La huelga general del 29-M es un paso clave contra la ofensiva regresiva del Gobierno del PP. Ha sido una actuación acertada de los sindicatos, que han demostrado ser agentes sociales fundamentales para encauzar el rechazo popular y frenar la involución social. Ha tenido un impacto social positivo, y reabre nuevas posibilidades y escenarios para continuar la acción sindical y ciudadana contra la política de recortes y por los derechos sociolaborales y una gestión más justa de la crisis. Es una tarea conjunta del movimiento sindical y la izquierda social y política, que se enfrentan a diversas dificultades y limitaciones. Aquí nos centraremos en las actuaciones de los grandes sindicatos, dada su influencia y protagonismo. En las orientaciones y decisiones de sus dirigentes ha habido aciertos y errores. Y son convenientes una reflexión crítica y un debate constructivo para reafirmar los primeros y evitar que se reproduzcan los segundos. Las encrucijadas inmediatas están abiertas. Es preciso sacar enseñanzas, comprender mejor el significado de esta amplia y contundente respuesta ciudadana y enmarcarla en el proceso social anterior. Así, se podrán definir mejor su impacto posterior, las opciones estratégicas para el sindicalismo y las perspectivas a medio plazo.

Límites del diálogo social

La actuación de las cúpulas sindicales ha dado diversos bandazos, y ha denotado algunos diagnósticos poco realistas y una estrategia ambivalente y contradictoria. Su apoyo a los tres últimos pactos sociales (el acuerdo para la negociación colectiva —ANC— de 2010, el pacto para el recorte de las pensiones en 2011 y el acuerdo salarial con la aceptación de su pérdida de capacidad adquisitiva en 2012) ha llevado al movimiento sindical a callejones sin salida. Han constituido concesiones sindicales relevantes en el retroceso de los derechos sociolaborales de las clases trabajadoras, no han conseguido resultados significativos con vistas a frenar los planes gubernamentales o empresariales, y no han impedido las siguientes reformas regresivas: la de la reforma laboral del PSOE en el primer caso; la de la negociación colectiva del Ejecutivo socialista en el segundo, y la actual reforma laboral del Gobierno del PP en el tercero. Tampoco han evitado el deterioro de la estabilidad del estatus y la capacidad contractual de las estructuras sindicales.

La experiencia de esos pactos generales ha demostrado que esos procesos institucionales de diálogo social no han conseguido resultados positivos para las condiciones y los derechos de capas populares y para el mantenimiento del equilibrio contractual en las relaciones laborales, ni han constituido un freno significativo o una suavización relevante de su aplicación. Todo lo contrario. La colaboración de esos dirigentes sindicales, con su apoyo a esos retrocesos, no les ha reportado mayor credibilidad social, sino mayores dificultades de legitimidad ante la sociedad y sus bases sociales. Así, han producido una erosión de su capacidad representativa y de influencia frente a empresarios e instituciones políticas, que ahora, con esta demostración de fuerza y apoyo popular del 29-M, recuperan parcialmente. Sin embargo, esa mayor debilidad sindical ha sido aprovechada por la patronal y los gobiernos (primero el del PSOE y después, de forma más dura, el del PP, además de varios autonómicos) para imponer sus siguientes reformas regresivas. Estas medidas, además de un profundo recorte de los derechos laborales, también conllevan un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales, con mayor poder empresarial y marginación de la función reguladora y representativa de los sindicatos.

Por tanto, esa apuesta fundamentalista por el diálogo social, en el actual contexto de fuerte ofensiva antisocial, ha sido ineficaz respecto de sus objetivos explícitos de frenar sustancialmente estos recortes. Tampoco ha servido para garantizar el estatus y la estabilidad de los propios aparatos sindicales, a cuya línea de flotación apuntan las tres reformas laborales: indefensión de los trabajadores y trabajadoras, subordinación al empresariado, y debilitamiento de la capacidad reguladora y contractual de la negociación colectiva y de las correspondientes comisiones negociadoras y paritarias. La función reivindicativa y representativa a través de la acción sindical en la negociación colectiva queda cuestionada y disminuida, y puede generar mayor impotencia transformadora y menor legitimidad de los aparatos sindicales ante sus bases sociales.

