La estrategia del bloque independentista de construir un Estado independiente, una República catalana, ha demostrado sus límites y su impotencia práctica: insuficiencia de apoyo social y legitimación popular y limitados apoyos fácticos, o sea, falta de capacidad de contrapoder o implementación práctica de un Estado propio soberano. La Declaración Unilateral de Independencia, como expresión política, no ha sido capaz de garantizar este paso decisivo del proceso, mostrando el irrealismo de sus dirigentes. Aun con un rechazo popular mayoritario y una fuerte resistencia cívica, la aplicación del artículo 155, con el cese del Govern, junto con la intervención estatal de las instituciones catalanas y su autogobierno, se ha impuesto por parte del Gobierno de Rajoy con la inestimable ayuda de Ciudadanos y Partido Socialista. Es una evidencia, sujeta estas semanas a polémica interpretativa, que hay que esclarecer.

Aquí tras explicar los rasgos autoritarios y centralizadores de la opción de las derechas, me centro en el análisis de esa incapacidad estratégica del bloque independentista para desarrollar la independencia unilateral ante el persistente bloqueo impuesto por el Gobierno del PP y las fuerzas que le apoyan. El objeto de la reflexión es aportar elementos para, una vez demostradas las dificultades de la estrategia unilateral de independencia, fortalecer una nueva estrategia y un nuevo espacio sociopolítico, superador de la dinámica de los bloques confrontados y que ponga el acento en un cambio de progreso, social y democrático, en Cataluña y en España, como opción más realista y transformadora. Se trata de resaltar el respeto a la plurinacionalidad del Estado español con una actitud integradora, al mayoritario sentido doble de pertenencia identitaria, así como a la prioridad por una agenda social, la mejora del autogobierno y un acuerdo sobre los procedimientos democráticos (referéndum pactado) para resolver el conflicto territorial, con legítimas y distintas opciones sobre la forma de configurar la relación de Cataluña con el resto de España,  y con la correspondiente reforma constitucional.

Ello es difícil con la mayoría institucional de las derechas. La solución, por tanto, pasa por la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda, en base a las llamadas fuerzas del cambio, para conformar una nueva mayoría social y política alternativa que supere la fractura social y la brecha identitaria. El horizonte del cambio es, salvando la ambivalencia de los dirigentes socialistas, construir un Gobierno de Progreso en España y otro en Cataluña que abra un nuevo ciclo político democratizador, anteponiendo las demandas sociales de las mayoritarias capas populares ante esta persistente crisis sistémica, social, política, institucional y europea.

En consecuencia, en primer lugar, explico el concepto y la realidad de plurinacionalidad y el sentido de un proyecto de país (de países) desde la constatación de la diversidad nacional y política de Cataluña y España; y, en segundo lugar, tras exponer la incapacidad estratégica del independentismo y su vía unilateral de implementación de un Estado independiente, señalo las bases de una estrategia de cambio en Cataluña y el conjunto de España.

Proyecto de país

La sociedad española y, particularmente, la ciudadanía catalana han dado muestras, en las últimas décadas, de madurez cívica, compromiso democrático y valores solidarios y de justicia social. Nuestro país o, mejor, país de países, es complejo y diverso, especialmente, en sus identidades nacionales. España es un país plurinacional, constituido por distintas naciones (nacionalidades según la Constitución) y regiones, aunque sus pueblos tampoco son homogéneos. La frontera entre naciones y regiones no está clara. Esa  pluralidad identitaria, cultural y política, no se da solo en el conjunto sino también alcanza al interior de los mismos territorios, sobre todo, en Cataluña (y Euskadi). No hay varias naciones compactas y completamente diferenciadas entre sí. Lo ‘español’, la pertenencia española, atraviesa transversalmente a la mayoría de sus poblaciones y se combina, en diversos grados, con el sentimiento o pertenencia a cada Comunidad.

Veamos algunos datos de la realidad identitaria en el conjunto del Estado de la mano del CIS (Estudio nº 3191 – Barómetro de octubre de 2017). A la pregunta (nº 26) ¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. Que expresa mejor sus sentimientos?, las respuestas son: Se siente únicamente español/la, 16,1%; se siente más español/la que (gentilicio C. A. ), 7,5%; se siente tan español como (gentilicio C. A. ), 53,7%; se siente más (gentilicio C. A.) que español/la, 10,2%; se siente únicamente (gentilicio C. A. ), 6,2%; ninguna de las anteriores (se sobrentiende localista o cosmopolita), 5,1%, y no sabe/no contesta, 1,3%. O sea, sumandos los tres segmentos que sienten una doble pertenencia, española y gentilicia de la propia Comunidad, llegan al 71,4%, frente a las otras dos (o tres) minorías (en el conjunto aunque relevantes en varias de ellas) con una identificación exclusiva –española o nacionalista periférica (o cosmopolita)-.

El concepto de plurinacional hay que matizarlo: no solo hay varias naciones sino que esa doble identificación mayoritaria las atraviesa; el sentimiento español es compatible y está presente, con diferente intensidad, en todas las nacionalidades y regiones. España no es solo una suma (institucional) sino un componente de la identificación interna y combinada que caracteriza a segmentos mayoritarios, incluso en Cataluña (y Euskadi), como luego veremos.

Por tanto, más allá de la pertenencia al Estado español, España existe como cultura transversal identificadora, o sea, recorre internamente las distintas Comunidades y conforma una sustancia relacional compartida: es base de un país de países. La dificultad (o la pugna interpretativa y normativa) es definir cuáles y qué profundidad tienen los rasgos comunes, el significado de la experiencia compartida, el peso de los sentimientos de pertenencia y los componentes identitarios respecto de un proyecto común, y cómo se entremezclan con otros sentimientos gentilicios o nacionales, otras identidades socioculturales y los intereses compartidos.

Además de los nacionalismos periféricos, parte de cuyos seguidores (no todos y diferenciando posición independentista de nacionalista) son opuestos a la identificación española, hay, al menos, dos ideas de España en pugna histórica y con una distinta actitud respecto de la articulación del conjunto: Una, conservadora y centralizadora, dominante y dirigida por la oligarquía española y la derecha (y el franquismo) que, en estos dos siglos, han fracasado en su idea de homogenización nacional-cultural total, al estilo de otros países europeos, y que han solido tratar de imponerse con rasgos prepotentes o autoritarios; otra progresista y federativa (o confederal), con mayor relevancia en algunos territorios y momentos históricos, como en la Iª y la IIª República y la transición democrática (¡Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía!). Aunque dentro de la derecha ha habido posiciones descentralizadoras y dentro de las izquierdas, jacobinas (como manifiestan algunos dirigentes socialistas). Aquí, cabe añadir que la tradición dominante del republicanismo, las izquierdas y el movimiento obrero en Cataluña, desde la IIª República (CNT, POUM…) y el antifranquismo (PSUC, PSC…) hasta ahora (Catalunya en Comú-Podem, CCOO…), ha sido federal o confederal con componentes soberanistas.

El pacto intermedio de la Constitución de 1978 con el llamado Estado Autonómico, ha mantenido un equilibrio inestable que ha empezado a agotarse con la mayor presencia de las tres dinámicas contrapuestas, con sus apoyos institucionales y de poder: centralizadora, federativa e independentista. Ya en el proceso de su elaboración, un ‘padre’ constituyente de centroderecha, Herrero de Miñón (UCD) hablaba de ‘nación de naciones’. ¿Cuáles son? España no es la cuarta nación compuesta por el ‘resto’ del Estado Español excluidas las llamadas nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia; Andalucía ya se ganó en aquellos tiempos y mediante referéndum su derecho a similar capacidad de autogobierno. Pero también tienen una singularidad especial zonas como Comunidad valenciana, Les Illes, Canarias, Navarra, incluso Aragón y Asturias. Por citar a todas las Comunidades, qué queda: ambas Castillas con Comunidades limítrofes (Extremadura, Región Murciana, Rioja y Cantabria) y Madrid. Desde luego, ese segundo resto tampoco es España, a veces simbolizado por el Madrid-España, hecho en gran media de aluvión migratorio del resto del Estado –como en mi caso, de origen aragonés-; en todo caso, en una España nueva bien podría aspirar a ser un distrito federal renovando los símbolos y compartiendo proyectos e instituciones estatales con otras capitales (por ejemplo, el Madrid de Manuela Carmena y la Barcelona de Ada Colau podrían colaborar en ello).

