz democrático de estos sistemas oligárquicos— se recortan o se inutilizan siempre que les conviene a los que mandan.

El sistema político ateniense, casi democracia directa de los propietarios, contaba sin embargo con un instrumento para exigir la responsabilidad política que a la modernidad le ha resultado extraño, precisamente porque excluirlo sirve para evitar la exigencia de responsabilidad política. A la democracia del capital le va un sistema de mercado: ¿no le gusta esta marca? ¡Pues elija otra! La única manera de exigir responsabilidades políticas en estos pseudodemocráticos sistemas es cambiar de marca política, de partido, vamos, a la hora de votar. El sistema se convierte así en irresponsable políticamente. Las empresas de servicios políticos (llamadas partidos) al servicio del capital se turnan en el gobierno con un único objetivo común: impedir que prosperen partidos políticos al servicio de los trabajadores y de las gentes corrientes. Pueden aliarse con ellos coyuntural o marginalmente, pero al final siempre les pegan la patada.

En cambio, los atenienses sí disponían de un instrumento de exigencia de la responsabilidad política: el grafé paranómon o acusación de ilegalidad. Consistía en que quien hubiera propuesto una ley —y la asamblea de ciudadanos hubiera aprobado esa ley— que finalmente resultara nociva para la ciudadanía, tenía que responder penalmente por ello, por mucho que en su momento hubiera convencido a la asamblea y hubiera sido aprobada como ley.

Para exigir responsabilidades políticas habría que inventar un grafé paranómon adaptado a las circunstancias presentes. Una ley que permitiera castigar severamente a los representantes y a los delegados de éstos —ya que estamos en sistemas indirectos— por proponer leyes que resulten nocivas para la ciudadanía.