Muchas de las democracias liberales actuales son multiculturales, es decir, en una misma sociedad y sistema político coexisten grupos de personas con diferentes culturas, idiomas y orígenes nacionales. En el caso de la democracia del Reino de España hay dos tipos de fenómenos multiculturales: el que está relacionado con la existencia de diferentes naciones históricas, como Catalunya, el País Vasco y Galicia, y el que está asociado a la presencia de diversos colectivos de personas migrantes que han llegado en los últimos años desde diferentes lugares del mundo. En Catalunya, ambos fenómenos multiculturales están o deberían estar interrelacionados, ya que la construcción de la nación catalana es o debería ser un proceso abierto, continuo, que ha de tener en consideración la diversidad existente en lo que se refiere a las características sociales y culturales de las personas.

Los principales fenómenos migratorios del mundo de las últimas décadas han tenido una misma dirección: de los países empobrecidos hacia los países económicamente ricos. Las personas procedentes de diversas regiones del mundo que han llegado a los países económicamente ricos pretendían escapar de la pobreza y de la guerra, y mejorar su calidad de vida. Ahora bien, con la crisis económica de los últimos años, un número significativo de migrantes extracomunitarios que habían llegado a los países europeos ha retornado a sus lugares de origen y un número también significativo de autóctonos de los países europeos occidentales están emigrando a lugares como América Latina o África, donde han conseguido o esperan conseguir contractos de trabajo que no encuentran en sus países de origen. También es relevante el número de europeos que han emigrado, en busca de trabajo, a los países de Europa menos afectados por la crisis económica.

Les migraciones de las últimas décadas han configurado un panorama mucho más plural, desde el punto de vista de las identidades culturales y de las prácticas religiosas, en la mayoría de los países democráticos del mundo.

En el Reino de España, con el aumento de la inmigración experimentado en la última década, se ha llegado, a fecha 1 de enero del 2010, a un 12,16% de población extranjera sobre la población total, en Catalunya a un 15,90% y en Sabadell a un 13,22%.

Realidades sobre la crisis, la inmigración y la democracia

En bastantes de los países que actualmente tienen un sistema político democrático y pluralidad de identidades culturales no se garantiza el principio de igualdad de derechos políticos y sociales para todas las personas que residen legalmente. Es una evidencia que determinados colectivos de inmigrantes que han sido aceptados como parte integrante de la población, porque eran y son necesarios para cubrir diferentes ocupaciones laborales, en sectores como la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico, no son considerados ciudadanos de pleno derecho. Se les exige que obedezcan las leyes pero se les niega determinados derechos políticos, como el derecho a votar y a ser elegidos en las diferentes elecciones políticas que se convocan. Y cuando a algunos colectivos de extranjeros residentes se les ha reconocido el derecho a votar, concretamente a los que tienen la nacionalidad de los países que han firmado convenios de reciprocidad con el Reino de España, como sucedió en las pasadas elecciones municipales, los excesivos trámites burocráticos que había que hacer para poder votar y la negativa a incorporar de oficio en el censo electoral a estos nuevos electores contribuyeron a que la participación electoral de estos colectivos fuera muy baja, en torno al 13% de las personas que tenían derecho a votar.

Por otra parte, los impactos de la actual crisis económica sobre la inmigración están siendo demoledores. Es cierto que las consecuencias de la crisis están afectando a sectores amplios de la población, sobre todo a los jóvenes, independientemente de cual sea su lugar de origen. Pero es una realidad innegable que a los inmigrantes recientes, considerados extranjeros, les afecta la desocupación y la precariedad laboral en mayor medida que a los españoles. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (cuarto trimestre del 2011), la tasa de paro de la población española es del 20,69% mientras que la de la población extranjera es del 34,82% (y la tasa de paro entre la población de origen subsahariano supera el 50%). Además, la economía sumergida afecta principalmente a los inmigrantes indocumentados y, en general, los inmigrantes siguen teniendo los contractos laborales y los tipos de trabajo más precarios. El paro y la precariedad laboral comportan también, para estas personas, una disminución de las posibilidades de contar con una vivienda digna.

