A partir del 1 de abril los consumidores españoles vamos a pagar más por una electricidad que ya era la más cara de la Unión Europea, sólo por detrás de Malta y Chipre. Se invoca, desde las eléctricas y el gobierno, el déficit tarifario y las primas a las renovables —supuestamente demasiado elevadas— como argumentos. Pero ¿qué hay realmente detrás de este asunto?

Cuando uno trata de aclarar las cosas choca con una maraña de datos e interpretaciones difícil de desentrañar. No hay cosa más opaca en la economía de este país que el precio de la electricidad. En el análisis que sigue voy a basarme, sobre todo en datos y comentarios publicados por Expansión.com, con fecha 21 de marzo de 2012. Cuando los datos tienen otro origen, se indica la fuente.

Empecemos por los costes. El recibo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada o Tarifa de Último Recurso (TUR), que somos más de 20 millones —es decir, la inmensa mayoría de la ciudadanía—, tiene dos partes que pesan aproximadamente la mitad cada una: 1) costes variables y 2) costes regulados. Los costes variables dependen del precio del combustible, más algunos otros gastos. Así como las nucleares deben pagar el uranio y las térmicas, el gas, fuel o carbón —de modo que sus costes variables dependen del precio de estas materias primas—, las instalaciones de renovables no pagan nada en concepto de combustible: el viento y el sol son —todavía— gratuitos. En los costes regulados, o peajes, se incluyen a) las primas a las renovables, pero también a centrales de gas con cogeneración y de quema de residuos; b) gastos de transporte y distribución; c) sobrecostes del sistema eléctrico de las islas Baleares y Canarias; d) anualidades del déficit tarifario; e) subvenciones al carbón español y f) costes de la garantía de suministro de las centrales térmicas. Esta última partida corresponde a la compensación que se paga a centrales térmicas de gas, carbón, fuel o biomasa que se pasan muchas horas sin funcionar (y por tanto sin producir ni cobrar), pero que deben estar disponibles para cubrir la demanda cuando dejan de producir las fuentes intermitentes (señaladamente la eólica, que sólo funciona cuando hace viento, y la solar fotovoltaica, que sólo funciona cuando hay luz solar). El pago de esta partida ha aumentado en el último año, medida muy controvertida que favorece a las grandes compañías.

Veamos primero las cuantías de los costes variables. Según cifras de Endesa para 2011, los costes en euros por megavatio-hora (€/MWh) se reparten así:

En 2011 la parte de costes variables en la tarifa final ascendió a 49,9 €. Esta cantidad es la mitad de la que paga el consumidor y es a la vez la tarifa que cobran todos los productores, independientemente de sus costes de producción. ¿Cómo se fijan los precios para el consumidor final, esos 49,9 €? A través de unas subastas trimestrales a las que concurren las empresas productoras.

Compárese esta cifra con las de los totales de la tabla: todos los productores estarían produciendo con pérdidas. Ésta sería la causa de que el déficit tarifario no sólo no disminuyera, sino que aumentara. Pero ¿son así las cosas? De hecho, estamos hablando de “costes reconocidos”, que las autoridades reconocen como válidos. Ahora bien, ¿con qué criterio se miden?

En las centrales de carbón y de gas, la parte más importante del coste, el coste marginal (llamado también “variable”, pero que no debe confundirse con el “coste variable” antes mencionado), depende directamente del precio del combustible, que además es de importación. Como se ve en la tabla, la suma de costes marginales y costes fijos supera los 49,9 €/MWh. Pero ¿qué ocurre con las nucleares e hidroeléctricas? Que la suma de costes marginales y fijos está por debajo de esta cifra: 30 € y 15 € respectivamente. La diferencia es aún mayor si se consideran sólo los costes marginales: 14 € y 3 €. ¿Qué es lo que encarece a la electricidad nuclear e hidráulica? Los costes financieros. Volvamos a la tabla y veremos que representarían 34 € para las nucleares y 49 € para las hidroeléctricas. ¿Es creíble este cálculo? Hay quien dice que no, como Miguel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, una gran empresa que apuesta fuerte por las renovables. Sostiene Sánchez Ortega que tanto las hidroeléctricas como las nucleares están ya amortizadas, de modo que las empresas que poseen estas centrales obtienen un beneficio extra injustificado y abusivo, concretamente la diferencia entre 49,9 € y los 30 € de las nucleares y los 15 € de las hidroeléctricas por cada kWh. Sobre esta base propone lo siguiente: “Si se corrigiera el régimen de retribución de la hidráulica y la nuclear, que reciben [en 2010] un beneficio extra de 3.500 millones (1.705 para la hidráulica y 1.773 para la energía nuclear), podría acabarse con el déficit tarifario”. Sin estos beneficios extraordinarios, el déficit de 2010, que ascendió a 5.554 millones, se habría reducido hasta los 2.075 millones (es decir, en un 63%; véase www.energias-renovables.com, 21/11/2011) [1]. Recuérdese que en 1999 las eléctricas recibieron del Estado los famosos 5 billones de pesetas (o sea, algo más de 30.000 millones de euros) en concepto de Costes de Transición a la Competencia. Dicho con otras palabras: si es cierto que las inversiones de las hidroeléctricas y nucleares ya están amortizadas, estas empresas están cobrando un sobreprecio injustificado, que encarece el precio final pagado por los consumidores y mantiene artificialmente el déficit tarifario, instrumento permanente de chantaje de las grandes eléctricas sobre el gobierno y los consumidores.

Hay razones de peso para desconfiar de las cifras de costes publicadas por Endesa. Si las nucleares estuvieran ahogadas por los costes financieros, ¿por qué han estado argumentando que la energía nuclear es tan barata? ¿Por qué dan la batalla para alargar la vida útil de las centrales existentes? ¿Acaso les gusta perder dinero?

