1. El gobierno del PSOE, a partir de la LOE, implantó desde 2007 la asignatura Educación para la Ciudadanía, que ha sido objeto de encendidas polémicas políticas y educativas. Asignaturas con un contenido similar se imparten en otros países europeos con el objetivo común de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos, con autonomía de juicios morales y comprometidos con su sociedad y su tiempo.

La derecha política y la Iglesia católica arremetieron contra ella desde el primer momento y emprendieron una campaña de gran furia ideológica y ruido mediático. Acostumbrados al monopolio del adoctrinamiento religioso y moral, lanzaron una campaña de objeción poco seguida contra la ley. Y contra la realidad: parece que lo que más les molesta es la modernización de la sociedad española y cuestiones referidas a la educación afectiva o a la pluralidad social realmente existente, algo que contrasta con su arquetipo de familia de juego de cartas: abuelo/a, padre/madre e hijo/a panaderos.

Tras el recorrido de las denuncias a la asignatura por los distintos ámbitos judiciales, el Tribunal Supremo resolvió en 2009 que la objeción era ilegal y que en todo caso lo que habría que controlar era el contenido curricular en algunos manuales. Ahora le toca el turno al Tribunal Constitucional, que deberá resolver sobre si es absoluto el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones o si las instituciones públicas tienen algo que decir sobre derechos fundamentales. Es razonable pensar que el Constitucional rechace el recurso de amparo, como ya ha hecho el Tribunal Supremo, y argumente en la línea de que la formación democrática de los ciudadanos dentro del sistema educativo es constitucionalmente imperativa, sin que deba considerase monopolio de los padres y de las iglesias.

2. Y en esto llegó el ministro Wert y vuelve a traer la crispación. Justo cuando sectores católicos muy vinculados a la educación aceptaban la asignatura, el Supremo había resuelto a favor y, con ello, el PP se había alejado de las posiciones objetoras y el tema estaba a punto de cerrarse en el Constitucional, Wert se alinea con los sectores más integristas de la derecha y del catolicismo.

Dice que la asignatura reformada hablará de Constitución y de instituciones españolas y europeas. Hay que recordarle que estos temas ya se abordan en el currículo de Ciencias Sociales y de Historia. También que si dice estar en contra del adoctrinamiento del alumnado, por coherencia se debería plantear sacar la religión de los centros educativos.

Veremos finalmente qué es lo que molesta al PP (¿igualdad de género, pluralidad social y familiar, educación afectivo-sexual, derechos humanos, consumo responsable…?) y con ello su grado de modernidad y el de supeditación a la ultraderecha y al integrismo religioso.

En fin, que entre la manipulación del ensayo crítico (que no manual) de los Fernández Liria y Alegre Zahonero, la metedura de pata con las avalanchas de Ceuta y Melilla, y lo de los toros, parece que tenemos más un busto parlante que un ministro de Educación serio y competente.

3. Pero hay un tema del que nadie habla, y es que esa asignatura, tan importante para unos y tan denostada por otros, tan solo tiene ¡una hora! semanal para impartirla en 2º y en 4º de ESO; que en 4º de la ESO ha retrocedido de dos horas (Ética) a una hora con más contenido (Ética y Ciudadanía); que, en cuanto coincide una clase con fiesta o puente, se pierde el contacto en quince días y se hace imposible aplicar el programa; que profesores partidarios de trabajar valores de forma transversal reniegan de la asignatura y, si pueden, no la imparten.

Que los rifirrafes mediáticos no encubran la miseria de la carga horaria que convierte a una asignatura supuestamente importante en una maría. Es un claro ejemplo de los falsos debates típicos de la política española: unos aparecen como los grandes defensores del progresismo (con solo una hora para ejercerlo) y otros ponen el grito en el cielo con el propósito de que no les toquen sus seculares privilegios materiales e ideológicos. Y con estas diferencias puntuales disimulan sus grandes coincidencias en temas de fondo, como la política económica o la forma de Estado.

Y, sobre todo, que el debate sobre la Educación para la Ciudadanía no enmascare con una cortina de humo los auténticos problemas de la educación en España: cómo reducir las tasas de fracaso escolar, que doblan la media europea, y cómo asegurar una educación pública de calidad para todos.