Garantías para la construcción de una ciudadanía integradora

Un reto democrático de primera magnitud es encontrar las formas adecuadas para integrar política y socialmente la diversidad cultural, lingüística y religiosa que hay, actualmente y previsiblemente en el próximo futuro, en los países democráticos occidentales. Se trata de construir, desde los valores democráticos, una ciudadanía integradora que respete las diferencias culturales y religiosas existentes. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo superar los obstáculos que dificultan la construcción de una ciudadanía integradora y una sociedad cohesionada? Al menos, convendría abordar y garantizar las tres cuestiones que se apuntan a continuación.

En primer lugar, hay que garantizar la igualdad de derechos y deberes políticos y sociales. ¿Por qué? Porque la fuente fundamental de las discriminaciones que sufren los inmigrantes y el principal problema que genera fracturas sociales, que dificulta la integración y la cohesión social, es la desigualdad económica, la falta de equidad, la injusticia social. Por lo tanto, la conquista de la igualdad de derechos políticos y sociales ha de ser el elemento clave si se quiere avanzar en la integración y la cohesión social. Se han de garantizar plenamente, a toda la población, derechos sociales y políticos como el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la atención sanitaria, a la educación, al voto y a ser elegidos como representantes en las instituciones democráticas. Es decir, se ha de reconocer la ciudadanía plena a todas las personas con residencia legal, independientemente de su origen y características culturales. También se ha de exigir el cumplimiento de los deberes de ciudadanía, como el pago de los impuestos y el respeto de los derechos y libertades reconocidos legalmente.

En segundo lugar, se puede contribuir de manera decisiva a la construcción de una ciudadanía integradora a través de la lucha reivindicativa compartida de las entidades, grupos y plataformas donde participan los autóctonos y los inmigrantes recientes para la mejora de la vida de las personas. Conviene crear y fortalecer espacios comunes de participación, deliberación y acción colectiva para la mejora de las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas. En ese sentido, se debería situar como un objetivo a conseguir que el conjunto de la población asuma como un deber la defensa de los bienes colectivos.

La democracia no solo necesita instituciones democráticas, sino también una ciudadanía activa que defienda los intereses comunes de la sociedad y unas asociaciones comprometidas en la lucha por la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población. Una democracia de calidad requiere una sociedad civil activa y participativa, y un tejido asociativo denso y rico. En ese sentido, los inmigrantes que participan en asociaciones aportan una mayor densidad y riqueza asociativa, y también contribuyen a ampliar el número de cuestiones sobre las cuales conviene debatir públicamente. Se ha demostrado que existe una clara conexión o correspondencia entre la democracia, el asociacionismo y los movimientos sociales.

Y, en tercer lugar, habría que situar como un objetivo fundamental la erradicación de la xenofobia y el racismo, desarrollando una tarea educativa orientada a la desactivación de los falsos rumores, de las percepciones parciales y de los prejuicios hacia determinados colectivos de inmigrantes, así como de las actitudes xenófobas y racistas, tanto las que se expresan abiertamente como las que permanecen latentes.

Sólo a partir de la solución de estos problemas se podrá articular la sociedad catalana en torno a los principios de la igualdad y la inclusión social, y de la aceptación de la pluralidad cultural y religiosa existente. Por lo tanto, la integración de la nueva inmigración y la cohesión social convendría que fueran un proyecto político de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto de los recién llegados como de los autóctonos.

En este proyecto de construcción de una ciudadanía integradora y de una sociedad cohesionada, deberían jugar un papel activo las asociaciones de inmigrantes, las entidades sociales, los partidos políticos, los servicios públicos y las instituciones democráticas, en particular los ayuntamientos. Convendría que estas asociaciones e instituciones compartieran un mismo proyecto de potenciación de la participación y la integración de las personas inmigradas. Se necesita, como se afirmaba en el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 de la Generalitat de Catalunya, la colaboración de todos los agentes sociales que, de una manera u otra, intervienen en los procesos de acogida e integración de la nueva población catalana.

Ahora bien, hay que ser realistas y saber las dificultades que existen para el desarrollo de esta labor, tal y como se reflejan en los preocupantes resultados de algunos sondeos de opinión sobre la percepción que tienen los catalanes de la inmigración.