Otro caballo de batalla en torno al déficit tarifario por parte de las eléctricas es achacarlo a las elevadas primas que se pagan por la electricidad de fuentes renovables. ¡Las renovables serían las culpables! El nuevo gobierno del Estado ha aplicado esta doctrina en su primera medida sobre la energía: el Decreto-Ley 1/2012, que elimina las primas a las renovables.

Para aclarar este punto, vamos a los costes regulados o peajes, que son la otra mitad de la factura eléctrica que pagamos. Empecemos por las primas a las renovables, que ya en 2010 habían experimentado un primer recorte. “En el año 2011, las renovables representaron el 31% de los costes regulados, y, por tanto, son responsables directamente, tan sólo, del 15% de los costes totales incluidos en la [tarifa] TUR” (Luis Crespo, www.elconfidencial.com, 27/3/2012). Además de ese 31%, los costes regulados incluyen los otros conceptos antes mencionados que no tienen nada que ver con las renovables y que representan un 69% de esos costes. Algunos son tan irracionales como la subvención al carbón nacional, que según algunos observadores deberían considerarse gastos sociales destinados a conservar unos puestos de trabajo condenados por la historia a desaparecer, y por tanto no deberían pagarse con la factura de la luz. La Comisión Nacional de Energía propone sacar de los “costes regulados” varias partidas más que permitirían abaratar la factura para el consumidor final, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.

Pero volvamos a las renovables. El impacto en el precio de la luz de las ayudas a las renovables —dice Luis Crespo en el artículo citado— “no hay que mirarlo exclusivamente en ese 15% al que las eléctricas quieren demonizar. […] También tenemos que analizar el impacto que tienen las renovables en el otro 50% de la tarifa”. ¿Cuál es el impacto de las renovables en las subastas que fijan la otra mitad del recibo de la luz? En general, las renovables hacen bajar la tarifa. En la última subasta el descenso por esta razón fue del 7%. “En este resultado —dice Crespo— ha jugado un papel fundamental el hecho de que una tercera parte de la electricidad que consumimos sea de origen renovable.” En otras palabras: las renovables abaratan los precios que resultan de las subastas, y el abaratamiento es tanto mayor cuanto mayor es el volumen de corriente de origen renovable que entra en la red.

La CNE, en su informe del 7/3/2012, estima que la generación eléctrica de origen renovable en Europa “ha contribuido a una reducción significativa, del 44%, de las emisiones de CO₂ del sector eléctrico entre 2005 y 2011”, y justifica las primas a las renovables “como consecuencia de sus buenas características energéticas y ambientales”. A eso se puede añadir que ahorran las importaciones de petróleo, carbón y gas, y refuerzan la independencia energética del país.

Las grandes compañías eléctricas que operan en España —prácticamente en régimen de oligopolio— dominan la política energética [2]. Aunque algunas han desplegado ya instalaciones eólicas y fotovoltaicas, son ellas las que libran la batalla contra las renovables. Una explicación a esta aparente paradoja es que desean amortizar al máximo todas sus inversiones en fuentes convencionales y, además, lograr un doble objetivo en el campo de las energías verdes. El primero, ahogar o aplastar todas las iniciativas empresariales nuevas —muchas pequeñas y medianas empresas o cooperativas—, que no podrán soportar la supresión de las primas. En España hay mucha tecnología punta, muy competitiva a nivel mundial, y estaba apareciendo un tejido empresarial prometedor. Sin primas, no salen los números y hay que cerrar. En el sector se habla de un centenar de empresas cerradas y unos 20.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos tiempos. Las grandes eléctricas quieren desertizar el sector para ocupar ellas todo el terreno.

El segundo objetivo es desanimar el modelo más deseable de desarrollo renovable, que es el de la producción distribuida, consistente en instalaciones pequeñas (fotovoltaicas, minieólicas, de biomasa…) en toda clase de construcciones: viviendas, empresas, edificios municipales, etc. Éste es el modelo predominante en Alemania, gracias a una legislación y a unas condiciones de financiación muy favorables. Las grandes eléctricas no quieren autonomía energética de la gente, sino disponer de millones de clientes para su producción concentrada (y por eso prefieren las grandes “huertas solares” fotovoltaicas o los grandes parques eólicos a las placas fotovoltaicas y a la minieólica en los tejados de las casas).

La eliminación por decreto-ley de las primas a las renovables es una catástrofe para el futuro energético del país. Va a suponer un retraso en la necesaria transición energética. Va a destruir un tejido empresarial que había dado pasos importantes en los últimos años, haciendo de España país pionero del sector. Va a eliminar miles de puestos de trabajo, y además puestos de trabajo con mucho futuro y estabilidad, porque el mercado de las renovables va a crecer inexorablemente en los años próximos. Lo que encarece la electricidad en España y eterniza el déficit tarifario no son las primas a las renovables. Lo que desangra el sistema eléctrico español son los beneficios hinchados de unas pocas grandes compañías.

Ante ello, y ante la opacidad del sistema, lo más urgente sería, como sugiere Ana Marco, “reclamar una auditoría del déficit de tarifa, que es una deuda ilegítima y odiosa, y recuperar la titularidad pública de las líneas eléctricas para construir un sistema democrático dirigido al ciudadano” (www.energias-renovables.com, 8/3/2012). Una auditoría fiable —cabe añadir—, tutelada por instituciones públicas europeas, no condicionada por los enormes intereses del oligopolio eléctrico español, debería permitir aclarar lo que está ocurriendo realmente para iniciar el rumbo hacia un sistema nuevo basado en fuentes renovables.

Notas