Cuando las actuales autoridades españolas y catalanas trabajan para imponer medidas restrictivas extraordinarias en nombre de la protección de la democracia, precisamente están haciendo todo lo contrario: desacreditarla.

Nos están diciendo, lisa y llanamente, que todo lo que hemos votado los ciudadanos para otorgarnos derechos y deberes, con todas sus garantías, es insuficiente, y que es necesario restringir la libertad —¡oh, paradoja!— para protegerla. El discurso del miedo. Pero ¿quién tiene miedo realmente? Porque, ¿de qué libertad nos hablan sobre todo? ¿De la de mercado para continuar estafándonos y empobreciéndonos?

Contra todo aquello que, según nos quieren hacer creer los que se sientan en las poltronas del poder económico y político, es un atentado contra la libertad —la queja, la protesta, la resistencia y, en último extremo, la violencia—, sólo hay un remedio: más libertad, y la libertad no lo es sin justicia, sin igualdad —social y de género—, sin distribución equitativa, sin pleno empleo, sin protección social —educación, sanidad, vivienda, pensiones—, sin el respeto de las mayorías por las minorías —ideológicas, raciales, lingüísticas, de opción sexual—, sin una vida digna garantizada… En definitiva, la libertad no lo es si al menos los derechos constitucionales no son derechos de verdad y sólo se pueden disfrutar como privilegios que se obtienen con dinero.

El problema real de que se trata es que la democracia con límites no democráticos —como lo son los límites ademocráticos o directamente antidemocráticos del capital empresarial y financiero— enseguida choca con contradicciones irreversibles cuando no se dispone de bastante dinero para “comprar” un tanto por ciento suficiente de población para garantizarse su silencio. Y no nos hagamos ilusiones, hoy día no existe ningún político en el ámbito parlamentario que sea capaz de plantar cara a la voracidad del capital nacional y transnacional, que prefiere arramblar con todo lo que pueda y llevárselo, si las cosas se ponen mal, a otro lado. Cada reducción de sueldo que nos aplican con el permiso formal de “nuestros” representantes políticos es una ampliación de la plusvalía que arrancan de nuestro trabajo mientras les “servimos”, en el doble sentido del término.

Esto es lo que ahora han descubierto los políticos actuales (los empresarios ya hace muchas décadas que lo saben): la perfectibilidad de la democracia llevaría ineluctablemente a la socialización y, por lo tanto, a la necesaria democratización de la economía. Por ello, ante unas docenas de violentos, en vez de reconducir las situaciones de conflicto por vías políticas, han de amplificar el fenómeno como si fuese el Apocalipsis para poder decirnos que la libertad corre peligro y de este modo, en un auténtico juego de manos, poder restringírnosla. Incluso pretenden criminalizar la resistencia pasiva, ese derecho humano básico contra cualquier tipo de abuso.

Es inútil que detengan a violentos; si acaso tendrían que “detener” la violencia, y esto sólo se puede conseguir “deteniendo” el sistema que nos arruina y que, en realidad, con los detenidos, expresa el deseo de “detener” cualquier posibilidad de transformación de las relaciones de producción.

Pero, por lo que se ve, todo encargado de Interior de la derecha española o catalana sufre el “síndrome Fraga” —aquello tan sintomático de la calle es mía—; por esto da miedo que, con tanta ceguera política en graves momentos de crisis económica y social, cualquier día alguien lo pague muy caro, como pasó en Vitoria en 1976. O como le ha pasado no hace mucho a la Ertzaintza. Las moscas no se matan a cañonazos sin causar estragos mucho más graves.