Algunas percepciones sobre la inmigración que no se corresponden a la realidad

A continuación se detallan algunos de los resultados de un sondeo sobre la opinión que tienen los catalanes de los inmigrantes, elaborado por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya, que se presentó a los medios de comunicación el 14 de marzo del 2011. El sondeo se hizo a 1.600 personas de nacionalidad española [1].

• El 6,7% considera que la inmigración es muy negativa y el 34% que es negativa, mientras que el 29,2% la considera positiva y el 27,3% ni positiva ni negativa (el 2,8% restante corresponde a otras respuestas).
• El 30,8% opina que los inmigrantes reciben del Estado mucho más de lo que aportan, el 28,7% más de lo que aportan, el 19,7% tanto como aportan y el 3% menos de lo que aportan (el resto corresponde a otras respuestas).

Por lo tanto, según el sondeo del CEO, el 60% de los catalanes con nacionalidad española opina que los inmigrantes reciben del Estado mucho más o más de lo que aportan. ¿Ésta percepción corresponde con la realidad? Los resultados del estudio “Immigració i Estat del benestar a Espanya” elaborado por Francisco Javier Moreno y María Bruquetas [2] no sólo desmienten esta suposición, sino que revelan que los inmigrantes aportan más al Estado de lo que reciben. A continuación se resumen algunos de los principales resultados de este estudio.

• En relación a la Seguridad Social, hay dos datos bastante reveladores. Por una parte, en el 2010, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones eran extranjeros [3] (y más de la mitad de estos eran comunitarios), aunque los extranjeros representaban el 10,5% de los afiliados a la Seguridad Social. Es decir, los extranjeros cotizan a la Seguridad Social bastante más de lo que reciben en concepto de pensiones. ¿Cómo explicar este fenómeno? El elemento clave son las consecuencias de las características demográficas del colectivo de inmigrantes recientes: la población extranjera es más joven que la autóctona. Obviamente, en el futuro muchos de estos inmigrantes considerados hoy como extranjeros serán beneficiarios de pensiones.

• Por lo que se refiere a la Sanidad, según datos del 2006, los extranjeros utilizan el sistema sanitario en inferior medida que la población con nacionalidad española: acuden a consultas de atención primaria (al médico de cabecera) un 6,48% menos y un 19,56% menos a los médicos especialistas. En cambio, los extranjeros usan los servicios de urgencias un 3,20% más que los autóctonos, destacadamente por la noche y los fines de semana. ¿Por qué? Hay quién dice que por falta de información sobre el funcionamiento del sistema sanitario. También se ha dicho que para evitar pedir permisos en el trabajo.

¿Por qué los extranjeros utilizan menos el sistema sanitario? Moreno y Bruquetas apuntan el siguiente motivo: son más jóvenes y, por lo tanto, no necesitan tanto a los médicos. Yo añadiría otras razones, que surgieron en las entrevistas que realizamos en el 2010 un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra para un estudio sobre la inmigración, la participación asociativa y la construcción de la ciudadanía: las dificultades de comunicación, por falta de dominio del castellano y del catalán, de sectores de inmigrantes de origen africano y asiático, con los médicos y los trabajadores de los centros de atención primaria (CAP); y el hecho de que en algunos casos haya un trato poco correcto por parte de médicos y trabajadores de los CAP hacia los inmigrantes con dificultades para entender el castellano y el catalán.

• Sobre los servicios sociales, aunque los inmigrantes presentan altas tasas de pobreza, hay pocas evidencias de que estén sobrerrepresentados como usuarios de estos servicios y alguna evidencia de infrarrepresentación. El 13,69% del total de usuarios de servicios sociales en el 2008 eran extranjeros, es decir, un porcentaje similar a su peso demográfico en el conjunto de la población. El 6,85% de las actuaciones de los servicios sociales se dirigieron al colectivo de extranjeros, por lo tanto, aquí hay una clara infrarrepresentación. El 11,20% de los beneficiarios de rentas mínimas de inserción (RMI) eran extranjeros, es decir, un porcentaje parecido a su peso demográfico en el conjunto de la población, aunque los tantos por ciento varían en las diferentes comunidades autónomas (por ejemplo, en Catalunya, el 30% de los extranjeros son beneficiarios de rentas mínimas).