Por tanto, (dejando aparte la significativa presencia de inmigrantes, muy diferenciados entre sí por su origen –latino, magrebí, del Este europeo…- y con características culturales y problemáticas de integración específicas) nos encontramos con una gradación de identidades nacionales o comunitarias. Éstas tienen mayor o menor peso (o ninguno, en sectores cosmopolitas o a-nacionales) en distintas personas y grupos sociales, según momentos y circunstancias. Y no necesariamente son soporte de un movimiento nacional o nacionalista (tampoco españolista) como actitud político-cultural central. Además, los nacionalismos (en plural) pueden ser más o menos densos, moderados, democráticos y excluyentes o inclusivos, así como encajar en distintos diseños institucionales.

Más allá del ‘patriotismo cívico’, basado en la democracia y la ciudadanía social, también los componentes nacionales se entremezclan con otros componentes identitarios (de clase, género, generación, étnicos, culturales, etc.) para plasmarse en actitudes, intereses y comportamientos diversos e interrelacionados. La persona es un ser social, tiene vínculos sociales y, por tanto, experimenta,  interactúa y se siente partícipe con distintos grupos sociales con los que comparte dinámicas y objetivos. Y aquí el concepto de ‘experiencia en común’, frente al individuo abstracto liberal, es fundamental para reconocer esa situación relacional de pertenencia grupal y articularla a través de la convivencia, la solidaridad y el diálogo intercultural bajo una cultura universalista respetuosa de los derechos humanos.

A veces, alguna izquierda ha infravalorado esa ‘realidad’ (real) multidimensional de las clases trabajadoras y la necesidad de su interpretación, representación y conformación en una dinámica integradora de los legítimos intereses y derechos socioeconómicos, político-culturales e identitario-nacionales. Para las fuerzas progresistas de base popular, la acción por la igualdad, la libertad y la solidaridad, frente a la subordinación, la segregación y el autoritarismo, debe cubrir todos los campos sociales y culturales. Lo social (no solo de clase) debe ir unido con lo nacional (o cultural), aun con equilibrios y contrapesos diversos. Si lo primero es clave para las clases populares (trabajadoras y capas medias estancadas o en descenso), lo segundo también es básico y forma parte de su vida en común. Bajo una ética universal democrático-igualitaria hay que encajar las prioridades estratégicas e institucionales y la conformación de sujetos colectivos, con sus contextos, combinaciones y preferencias, con un horizonte emancipatorio.

Diversidad nacional y política en Cataluña

Dejamos aparte el sentido de pertenencia local y europeo (o al mundo). Comparemos esa tendencia dominante en el conjunto de España y la de Cataluña. Existen varios análisis demoscópicos con distintos resultados, coincidentes en señalar esa diversidad, aunque con una asimetría política evidente entre la media de España y, en este caso, la de Cataluña.

Por ejemplo, según la encuesta de Metroscopia, del 30-10-2017, entre sus residentes considera: sólo catalán, el 19%; más catalán que español, el 25%; tan catalán como español, el 46%; más español que catalán el 5%, y sólo español el 3%. Sumadas las personas que albergan un doble sentimiento español junto con el catalán, constituyen una mayoría del 76%, similar (algo superior) a la media de España (con el gentilicio correspondiente), y aunque una parte de ellos se haya vuelto independentista instrumental (no identitario). Dicho de otra manera, Cataluña no se puede comprender sin esa doble identificación catalana-española. Según el mismo estudio, el 29% están a favor de la independencia, el 19% a favor de seguir como ahora, y el 46% formar parte de España pero con nuevas y garantizadas competencias exclusivas.

El barómetro del tercer trimestre (31-10-2017) del CEO, CIS catalán, con un muestreo más amplio, ofrece otros porcentajes donde hay más diferencias en el plano político: a la pregunta ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente?, responde SÍ el 48,7% (el independentismo sube 7,6 puntos desde el anterior estudio de junio), y contesta NO el 43,6% (baja 5,8 puntos) (no sabe/no contesta, el 7,8%). Está por ver el impacto de los hechos de estas últimas semanas y si se consolida o no esa tendencia.

