Por una vez el diagnóstico pesimista de mi comentario post-electoral no se ha cumplido y los tres partidos parlamentarios de izquierda han alcanzado un acuerdo de gobierno. El decantamiento de Esquerra Republicana de Catalunya ha sido el factor crucial. La historia de los últimos años les ha mostrado el peligro que podía suponer para su consolidación el pacto con CiU. Ya lo hicieron en 1979 y el resultado fue su casi defunción. Y posteriormente, cuando estaban renaciendo, experimentaron la escisión del Partit per l’Independencia, en la que se dejó ver la larga mano de CiU. Esta experiencia es la que posiblemente ha llevado al grupo liderado por Carod-Rovira a pactar, desoyendo las demandas de una entente nacionalista. El debilitamiento del PSOE le ha permitido obtener cuotas de poder suficientes como para acallar los cantos de sirena de los convergentes.

Tomando en consideración la situación social que se vive en Catalunya el pacte de Govern parece una operación digna. Se plantea con un reparto de poder (y representatividad) acorde con los resultados electorales y se presenta con un plan de propuestas bastante detallado. Aunque la propuesta es moderada, se ha generado una contenida euforia social. Nadie espera cambios sustanciales, pero hay una cuestión clara: Convergencia i Unió, que ha hegemonizado la política catalana durante 23 años, de una forma bastante sectaria, corrupta, clientelar y socialmente derechista (gestión de sanidad y educación en Catalunya, política laboral y fiscal en España) ha sido desalojada del poder político y pierde el apoyo logístico y propagandístico que tenía desde la Generalitat. Las caras demudadas, la crispación de los dirigentes de CiU, denotan su sensación de pérdida de algo que consideraban su propiedad. Y ello, por sí solo, tiene un impacto democratizador indudable.

El acuerdo catalán debería abrir un giro en la política del principal partido de la oposición. Tiene razón el PP en señalar la incoherencia de la política socialista en materia autonómica. Y sólo existe una forma de hacer compatible la política de pactos que el PSOE mantiene en distintas comunidades con la necesidad de una política de estado: la apuesta por algún tipo de federalismo que prefigure un estado en el que confluyen distintas nacionalidades. Un ejercicio no sólo necesario para su estrategia partidista sino, especialmente, para superar graves líneas de tensión y avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva.

No le va a ser fácil la vida al tripartit. Ya se ha iniciado una campaña de acoso y derribo por parte de la derecha españolista y catalanista. Visto el tamaño de las amenazas (las leyes Ibarretxe pueden ser también las leyes Maragall), las mentiras de los medios de comunicación y la actitud hosca de sus oponentes parece claro que la derecha tolera muy mal cualquier pérdida de poder. Y lleva a pensar que si esta respuesta se produce frente a una izquierda tan moderada y adaptada al capitalismo (que además lleva años gestionando las mayores ciudades catalanas), sólo con que el nivel programático fuera algo más radical volveríamos a tener el «ruido de sables» que demasiadas veces ha constituido la sinfonía de fondo de la vida política nacional. El barniz democrático de la derecha se cuartea con facilidad cuando se ponen en peligro sus múltiples privilegios.

Las amenazas de la derecha causarán problemas, aunque también pueden fortalecer la cohesión en torno al Govern. Hay otros problemas derivados de los intereses partidistas de cada miembro del pacto (las elecciones de marzo pueden ser una prueba de fuego para ERC). Y hay otros polos de tensión: las posiciones radicales de ERC en materia nacional, la prepotencia del PSOE y su vocación por las grandes infraestructuras, etc. Para IC-EUiA su presencia minoritaria en el Gobierno puede conllevarle un alejamiento de los sectores sociales más activos que explican su buen resultado electoral. Son cuestiones abiertas cuya influencia es imposible predecir, aunque deben ser cuidadosamente consideradas para evitar que el tripartito catalán sea una experiencia tan fugaz, y me temo que poco eficiente, como el derrotado Gobierno de izquierdas balear.

Hay dos cuestiones básicas que podrían evitar estos peligros, y que debemos exigir a las fuerzas en el poder. La primera es que empiecen desde el primer día a alterar sustancialmente alguna de las herencias envenenadas del Gobierno saliente: el deterioro creciente de la sanidad y la educación públicas, los problemas medioambientales más agudos (como el generado por los purines de la creciente cabaña porcina), el clientelismo y la corrupción sistemática. Que sea una actuación que la ciudadanía perciba correcta a pesar de que no pueden hacerse milagros con el grado de deterioro en el que se van a encontrar las finanzas públicas. La segunda es que abran espacios reales de participación social en el diseño y la gestión de sus políticas, permitiendo que se refuerce la movilización social, que es en parte causante de este cambio de ciclo político. Nadie espera en Catalunya cambios sustanciales a corto plazo. Quizás por esto tampoco se espera mucho de este gobierno, pero si avanzara modestamente en las líneas indicadas permitiría empezar a prefigurar líneas más optimistas de desarrollo social. A la izquierda real le queda, sobre todo, trabajar para que exista un empuje social suficiente para que este Gobierno cumpla con este cometido.