A la vista de estos resultados, ¿cómo explicar las percepciones erróneas de la población autóctona en relación al uso que hacen los inmigrantes del Estado del bienestar? ¿Todo es producto de los prejuicios? En parte sí. Pero estas percepciones también se fundamentan en algunas realidades, como la concentración de población de origen inmigrante en ciertos municipios y barrios, que ha comportado ciertos desequilibrios entre la oferta y la demanda de servicios públicos y una concentración territorial de la vulnerabilidad y la exclusión social. El deterioro actual de las prestaciones y de los servicios públicos, producto de los recortes aprobados por los gobiernos español y catalán, pueden agravar aún más ésta problemática. Todo ello, puede derivar en un deterioro de los servicios públicos que favorezca un creciente uso de servicios privados por parte de los grupos sociales con más recursos, muy visible ya en educación y sanidad.

¿Cómo explicar los preocupantes resultados del estudio de Moreno y Bruquetas? ¿Por los efectos de la crisis económica y el paro existente? ¿Los que tienen la nacionalidad española perciben a los inmigrantes como competidores en el acceso a recursos cada vez más escasos por los efectos de la crisis, como el trabajo, las prestaciones o los servicios públicos? Todo indica que sí. Además, parece claro que hay sectores sociales que, en un contexto de crisis económica, piensan que la inmigración sólo provoca un aumento de los gastos sociales del Estado y, como consecuencia, un aumento de los impuestos o una privatización de los servicios públicos.

Instrumentación política de las percepciones erróneas sobre la inmigración

¿Las percepciones erróneas de la inmigración pueden favorecer un mayor crecimiento de las fuerzas políticas xenófobas? Sin duda, determinadas organizaciones políticas como Plataforma x Catalunya (PxC) y el Partido Popular (PP) están interesadas en politizar estas percepciones, en destacar que hay un exceso de inmigrantes y en asociar la delincuencia con la inmigración, todo ello con el propósito de avanzar electoralmente y conquistar más poder político en las instituciones democráticas (ayuntamientos, parlamentos…), sin que les importe mucho que su discurso provoque confrontación social y genere una mayor xenofobia y racismo.

También es preocupante que algunos dirigentes de Convergència i Unió (CiU) hayan expresado opiniones negativas sobre la inmigración, similares a las formuladas por el PP y PxC.

¿Qué convendría hacer para desactivar los falsos rumores y las percepciones erróneas sobre la inmigración?

Para desactivar los faltos rumores y las percepciones erróneas sobre la inmigración habría que desarrollar una labor desde diferentes instituciones y asociaciones.

• Convendría que las instituciones democráticas, como los ayuntamientos, los parlamentos y los gobiernos, desarrollaran campañas informativas para deshacer las percepciones erróneas y los prejuicios hacia los inmigrantes.
• Se debería fomentar un debate sobre estas cuestiones en el interior de los partidos políticos, los sindicatos y los grupos sociales, como primer paso para que estas organizaciones puedan realizar una tarea pedagógica en la sociedad de desactivación de los prejuicios y las percepciones erróneas de la inmigración.
• En las escuelas, institutos y universidades se podrían introducir este tipo de temáticas en los programas de determinadas asignaturas.
• Los medios de comunicación también han de jugar un papel importante, aportando información rigurosa, veraz y contrastada frente a los prejuicios y las percepciones erróneas sobre los inmigrantes.

Como se puede comprobar, hay muchas tareas por realizar en este campo. Y además, son urgentes.

Notas

[1] El País, 15 de marzo de 2011.

[2] Francisco Javier Moreno y María Bruquetas (2011), “Immigració i Estat del benestar a Espanya”, Col·lecció Estudis Socials, n.º 31, Barcelona, Obra Social “la Caixa”.

[3] En muchos estudios no se diferencia entre inmigrantes y extranjeros, porque los datos disponibles acostumbran a ser sobre extranjeros. Pero con el paso del tiempo, los extranjeros dejan de serlo en la medida en que van accediendo a la nacionalidad española.

[Este texto corresponde a la intervención realizada en el taller “Rumors i realitats sobre la crisi i la immigració”, organizado por ICV de Sabadell, que se celebró el 12 de marzo de 2012 en el Casal Pere Quart. Enric Prat Carvajal es historiador, profesor del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona.]