1. Introducción

Lo característico de un proceso de paz convencional es la bilateralidad. El fin de un conflicto violento se articula mediante un acuerdo entre las dos partes implicadas que se comprometen —con más o menos garantías y ambas— a tomar las medidas necesarias para hacer que la paz sea permanente.

El proceso de paz o de pacificación en el País Vasco estaba parado en los últimos tiempos tras la declaración de ETA de alto el fuego en 2011. Sin embargo, su desarme (abril 2017) reactivó públicamente el proceso en un escenario que se caracteriza por la unilateralidad, ya que hasta ahora todas las decisiones correspondientes al proceso de paz sólo las formula ETA. La otra parte —el Gobierno español— no ha tenido ningún compromiso de acción o compensatorio respecto a las decisiones de ETA ni dialoga de ninguna manera. Las respuestas del Gobierno en un sentido proactivo, si las hubiera, nunca aparecerían ligadas a la ejecución de un acuerdo de mutuas concesiones dentro de un status de bilateralidad. Ni siquiera hay intercambios ceremoniales gestuales y mudos (acción y respuesta esperada).

Hay que recordar que entre los cinco puntos de la Declaración de la Conferencia de Paz de Aiete (Donostia, San Sebastián) del 17.11.2011, representantes sociales y políticos nacionales e internacionales consideraron adecuado que el Gobierno español tomase una serie de medidas —presos, ciertos cambios políticos etc.— para lograr una paz duradera. El Gobierno no adquirió ningún compromiso como respuesta. Sin duda la declaración sirvió o animó o arropó (o las tres cosas) a la inmediata declaración de cese definitivo de la acción armada y unilateral de ETA (20.11.2011) pero, en cambio, no animó a compromiso alguno de contraprestación gubernamental. Hubiese resultado y es deseable pero no cabe denunciarle por ruptura de compromisos que no asumió.

Fue una decisión unilateral a cambio de nada pero que provocó el traslado de la exigencia de resolución definitiva de las consecuencias de la violencia (presos, armas, reconocimientos, etc ) a determinados sectores, redes y grupos de la sociedad civil vasca. Esta con argumentos de razón y búsqueda de una convivencia más armónica —o al menos más justa— demanda una paz sólida y democrática que incluya una respuesta a las secuelas derivadas.

A diferencia de otros países que han tenido conflictos violentos y que han gestionado campos distintos como causas, procedimientos y secuelas, por tratarse de tres cuestiones relacionadas y vividas coetáneamente, en el caso del País Vasco deberán ir por carriles distintos, gestionarse de forma separada y en orden inverso para evitar bloqueos.

En lo relativo a las secuelas, sólo uno de los actores violentos —ETA— va tomando una serie de medidas sucesivas y sin contraprestación. La última ha sido la declaración del colectivo de presos (via Euskal Preso Politikoen Kolektiboa, EPPK) tras un referéndum interno conocido el pasado 1 de julio, facilitando acogerse de manera individual y si lo desean al sistema convencional de redención de penas y al esquema de grados penitenciarios y sin otros límites que «el arrepentimiento y la delación».

La responsabilidad de la cuestión de los presos ha pasado de ETA a EPPK que «dentro de la dinámica de la Izquierda abertzale, se pone en manos del pueblo y del desarrollo del proceso independentista, uniendo la libertad de todos los presos con la libertad de Euskal Herria» termina el documento a consulta, redactado en noviembre de 2106 y ahora refrendado.

A futuro es de esperar, tras los pronunciamientos de los Parlamentos Vasco y de Navarra, que en ese plano se produzcan acercamientos de presos a cárceles vascas o próximas a los domicilios de presos y presas y una atención especial al problema de los enfermos graves. En lo relativo tanto a los procedimientos como a las causas son los procesos de confrontación política con solución democrática quienes los encauzarán.

2. Desarme unilateral

El reciente desarme también ha debido ser unilateral. ETA entrega las armas y la otra parte —Gobierno— ni da ni garantiza que vaya a dar nada. Sin embargo la forma en cómo se ha producido presenta algunos rasgos peculiares.

La verificación de la ejecución de la entrega de armas se llevó a cabo por una comisión no estatal —Comisión Internacional de Verificación constituida el 28 de setiembre de 2011— y con la intermediación de 172 «artesanos de la paz» —todos ellos de Euskal Herria Norte— que el 8 de abril vigilaron los zulos —agujero en euskera—, los lugares donde ETA guardaba las armas, para la entrega de las localizaciones y su puesta a disposición de la autoridad policial y judicial francesa. El mismo día en Baiona (Euskal Herria Norte, País Vasco Francés) y en presencia de unas 10.000 personas de todos los rincones del País Vasco se llevó a cabo un acto masivo organizado pos los «artesanos» y protagonizado por múltiples representantes de la sociedad civil vasca. Con estas escenificaciones simbólicas pero necesarias para que se produjera el desarme ETA ha tratado de suavizar esa estricta unilateralidad. La sociedad civil, con especial participación de la de Euskal Herria Norte, ha tenido que asumir un arriesgado protagonismo facilitador e intermediario ante la parálisis que aquejaba a los Estados, rehenes de sus mensajes inmovilistas y anclados en el esquema de victoria o derrota, aunque ahí es el Estado francés el que marcó la pauta condicionando la actitud del español.

También es posible considerar un proceso relacional entre distintos actores que matiza lo anterior. En este sentido no es descartable que la misma ETA, al margen de intermediaciones, considerase que había llegado el momento de cambiar su estrategia de desarme: de un esquema condicional a otro incondicional tal como se ha producido. En este proceso el papel de los Artesanos de la Paz se presenta centrado en la vehiculización y legitimación de desarme previamente tomada por ETA; también aparecen en la logística, y empujando en esa dirección, otros agentes como Foro por la Paz, ELA o Gobierno Vasco.

A esta mediación y apoyo de la sociedad civil al acto de la entrega se le pueden atribuir dos objetivos.

a) Rechazaba la pretensión del Gobierno de que la entrega de armas fuese un acto con una escenificación de derrota, mediante la cual ETA entregaba las armas al Estado y se entregaba a sí misma. Con la participación civil, se ha evitado la inaceptable opción para ETA de entregar de armas como expresión de derrota, posibilitando que se lleve a cabo con intermediación y arropamiento social, sin que el Estado le trate como derrotada (y menos aún a la corriente político social que históricamente le avaló: la izquierda abertzale).

b) Ligado al objetivo anterior, esa movilización social ha podido suponer un cierto reconocimiento del protagonismo de ETA ante algunos sectores de la sociedad vasca, sí, pero para su desarme y no para su existencia. El mensaje de ETA, a través de este proceso de entrega, era hacer ver que mantiene alguna capacidad de relación con una parte de la sociedad vasca, aunque su lectura de que «tomamos las armas por el Pueblo vasco y ahora las dejamos en sus manos» (reciente comunicado de ETA) no responde a la realidad puesto que nadie le mandató, ni las armas quedan en manos civiles. Lo cierto es que solo de forma simbólica entrega sus armas a la sociedad en la que nació y que le pide que las abandone. La presión social para su disolución próxima queda a la decisión de sus militantes mediante otra consulta interna.

En una situación de derrota lo único que puede hacer el derrotado es entregar las armas al enemigo victorioso y salir huyendo. No es el caso. Llama la atención (John Carlin El País 17.4.2017) que el Gobierno Español criticara duramente el desarme de ETA e insistiera en que no modificará su actual política de penitenciaria mientras no haya disolución de ETA. Lo razonable hubiera sido la satisfacción por la entrega de las armas por parte de una organización que le combatía. Pero la presencia de la sociedad civil en el proceso ha cuestionado el supuesto aislamiento radical y con escenario de derrota de ETA.