En la evolución de los últimos años, el porcentaje de independentistas (siguiendo con los sondeos del CEO) ha estado entre 42%/48% y los no independentistas entre el 45%/50%. Ello supone un práctico empate, ya que en estas encuestas el margen de error es de 2,69 puntos arriba o abajo, es decir, el rango puede variar hasta 5,4 puntos. Por tanto, son significativas las variaciones de este último trimestre, aunque hay que ver cómo evolucionan y contando que ya en los años 2014/15 el independentismo estaba igual de alto, cercano a la mitad pero sin llegar a ser mayoría.

Por otro lado, ante el impacto de la aplicación del Gobierno de Rajoy del artículo 155 de la Constitución con el cese y encarcelamiento del Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21-D, según la reciente encuesta de Metroscopia (12-11-2017), ha bajado drásticamente el porcentaje de personas que antes veían la independencia como una posibilidad real en un futuro cercano (51%) y ahora el 66% lo descartan. Habrá que volver sobre ello en otro momento.

La diferencia comparativa de los distintos resultados tiene también que ver con el tipo de opciones propuestas: si se reducen a dos, con una polarización extrema, o a tres, con una propuesta intermedia, que se corresponde más con la realidad diversa. Así, a la pregunta ¿estás de acuerdo con un Estado independiente? dicen SÍ el 40,2%; cuando se les ofrece como alternativa la otra opción de un Estado dentro de un Estado Federal la escogen el 21,9%, y la del actual estado de autonomía el 27,4% (o una región de España, el 4,6%). Lo relevante aquí es que ocho puntos y medio se definen independentistas si la única alternativa a ello se supone que es el inmovilismo o statu quo; pero, si se les ofrece la posibilidad, prefieren una opción federal (o confederal), llegando junto con una parte del otro bloque no independentista a ese destacable 22% partidario de una opción de mayor autogobierno sin independencia (y mayoritario en los resultados de Metroscopia).

Por tanto, expresadas las tres opciones, también ha crecido más de seis puntos la opción independentista este trimestre (desde el 34,7%, porcentaje más cercano al obtenido por la primera encuesta), pero aun así sigue siendo minoría entre la población. Sumadas estas dos posiciones (62,1%) los porcentajes de casi dos tercios de la población coinciden con el bloque que considera que Cataluña ha conseguido un nivel insuficiente de autonomía (64,6%), y que desde 2007 se ha mantenido entre el 60% y el 72%; mientras el bloque que cree que ha conseguido un nivel suficiente de autonomía es el 23%, similar durante los últimos diez años (5,4%, expresa demasiada autonomía). O sea, en Cataluña es ampliamente mayoritaria la crítica a los límites de la autonomía y la exigencia de mayor capacidad de autogobierno. La Constitución y el Estatut ‘cepillado’ por el Tribunal Constitucional están agotados entre su población.

Por último, hay que recordar que, según diversas encuestas, entre el 70% y el 80% de personas son partidarias de poder decidir sobre sus instituciones y su futuro, dato que se asocia a una posición soberanista y en la que participan también una parte del electorado autonomista del PSC e incluso del PP y Ciudadanos. Es decir, esa corriente catalanista y relativamente transversal, ampliamente mayoritaria, está compuesta por un sector independentista (45%) y otro no independentista (hasta el 35%), con una parte del primero y, sobre todo, del segundo, con doble sentido de pertenencia identitaria, es decir, con sentimientos catalanes y también españoles. 

Contrastan estos datos con los del CIS antes comentados para la media estatal, aunque casi la cuarta parte se muestra partidaria de superar el marco actual, sumadas las personas que desean ‘mayor autonomía que en la actualidad’ (13,4%) y el reconocimiento de la ‘posibilidad de convertirse en un Estado independiente’ (10,2%) -con un 39,2% de mantenerse igual y un 28,2% con mayor centralización-.

Como conclusión, junto a una realidad de identidad nacional exclusiva (en sectores nacionalistas periféricos y también en el nacionalismo español) lo que predomina es el doble sentido de pertenencia a España y a la correspondiente Comunidad Autónoma. Con ese diagnóstico se debe articular, sobre la base de lo común, un discurso coherente con ambas realidades, con una óptica social y democrática, un proyecto de país plural que es el objeto último de esta reflexión.

¿Independencia o Gobiernos de Progreso?

El Govern de la Generalitat, actualmente cesado y procesado (o exiliado), ha fracasado en su proyecto de implementar ya una República catalana, un Estado independiente. Es un hecho evidente, reconocido por los dirigentes del PDeCat y de ERC. La estrategia del bloque independentista ha mostrado sus debilidades frente al bloque de poder representado por el Gobierno de Rajoy. Sus líderes han comenzado una reflexión y una readecuación estratégica basada en el reconocimiento de ese desequilibrio en la relación de fuerzas sociopolíticas y fácticas y de control institucional. Esperan reeditar su mayoría en el Parlament en las elecciones del 21 de diciembre e insisten en continuar la ‘construcción’ de la independencia, en el sentido de ampliar su base de apoyo ciudadano, así como económico, institucional y europeo. Pero descartan (ambiguamente) la vía unilateral como constitución inmediata de un Estado soberano en confrontación abierta con el Estado. No es la posición de la CUP que insiste en lo acertado de la proclamación de la independencia y exige su construcción inmediata desafiando el poder estatal y las dificultades estructurales.

Por mi parte, en un artículo publicado el día 3 de octubre en el diario Público (http://blogs.publico.es/otrasmiradas/11103/1-o-el-fracaso-de-rajoy/ ), valoraba el fracaso del Gobierno de Rajoy en su actuación contra la masiva y exitosa expresión cívica del 1-O, aunque insuficiente para considerarlo un referéndum vinculante; pero también explicaba ya los límites del independentismo, señalando las ‘dificultades estructurales para imponer la independencia de Catalunya’. En esos momentos las expectativas sobre la proclamación de la independencia y su implementación práctica estaban en lo más alto.

Los nuevos acontecimientos, con una evolución frenética, están claros. El Gobierno de Rajoy, con sus apoyos parlamentarios de Partido Socialista y Ciudadanos, ha aplicado el artículo 155 con el cese del Govern, a pesar de la desaprobación popular mayoritaria en Cataluña y las grandes movilizaciones democráticas y soberanistas, y ha bloqueado el despliegue o desarrollo de la República catalana. Al mismo tiempo, se ha mostrado la impotencia fáctica de la vía unilateral desarrollada por el bloque independentista cuyos dirigentes, finalmente, han reconocido solo su carácter simbólico o declarativo con renuncia a su construcción operativa. Así, aun defendiendo simbólicamente la legitimidad del Govern y el Parlament, han aceptado la participación en las elecciones autonómicas para el 21-D, convocadas por el Presidente del Gobierno español, cuyos resultados representativos, en el marco de la nueva realidad impuesta con los equilibrios de poder manifestados, abrirán una nueva etapa.

Reafirmación democrática y percepción más realista sobre el Estado independiente

Veamos algunos datos de la percepción de la ciudadanía y su evolución. Según la encuesta de Metroscopia, publicada el 12-11-2017, en esas semanas de octubre tras el 1-O y el 3-O (huelga general democrática contra la represión policial), en torno a la primera aprobación (dejada en suspenso) de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por el Parlament el 10 de octubre y hasta su aprobación definitiva el 27 de octubre, el 51% de la población catalana consideraba factible la secesión en ‘un futuro más o menos cercano’.

No obstante, tras la aplicación por el Gobierno del PP del artículo 155, tras su aprobación por el Senado con los apoyos del Partido Socialista y Ciudadanos ese mismo día,  el 62%, casi dos tercios (aunque el diario El País transcribe el 66%) ‘de catalanes ve poco probable la independencia de Cataluña’, es decir, descartan la idea de que Cataluña pueda separarse de España y convertirse en un estado independiente en un futuro más o menos cercano. O sea, de la mitad pasa a un tercio los residentes que confían en la implementación inmediata de la República catalana, por mucho que la afirmen como objetivo a largo plazo.

Por otro lado, siguiendo con Metroscopia, en Cataluña, el 69% de personas encuestadas muestran su desaprobación con la gestión del Gobierno de Rajoy y, expresamente, el 61% son ‘contrarios a la manera en que se está aplicando el artículo 155’. Ya anteriormente, a la pregunta ¿Cree que una aplicación del artículo 155 sería beneficiosa para apaciguar la situación actual?, había contestado NO el 61% y SÍ el 13% (65% entre votantes del PP). Dato que contrasta con el 61% de la población española (incluido el 56% de los votantes socialistas) que apoya la aplicación del artículo 155. 

En relación a la posibilidad de llegar a un acuerdo que permitiera la permanencia de Cataluña en España, el escepticismo social es algo asimétrico y muy fuerte, aunque ha descendido ligeramente en ambos casos. Antes, un 56% de catalanes lo veían como algo muy difícil y después ha bajado al 49%; y otro 49% cree que aún hay esperanza, porcentaje que alcanza hasta el 60% para el resto de españoles.

No obstante, a la cuestión de “La mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España es que se celebre un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia de Cataluña en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España”, contesta De acuerdo el 82% (la casi totalidad de independentistas y de Catalunya en Comú-Podem, e incluyendo el 75% del PSC, el 57% de Ciudadanos y el 49% del PP), y En desacuerdo el 16% (el 21% del PSC, el 41% de Ciudadanos y el 43% del PP).

Por tanto, aunque la mitad de la sociedad catalana ve difícil llegar a un acuerdo es muy mayoritaria (más de cuatro quintas partes) la aspiración a poder decidir mediante un referéndum pactado y legal su relación institucional con España. En definitiva, se combina una reafirmación democrática –referéndum pactado- como procedimiento para resolver el conflicto, se mantiene un amplio bloque independentista, cercano a la mitad, pero se rebaja a un tercio la expectativa de poder implementar de forma inmediata una República catalana independiente.

La incapacidad de la estrategia independentista

Volvamos a este último aspecto. La aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia por la mayoría del Parlament que, no olvidemos, representa solo el 47,8% de la ciudadanía catalana y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno del PP, junto con la actuación del aparato judicial, han demostrado los límites de la estrategia independentista tal como habíamos avanzado. Había, y se han demostrado posteriormente, dos tipos de razones.

Uno de carácter democrático, derivado de los déficits democráticos de la consulta realizada, sin suficientes garantías al no estar pactada y sin interpelar en condiciones de igualdad y con una actitud inclusiva a la otra mitad de la sociedad catalana. Sus resultados no podían legitimar la independencia, tal como ha sido (y todavía es) el núcleo justificativo del bloque independentista. Otro tipo de motivos eran de carácter fáctico, los límites de su ‘contrapoder’ institucional (y popular) frente al poder del Estado y sus aparatos judiciales, de seguridad y económicos, así como la falta de reconocimiento internacional.

Es decir, antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por parte del Gobierno de Rajoy con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Socialista, cesando y encarcelando al Govern y procesando a parte de la mesa del Parlament, ya se podían constatar dos hechos ‘verdaderos’: primero, la ausencia de una mayoría ciudadana reforzada o un consenso social y político suficiente que legitimase claramente el paso inmediato a un Estado independiente; segundo, la ‘incapacidad’ operativa de las supuestas estructuras de la nueva República y la impotencia para convertir las instituciones autonómicas en instituciones ejecutivas independientes en confrontación con el Estado español: desde el propio Govern y el Parlament, pese a la insistencia en su soberanía total, hasta las estructuras de seguridad (Mossos d’esquadra) y administrativas (por ejemplo, de Hacienda) o la capacidad de ‘contrapoder’ organizado en la calle.

Ambos hechos han sido producto de interpretación interesada e irrealista. Primero, el embellecimiento de los propios apoyos ciudadanos (que no llegaban a la mitad), confiando en su necesaria tendencia ascendente, en particular intentando absorber, neutralizar o instrumentalizar la autonomía del tercer espacio representado por En Comú-Podem (y en menor medida del PSC), con infravaloración del distanciamiento y la brecha producida respecto de la otra mitad de la sociedad catalana.

Segundo, la sobrevaloración del poder institucional propio y su capacidad operativa independiente, que sólo necesitaría una cobertura jurídica propia para instaurar una legalidad contrapuesta a la del Estado español y ser soberano en el plano ejecutivo. De ahí el idealismo discursivo y formalista del papel (poco) operativo de la Declaración unilateral de independencia, ahora rebajada a acto simbólico.

Tercero, infravaloración del poder, la capacidad operativa y la legitimidad del contrario, el Estado Español, incluido el poder judicial, así como la determinación del Gobierno del PP apoyado por la alianza del bloque monárquico y la subordinación del Partido Socialista. No se trataba de un Gobierno fascista y desacreditado que utilizaba la violencia explícita de forma generalizada y, por tanto, fácil de desenmascarar y aislar cívicamente y en la opinión pública europea. El Estado, que utilizó la represión abierta el 1-0, no ha tenido necesidad de utilizarla para imponer el cese del Govern; solo su gran capacidad de coerción, incluida la judicial, con una aplicación desproporcionada de la ley vigente, ha disuadido la actitud de desobediencia del aparato administrativo o la rebeldía de las fuerzas de seguridad catalanas (Mossos), así como la operatividad de las hipotéticas estructuras de doble poder (Comités de defensa de la República).

Cuarto, la movilización social democrática de rechazo al 155 y defensa de las instituciones catalanas se ha expresado masiva y cívicamente, especialmente en las dos grandes manifestaciones, con participación no solo independentista sino democrática, vinculada a los comunes. Pero tampoco ha sido suficiente para impedir la intervención del poder ejecutivo en el Govern, liberar a los presos y revertir el 155. El desacuerdo mayoritario de la ciudadanía contra la intervención del autogobierno se puede convertir en una mayor deslegitimación del poder estatal, en particular del PP, y una mayor legitimidad para las fuerzas soberanistas, no solo independentistas. Pero en el cálculo electoral también interviene la credibilidad política de las alternativas propuestas y su gestión. Y en eso, he dicho que, en el caso independentista, ha faltado fuerza y coherencia y de ahí su perplejidad.

El peso del poder económico y europeo

A todo ello se han añadido dos elementos que han afianzado la realidad y la sensación de impotencia en el control de su economía y el aislamiento institucional al no conseguir reconocimiento internacional. Así, el desplazamiento de la sede social de varios miles de empresas (más de mil, su sede fiscal, con su impacto presupuestario), ha supuesto una demostración de desconfianza en el proceso independentista de la oligarquía empresarial y financiera catalana, en gran parte imbricada con el capitalismo español, vinculada a su mercado, conectada con las estructuras económicas europeas -y mundiales- e insertada en sus élites dominantes.

Además, el Govern ha demostrado su impotencia reguladora, así como las desventajas de un proceso incierto fuera de la UE, que contrastaba con una supuesta superioridad y mejora económica como país independiente sin la rémora de España, menos modernizada. Pero ese relato se ha dado de bruces con la realidad. En la lógica subyacente de la hegemonía neoliberal de sus principales responsables económicos, el Govern mantenía la creencia de la bondad de las mismas políticas económicas de austeridad y pérdida de derechos laborales y sociales, es decir, de conectar mejor con las estructuras de poder económico europeas y el poder liberal conservador al que está inscrito el dominante (hasta ahora) PDeCAT.

La gran frustración popular por la crisis social y la responsabilidad del Govern de Mas y, después, de Puigdemont había sido hábilmente trasladada hacia la cuestión nacional. Su salida no era cambiar las políticas de austeridad del Gobierno de Rajoy y el bloque de poder representado por Merkel, sino esperar que un Estado independiente construyese una Cataluña próspera, separada de la atrasada España. La ausencia de pacto fiscal y la solidaridad impuesta en la distribución interregional, completaban el discurso de las ventajas de la independencia: estar en mejores condiciones económicas y materiales, beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, incluido sus capas populares, y así constituir una alternativa de salida a la crisis con toda su secuela de desigualdad y empobrecimiento. Aquí, conviene separar dos dinámicas contrapuestas: una la económica, con orientación neoliberal; otra, la social de carácter progresivo. Pero el modelo social de la República catalana no está claro; más bien es el de continuidad con las políticas dominantes en España y la UE. Motivo añadido para la desconfianza en amplios sectores de las capas populares.

Y la alternativa social, aparte de hacer ajustes redistributivos de lo existente, es terminar con la austeridad y los presupuestos restrictivos de gasto público e incrementar el porcentaje de gasto social por habitante; es decir, aumentar el conjunto de la tarta presupuestaria (incrementando los ingresos) a repartir entre las Comunidades Autónomas que, sobre todo, va a gasto público social (sanidad, educación, dependencia…) y que está infradotada en los presupuestos (España gasta unos siete puntos de PIB menos que los países de la UE-15, los más avanzados de la UE). La salida debe ser progresista, no de competencia interregional-comunitaria.

En el plano internacional, la ilusión del apoyo europeo también ha prevalecido y se ha ido desvaneciendo. No hay ningún interés fundamental de ningún país importante para apoyar a la nueva República catalana (como fue Alemania –y la OTAN- para la independencia de Eslovenia y Kosovo o las repúblicas bálticas –para aislar a Rusia-). El Gobierno de la derecha es fiel aliado al bloque de poder europeo y la integración política, económica y geoestratégica una realidad que interesa a todos los poderes en la UE, todavía más en la incertidumbre estratégica de sus alrededores (Rusia, Oriente Medio, Norte de África…) y de las dinámicas centrípetas y xenófobas en el interior de muchos Estados. Sin una negociación o salida pactada, la unilateralidad añadía incertidumbre para los poderes europeos (y mundiales), institucionales y económicos, que se han manifestado en contra de una República catalana.

Mayorías sociales tras una nueva agenda social y plurinacional

Por tanto, el proceso independentista necesitaría más legitimidad democrática y/o más poder político-institucional (y de seguridad) y control económico, con mayores aliados (en España y en Europa), o bien un fuerte debilitamiento del poder de las derechas en el Gobierno central. En estos momentos, su debilidad comparativa es evidente: el Estado español es más fuerte, especialmente en lo segundo y con suficiente respaldo legítimo, legal e internacional, en parte derivado del apoyo de la dirección socialista.

La perspectiva independentista, tras el 21-D, y aunque vuelva a ganar la mayoría parlamentaria e incluso una ligera mayoría de votos, todavía no tendría un nivel suficiente de las dos condiciones básicas –legitimidad y poder- para desafiar con otra vía unilateral al Estado Español, al menos con la suficiente credibilidad para ganarle. Su posible reajuste estratégico pasa por controlar el Govern, ensanchar su apoyo social y conformar estructuras soberanas como acumulación de fuerzas y medio para negociar un acuerdo ventajoso de incremento del autogobierno. Pero, para ello, bajo la previsible nueva hegemonía de ERC en el campo independentista, tendría que activar una agenda social que permitiese acercar posiciones con Catalunya en Comú-Units Podem, aunque le llevase al distanciamiento con el PDeCAT, y dejar aparcada la vía de la imposición de la unilateralidad. Se abriría la única vía realista y trasformadora de verdad, progresista en lo social, democrática y pactada en el conflicto nacional, superando las brechas identitarias, y unitaria y solidaria con el cambio político en España (y Europa).

En definitiva, ante el conflicto en Cataluña y el bloqueo autoritario y regresivo del Gobierno de las derechas de Rajoy (y Rivera), se ha demostrado las dificultades de la estrategia independentista. Solo cabe una nueva estrategia, una salida de cambio más democrático y más operativo (aun con sus enormes dificultades, incluido la ambivalencia del PSOE): echar al PP por parte de las fuerzas progresistas, ganar a las derechas unas elecciones generales, con un Gobierno de Progreso en España, junto con otro Govern progresista en Catalunya, con nuevas mayorías sociales y políticas que aseguren el avance hacia una agenda social (también en el marco europeo), una fuerte democratización (empezando con la lacra de la corrupción) y un mayor acuerdo en la cuestión territorial, con una respuesta democrática, pactada y social en Cataluña y una reforma sustancial de la Constitución.

 

[Antonio Antón es Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de El populismo a debate, de la editorial Rebelión]