Hay ciertas cosas que la izquierda y la clase trabajadora de este país no deberían olvidar nunca, como ese abrazo el 9 de noviembre de 2014 entre David Fernàndez de la CUP, con el presidente de la Generalitat Artur Mas, el día que se celebró la consulta sobre la independencia de Cataluña. Aunque fuese un gesto de cariño humano, no era con una simple persona más, sino un abrazo con el responsable de uno de los mayores recortes en derechos sociales de toda la etapa democrática moderna en Cataluña. Otra imagen que se debe recordar, es el espectáculo bochornoso que dio el Govern en manos de CiU, cuando ordenó “limpiar” la Plaza Cataluña de indignados acampados por el 15M desalojándolos a palos; en aquellos tiempos los Mossos aún eran cuerpos represivos –no como ahora que son el adalid de la paz y la no-violencia– provocando cientos de heridos. Y el gran punto de inflexión que muestra el inicio de la escalada del independentismo en Cataluña, ese 15 de Junio de 2011 con Aturem el Parlament, donde entre 2000 y 4000 manifestantes –según fuentes oficiales y de otros medios– lograron impedir la entrada de los diputados al Parlament, consiguiendo imágenes como Artur Mas y Núria de Gispert accediendo en helicóptero. Aquí comienza la etapa dorada del nacionalismo catalán, que daría al mundo las imágenes de manifestaciones multitudinarias el 11 de septiembre de aquel mismo año, con su estrategia por desmovilizar a las masas de indignados con sus protestas en contra de todas las élites y poderes financieros. Así se logró borrar cualquier cuestionamiento a las castas regionales y se fijó el enemigo en un Madrid expoliador lejos de quienes ejercían el mando en Cataluña, que culminó con el referéndum celebrado el pasado 1 de Octubre.

Durante estos últimos años se ha impuesto el relato identitario de una Cataluña que debía ser soberana frente al maltrato del Estado español. Se debe incidir en que las comunidades autónomas tienen uno de los mayores niveles de autogobierno de todos los países de la UE. Pero mientras una parte ha estado hablando en nombre de todo un pueblo, las instituciones catalanas dejaban de lado los derechos inherentes a la democracia, como lo son las políticas sociales a favor de la igualdad, la justicia social, sanidad pública, mejora en la educación, una vivienda asequible, la creación de puestos de trabajo estables y dignos. A pesar de todo eso, el independentismo ha sido visto por muchos como una fuerza progresista dentro de la bochornosa España, aunque sus actuaciones y políticas demostrasen lo contrario. Pues bien, desde que la derecha hizo olvidar a la izquierda independentista –y a la que aún no se ha decidido si la independencia es algo bueno o malo– que para ser de izquierdas se necesita algo más que el carnet del partido y el nombre, se han llevado a cabo las mayores aplicaciones de políticas neoliberales en Cataluña de toda la historia de la comunidad, sin que apenas ningún partido haya dicho, ni hecho nada. Sólo una débil oposición de los Comunes y Podem han plantado algo de cara –también sumidos en muchas disputas internas por la falta de una postura clara respecto a la independencia–; visto con perspectiva el Procés ha disuelto a la izquierda y la poca que queda está muy desavenida. ¿Quién se podría haber imaginado algo así? ¿Desde cuándo el nacionalismo ha sido un movimiento de izquierdas? Quizá lo que se ha querido ocultar bajo la Estelada son justamente las corruptelas, la lista infinita de escándalos de Convergència i Unió: Adigsa, Cas Palau, Millet, las ITV, Pallerols, el 3%… que ejemplifican los desmanes de esa élite catalana incrustada en el poder desde los tiempos de Franco y de la pequeña burguesía que reclama su parte del pastel.

En cuanto a recortes sociales hemos podido ver como los presupuestos en sanidad de 2010 eran de 9.875,8 millones de euros a pasar en 2015 a ser 8.467 millones de euros; en 2017 aumentó hasta 8.876,1 millones de euros pero nunca se han recuperado los niveles de antes de la crisis. Las listas de espera en 2010 ascendían a un total de  153.916 personas, llegando este 2017 a los 170.490; se redujeron las camas disponibles en los hospitales de 14.072 a 13.063. También debemos recordar que se dejaron de cubrir bajas y se cerraron plantas de hospitales enteras para reducir el gasto en personal. Siempre los planes de CiU como portadores del neoliberalismo en Cataluña –en ocasiones sirviendo de ejemplo al PP a nivel estatal–, fueron privatizar los servicios públicos, en este caso la sanidad. El máximo exponente de este proyecto, lo encontramos en la puesta en marcha del consorcio sanitario por parte del Conseller de sanidad Boi Ruiz, que se quiso implantar en Lleida como prueba piloto antes de extenderlo a toda Cataluña, y que fue paralizado gracias a la lucha de la Marea Blanca y la movilización ciudadana. Recientemente se han retomado los planes para ponerlo en marcha de nuevo, y tanto ERC como CUP se han mostrado indiferentes a la privatización de estos servicios. En este camino de venta del sector público sanitario tenemos la actuación de una Generalitat que recortaba más de mil millones en sanidad pública, mientras que aumentaban las transferencias del Servei Català de la Salut (CatSalut) con centros privados del grupo IDC –Ibérica de Diagnóstico Cirugía, un holding sanitario nacido a finales de los años 90– que forman parte de la red de uso pública. El CatSalut habría pasado de transferir a IDC 71,1 millones de euros en 2010 a 127 millones en 2012. La privatización de los servicios del estado de bienestar ya afecta hasta el agua; en 2014 el Área Metropolitana de Barcelona fue el primer territorio Cataluña donde todas las actividades vinculadas con la gestión del agua se pusieron en manos del capital privado, gestionado por Agbar. En la actualidad, desde la alcaldía de Barcelona gobernada por Ada Colau, líder de Barcelona en Comú, se está peleando por recuperar el control público de la gestión del agua. Si el gobierno catalán en manos de partidos independentistas cree tanto en el poder del pueblo y el uso de referéndum para determinar su voluntad, ¿por qué no se sometieron a las urnas estos tipos de recortes criminales?

En cuanto a educación, Cataluña sólo destina un miserable 2,8% del PIB frente a la media europea del 5,2% y de un 5,6% de la OCDE. Recordemos que este gobierno era el quería abandonar España para cercarse a la UE y ser la nueva Dinamarca, pero para eso debería de invertir un 8,75% de su PIB como lo hacen los daneses. Incluso el tan odiado Estado español invierte más en educación que los catalanes, un 4,1% en 2015. El capital humano es lo más importante que tiene un país para desarrollarse, pero en este caso el gobierno catalán parece estar en contra del desarrollo de su propio pueblo. Incluso Laos invierte más porcentaje de su PIB en educación, un 3,32%, de lo que lo hace Cataluña. Recordemos que ni la izquierdista CUP, ni PDeCAT/CiU, ni tampoco ERC han querido cambiar la financiación de la escuela catalana que sufre recortes desde 2011, donde la peor parte se la ha llevado la escuela pública con una reducción del presupuesto del 16,7%, frente a un 11,6% de la concertada. Como vemos, estos cambios han ido apuntalando un gobierno dirigido a esas “clases medias” que pueden pagar servicios concertados y reduciendo lo que se dedica a las clases populares. Es muy difícil saber cuánto gasta en educación concertada el Govern, pero se sabe que financia 17 escuelas del Opus Dei que en 2016 recibían más de 29,6 millones de euros; estas escuelas además segregaban por sexos. Tampoco vemos como esa hegemonía de izquierdas que se asumía desde el Procés independentista haya hecho nada en contra de la subida de más de un 30% de las tasas universitarias en estos últimos años, o que haya que pagar un 40% de sobrecargos para estudiar segundas carreras –en el resto de España no es así–. De esta forma se penaliza a los que menos recursos tienen y se pone un freno muy grande para obtener estudios superiores entre las capas trabajadoras; la movilidad entre las diferentes clases sociales se vuelve una quimera.

Recordemos que en Cataluña cerca de 18.792 alumnos estudian en módulos prefabricados, esos que nos recuerdan a los típicos barracones –símbolo indeleble del desarrollismo franquista–. Mientras el Govern de Puigdemont se dedicaba a dar millonarias subvenciones a escuelas privadas religiosas, y hacía la independencia desde sus palacios y despachos, el pueblo ha pagado las consecuencias y afronta la dura realidad. Tan solo en el área metropolitana de Barcelona hay más de 4000 estudiantes en barracones. La pobreza y exclusión social entre los ciudadanos menores de 18 años ha aumentado hasta el 32,9 % en Cataluña en 2014, con respecto al 29,5% en 2013, llegando a un total de 480.000 menores de edad. Se ha pasado de la inversión de 1.800 euros por alumno y año en las guarderías en 2010, a 875€ en 2012, llegando a cero euros en la actualidad, obligando a la diputación a asumir esos 875€. Los municipios que no han podido reponer la otra parte del monto, simplemente han visto reducidos sus servicios en los mejores casos a la mitad, obviamente afectando de nuevo a quienes menos tienen, en zonas con economías deprimidas, generando un círculo de pobreza del que resulta imposible escapar. También se sabe que la Generalitat desvió a la concertada 81 millones de euros previstos para las guarderías públicas entre 2012 y 2014. Quienes necesitan de la ley y el Estado son los más pobres y dependientes, por tanto a quienes más afectan los recortes del estado de bienestar son a las clases populares, que no tienen más remedio que usar los servicios públicos menguantes, al mismo tiempo que son los que principalmente los financian. Además de la congelación de salarios, el alto desempleo, la precariedad laboral y la temporalidad son factores a tener en cuenta.

El paro en Cataluña en 2011 era de un 19,8% que ha bajado hasta un 14’6% en 2017. Estos datos en vez de repercutir en una mejora de vida de los ciudadanos se han hecho a costa de sus derechos. Por no hablar de cómo se maquillan estos datos, y se condena a una parte de la población, en especial a los más jóvenes, a continuar sus estudios y por lo tanto a no poder independizarse y tener un proyecto de vida. En 2010 el salario medio anual bruto era de 28.444€ y en 2015 de 28.861€. Si miramos un poco más, podemos ver que un 75% de la población catalana cobra menos de 30.160€ al año, solo un 10% de los trabajadores supera los 42.426€ al año. Las diferencias son aún mayores si comparamos entre mujeres de las clases más bajas con sus compañeros hombres; en 2014 los hombres cobraron 7.122€ al año más que las mujeres. La brecha salarial solo hace que aumentar, en 2009 era de 6.434 euros la diferencia entre ambos sexos. El principio de igualdad entre hombres y mujeres es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad justa, y presuntamente debería haber sido un objetivo prioritario de aquellos que enarbolaban el proceso catalán como la defensa de una república feminista.

Los datos también reflejan la precariedad del cinturón rojo, la periferia de Barcelona, donde un tercio de los trabajadores apenas es mileurista, a la vez que la ciudad encabeza la lista de los precios más altos en vivienda y alquiler de pisos de todo el país. Los jóvenes sufren mucho la entrada al mercado laboral y la brecha generacional es enorme; según datos de CC.OO los que entran ahora al mercado laboral cobran un 33% menos que en 2008. Toda esta presión del mercado y precarización también ha afectado a la salud de los trabajadores, un 65% de asalariados catalanes ha sufrido estrés laboral en los últimos dos años. El modelo neoliberal de servicios es total, con un 90% de la ciudad dedicada al sector terciario, generado un 12% del PIB catalán y un 14% del empleo –unos 452.300 trabajadores–. Recordemos por otra parte que los salarios no crecen al nivel de la inflación y por lo tanto la pérdida de poder adquisitivo es mucho mayor. Además el empleo que se crea es temporal y mucho de estos puestos son a tiempo parcial, en 2014 los contratos temporales sumaban unas 529.300 personas. Volvemos a toparnos con un trato desigual a las mujeres, llegando a ser un 78% de los trabajadores dedicados a tiempo parcial en Cataluña; de este tipo de contratos unas 100.000 personas trabajan a jornada parcial porque no encuentran un empleo a tiempo completo. Los recortes también han llegado a nuestros mayores, afectando a los pensionistas, que han perdido 674€ anuales de poder adquisitivo desde 2010.

Vistos estos demoledores datos de pérdida de calidad de vida en los ciudadanos catalanes, convendría saber qué significa la democracia para los partidos independentistas que van de derecha a izquierda estética –y cosmética–, pero de hechos pocos, se entiende. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para quién? ¿Y con respecto a dónde? En una Europa donde se intervienen los países a conveniencia de los poderes en la sombra, donde se rescatan bancos con intereses ridículos del 1%, pero la deuda de los países se ha llegado a financiar al 4%, 5% o incluso al 9%, no se entiende una independencia de una España que no es soberana para entrar de cabeza a esa Unión Europa que poco tiene de hermandad y mucho de empresa –si se mantiene al margen de la UE es para convertirse en paraíso fiscal, peor aún–. Donde el expolio fiscal de las grandes empresas, de las élites, transnacionales y las oligarquías financieras es permitido por todos los gobernantes del continente. La independencia como país la tenemos que retomar quitándole el poder a una Europa dirigida por la Troika –el BCE, el FMI y la UE–, de la que estamos intervenidos pagando los intereses de una deuda que los ciudadanos no elegimos contraer y donde los grandes capitales y rentas no pagan ni un céntimo. Por no hablar del proceso de desindustrialización y creación de una economía enfocada a los servicios y turismo, impidiendo desarrollar economías de bienestar de la periferia europea, sobre todo del sur subdesarrollado con el que se apuntala a unas élites y se condena a la pobreza y miseria al común de los trabajadores; el poder de los sindicatos y el movimiento obrero es nulo, viéndose incapaces de exigir ningún tipo de mejoras sustanciales. En Cataluña, el modelo que plantean de crecimiento de la economía tanto PDeCAT como ERC es más de lo mismo: un país de servicios y turismo, totalmente dependiente del capital extranjero. Una independencia a la moda de los tiempos que corren: neoliberal.

