I

Junio es tiempo de verbenas y fiestas. El equinoccio es tiempo de alegría. Este año la fiesta se anticipó y ocurrió lo improbable. Mariano Rajoy y el Partido Popular fueron despedidos por una compleja coalición que incluye a toda la izquierda parlamentaria y a los nacionalistas periféricos. Para que ello sea posible, han tenido que darse una serie de circunstancias, una coyuntura adecuada en la que ha pesado tanto la sentencia de la Gürtel, como el pavor que producía en los nacionalistas una victoria electoral de Ciudadanos. Hay dos elementos que muestran lo favorable de la situación. De una parte, la tranquila respuesta del sector financiero y empresarial al cambio (Ana Botín, una de las “dueñas” del país, incluso felicitó a la nueva ministra de Economía), muestra que el poder económico posiblemente había dado el “placet” al cambio. De otra, la incapacidad de la derecha de montar una movilización como podría esperarse si, como alegan, ha habido una versión suave de “golpe de estado”. O la maniobra de Pedro Sánchez les ha cogido con el pie cambiado, o eran tan conscientes que su situación no tenida salida que han preferido aceptar el cambio con relativa pasividad (también al PP le inquietaba el ascenso de la gente de Rivera). Tiempo tendrá la derecha para montar una de sus brutales contraofensivas.

Lo que parece indudable es que el cambio ha generado, por lo menos, otro clima. Aunque el equinoccio es una temporada breve, y después de la fiesta viene la resaca, de momento el ambiente se ha hecho más respirable. Volvemos al pasado, a una situación parecida a la que se produjo tras la victoria electoral de Zapatero. Aunque ahora la situación es más complicada por el complejo equilibrio parlamentario, que puede hacer la vida más difícil al Gobierno de Sánchez que al del anterior gobierno socialista.

II

¿Qué podemos esperar del nuevo Gobierno? Más allá de un cambio en las formas y de los problemas de estabilidad que puede tener, lo más previsible es que este gobierno sea una nueva versión de los anteriores gobiernos socialistas. O sea, una combinación de políticas neoliberales en lo económico y de políticas progresistas en lo social. Si en algún país se produjo la “tercera vía”, la combinación de neoliberalismo y progresismo, es en España. La razón de ello se debe, en primer lugar, a que España inauguró un sistema democrático justo en el momento que el neoliberalismo se imponía como política dominante. Pero aquí no había un sólido sistema de bienestar al que se podía erosionar, sino que la herencia franquista era un estado de mínimos (menos en el tema represivo), y en el momento del cambio había una sociedad que exigía ampliar derechos sociales. Y esto es lo que se percibe en una mirada de largo plazo: que toda la política ha estado dominada por estas dos fuerzas contradictorias, la de políticas económicas neoliberales y, al mismo tiempo, una cierta extensión de derechos sociales, con el resultado final de un sector público insuficiente (pero con cierto músculo) para satisfacer las demandas sociales, con unos niveles de desigualdad vergonzosos pero unas cotas de apertura social notoria. Si alguien ha protagonizado este camino contradictorio ha sido el PSOE. Y por eso, cada vez que el PP alcanza el poder, se experimenta una regresión en términos de derechos y una continuidad en términos de política económica. Y, en cierta medida, esta misma trayectoria se ha materializado en la propia sociedad, a menudo mucho más activa en la defensa de libertades que en impugnar las políticas económicas.

Si uno mira la composición del nuevo gobierno, se mantiene esta imagen de continuidad. El área económica queda bajo el control de la economía ortodoxa. Se podría pensar que Nadia Calviño es una comisaria impuesta por Bruselas para controlar que la política económica no se distancia de las pautas de la UE. Algo inquietante cuando es obvio que el país necesita de una reforma fiscal que mejore la equidad y dé al sector público el músculo que necesita. Es incluso dudoso que se aborden las reformas necesarias, como la del modelo energético o la política de suelo y vivienda, porque las relaciones estrechas que mantienen los grandes grupos económicos con el PSOE (lo hemos vivido recientemente en Barcelona en el caso del agua) hace difícil que puedan introducirse cambios a menos que ello interese a estos propios grupos. Y es poco probable que se desmonte la última reforma laboral que está totalmente tutelada por la UE y la OCDE.

En cambio, podemos esperar propuestas más interesantes en otros campos, como la posible recuperación de la sanidad universal, avances en políticas de conciliación familiar, y un mejor clima cultural. Insuficiente para el tipo de cambios que harían falta, pero que posiblemente será bien aceptado por una parte importante de los votantes de izquierdas. Falta ver si, en los próximos meses, Sánchez será capaz de conseguir llevar a buen puerto alguna de sus reformas progresistas, o viviremos otros dos años de mera campaña electoral, contrarrestada por una brutal movilización de una derecha necesitada de recuperar una hegemonía que se ha esfumado entre sentencias y maniobras parlamentarias.

El tema migratorio se puede constituir en un tema central, y en uno de los reclamos de la derecha. En toda Europa se ha convertido en una cuestión letal, en un punto donde concentrar los miedos y frustraciones de una parte de la sociedad. Y, además, España puede estar en los próximos meses en el ojo del huracán de estas políticas, no sólo por los guiños progresistas de Sánchez (aunque al final su apoyo a la propuesta de crear centros cerrados de reclusión está directamente en línea con las políticas conservadoras), que dan espacio a las respuestas de la derecha, sino porque el cierre de otras vías de acceso (Italia especialmente) conviertan a España, de nuevo, en el principal punto de desembarque de los nuevos migrantes. Y ya sabemos lo fácil que es convertir la llegada de pateras con inmigrantes africanos en una sensación de amenaza para gente miedosa y algo xenófoba.

III

La otra gran cuestión política seguirá siendo, cómo no, Catalunya. Una situación embarrada y de difícil solución a corto plazo. Es cierto que las élites políticas del independentismo han constatado la inviabilidad de su proyecto de escisión unilateral: ni tienen suficiente apoyo en Catalunya, ni cuentan con apoyos internacionales significativos, ni tienen capacidad para enfrentarse en serio al poderoso estado español. Como ha reconocido la exconsellera Clara Ponsatí, en octubre pasado jugaron de farol.

Pero la realidad, de nuevo, es más compleja. La larga movilización del movimiento independentista ha tenido como efecto generar un estado de opinión en una parte de la población catalana de que la independencia es inevitable, de que no hay marcha atrás. Esto ocurre sobre todo fuera del área metropolitana, donde uno tiene la sensación de que, al menos en lo cotidiano, se vive en otro país. Y esta amplia movilización social sigue empujando para mantener el “procés”. Y tiene cierta capacidad de influencia en los aparatos políticos. Claramente en Junts per Catalunya, donde una gran parte de los diputados en el parlamento catalán son más representantes de estas corrientes que en el PDCAT (a diferencia del Parlamento español, donde el PDCAT controla su grupo parlamentario, sin lo cual hubiera sido más difícil el voto favorable a Sánchez), y en la CUP. Y su dinámica influye también en PDCAT y ERC, temerosos de llevar a cabo una revisión abierta de su política para no ser tildados de “traidores” (uno de los insultos más graves que puede padecer un patriota). Y cuenta, además, con el poderoso altavoz de la televisión y la radio pública catalanas, cuya deriva propagandística en los últimos tiempos es palpable (la mayoría de la programación está constituida por una combinación de programas directamente políticos con otros de entretenimiento, dedicados a glosar las virtudes de la Catalunya tradicional, a reforzar el estereotipo). Y mantienen el frente abierto de los encarcelados, los fugados y los procesados. Un espacio en el que el Gobierno de Sánchez tiene una capacidad de influencia más limitada, y que constituye un verdadero frente abierto donde se retroalimenta la política pasional. A menos que los procesos judiciales se acaben desinflando, la tensión será sostenida y afectará al conjunto de la política estatal.

IV

Para la izquierda se replantea una vieja cuestión. El posible crecimiento electoral del PSOE se traduce (y las encuestas vuelven a apuntar en esta dirección) en una caída del apoyo electoral de la izquierda. Y, en el plano de la acción política, se abre el debate entre el apoyo a políticas contradictorias o el enfrentamiento. El dilema en abstracto tiene difícil solución. Y, en clave electoralista, poco recorrido. Sobre todo para una izquierda como la actual, carente de una base social sólidamente estructurada. Y, por tanto, con un apoyo social mucho más voluble.

Cualquier respuesta inteligente debe partir de un conocimiento realista de la situación. Es decir, de aceptar esta volatilidad del voto y de reconocer que la base social es un terreno de arenas movedizas. El reconocimiento de esta situación debería llevar a dos conclusiones. La primera es la de saber escoger con inteligencia aquellos puntos donde habrá necesariamente que colaborar con el gobierno y aquellos donde es posible desmarcarse e incordiar. En qué espacios plantear propuestas que abran dinámicas que vayan más allá de los estrechos cauces de la “tercera vía”. Y saber elegir bien las formas y los momentos es tan esencial como desarrollar bien los contenidos. No hay un manual de instrucciones para resolver este dilema. Este es a menudo el meollo de la política. Aunque uno se equivoca menos cuando antes ha analizado con detenimiento la situación y toma decisiones bien debatidas y sopesadas. La segunda es una tarea a largo plazo, de ver cómo es posible desarrollar acciones que favorezcan la consolidación de organizaciones de base, redes organizativas que ayuden a consolidar una base social estable. No se trata sólo de una cuestión organizativa, sino de formación de estados de opinión y percepciones sociales. Y no se trata de una cuestión abstracta: todas las grandes y pequeñas batallas exigen la creación previa de una legitimidad social, de un movimiento suficientemente denso que favorezca su desarrollo. Y en muchos de los debates a los que hacemos frente ―reforma fiscal, regulaciones medioambientales, derechos sociales― no podremos avanzar sin convencer activamente a una masa social suficiente para implementarlos. El tiempo que deja la política del Gobierno actual debería ser aprovechado para consolidar iniciativas en este sentido.

En los próximos meses, el espacio de la “nueva izquierda” debe afrontar su primer gran test en las elecciones municipales, donde se pondrá a prueba su consolidación en los “ayuntamientos del cambio”. Una situación que previsiblemente se desarrollará en varios ejes. El primero, y principal, la evaluación de la gestión realizada y el proyecto de futuro. Es sin duda la cuestión más esencial en unas elecciones locales. La gestión realizada, hasta donde conozco, ha tenido más claros que oscuros. Pero la única forma de hacer frente a los ataques feroces que vendrán de todas partes pasa, crucialmente, por elaborar un discurso que no rehúya los fallos y puntos críticos y ofrezca una perspectiva clara de cómo se piensa subsanarlos. No hacerlo, limitarse a propagar lo que se ha hecho bien, a parte de inútil (sólo convence a los ya convencidos), supone dejar todo el espacio abierto a la crítica de los rivales. El segundo es el plano del enfrentamiento social relacionado con dos de los temas que he comentado en las secciones anteriores: el de la inmigración y el debate nacional. Ya tenemos atisbos de que éste va a ser un tema que PP y Ciudadanos están tomándose en serio (y que es especialmente sensible en los barrios de clase obrera donde la izquierda municipal consiguió sus mejores resultados). Y se trata de temas que no pueden abordarse sólo desde el debate partidista, sino que obligan a un trabajo capilar con la gente progresista asentada en los territorios. Sólo generando esta base de compromiso de la izquierda política con sectores sociales próximos, pero a menudo críticos, es posible que se acabe por frenar la embestida para dinamitar la continuidad de los Ayuntamientos del cambio. Por eso también el reconocimiento de errores resulta esencial para construir un espacio de confianza. O hay ambición y modestia en construir este tejido social, o los lobbies volverán a imponer su hegemonía en el Gobierno de la ciudad.