No obstante, desde hace tiempo ya eran evidentes el estancamiento de la acción sindical reivindicativa y dinamizadora durante la negociación de los convenios colectivos y el bloqueo en el avance sobre sus resultados para las capas asalariadas. El primer ANC de 2002 fue defensivo; pretendía impedir la reforma laboral del PP, cosa que no evitó, y hubo que frenarla con la huelga general de ese año, que sí consiguió su modificación sustancial. Era todavía una época de crecimiento económico y de empleo y de mantenimiento de las condiciones salariales y laborales, aun en un mercado de trabajo con importantes zonas de precariedad, particularmente juvenil. La conflictividad laboral en la negociación colectiva prácticamente desapareció. La dinamización y el empuje del sindicalismo de base no aparecían como una necesidad para fortalecer esos derechos y la propia credibilidad de sus representantes en la negociación. Junto con esa relativa estabilidad en el empleo y en las condiciones laborales y salariales, esa inercia ofrecía cierta confianza en el mantenimiento de dicho equilibrio contractual y la acomodación de esa estructura negociadora. Se reforzaba con el reconocimiento institucional y jurídico de varias decenas de miles de sindicalistas en su función negociadora, a través de las comisiones negociadoras de los convenios, comisiones paritarias y diversas funciones de mediación y arbitraje, junto con la participación institucional de muchos dirigentes sindicales y la ampliación de su aparato para desarrollar políticas activas y de formación (cuestión contra la que apunta la rebaja de 1.500 millones de los presupuestos generales de 2012).

Sin embargo, ese entramado organizativo tenía unas bases frágiles si no se asentaba en la bonanza del crecimiento económico y del empleo con un reparto equitativo de sus rentas, es decir, con unos resultados reivindicativos significativos para las clases trabajadoras. Presuponía una fuerte vinculación con sus bases sociales, importante en los grandes centros de trabajo, pero más débil entre las capas trabajadoras de las pymes y la gente joven. Con la crisis y las políticas regresivas, esa labor negociadora e institucional no ha sido suficiente para evitar su cuestionamiento empresarial y del gobierno socialista primero y de la derecha después, que han impuesto un profundo desequilibrio que cercena la dimensión y el estatus adquiridos por esos aparatos sindicales. La simple inercia de una representatividad y una comunicación básica con sus afiliados y sus bases sociales más estrechas, presenta insuficiencias para acometer las nuevas tareas, más duras, que requieren una profunda y prolongada activación de los trabajadores y trabajadoras y una mayor participación de sus bases sociales.

La crisis económica y de empleo, la presión empresarial y la política institucional de austeridad y subordinación del diálogo social a una política regresiva, han puesto de relieve la fragilidad del estatus de esa burocracia sindical. Los sindicatos son instrumentos fundamentales —reconocidos en la Constitución— para participar en la regulación de las condiciones sociolaborales. Las sucesivas reformas, además de precarizar las condiciones laborales, han debilitado la capacidad de articulación y presión social de las capas asalariadas y han fortalecido el poder empresarial. Pero el segundo componente clave y más específico es el desequilibrio en las relaciones laborales, con el debilitamiento de la capacidad reguladora de las estructuras sindicales en la negociación colectiva y en el plano más general. Los cambios normativos e institucionales que ahora se aprueban consolidan esa situación y van a tener efectos regresivos profundos, laborales y sindicales, en los próximos años. Ello sí puede constituir una derrota particular de los aparatos sindicales, idea incorporada en la visión algo catastrofista de que la ofensiva del PP va “a terminar con todo”, incluidos el reconocimiento y la estabilidad de los dirigentes de los grandes sindicatos. No es el final. En las 4.500 empresas grandes y medianas (con un millón de asalariados) con convenio propio, su representación sindical más estable y su comisión negociadora ven reducidas sus funciones en favor del empresario y las comisiones de arbitraje, pero tienen mayores recursos que el resto de las pequeñas empresas en situación más desventajosa. Sus trabajadores y trabajadoras, particularmente los precarios, tienen mayores riesgos de retrocesos.