Al final quienes más aportan al esfuerzo fiscal son las capas trabajadoras que levantan el país, ya que no se produce una redistribución de la renta, que debería romper la acumulación del capital con tal de frenar los monopolios y la concentración en manos de unos pocos. Sin este tipo de políticas es imposible que una economía sana surja y no puede desarrollarse el fortalecimiento del Estado de Bienestar. Por esta mala gestión de las políticas fiscales, las comunidades que más pagan son las que más habitantes tienen, puesto que son los trabajadores los únicos que contribuyen a las arcas y no pueden defraudar al Estado; las regiones con más habitantes son Cataluña, Andalucía y Madrid, de ahí el mítico lema “España nos roba”. Esta explicación encaja con el caso reciente de Tabarnia –las provincias de Barcelona y Tarragona– donde se acumula la mayor parte de la población trabajadora; por tanto es el principal motor económico de la Comunidad Autónoma, generando sólo la zona del Área Metropolitana de Barcelona un 52% del PIB catalán.

Si nos fijamos más en detalle en las cifras que nos dejaron las elecciones del pasado 21 de diciembre al Parlamento de Cataluña, podemos apreciar que el independentismo era más difuso en toda Barcelona y periferia, donde la primera fuerza más votada fue Ciudadanos, en comparación con el resto del territorio. Un primer análisis nos hace pensar que en las ciudades, en este caso Barcelona, al ser más cosmopolitas y abiertas hay más mezcla cultural, y el lazo de identidad es menos fuerte que en las zonas rurales. Allí el identitarismo nacionalista cala más hondo puesto que el sentimiento se basa en la exclusión y cohesión en base a unas tradiciones comunes –pueblo seria Cataluña, y el antipueblo España–. Este carácter distintivo que muestra el interior de Cataluña está unido a las familias con raíces catalanas, donde la estructura de clases tradicional regional se mantiene, siendo la figura habitual el terrateniente y pequeño propietario de tierras, a diferencia de otras regiones latifundistas del resto de España como el campo andaluz o extremeño. Cabe destacar que el componente mestizo de los grandes núcleos urbanos es una características destacables de la clase obrera catalana, que suele ser de distinta procedencia, tanto de otras regiones del país como del extranjero y con residencia en AMB, además de ser tradicionalmente la mano de obra barata usada por la burguesía, por tanto en estas regiones urbanas es donde más se acumula la pobreza y menos nacionalismo hay.

Las élites y partidos que dirigen el Procés han sabido borrar cualquier atisbo de lucha social y de clases que se haya podido dar en estos años, prácticamente apagando los focos de protesta que aparecieron con el 15M. Podemos ver similitudes con la jugada maestra neoliberal que Thatcher aplicó tan bien durante los años 80 en Inglaterra, donde ya no había sociedad, sino individuos y familias. En la actualidad, en Cataluña todo el mundo es clase media, ya no hay pobres, solo oprimidos por el Estado español. El movimiento independentista ha conseguido vaciar de significado las palabras como pueblo, democracia, justicia e igualdad para rellenarlas con el significado que más le convenga, como todo populismo de derechas ha hecho a lo largo de la historia. En la lucha por la liberación del pueblo catalán poco importaban las clases sociales que lo componían, aunque éstas tuvieran intereses antagónicos. En un futuro –nunca concreto y realizable– explicaban los partidos de izquierda independentista ya se enfrentarían a sus adversarios, una vez que fuesen un país soberano. Durante este tiempo, partidos tan radicales como la CUP, se opusieron a medias para luchar en contra de las políticas neoliberales, votando a favor de los presupuestos de Junts pel Sí con recortes dramáticos del estado de bienestar catalán y llamando traidores a una parte minúscula de la izquierda que comenzó a cuestionar los términos de esa independencia. Tirando de hemeroteca podemos encontrar las recientes declaraciones de Mireia Boya, representante de la CUP, llamando traidora a Ada Colau por su postura sobre el referéndum de autodeterminación, o en otras posicionándose en contra de los sindicatos mayoritarios –COOO y UGT– adoptando actos propios de la patronal.

La clase media catalana que se sumó al movimiento independentista no lo hizo por querer crear una sociedad más justa, sino porque quería recuperar el poder adquisitivo que había perdido por culpa de la dura crisis económica, que erosionó su nivel de vida. Debemos recordar que la capacidad de compra de los catalanes, la evolución de los salarios medios descontando la inflación, es un de 5,8% menos que en 2011. Poco a poco fueron creando un relato comprado por la mayoría, obviamente empujado desde las instituciones y los medios de comunicación catalanes, e invisibilizando a las clases populares que no tenían voz y en ocasiones tampoco voto; los representantes políticos pocas veces defendían a los votantes de clase trabajadora. Para entender la manipulación de los medios catalanes y su militancia férrea a favor de la independencia –actuando en muchas ocasiones más de órgano de propaganda que de información–, debemos investigar su fuente de financiación. En 2015, la Generalitat concedió subvenciones de 810.719€ a La Vanguardia –diario que reparten gratis en el metro de Barcelona–, 463.987€ a El Periódico de Catalunya, 457.496€ a El Punt Avui, 313.495€ al diario Ara; también siendo la principal fuente de ingresos de los periódicos digitales, como es el caso de Elnacional.cat que recibe 389.712€ anuales o Nació Digital, del que entre subvenciones y publicidad institucional obtiene un 92% de su financiación de fondos públicos, unos 778.651€ anuales. Mediante esta subvención a los medios se consigue un control absoluto de los mismos y un domino del gobierno, así como el mantenimiento del statu quo que otorgaba tener acceso a todos los presupuestos y repartirlos a su antojo. Así se acababa creando una red clientelar por la cual estos medios rendían pleitesía y opiniones favorables al gobierno, y el gobierno les devolvía esta lealtad en forma de subvenciones. Este mecanismo hace tiempo que lo viene señalando el economista Vicenç Navarro, usando el término Nacionalpatrimonialismo. La televisión pública catalana tiene en plantilla a 2.319 trabajadores, muy lejos de los más de 1.467 de la televisión andaluza, la segunda con más trabajadores de España. La corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), matriz de TV3 ha elevado el presupuesto destinado a los salarios de la  plantilla un 33% desde 2012, hasta escalar a los 159,6 millones de euros en 2015. Haciendo una comparativa con las dos principales cadenas de televisión privadas españolas, podemos comprobar el gran desfase entre presupuesto y trabajadores, Mediaset destinó 83,4 millones de euros en 2015 mientras que el presupuesto de Atresmedia fue de 44,97 millones; entre los dos grupos cuentan con 6.623 empleados.

La periferia barcelonesa de los barrios populares de la capital sigue sin recuperarse de su etapa gloriosa como cinturón rojo industrial, donde se encontraban todas las fábricas de la región hasta que se desmantelaron por las políticas neoliberales durante los gobiernos de Pujol en Cataluña, y a nivel estatal de Felipe González y Aznar. No se han repuesto esos trabajos seguros, dignos y que permitían a los trabajadores ordenar sus vidas y crear lazos con la comunidad; en su lugar se ha dejado paso a puestos mucho peor pagados en centros comerciales, restaurantes, hoteles y empresas del sector servicios, sin contar a la administración pública, que también ha sido duramente recortada. Aproximadamente un 90% de los trabajadores de la ciudad lo hacen en el sector servicios, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Por otra parte las diferencias de rentas entre los barrios de la ciudad solo han hecho que crecer, en 2008 la renta media por cápita entre los diferentes barrios era 34,4% entre zonas ricas y pobres, en 2013 era de un 43,4%; en 2017 la renta de una familia de Pedralbes multiplica por 7 veces la de las familias de Trinitat Nova. La erosión continua a las mal llamadas clases medias es todo un hecho, podemos ver la reacción de éstas a los recortes y su posicionamiento a favor de un proceso que defendiese sus intereses perdidos, en este caso el movimiento independentista. Desde 2010 las familias con rentas bajas han aumentado un 81%, aunque el estereotipo de Barcelona y su amplia clase media siguen en el imaginario colectivo. Las rentas en Sant Andreu y Nou Barris son de 13.790€ y de 10.799€, siendo ciudad Meridiana el barrio dentro de Nou Barris que sale peor parado. En los distritos de Eixample y Gràcia, barrios donde ganó Junts per Catalunya –la coalición de Puigdemont y el PDeCAT–, se encuentran por encima de la media de rentas y con una tasa de paro inferior a la media de la ciudad, junto con los barrios más ricos, Sant Gervasi y Les Corts. Los más pobres, Sant Andreu y Nou Barris es donde se registra la tasa más alta de paro en la ciudad en 7 de sus 10 barrios, llegando a un 49,4% del total de desempleados de Barcelona en 2014. También es en los distritos de Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó y Sant Martí donde se registra un paro de mayor duración, acaparando un 43,9% del total de la ciudad, en comparación con los barrios de mayor movilidad como Eixample, Sarria-Sant Gervasi y Gràcia.

El paro en la ciudad de Barcelona es un 9,23% con respecto a la media de la AMB de un 11,50%, esto es debido a que se da una expulsión de las capas trabajadoras con bajas rentas y desempleadas hacia poblaciones y barrios de la periferia con alquileres y viviendas más baratos; la tasa de paro en las ciudades colindantes sube hasta el 13,45% en Badalona, 11,42% en Cornellà de Llobregat, un 16,77% en Sant Adrià del Besós, un 12,16% en Sant Boi de Llobregat o un 13,73% en Santa Coloma de Gramenet. El paro de larga duración afecta al 26,1% de la población barcelonesa desempleada, que lleva al menos dos años sin trabajo. De este grupo donde el desempleo afecta con más dureza, la mayoría tiene más de 45 años y 6 de cada 10 son mujeres con una educación general y se dedican al sector servicios. Otro indicador del malestar,  en este caso de los adolescentes, es que el 11% de los menores de 16 años no pueden hacer con regularidad actividades de ocio debido a su coste, y esta pobreza como bien hemos mostrado está incrustada en los barrios más pobres, sumando otra razón para la desconexión con la comunidad. En 4 de cada 10 de estas familias, el gasto para cubrir las necesidades de vivienda supera el 30% de los ingresos totales. En el cuartil de ingresos más bajo este porcentaje se eleva hasta casi el 65%.; en las familias más ricas, no pasa del 16%. 1 de cada 10 niños sufre obesidad infantil, un fenómeno estrechamente vinculado con la malnutrición y la pobreza. En los barrios de mayor renta este fenómeno solo afecta al 6,6% de los niños, en el de menor renta sube hasta el 16%. Otra de las cifras preocupantes son las familias que no pueden pagar las actividades extraescolares; de media un el 7,5% de los niños en Barcelona no puede participar en ellas pero la desigualdad territorial vuelve a ser clave. En los barrios ricos solo el 4% de los niños no asisten a las actividades; en los pobres 2 de cada 10. Por no hablar de los datos de afiliación sindical, donde un 21,2% de los indefinidos pertenece a algún sindicato frente al 11,7% de los temporales, dejando desprotegidos totalmente a los trabajadores, siendo los temporales los que peores condiciones laborales tienen; también es grave la baja afiliación de trabajadores extranjeros con 6,6% de sindicación penalizando de gran manera su inclusión en la sociedad.

Un breve repaso a las elecciones de los últimos años en Cataluña nos hará entender este proceso de invisibilización de las capas trabajadoras de la AMB. Como podemos comprobar con los resultados electorales, la mayoría de los votos al partido de Ciudadanos son de la provincia de Barcelona, de los 3 diputados que sacaron en 2010, los 3 fueron por esta provincia. En 2012, de los 9 que obtuvo, 8 fueron por la provincia de Barcelona; en 2015, 17 de 25 procedían de esta circunscripción. De los resultados del pasado 21-D, 24 de los 37 escaños –bastante más de la mitad– provenían de Barcelona, una de las 4 provincias de Cataluña. Podríamos concluir que la clase obrera solo vota a Ciudadanos, o se pasa al bando independentista, pero no sería del todo fiel a la realidad.

Debemos mirar los resultados del resto de partidos que representan el ideario obrero tradicional para entender qué sucede; en este caso tendríamos en cuenta tanto al PSC, partido de voto tradicionalmente obrero, y los votos de la antigua ICV-EUiA o de los nuevos En Comú-Podem, como fuerzas que acaparan el voto de los trabajadores barceloneses. Aquí sí que podríamos advertir que los votantes de este último partido acumulan más estudios universitarios en comparación con el resto de fuerzas no procesistas. El PSC en 2010 consiguió 18 de sus 28 diputados en Barcelona. En 2012, 14 de sus 20 escaños; en 2015 fueron 12 de 16, y este pasado 21 de diciembre 13 de un total de 17, mucho más de la mitad. Observando los resultados de ICV-EUiA encontramos el mismo patrón, obteniendo 8 de sus 10 diputados en 2010 por Barcelona. En 2012, 10 de 13 escaños. En 215 ya con CatalunyaSíqueesPot fueron 9 de 11; en 2017 En Comú-Podem obtuvo 7 de los 8 diputados por la provincia de Barcelona. El peso del cinturón rojo es innegable como bastión de la clase obrera, aunque no tenga conciencia de sí misma, sí que vota en conjunto a determinadas fuerzas políticas; es una realidad innegable.

A raíz del 15M producido en 2011 y del cambio de rumbo  con la diada multitudinaria del 11 de septiembre de aquel mismo año, como protesta por los recortes del Estatut d’Autonomia, Artur Mas estratégicamente situó la independencia en el corto plazo. Un plan enfocado en borrar las expectativas de cambio de las clases populares movilizadas o simpatizantes con esas acampadas en la Puerta de Sol, rodeando el congreso y el Parlament, buscando sumar en las filas del independentismo a las clases medias catalanas. La participación en las elecciones fue aumentando y junto con esto el apoyo a los partidos independentistas, hasta las pasadas elecciones del 21 de diciembre en las que Ciudadanos dio la sorpresa –en realidad muy predecible–. En los cuadros previos podemos ver cómo ha evolucionado el voto y se ha repartido en estos últimos años.

Son tesis similares a las que explica Owen Jones en su detallado análisis de la denostada y criminalizada clase obrera inglesa, los Chavs, donde explica como la clase trabajadora ha sido tratada como etnia blanca y no como clase socioeconómica, un subgrupo marginado en comparación con el Reino Unido de las amplias clases medias;  en Cataluña una buena aproximación al término serían los charnegos. La identidad charnega es muy habitual en una clase trabajadora catalana fruto de la inmigración en los años de la dictadura proveniente del campo andaluz y de Castilla, siendo castellanohablante en su gran mayoría y con una minoría del 27,8% catalanoparlante en la zona del AMB. Recordemos que es en la zona metropolitana de Barcelona donde se concentra la gran parte de la clase trabajadora catalana y castellanoparlante, en contraposición con el resto de comarcas del interior y norte donde lo habitual es ser catalanoparlante, sumando más de un 60% de la población; a destacar como un logro de la comunidad que un 94,3% de la población entiende la lengua local. Si bien una parte del pueblo catalán –propietarios de tierras del interior, las capas medias y trabajadores con raíces catalanas de generaciones– ha caído en el populismo nacionalista, otra parte importante, esa clase social más baja, olvidada por los políticos y prensa con un contexto cultural más mestizo, ha decidido votar en masa a Ciudadanos, el estandarte de la derecha neoliberal española, con un carácter marcadamente anticatalán y siendo el partido de la oligarquía estatal –el Ibex 35–, con las manos limpias a diferencia de sus homólogos del Partido Popular al no arrastrar un pasado franquista. Ha conseguido canalizar el descontento de los excluidos del Procés, así se explica que en los mismos territorios donde Ada Colau ganó la alcaldía hace dos años, son los que hoy votan en naranja, dejando al descubierto las carencias para representar los intereses de la clase trabajadora por parte de los Comunes.

El futuro de la clase trabajadora

Sólo con el resurgir de la clase obrera como motor de transformación de la sociedad, la llamada a romper con la tiranía que ha ocultado su existencia, siendo ésta un grupo olvidado por las élites catalanas y sus aliados, junto con las posiciones de poder del Estado central, donde PP-PSOE han sido cómplices e incapaces de mover un solo dedo; cuando han reaccionado ha sido tarde y mal, y siempre en contra del pueblo que dicen representar. Por tanto no podemos depositar las esperanzas de cambio de los partidos independentistas que nos han traído hasta esta situación límite, sin una estrategia clara para materializar esa independencia prometida, a la vez que ha ido excluyendo a las clases populares porque no mostraban suficiente catalanidad al no ceder a posiciones independentistas y han sido tratadas como ciudadanos de segunda. Aun así hay que destacar la voluntad del pueblo por disipar la escalada de tensión en estos últimos tiempos y la defensa de mecanismos democráticos para superar la crisis, donde encontramos que un 82% de los catalanes creen que la solución es un referéndum de independencia pactado.

La dinámica de la política a nivel europeo es preocupante, en la que la derecha avanza, incluida en España, con esa lepenización del partido de Puigdemont, y ese giro autoritario del PP, o el gran incremento de los naranjas neoliberales en tierras catalanas. Tampoco puede ser la alternativa el socioliberalismo de ERC que no ha tenido ningún reparo a la hora de aplicar políticas de recortes durante el gobierno de Junts pel Sí, o la anquilosada socialdemocracia del PSOE, otro partido más de la casta corrupta. Opciones como Izquierda Unida, Podemos, las Mareas, los Comunes, y cualquier alternativa que proponga otro modelo de país, tienen grandes retos que enfrentar, debiendo estar a la altura para representar los intereses de la clase trabajadora, luchando por ese más que necesario cambio y la recuperación de la soberanía como pueblo. Necesitamos pelear junto con el resto de comunidades para  revertir los recortes y las medidas neoliberales aplicadas en España, así como encontrar una solución a la gran crisis social, política, institucional y económica que atraviesa este país. Otra tarea pendiente resulta la democratización de la UE y la lucha contra la imposición de los dictados del mercado como el dios todopoderoso de nuestra era. Se necesitan voces críticas que señalen los problemas de nuestra sociedad y la falta de democracia y bienestar entre las capas bajas, para poder aplicar los conceptos de republicanismo que no deberían faltar en ningún país democrático que se precie: la búsqueda de la libertad, el derecho a la igualdad y el respeto por la fraternidad.  Nuestros vecinos portugueses nos muestran que el camino de unión por la izquierda –entre la socialdemócratas y los comunistas– se puede, que además de generar esperanza también obtiene resultados muy positivos con una reducción del desempleo, así como un crecimiento del país y una mejora considerable del bienestar social. Para que algo parecido sucediese en este país, las izquierdas regionales, en este caso ERC y CUP deberían dejar esa histeria colectiva a la que se han sumado con la derecha neoliberal catalana y por la que han dado la espalda a sus aliados de izquierdas a nivel estatal.

Quien logre solucionar el conflicto catalán y por tanto el problema territorial, tendrá la llave para desbloquear el tan ansiado cambio en toda España. Los retos que quedan pendientes a la clase trabajadora y sus representantes políticos van desde la necesidad de reformular el sindicalismo, llevándolo más allá de los centros de trabajo grandes. Hoy en día los trabajadores están más dispersos y atomizados que nunca, y prácticamente sin afiliación en el sector terciario y muy minoritario entre la juventud, con un dato muy alarmante de un 3% de sindicación en los menores de 30 años. Debemos luchar por una mejora de las pensiones –de la que algunos políticos ya ni garantizan–para dotar de una vida digna a nuestros mayores, de las que muchas familias a su vez dependen al no tener ingresos estables, ni de calidad, y organizar a su vez a estos sectores de la población con disponibilidad de tiempo y experiencia. La creación del Sindicat de Llogaters en Barcelona apunta a ser una de las soluciones del problema de la vivienda para hacer presión contra el alza de precios y especuladores de la ciudad. Como tarea indispensable encontramos también la urgencia por recuperar una sanidad pública que de oportunidades y calidad de vida a las clases populares; una educación pública que fomente el espíritu crítico de nuestros jóvenes y accesible a todos que sea motor de vertebración e integración social, así como una universidad abierta y procesos formativos profesionales que doten al país de técnicos en todas las áreas para poder desarrollar el máximo potencial de la comunidad.

No se debe olvidar tampoco la defensa por parte del pueblo catalán de sus señas de identidad, su cultura y las lenguas que lo componen –se debería recuperar parte del antiguo sueño del PSUC–. Las lenguas siempre son motivo de riqueza cultural, siendo las vehiculares en dicho territorio tanto la catalana como la castellana y las lenguas maternas de las poblaciones foráneas, para construir una unión popular y social; así como volver a potenciar asociaciones y vida vecinal para reestructurar esa convivencia perdida y la comunidad que servía de red de apoyo en los malos tiempos, creaba unos lazos familiares fuertes. Venimos de un largo proceso de recortes y privatizaciones, donde el neoliberalismo ha arrasado prácticamente con todas las viejas instituciones que daban un cierto descanso y seguridad a las personas. El trabajo por recomponer parte de lo destrozado es descomunal, pero detrás de todo ese titánico esfuerzo hay mucho por ganar, construyendo una Cataluña para todos y todas, donde las diferencias por origen, género o clase sean borradas. Debemos recordar activamente que justamente la clase olvidada por los medios y marginada de la política es la que tiene en su mano el cambio en este país y el poder transformarlo. En ellos está la clave del cambio en Cataluña y el futuro de España.

Fuentes:

http://ajuntament.barcelona.cat

http://www.idescat.cat

http://elpais.com

http://www.eleconomista.es

[Fuente:  Dinamite Mag]