Tampoco resulta sostenible describir o interpretar el citado proceso de desarme desde el otro extremo, como orientado por una relativa bilateralidad. ETA fracasó en su confrontación política y armada que inició hace ya más de 50 años. No alcanzó los objetivos ni totales ni parciales, el Estado se fortalecía, las bases le dejaron de apoyar, dañaba a la legalidad y legitimidad de la corriente de izquierda abertzale y además sufría una gran pérdida de capacidad operativa. Ello implicaba la pérdida de sentido estratégico y de la convicción de que alguna vez se pudiera ganar algo con esa estrategia. La sociedad vasca en general, por boca de ELA (Gernika 1997), ya le dijo que «sobra y estorba». Y así se lo hizo saber con posterioridad la propia izquierda abertzale oficial.

Por un lado, en el proceso cívico/social de desarme llevado a cabo ha pretendido la cobertura social no de ella misma sino de su desarme. Siendo en consecuencia más ficción que realidad que lo hubiera acordado con la sociedad civil vasca, cuando esa sociedad civil simplemente ha hecho una labor de intermediación y, sobre todo, de legitimación, facilitando un gesto necesario para hacer menos traumático y más digno el acto de ir apagando la luz (Baiona) y de obtener una mejor posición en el capítulo de reparación de daños «de guerra». En última instancia ETA ha entregado sus armas a su enemigo eterno. Y este no le dado… ni agua. Solo que lo ha hecho a su manera y deseo y con protección social.

Por otra parte, la participación de sociedad civil en el proceso de desarme sí mejora la posición de los antiguos valedores políticos de ETA, la izquierda abertzale, dándole más reconocimiento para sí y sus demandas actuales. También ha revalorizado el rol de esa sociedad civil, especialmente en el País Vasco Norte.

3. Presos

Cara al futuro, este proceso de desarme ha sido un punto de inflexión: desbloquea avances y permite reorientar la solución de las consecuencias pendientes del conflicto. Era un hito de tránsito.

Con la participación de sociedad civil en este proceso, que incluye la exigencia de autodisolución, la mayoría de la sociedad vasca ha reforzado en la práctica su exigencia de solución justa a la situación de los presos de ETA. De hecho, se están produciendo movilizaciones frecuentes a favor de los presos gravemente enfermos.

Probablemente eso no vaya a hacer cambiar a muy corto plazo la política penitenciaria del Gobierno Español, de destrucción —especialmente moral pero también física— de los presos como forma de venganza. La reciente resolución de no excarcelar a pesos moribundos hasta que les queden tan solo dos meses de vida, forma parte de esa lógica de crueldad destructiva que ha indignado por su desprecio de los derechos humanos, el retorcimiento de legalidades, etc. Pero tampoco parece probable que vaya a poder mantener durante mucho tiempo esta miserable actitud frente a la creciente presión social que ya ha animado al propio Gobierno vasco a pronunciarse de forma más conminatoria en una temática que, pareciendo del pasado, ha ganado en actualidad, y que, en caso de inacción, arriesga la credibilidad del gabinete Urkullu.

4. Memoria histórica

4.1. Necesidad de memorias

Como parte del proceso político para el salto a otra época se van a necesitar unos años de recuperación de memorias, a fuego casi lento, sobre lo ocurrido en Euskal Herria en los últimas décadas. Pero como esas recuperaciones pueden estar interesadamente aquejadas de amnesias, conviene apuntar algunos criterios que dificulten actitudes oportunistas y nos acerquen más a memorias con autocrítica que a memorias como relatos de parte.

De hecho estas memorias, que se querrían sinceras y desnudas, combinando ciencia (Historia), política (fortalecimiento democrático y ajustadas a las demandas ciudadanas) y ética (de los derechos humanos) ayudarían a recomponer los destrozos que han dejado en el tejido social décadas de violencia y resetearían, sanando, a las fuerzas políticas en pugna que ejercieron, según los momentos, unas veces de víctimas y otras de victimarios. Reconocer esta alternancia entre los agentes —con todas los importantes puntualizaciones que se requieran, porque lo peor siempre fue la muerte— es sustancial.

Matar estuvo fatal, conculcar derechos humanos estuvo muy mal, negar derechos políticos estuvo mal y, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la secuencia política que cebó un conflicto que degeneró, el orden fue el contrario: la falta de salidas al conflicto político de fondo sirvió de argumento para una lucha armada que, al alimón con el Estado, degeneró en vulneraciones de derechos humanos, empezando por el de la vida o la integridad física.

La sociedad vasca hoy considera que la izquierda abertzale debe tener un papel central tanto en el impulso y ejecución de la convivencia como en el relato sustentador de la memoria. Debe decir algo del pasado y de su pasado, tiene derecho a hacerlo y, además, puede hacerlo. Tiene legitimidad y obligación, junto con otros sujetos colectivos, para participar en la construcción colectiva de la memoria. El relato compartido, o al menos los relatos tentativamente confluyentes de lo que ocurrido, debe ser base sobre la que se cimenten las prácticas reconciliadoras y unos resultados satisfactorios.

4.2 El problema del contexto

La focalización del relato en lo negativo nos plantea hasta qué punto el relato sobre vulneraciones deba ser, o no, solo una parte insertada en un relato general. Sin duda el surgimiento, el mantenimiento y el desarrollo de esas violencias ilegítimas sobre los derechos humanos y libertades básicas, tanto por parte del Estado como por parte de ETA, tiene relación con el contexto político y social de aquellos largos años. Son vulneraciones que pretendían ser respuestas políticas.

Parece por tanto conveniente la inserción del relato en la descripción de un contexto general. No se puede evaluar separadamente determinados acontecimientos. Siendo estos parte de un proceso general, la evaluación de ese proceso general penetra y tiñe esos concretos acontecimientos, que no deben ser tratados de forma aislada sino como formando parte, como las expresiones, de una estrategia general.

Pero por otro lado un exceso de contextualización puede diluir el relato especifico. Una descripción del contexto con múltiples cadenas causales puede hacer perder relevancia a los acontecimientos constitutivos de la memoria histórica o justificarlos.

Así las vulneraciones que se dieron desde final de la Guerra Civil hasta la actualidad tienen su origen en la existencia de un conflicto general político y nacional. Pero su puesta en marcha y ejecución no fueron una consecuencia inevitable, indeseada y marginal respecto a las estrategias generales y contrapuestas que definieron y marcaron los conflictos. Tienen relevancia por sí mismos y por tanto son acreedores de una valoración autónoma. La descripción de la forma y amplitud de esos conflictos generales no puede hacerse de tal manera que permita que los dramáticos o criminales acontecimientos puedan aparecer como inevitables o inexorables. En absoluto. Hay graves responsabilidades a determinar, aunque se contextualicen.

5. Un imaginario peligroso de confrontación

El cuadro mental y estratégico que generaría un escenario imposible para un encuentro social es el de «vencedores y vencidos», porque lleva implícita la continuidad de un esquema bélico, de confrontación irremisible hasta la destrucción del contendiente; lo más ajeno que se pueda imaginar a una lógica de reconciliación que es el que interesa a la sociedad. La sociedad civil entendió que hacer posible una paz que también pacifique los espíritus significa generosidad, apostar por la integración social y tener la iniciativa.

El esquema militarizado, confrontado con el inspirado en los derechos humanos o con el que encara la integración social, va a estar presente en todos los órdenes de la gestión de la etapa post-ETA. Así, en la cuestión de la ubicación de los presos o en el tratamiento de los enfermos graves, esos esquemas dan lugar a comportamientos opuestos (fieros o humanitarios).

Lo mismo en el sentido de Justicia. Una excepcionalidad normativa, judicial, policial y penitenciaria, ajena al Estado de Derecho y concebida solo para la lucha antiterrorista en un tiempo de excepción y que significó penas excepcionales, por fuerza obliga a revisar los casos en que se aplicó e incluso a revisar esas legislaciones. La vara de la justicia entonces se movió por los vericuetos de la Justicia Ejemplar, tildando de terrorismo lo que obviamente no lo era (con una secuela reciente en el caso de agresión etílica de Altsasu a dos guardias civiles) o con penas que no contemplaban la reinserción. El cambio de paradigma, ahora, ¿solo habría de traducirse en una Justicia Retributiva (quien la hace la paga con proporcionalidad formal) o debería ser una Justicia Restauradora con importancia, más que de la pena misma, de la relación entre víctimas, victimarios y sociedad, en busca de sanar el daño social?

Yendo más allá, habida cuenta de que el problema de la violencia en Euskal Herria no ha sido de delincuencias políticas personales sino de confrontación violenta de una parte social con el Estado y que victimizó también a otra parte social, ¿no habría de entrar, pasado un tiempo prudencial, también por la vía de la Justicia Transicional? Recordemos que es una justicia apropiada para asentar una transición política entre épocas distintas, que busca equilibrar exigencias jurídicas (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y reconciliación política y construcción de una paz duradera, reinterpretando el ámbito penal desde la idea de sanar el cuerpo social y contando para ello con el respeto a todas las víctimas. Los terceros grados, los cumplimientos excarcelados de condenas y los indultos individuales serían la vía. La justicia no puede ser amnésica, pero su interpretación y la acción política no deben ir contra la normalización socio-política. La sociedad quiere pasar página, con la factura de la justicia reinterpretada, pero con la generosidad de cerrar una historia.

Pero lo transicional no solo afectaría a una parte sino a todas, reflejando una Verdad y Justicia también sobre los comportamientos de los poderes de Estado e implicando su regeneración, para que nunca en el futuro unas vulneraciones justifiquen otras vulneraciones. Por ejemplo, se trataría de hacer imposibles las torturas por la instauración de protocolos garantistas.

Claro que el hecho de que la pax vasca sea unilateral y parcial va a dificultar enormemente que se instale, por la vía de la negociación, esa Justicia Transicional que se implantó en Irlanda, Sudáfrica, Centroamérica o ahora en Colombia. Va a tener que ser fruto de la presión social; convenciendo primero a las elites y después a las instituciones vascas y luego a las estatales.

De todos modos está el precedente de la «generosidad» amnésica de la Transición respecto a una derecha que ejerció una violencia extrema durante 40 años. Con todo, tiene una oportunidad para implantarse a medio plazo, habida cuenta que el cese el fuego no ha sido por una imposibilidad técnica de continuar (siempre ha habido nuevos jóvenes dispuestos a dar el paso y había armas) ni por derrota político-judicial (ETA no estaba desarticulada aunque sí muy tocada).

Ha sido más bien el resultado de un desestimiento de ETA, forzado por la sociedad vasca (el unánime «en mi nombre NO» y con riesgo de descalabrar a la izquierda abertzale acosada, además, judicialmente en la década pasada). La retirada de apoyo o comprensión a ETA por parte de la izquierda abertzale social y política canalizó ese desestimiento pero también sentenció el fracaso estratégico de la vía emprendida en 1977. Y deben explicarlo.

Pero eso no equivale a una derrota de la corriente. De hecho, el electorado de la Comunidad Autónoma de Euskadi convirtió a Bildu en 2ª fuerza en 2012 con un 25%. Para ser una derrota fue muy dulce. El cuerpo social entiende que debe existir una izquierda abertzale importante, como fuerza política e incluso como opción de gobierno para el futuro y como animador de cambios.

6. Criterios para las memorias

En primer lugar, una memoria lo más verídica e integral posible, que se fije como un recuerdo colectivo selectivo de un pasado vivido, necesita reconstruir la historia ocurrida desde la Historia, entendida como interpretación plausible y metódica de todos los hechos y situaciones, incluidas las injusticias sufridas. Pero puede haber también Historias, y todas ellas «científicas». Desde luego, hay que distinguir entre Historia y Memoria, pero existe el riesgo de que se imponga un relato dominante de Memoria que haga poca justicia a la historia y sea una mera proyección de una Historia selectiva y descontextualizada. No es un juego de palabras sino la constatación de un escenario muy subjetivizado que exige hilar fino.