Por tanto, tiene sentido su valoración de que el actual es el mayor ataque laboral y sindical de toda la democracia, y puede ser un punto de inflexión en el menor papel regulador, negociador, institucional y asistencial de las estructuras sindicales, cuestión que genera en ellas una lógica preocupación. A finales del año 2010, tras el pulso del 29-S, se produjo en las cúpulas sindicales un vértigo ante el riesgo de una prolongación del conflicto social con los poderosos. Para evitarlo, generaron la ilusión de que la desactivación del conflicto y su colaboración con el pacto de las pensiones les permitirían mantener el objetivo estratégico del equilibrio en las relaciones laborales, es decir, la capacidad contractual de las estructuras sindicales y su estatus institucional y en la negociación colectiva. Las siguientes reformas laborales se han encargado de demostrar lo desacertado de ese pronóstico y de esos pactos, así como la ausencia de la previsión y preparación suficientes para hacerles frente. Ha sido la evidencia de la última reforma laboral del PP, especialmente agresiva, la que ha forzado a los dirigentes sindicales mayoritarios, por encima de las pretensiones iniciales de ignorarla o minusvalorar la indignación social contra ella, a una reconsideración de la gravedad de este embate y la conveniencia de una actuación contundente y firme contra ella.

De momento no se ha conseguido su abolición, y su aplicación ya tiene efectos graves. La imposición y la arbitrariedad empresarial ya están a la orden del día. Además, la desarticulación de la negociación colectiva sectorial y la marginación de las comisiones negociadoras y paritarias de los convenios colectivos, dando el poder decisorio a las comisiones de arbitrajes, ajenas al sindicalismo, pueden ser un duro golpe a su función principal de defensa reivindicativa y garantía de las condiciones laborales de las clases trabajadoras. A corto plazo, es difícil una modificación sustancial de esas reformas, cuyo pleno desarrollo va a profundizar esas dinámicas regresivas y ese desequilibrio para el sindicalismo. No se puede confiar en una improbable negociación sustantiva con el Gobierno para que las retire o modifique significativamente, pero hay que evitar adaptarse y acomodarse a la nueva situación, refugiándose en el intento de salvar sólo algunas parcelas sindicales de actividad institucional y mirar hacia otro lado.

Refuerzo de la acción sindical y sociopolítica

La única alternativa sindical realista para frenar esta ofensiva regresiva de la derecha es fortalecer la dimensión representativa y social del movimiento sindical y ciudadano, su vinculación con las clases trabajadoras y la ciudadanía indignada, y su activación y articulación. Se trata de afianzar el arraigo de los representantes sindicales con sus bases trabajadoras, particularmente en las pymes y la gente joven, con la extensión a las personas desempleadas y sin descuidar a las capas profesionales. Y además, junto con otros grupos de la izquierda social y política, estimular y ser portadores de las demandas sociopolíticas de la ciudadanía. Supone reafirmar la confianza y la credibilidad entre sus propias bases sociales, recomponer su función reivindicativa y dinamizadora, para hacer frente a toda esta ofensiva antisocial. Ello le permitirá ir ganando legitimidad, representatividad, influencia y capacidad contractual en el nuevo marco de relaciones laborales, más disperso y desventajoso, que imponen las últimas reformas laborales.

Consiste en una reorientación de la estrategia sindical, superando las inercias de pasividad y acomodamiento —desde hace más de una década— en la negociación colectiva, ámbito clave para el sindicalismo, y con un sistema de concertación institucional ahora fracasado. Es una adecuación imprescindible y necesaria para frenar el desgaste del prestigio y la legitimidad de los dirigentes sindicales por sus pactos infructuosos y la tendencia a la irrelevancia que los poderes políticos y económicos quieren imponer al movimiento sindical. La reversión del nuevo marco jurídico-laboral y el reconocimiento del estatus de las estructuras sindicales son objetivos fundamentales, que se deben alcanzar, particularmente, con el fortalecimiento de la acción sindical en los centros de trabajo y con una dinámica general de resistencia frente a la involución socioeconómica y laboral. Frente a la casi nula conflictividad laboral en las empresas y en el ámbito local, y más allá de los conflictos sociales y las manifestaciones generales, la actividad defensiva y prolongada supone un cambio de las inercias y prioridades de la acción sindical. La respuesta depende, sobre todo, de la capacidad representativa y dinamizadora de los sindicalistas de base, de los representantes directos de los trabajadores y trabajadoras, en los centros de trabajo. La nueva estrategia de las direcciones sindicales debería apuntar a ello, renovando la cultura, las dinámicas organizativas, las propuestas y los nuevos horizontes de cambio que ilusionen a sus bases y a la ciudadanía. Dada su influencia social, y junto con otros grupos sociales progresistas, deberían ofrecer un liderazgo y dar una alternativa a las exigencias de fortalecer un sindicalismo firme y una mayor participación democrática y ciudadana, como instrumentos para conseguir mejoras sociolaborales e impulsar una democracia social y económica avanzada.

Uno de los ejes específicos de la nueva orientación frente a la nueva realidad impuesta debería ser una mayor dinamización de la acción sindical en las empresas y los sectores, reafirmando la acción reivindicativa con motivo de la articulación de los convenios y acuerdos colectivos. Su plasmación en movilizaciones sociolaborales y avances colectivos puede ser desigual; se trata de empezar en los sitios y momentos más favorables. En todo caso, presupone el reconocimiento del fracaso del reciente acuerdo de los negociadores sindicales con la patronal para la reducción salarial, que ha demostrado ser desequilibrado y perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. El contenido de esa concesión sindical, sustancial para la patronal como confirmación de la disponibilidad de las cúpulas sindicales para admitir ese retroceso y garantizar la pacificación de las relaciones laborales en la negociación colectiva, se ha aplicado. La supuesta contrapartida para los sindicatos, derivada de la promesa patronal de respetar el consenso en la reforma laboral posterior y admitir sólo un retroceso limitado en la capacidad contractual de las estructuras sindicales, se ha incumplido. Está claro que el acuerdo era desequilibrado y que, además, ese compromiso ha resultado ser retórico para la patronal, que apostaba —aún más con el acuerdo en la mano— por un retroceso profundo de las condiciones laborales y del estatus de los sindicatos. Han quedado de manifiesto sus consecuencias: éxito para la patronal (y el Gobierno) y fracaso para los sindicatos. Es motivo suficiente para que los órganos dirigentes de los grandes sindicatos impugnen el citado acuerdo, en vez de seguir reclamándolo. Supone abrir un frente de rechazo a los retrocesos salariales y laborales en las empresas y sectores, y resituar la acción reivindicativa.

El segundo eje tiene que ver con la respuesta ante los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos y del Estado de bienestar. Las ejemplares movilizaciones y huelgas del sector de la enseñanza en Madrid y de la sanidad y los empleados públicos en Catalunya constituyen una pauta a seguir y generalizar. Motivos no faltan en este periodo restrictivo del gasto público y de deterioro de las prestaciones y los servicios públicos. El impulso sindical y social debe ser prolongado y general.

El tercer eje tiene que ver con la orientación global hacia la continuación de la oposición y la resistencia sindical y ciudadana, tras la negativa del Gobierno del PP a modificar su reforma laboral y sus planes restrictivos. El próximo reto lo tenemos esta misma primavera, en mayo y junio, como marco para proseguir con una contestación social masiva que siga debilitando la legitimidad de esa política, favoreciendo la dinámica sociopolítica para su cambio, a través del fortalecimiento del movimiento sindical y de la izquierda social, junto con la expresión colectiva de esa ciudadanía activa. Y en el horizonte del curso que viene, con la amenaza de mayores planes de ajuste y de austeridad y un agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis, hay que impulsar una dinámica creíble de resistencia social y de cambio del escenario sociopolítico que apueste por el empleo decente y los derechos sociolaborales.

Los dirigentes de CCOO y UGT utilizan un lenguaje doble. Por un lado, conscientes de las dificultades para forzar avances sustanciales en los objetivos reivindicativos, amenazan al Gobierno con una movilización sostenida y creciente, manifestando firmeza en sus exigencias de cambios de calado. Por otro, ponen el acento en una faceta más limitada y de cierta ambigüedad: la recomposición del diálogo social, como freno a las imposiciones gubernamentales, junto con el reconocimiento institucional de la función de los aparatos sindicales y la garantía del reequilibrio de su capacidad contractual y su estatus. Pero, como se ha dicho, ha terminado la etapa en que el diálogo social, como condición o veto sindical para regular condiciones y derechos sociolaborales, permitía conseguir o mantener algunos derechos o, al menos, evitar recortes sustanciales. Y la promesa institucional de tratar bien a los sindicatos está condicionada a una subordinación completa a sus planes.

La situación actual ha dejado operativas dos opciones de acción colectiva: 1) negociación institucional y colaboración con acuerdos generales regresivos para las capas trabajadoras que tampoco consolidan al sindicalismo, o 2) respuestas firmes y masivas para frenar esos retrocesos y activar a sus bases sociales y a la ciudadanía, afianzar la representatividad y el arraigo del sindicalismo y su unidad con otros movimientos populares, y condicionar y revertir esos recortes. Y será en la medida en que se consolide la segunda opción que se podrán recuperar unas negociaciones más equilibradas y unos acuerdos (generales y en la negociación colectiva) positivos, para sus bases sociales y para los propios sindicatos.

La otra cara es la opción individual de la supervivencia y adaptación a la inseguridad y la precariedad. El tradicional esfuerzo de muchos jóvenes en cuanto a formación no constituye ya una salida segura con vistas al empleo cualificado y el ascenso social. Se generan dinámicas de descontento y malestar, con distintas posturas reactivas, pero también de miedo, resignación y segregación.

Este proceso de huelga general es una clara y firme advertencia popular para modificar esa dinámica. Supone un fortalecimiento de la izquierda social frente a la involución social y refuerza al movimiento sindical. Ha sido una convocatoria acertada, con objetivos justos. La masiva participación popular aporta una nueva relegitimación de las estructuras sindicales. No obstante, ese apoyo no es incondicional ni a cualquier iniciativa o acuerdo. Los dirigentes sindicales asumen una gran responsabilidad en la gestión de la gran capacidad social expresada por esta ciudadanía activa. Les exige una afirmación de sus objetivos fundamentales: derogar la reforma laboral —y las dos anteriores—, frenar la ofensiva antisocial del Gobierno del PP, abrir un horizonte de cambio.

Dados el desequilibrio en las relaciones de poder y la persistencia y profundidad de la política regresiva del Gobierno de la derecha, la baza fundamental de los sindicatos y del conjunto de la izquierda social es una resistencia sindical y ciudadana, intensa y prolongada. Supone estimular la participación democrática y la activación de la ciudadanía, modificar el escenario sociopolítico, generar las condiciones para deslegitimar y abolir esas normas antisociales, promover un cambio de la política socioeconómica y de empleo, garantizar los derechos sociales y laborales, y reforzar el Estado de bienestar y una democracia social más avanzada.

[Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid]