Poco espacio se ha dedicado en los medios a la noticia de que el Ministerio de Defensa adeuda 27.000 millones de euros (que en 2015 serán 37.000) por adquirir unos armamentos a cuyo pago hoy no puede hacer frente. Esta realidad evidencia que nos encontramos ante una nueva burbuja, la de las armas, que se viene a sumar a las burbujas inmobiliarias y la de los activos tóxicos de las entidades financieras, y que sitúan al sector militar industrial español al borde del colapso.

Esta situación empezó a gestarse en 1996 con la llegada al gobierno de José María Aznar y la puesta en marcha de algunos grandes proyectos militares. Algunos de ellos fueron iniciados en la etapa anterior por el gobierno del PSOE. Estos grandes programas eran los aviones de combate Eurofighter, los helicópteros Tigre, las fragatas F-100 y los blindados Leopardo. A los que pronto se sumaron los aviones de transporte A400-M, los submarinos S-80, diversos buques de guerra, más los misiles, torpedos y sistemas asociados. Proyectos que tenían una etapa de desarrollo de larga duración, entre 10 y 25 años. Ello ocasionó que los compromisos de gasto del  Ministerio de Defensa hasta el año 2025 con las grandes industrias militares españolas (EADS-Casa, Navantia, Santa Bárbara, Indra, ITP, Eurocopter…) alcanzaran las astronómicas cifras citadas.

Estas enormes inversiones no podían llevarse a cabo sin incrementar de manera importante el presupuesto de Defensa. Esto, evidentemente, tenía un elevado coste político para el PP, por aquello de iniciar un nuevo periplo aumentando de manera importante el gasto militar, lo cual no sería bien acogido por la opinión pública española. La solución la encontró la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa mediante una fórmula de “contabilidad creativa”, que consistía en conceder préstamos en I+D a las industrias militares desde el Ministerio de Industria a interés cero a retornar en veinte años. Se firmó un convenio entre ambos ministerios (Industria y Defensa), según el cual Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que las empresas devolverían cuando Defensa llevara a cabo el pago de las armas.

De este modo se conseguían dos objetivos: no incrementar en demasía el gasto militar del Ministerio de Defensa y, en segundo lugar, la industria militar veía satisfechas sus demandas de ayuda para financiar la investigación y desarrollo de los nuevos prototipos de armas. Pero el problema de fondo persistía, pues algún día Defensa tendría que hacer frente al pago de las armas. Transcurridos dieciséis años, Industria ha adelantado a las industrias militares 15.000 millones de euros en concepto de I+D que no ha recuperado, pues Defensa no ha hecho efectivos los pagos de las armas a las empresas.

Ante estos hechos, el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, hizo unas declaraciones sorprendentes en la Comisión de Defensa del Congreso (6/10/2011), según las cuales no se deberían haber adquirido unos sistemas de armas para unos escenarios de confrontación que no existen y que por tanto no se van a utilizar, y ello “con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”. Declaraciones reiteradas por Carme Chacón poco antes de abandonar el Ministerio de Defensa y que no excusan al gobierno del PSOE de su responsabilidad en este desaguisado. El resultado es que no hay recursos suficientes para hacer frente al pago de unos programas de armamentos que, además, no tienen ninguna utilidad.

Ante estos hechos caben varias medidas, como incrementar el capítulo de inversiones en el próximo presupuesto de Defensa, algo difícil en la actual coyuntura de reducción del déficit presupuestario. Una segunda sería aplazar los pagos diez o quince años más, aunque esto añadiría costes de financiación y aumentaría el precio final de las armas. Una tercera posibilidad sería condonar los créditos avanzados en I+D a las industrias para aliviar las arcas de éstas y, de paso, las del Ministerio de Defensa. Pero esto último representaría incrementar en 15.000 millones el déficit público. Una última alternativa sería la emprendida por otros países socios de la UE: reducir el número de efectivos de las fuerzas armadas o suprimir algunos de los grandes contratos de armas. Alemania lo ha hecho reduciendo la compra de los aviones A400-M y Eurofighter; Italia también ha reducido la adquisición de los Eurofighter y fragatas; Francia no adquirirá un portaaviones, y Reino Unido ha retrasado la compra de los aviones Joint Strike Fighter.

Esta última opción sería la más acertada desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde el supuesto de la seguridad que proporcionan estas armas, pues ¿para qué sirven unos artefactos que, una vez finalizados, no tendrán ninguna aplicación y que acabarán su vida útil sin ser utilizados nunca? La segunda razón es de tipo económico y de no menor calado: la ineficiencia económica que rodea a la producción de armamentos debido a los costes de oportunidad, al dedicar unos recursos que son escasos a producir armas en vez de bienes y servicios de la economía productiva.

Así pues, una de las medidas a tomar para encontrar salidas a la crisis por la que atraviesa la hacienda pública es paralizar tanto la adquisición como la participación en programas de nuevas armas. Medida que tendría que ir acompañada de otras en el mismo sentido. Por un lado, reducir el número de efectivos de las fuerzas armadas para que se contraiga la demanda en armamentos; detener la concesión de los créditos en I+D militar a las empresas por parte de los ministerios de Industria y Defensa; y, por último, iniciar estudios sobre la conversión de las industrias militares hacia la producción de bienes civiles que impidan la pérdida de puestos de trabajo. Medidas que, a buen seguro, ayudarían a reducir el endeudamiento y el déficit público.