Al Gobierno se le llena la boca con la palabra “recuperación”. Coloca encima de la mesa las cifras macroeconómicas para enmascarar la cruda realidad social. Los obedientes medios de comunicación ponen el foco de atención de la opinión pública en temas secundarios y evitan las realidades incómodas mirando para otro lado. Cuando las estadísticas se convierten en el disfraz de la mentira para tapar los dramas humanos que se siguen produciendo, una de las formas de evitar la manipulación es el análisis concreto de situaciones concretas. Voy a contar el caso del desahucio ayer de una familia de Vallecas visto desde cerca y desde dentro.

Son las 7h30 de la mañana en Villa de Vallecas. En la calle hace -1º C y algunos vecinos rascaban los cristales de los coches para quitar el hielo. Subimos a la vivienda. Nos escrutan a través de la mirilla y nos abren la puerta gracias a que el hijo de la familia que van a desahuciar nos reconoce como profesores de su instituto. Entramos en una vivienda social donde unos activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han pasado toda la noche acompañando a una familia sobre la que pesa una orden de desalojo de la vivienda.

Aún no había amanecido cuando empezaron a llegar coches policiales. Es un despliegue desmesurado: hasta ocho se contabilizan desde las ventanas del tercer piso. El ambiente es serio, contenido. Se realiza una asamblea para discutir qué se hace para ganar tiempo y evitar el desalojo. ¿Se resiste? ¿Se bloquea la puerta?… Esta familia ha tenido ya dos intentos de desahucio que se habían parado por la presencia de activistas, mediaciones y por la espera a la adjudicación de viviendas por la Empresa Municipal de Viviendas Sociales (EMVS). Es una asamblea en sesión continua donde se decide todo: lo que se hace y lo que no, el modo de actuar ante distintas situaciones y contando con las eventualidades que se pudieran producir… Se plantea que los que no quieran quedarse salgan ya de la vivienda, porque luego no podrán hacerlo. Algunos bajan a la calle donde la policía ha cortado todos los accesos. También el hijo abandona el piso y esperará abajo. La hija pequeña ha dormido fuera de casa para evitarle la violencia de la situación.

El lanzamiento está señalado a las 9h30 horas. Hasta entonces, catorce personas acompañan a María Ángeles, la madre, que está en paro y cobra solo 426 euros de la ayuda a desempleados mayores de 45 años. Hay serenidad en los experimentados activistas de la PAH, no exenta de la tensión y la adrenalina del momento, expresada en los paseos en la pequeña sala de estar de menos de veinte metros cuadrados, miradas por las ventanas y fuerte consumo de tabaco.  Son personas de todas las edades, mujeres y hombres que tienen claro lo que quieren y mantienen un fuerte compromiso moral con los afectados por el expolio social. Saben que es necesario resistir a la injusticia para cambiar las leyes y conseguir soluciones.

Mientras se produce la espera, se habla del problema concreto y del general. A esta familia no se le ha adjudicado vivienda por la EMVS en diciembre a pesar de tener uno de los baremos más altos (72 puntos), mientras que, con mucho menor baremo, se han adjudicado a todas las personas de movilidad reducida. Ante las reclamaciones de la madre y de SOS Desahucios se aduce que la lista que se ha tenido en cuenta no es la publicada, sino otra que nadie conoce; esto supone el reino de la arbitrariedad y convierte la adjudicación en algo irregular. La tutora de la niña en el instituto, en nombre de la familia, ha reclamado después al Portal de Transparencia dicha lista y la legislación en la que se basa, sin que haya habido respuesta.

No se ha tenido en cuenta la situación de los menores y los derechos de la infancia. La PAH ha denunciado la situación, dirigiéndose al Secretario del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Se está conculcando el artículo 27.3 de la Declaración de Derechos del Niño de 1989 en lo relativo a nutrición, vestuario y vivienda. Las autoridades no tienen en cuenta el impacto en la infancia de los desahucios como plantea el informe “Te quedarás en la oscuridad”.

Este edificio de viviendas sociales del ayuntamiento de Madrid, estaba pensado para gente joven y en situación precaria. Es una de las 1.800 viviendas públicas que fueron vendidas durante el mandato de Ana Botella al fondo buitre Blackstone para refinanciación de la deuda. La maraña de intereses descubre otras conexiones: este fondo financió la campaña electoral de Trump; José María Aznar Botella está metido en el negocio de los fondos buitres para el control de la vivienda social en Madrid. Esta desposesión de bienes públicos está en proceso judicial ya que la PAH, pide la recuperación de estas viviendas sociales pagadas por todos los ciudadanos.

Desgraciadamente, el problema de los desahucios no remite y se mantiene un ritmo muy alto, aunque se hable menos de ellos. Sí ha habido un cambio en su naturaleza: ya no son por las hipotecas, sino por impagos de alquileres o “usurpaciones”, lo que los activistas de la PAH llaman “recuperaciones” de viviendas públicas privatizadas y malvendidas en las operaciones de enajenación del patrimonio público. Los desahucios, por tanto, no cesan. Los datos de 2016 del CGPJ siguen siendo tremendos: 166 desahucios al día. Juan Carlos Barrios, de la PAH de Vallecas nos informa que hay otro desahucio inmediato en el barrio el 24 de enero.

A pesar de la burla de la asamblea de Madrid, donde con el voto del PP y de Ciudadanos se rechazó la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre el derecho a la vivienda presentada, la PAH ha vuelto a coger la iniciativa. Ha lanzado la campaña estatal por una Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables que recoja: la paralización de los desahucios, la dación en pago retroactiva, alquileres asequibles, un parque público de viviendas en alquiler y la garantía de los suministros básicos.

Mientras hablamos, va pasando el tiempo. La tensión va aumentando de grado. Se anota el nombre de la abogada de la PAH por si hubiera detenciones. Se producen gritos por la ventana en coordinación con los activistas y vecinos que están abajo en la calle… “Vallecas despierta desahucio a tus puertas”, “La EMV no se vende, la EMV se defiende”, “Hay niños en la calle y no les importa a nadie”, “Vergüenza-vergüenza”… Han avistado por la ventana que han traído la “chapa” con la que blindarán la puerta de la vivienda para asegurar que quede vacía cuando dejen a esta familia en la calle en pleno invierno. Se habrá cumplido la ley y estará todo en perfecto (des)orden.

Exactamente a las 9h30 comienza el lanzamiento. La comisión judicial intenta hablar desde el descansillo de la escalera. Apenas se les oye por la barrera de obstáculos que hay en la puerta. Desde dentro les preguntan si María Ángeles se va a quedar y se va a parar el desahucio. No hay respuesta positiva, ni siquiera han dejado pasar al abogado de la PAH ni aceptan la mediación de la Junta Municipal. Suena el ruido de un taladro reventando la cerradura. A continuación unos tremendos golpetazos contra la puerta, al parecer con un ariete, hacen retumbar las paredes. Se grita: “Sí, se puede”, “Fuera buitres de nuestras casas”, “Vergüenza me daría desalojar a una familia”… La puerta y los obstáculos resisten unos minutos; finalmente salta todo por los aires y entran un grupo de policías con escudos y a las quince personas que estamos en un rincón de la pequeña salita nos piden, una a una, el DNI, que nos devolverán más tarde abajo, en la entrada del portal. A las 9h50 todo ha acabado.

La representación del juzgado y el Samur Social, al que han llamado los activistas, se quedan con María Ángeles, a ver qué solución le proporcionan de urgencia. Como no tienen dónde ir, se les alojará solo cinco días en un albergue hostal, como el Welcome en pleno polígono industrial de Vallecas, y luego nada. ¿Alguien ha pensado en qué pasa con la escolarización de los niños al ser desarraigados de su casa y barrio?

Las lágrimas del hijo en la calle expresaban la rabia y la impotencia de todas las personas que estábamos allí al no haber podido parar el desahucio. Pero las preguntas quedan ahí: ¿Cómo se puede considerar España un país desarrollado y civilizado cuando se produce un desahucio cada ocho minutos, cuando se incumple la Constitución española por todos aquellos que dicen afanarse por cumplir la ley en otras circunstancias? ¿Cómo se puede dejar en la calle a una madre con dos hijos de 16 y de 12 años, uno de ellos con una minusvalía del 41%, y que no se les caiga la cara de vergüenza a todos los que tienen en su mano la responsabilidad de evitar estas situaciones?

[Fuente: cuartopoder]