En segundo lugar ha de ser un punto de partida la determinación y utilidad de los hechos. Para lograr unos hipotéticos relatos con algunos elementos comunes es necesario establecer una serie de hechos reconocidos como veraces por todos los que hacen el relato y quienes lo asumen y aceptan. Así el relato pretende que ese reconocimiento compartido sea un elemento relevante que facilite (más exactamente, que haga posible) la reconciliación. Ello hace inexcusable que el relato focalice más la atención en la descripción de hechos que han generado daños con víctimas.

El relato debe, por un lado, describir hechos y conductas que vulneraron de manera injusta, injustificada e ilegítima derechos humanos básicos —vida—, la integridad física de personas y las libertades fundamentales. Y todos los grupos habrán de reconocer la veracidad de esas vulneraciones.

Por otro lado el relato, además de describir qué es lo que ocurrió, tiene como función describir eso que ocurrió como algo negativo y describir de donde proviene esa negatividad. A aquellos que no vivieron aquellos males, se les querría concienciar de que eso que ocurrió no pueda volver a ocurrir, tanto por su intrínseca perversidad como porque todos los que participaron en esos acontecimientos como portavoces o como sujetos activos o pasivos de los mismos coinciden en reconocer esa maldad y en el rechazo a la repetición.

El reconocimiento del daño, su evitabilidad y su no-legitimidad permitirá a quienes lo reconozcan entrar en un proceso de reconciliación en condiciones de acercamiento fructífero.

En cuarto lugar parece conveniente, por coherencia, remitirse no solo al periodo democrático sino a los últimos ochenta años, es decir a guerra civil, franquismo, transición y democracia, con su hilo causal y sus notables puntos de inflexión. Tampoco cabe hacer solo una Historia de las violencias o de unas violencias, porque el foco se nos empequeñecerá hasta la obsesión (terrorismo/política antiterrorista) mientras se escapan otros campos decisivos desde la matriz de los derechos humanos y políticos tanto individuales como colectivos: interacciones políticas, sociales y económicas; análisis de poder y élites; proyectos y reivindicaciones…

Por más que tenga prioridad, nos impacte con más fuerza o nos golpee de forma más viva el dolor de los últimos años, elegir solo una época cuando todas están encadenadas o referirse solo a un tipo de violencia no ayudará mucho a entender —sin por ello justificar— el por qué de las situaciones y de las lógicas de los agentes. Distinguir entre el conflicto (político) vasco y el conflicto de la violencia es sustancial. Aunque están relacionados, no son lo mismo pero, al mismo tiempo, comprender lo ocurrido pasa por una mirada permanente en las dos direcciones e interiorizando que no hay conflicto de comunidades o de identidades culturales (sería irresponsable hurgar en ello) sino de proyectos político-sociales con referencias nacionales.

De ninguna manera se trataría de hacer un totum revolutum, sino una secuencia y decantación rigurosa puesto que, según las épocas, memoria, reparación y justicia tienen distintos grados de desarrollo. Así, se diga lo que se diga, el conocimiento —vía periodística, policial y judicial— es bastante amplio desde 1977 en relación a algunos de los actores, como ETA, la izquierda abertzale, o euskalgintza (movimiento social diverso con acciones a favor de la cultura vasca y el euskera: revistas, eskola publikoa e ikastolas, AEK, Ibilaldiak, EHE), puesto que policía y jueces se han dedicado a ello intensivamente todo ese tiempo; mientras que no sabemos casi nada de cloacas, GAL y muchas decisiones políticas opacas desde 1977 hasta hoy. En cambio, la Historia desde la guerra civil hasta las primeras elecciones democráticas ha sido exhaustiva y sin embargo silenciada como Memoria con consecuencias (fosas, responsabilidades, callejeros, exaltaciones, …), por no hablar de posibles reparaciones y ya no digamos de justicia por crímenes de lesa humanidad.

