En noviembre de 2002, se presentó en el Comité de la ONU contra la tortura un documento en el que se denuncian graves hechos en España de violación de los derechos humanos. La denuncia fue presentada por la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, con el apoyo de SOS Racismo, Justicia y Paz, Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, Mujeres Juristas y Asociación Catalana de Juristas Demócratas.

Esta denuncia no ha merecido gran atención por parte de los medios de comunicación, aunque informa sobre hechos que deberían estar en el primer plano informativo, pues tienen que ver con un proceso silencioso de destrucción de las condiciones básicas para el funcionamiento de una democracia.

En el informe se detallan una serie de violaciones de los derechos humanos por parte de la policía española en relación con la inmigración, con el País Vasco, con las investigaciones sobre el terrorismo y con la acción represiva ante diferentes colectivos reivindicativos. El informe destaca el trato inhumano y degradante sufrido por muchos detenidos; la arbitrariedad de buena parte de las detenciones; el racismo en el trato y en las decisiones sobre detenciones preventivas; las agresiones sexuales en ciertos casos sin consecuencias para los que las cometieron; las torturas a presuntos terroristas, así como las actitudes cada vez más violentas de la policía contra varios colectivos alternativos o críticos hacia el sistema establecido, grupos que, en muchos casos, los medios de comunicación presentan como si fueran un peligro para la seguridad general.