La muerte no es plato de gusto para las personas jóvenes. Se suele reflexionar sobre ella cuando su guadaña ya ha segado, una y otra vez, a personas a las que queremos.

Hay grupos de personas que no temen la muerte. Uno es el grupo de los muy ancianos, cuando vivir conlleva cargas pesadas y lo inevitable está cerca.

El otro grupo de personas que no la temen es el de los no creyentes, o ateos, comoquiera que se les llame. Los no creyentes nos desasosegamos pensando en que un día tendremos que dejar a las personas queridas, y en cómo las tendremos que dejar. Pero sólo tememos, de verdad, el dolor físico. Y carecemos de toda seguridad de poder escapar a él. No tememos la muerte, pero sí el dolor del desajuste terminal.

Hay personas que palian su temor a la muerte mediante el expediente religioso, esto es, adhiriéndose con toda la firmeza de que son capaces a la por lo demás infundada creencia en la existencia de otra vida, en una segunda oportunidad, consoladora además de las desgracias e injusticias de la vida verdadera, la que viven. No todas las personas creyentes temen morir. Pero sí la mayoría, y es cierto que en su creencia se sienten acompañados gregariamente y reafirmados por quienes la comparten, y empujados por pastores que les estimulan a temer y a creer. Estos pastores operan con dogmas contrarios a la lógica, con relatos ajenos a la experiencia, y también al idear ritos y rituales que tienen la función de suplir la falta de lógica y de experiencia. Las prácticas religiosas afianzan la creencia.

Las personas son respetables siempre. Las creencias que sostienen no siempre lo son. Nos vemos obligados a combatir ciertas creencias respetando a las personas que las sostienen. Empezando por la creencia de que todas las opiniones son igualmente respetables. Esto no es así. Las opiniones pueden ser desinformadas, absurdas, disparatadas, infundadas, o compartidas, coherentes, fundamentadas, etcétera. Por eso las creencias se pueden combatir. Las evidencias, no.

Es particularmente enjoso, y en una sociedad bien ordenada debería ser condenado y proscrito socialmente, inculcar creencias a los niños para que desarrollen sentimientos y emociones de temor o de terror. La amenaza tradicional de las eternas llamas del infierno a personas tan jóvenes que difícilmente son capaces de hacer conscientemente el mal parece especialmente repugnante. Es un signo, en realidad, de que los pastores desean poder sobre los demás —y primero el más insidioso y opaco de todos: el poder cultural— a costa de lo que sea, incluida la tortura psíquica infantil.

Éste es sólo un ejemplo de la fabricación emocional en que trabajan los pastores de la Iglesia católica, diferenciados, por ejemplo, de sus colegas creyentes evangélicos por erigirse en intérpretes autorizados de una supuesta voluntad divina en materia de moral y costumbres, frente a una grey a la que no se le reconoce capacidad para pensar por sí en tales materias (por llamarlas de alguna manera).

Todo esto viene a cuento de lo siguiente: el deseo de las personas no creyentes de evitar el dolor terminal, o la simple voluntad de disponer libremente de sus vidas, conduce a su exigencia de reconocimiento de la eutanasia como un derecho. Derecho a la eutanasia, esto es: el derecho a poder ser auxiliados para morir por personal especializado en la evitación del dolor, de acuerdo con una voluntad previamente expresada en forma y sostenida en el tiempo (requisitos destinados a evitar decisiones inmeditadas en situaciones de depresión psíquica).

Pero el reconocimiento del derecho a la eutanasia es combatido sobre todo por personas creyentes.

Son personas creyentes del demos las inducidas a oponerse a reconocer el pleno derecho a morir con dignidad. Inducidas por quienes las pastorean. Y ello, sobre todo, porque el derecho a morir con dignidad afecta al monopolio cultural que los pastores mismos tratan de mantener: el monopolio de las ideas sobre la muerte.

La Iglesia católica ha alcanzado en España cuotas de poder político y cultural de las que no ha dispuesto en ningún otro país de la Tierra. Eso se debe a los réditos de la histórica alianza del trono y del altar, para la unificación de los reinos de España en torno a una sola creencia impuesta a sangre y fuego: por la sangre de las torturas inquisitoriales, por el fuego de las hogueras de la Inquisición, por las expulsiones de los españoles hebreos o moriscos.

La Iglesia católica debe ser hoy ostracitada de la vida política del país. Podemos aceptar sus manifestaciones folclóricas y turísticas —de la Macarena al Rocío, o al Corpus de Toledo, la ciudad de las hogueras en Zocodover— e incluso subvencionar el mantenimiento de las obras de arte de las que las leyes la hacen todavía titular. Pero no podemos aceptar en modo alguno su intervención empujando a masas de creyentes contra las aspiraciones de los ciudadanos no creyentes.

No es sólo la doctrina sexual de la Iglesia, ni sólo su minusvaloración de las mujeres, ni sólo el daño causado por sus sádicas prédicas a tantas personas: también su oposición al reconocimiento de derechos motiva que hayamos de combatirla mientras no acepte que su posición en una sociedad democrática ha de igualarse con la que ocupa en las demás sociedades de Europa occidental: fuera de la esfera pública.

Para que podamos vivir y morir tranquilos, cada uno con sus creencias.