En quinto lugar, esas memorias no pueden ser al gusto o dictadas por los distintos tipos de víctimas, porque su objetividad se resentirá. Algunas de sus asociaciones no distinguen la justicia de la venganza, chantajean emocionalmente a la sociedad y son funcionales a estrategias políticas. Son un problema para las propias víctimas. Y, sin embargo, las memorias no son de y para las víctimas, aunque sean protagonistas muy relevantes de la historia y la memoria. Reducir la Historia solo a un relato sobre víctimas y victimarios de un tipo o de otro sería un flaco favor a la explicación de la historia y a la memoria a construir colectivamente.

Tampoco pueden ser relatos para las respectivas parroquias. La destinataria es la sociedad vasca (y también la sociedad a escala estatal), a la que se le debería devolver ordenada cada versión de lo acontecido y siempre con una consideración central a las víctimas.

En sexto lugar, el país lo conforman y construyen (en conflicto) todas las sensibilidades. No hay sectores o ideologías que representen las esencias colectivas, ya se vistan con los ropajes de la herencia, del sacrificio o del Estado de Derecho. Tradicionalmente la sociedad civil ha sido la que mejor ha sabido gestionar el respeto interno a los diversos sentimientos nacionales y a la cultura, a la comunidad y a la sociedad comunes, incluso en la acción política en un marco de gran conflicto. Nunca ha sido la sociedad vasca una sociedad anómica, enferma o sumida en una espiral de silencio, sino politizada e implicada, al contrario de lo que sostienen (¡casualidad!) quienes se oponen a que pueda decidir por su cuenta y por la vía solo democrática su futuro.

Habrá memorias y relatos en plural durante bastante tiempo, desde la subjetividad de las identidades nacionales y políticas, y habremos de conformarnos con tener solo algunos puntos comunes acreditados. Por ejemplo, no sería poco el de la primacía de los derechos humanos empezando por el más sagrado, el de la vida, que se cercenó especialmente por parte de ETA en los últimos años, aunque no en exclusiva. Junto al derecho a vivir se trata de rastrear también una memoria de la tortura y la conculcación de no pocos derechos políticos. Como base para una mínima puesta en común, las memorias de cada cual han de responder a todos los interrogantes en lugar de refugiarse en el «y tú más».

Está en sus manos que se trate o bien de memorias complementarias hacia una verdad más completa o bien de memorias irremisiblemente alternativas con lógicas contrapuestas e inmiscibles como verdades de consumo para cada parroquia, pero no verdades para la sociedad como un todo. Lamentablemente nos acercamos a esta segunda versión si la Ponencia de Memoria y Convivencia no lo evita.

Claro que formular una Historia que vaya más allá de una visión de derechos humanos elementales obliga a asumir un punto de vista político —no compartido por todos pero en cambio profundamente democrático—, y es que la legitimación de un Estado de Derecho pasa por el reconocimiento de los derechos nacionales de las comunidades con mayorías continuadas al respecto. Negarlos desde las mayorías de Estado es usar la ley contra la democracia.

En séptimo lugar, hay sujetos redactores. Lo deseable consiste en que todos los grupos políticos, colectivos sociales, instituciones etc. concedan su aprobación a esta memoria convencional, a este relato compartido. Y que todos ellos, a su vez y previamente, hayan relatado y redactado su parte —su protagonismo— en la reflexión conjunta.

Sin embargo, la desconfianza respecto a la crítica proveniente de los Otros tampoco puede conducir a la construcción de un relato propio conformado exclusivamente por negar lo afirmado por el Otro. Es cuestión a tener presente, para entrar con limpieza en el análisis del propio relato.

En octavo lugar cada agente tiene su particularidad. Así el «suelo ético» del que hoy se habla está lleno de aceite resbaladizo. El «suelo ético» debería ser principalmente el espejo en el que cada cual mire sus propias miserias y las verbalice, en lugar de ver, hipócritamente y por interés, solo la paja y la viga ajena. Ni ventilador ni varas de medir distintas. Facilitarían las cosas unos ignacianos ejercicios espirituales de todos y cada uno.

Sin el reconocimiento de hechos (verdad) y de responsabilidades no serán posibles ni conciliación ni reencuentros sociales. Esto no tiene nada que ver con los arrepentimientos y perdones individuales que forman parte de una esfera subjetiva, no exigible en política laica sino con responsabilidades políticas de los colectivos revisando sus políticas pretéritas y autocriticándose en algún grado por ellas.

En noveno lugar, no debe haber víctimas de primera y de segunda en función de quién fue el victimario, sino en función de la gravedad e injusticia sufrida. Si la muerte nos iguala a los humanos, el grado del daño también. Todas las víctimas merecen respeto, reconocimiento, reparación y justicia. Jerarquizar a las víctimas por el quién, o según afinidades, sólo puede entenderse por los réditos políticos que se pretenden extraer y no por un criterio de justicia. También conviene distinguir entre las auténticas víctimas (fallecidas, heridas, extorsionadas, perseguidas, torturadas..) y los familiares sufrientes de esas víctimas, ya que la utilización de estas últimas con fines partidarios ha sido escandalosa. El discurso moral virado en una sola dirección, apropiado en exclusiva y arrojado contra los otros, puede convertirse en el gusano que, llevando implícito un proyecto político, arruine la manzana de la conciliación.

Previsiones y deseos

Que la sociedad civil haya tenido que asumir una función vicaria y avalista en el desarme, frente a la lógica de la rendición total que el Estado ha pretendido, es meritorio pero no augura el mejor de los escenarios para canalizar las secuelas de estos años. Aunque seguro que fuerza respuestas obligadas de los gobiernos (el Estado francés obligado a consentir el desarme, presos graves, futuros acercamientos…). El silencio del Gobierno español tampoco facilita unas estrategias autocríticas hacia la verdad, sino más bien anuncia su persistencia en la lógica de vencedores y vencidos que pretenden Estado, PP y PSOE.

El Estado y los partidos de Estado no quieren asumir lo que está en juego y, contrariamente a la idea mediática de que es un tema amortizado, tiene todo el aspecto de que a través de casos (el desarme, los presos gravemente enfermos Uribetxebarria y Oier Gómez…) puede ser un factor movilizador de primera importancia que además cebaría la radicalización y extensión de la reivindicación nacional.

La izquierda abertzale tiene mucho que ganar si lidera la búsqueda sincera de una verdad más integral y se equivocará si condiciona su reflexión autocrítica a la de las otras fuerzas. Puede reconstruirse en ese proceso de empatía con la sociedad civil.

Tampoco hay perspectivas de que el fin de la violencia y el desarme de ETA activen salidas políticas democráticas al conflicto político que le dio origen y que permanece. Es más, cunde la convicción de que ETA era la excusa para no abordar un problema político estructural que sigue a la orden del día.

Ni siquiera en un cuadro a cinco fuerzas (PNV, Bildu, Elkarrekin-Podemos, PSE y PP) en la Comunidad Autonoma de Euskadi en el que ninguna puede bloquear y carente de mayorías sociales que piensen en una dirección resolutiva, los aparatos pueden mirar solo por su interés, calculando precios de distintas alianzas postelectorales. Ese vuelo bajo puede sacrificar oportunidades para avanzar en la paz consolidada y en un cambio de marco. En Navarra, en cambio, los pasos han sido más firmes por parte de las fuerzas (Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) que apoyan al gobierno de Uxue Barcos.

Necesitamos entender lo que pasó. No para condicionar los derechos humanos a intereses políticos sino para construir nuestras memorias colectivas y nuestra convivencia desde parámetros sólidos y con pasarelas. Es mejor hacerlo de motu proprio a que lo tenga que aventar, de repente y sacando los colores a algunas fuerzas, una Comisión de la Verdad que ya resulta necesaria y que habría de ser independiente, plural y con respaldos. 

 

[Pedro Ibarra y Ramón Zallo son catedráticos de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea]