Si la finalidad de los golpes es torcer la voluntad de un pueblo, suprimir derechos y libertades, recibir órdenes del exterior y asumir los postulados de organismos internacionales, bancos, troikas, transnacionales y del complejo industrial-militar, sin rechistar, el golpe constitucional triunfa sin disparar un solo tiro

Marcos Roitman Rosenmann

El 28 de abril, cien años después de la huelga general de 1917, Brasil ha registrado probablemente la mayor de su historia. Treinta y cinco millones de brasileños dejaron de trabajar secundando la convocatoria de los frentes Povo Sem Medo y Brasil Popular y de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) contra las reformas que, a machamartillo, ha emprendido el gobierno ilegítimo y corrupto de Temer (con ocho ministros investigados por el Supremo y con el propio Temer sirviéndose de argucias para esquivar a la justicia). Las dos más recientes son una amplia desregulación del derecho laboral (aprobada en el congreso el 26 de abril) y el estrangulamiento de las pensiones (propuesta de reforma constitucional en curso).

La reforma laboral autoriza la prevalencia de los acuerdos colectivos negociados entre trabajadores y empresa sobre las garantías establecidas por la normativa general —que se remonta justamente a 1917, durante la presidencia de Getulio Vargas—, lo que hará posible negociar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias y hasta 48 horas semanales, fraccionar los periodos de vacaciones hasta en tres veces, o vincular el salario a la productividad. Asimismo, se pone fin a la contribución sindical obligatoria, fundamental para la financiación de las actividades sindicales y del seguro de desempleo. De esta manera el gobierno Temer incorpora sin tapujos los intereses de la patronal y de las instituciones económicas internacionales [1], pasando por alto la voz de los vigorosos sindicatos brasileños.

En cuanto a la acometida contra las pensiones, la preocupación actual del gobierno brasileño, como sucede en Europa, es crear las condiciones para forzar a la población trabajadora a contratar planes privados, con el argumento de la insostenibilidad del sistema público en consideración de los cálculos sobre la evolución demográfica de la población. Como sucede en Europa, no se consideran aspectos como los empleos que dejarán vacantes los futuros pensionistas, el ejército de cuidadores que precisarán y el mercado de trabajo que esto abre, la opción de sostener las pensiones con el conjunto de rentas del país, o la posibilidad de recuperar el valor de las cotizaciones mediante un aumento de los salarios.

Estas dos reformas se unen a un paquete neoliberal más global que incluye nada menos que la constitucionalización de la congelación del gasto público en salud y educación durante los próximos veinte años (la Enmienda Constitucional conocida como PEC 55), la terciarización completa del trabajo sancionada en marzo (L. 13.424/2017) y la criminalización de la protesta introducida por la ley antiterrorista PL 2016/15, limitadora de las libertades de reunión y asociación y de la libertad de expresión.

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En pleno contexto de guerra financiera global, durante la administración Obama EE.UU. no dejó de intervenir en los países de América Latina que dieron un giro a la izquierda. Empezando por Honduras, donde el gobierno de Zelaya fue derribado en 2009 por un golpe militar apoyado desde la secretaría de estado estadounidense, y pasando por la caída de Lugo en Paraguay en 2013, la derrota de Kirschner en Argentina en 2015, y por el referéndum boliviano convocado por Evo Morales en 2016 para un cuarto mandato presidencial [2]. Brasil ha sido el último de los países americanos desposeído de un gobierno que practicó una cierta política redistributiva en favor de las clases populares, ahora en manos del vicepresidente ultraconservador que el PT hubo de aceptar para formar su último gobierno y que, tras romper la coalición sin dimitir de su cargo, impulsó el impeachment —un anómalo procedimiento para desposeer de su cargo al jefe del gobierno— contra la presidenta legítima Roussef.

Michel Choussudovsky, director del Centre for Research on Globalization de Montreal, explica en el artículo «Wall Street Behind Brazil Coup d’Etat. The Impeachment of Dilma Rousseff» [3] el papel clave de Wall Street y la Reserva Federal estadounidense, a través de Henrique de Campos Meirelles (primero al frente del Banco Central de Brasil y ahora desde el ministerio de finanzas), en ese golpe de estado institucional contra el gobierno Roussef. En opinión de Choussudovsky, el plan para Brasil consistiría en dolarizar todas las operaciones internas con deuda, análogamente a lo sucedido en la Argentina de Medem. Para entender el alcance de esto hay pensar en el efecto que sobre el pago de la deuda ha tenido la pérdida de valor de las monedas de los países emergentes como Brasil: como explicaba recientemente en estas páginas M. A. Lorente, «para devolver cada millón de dólares bastaban 2,36 millones de reales brasileños; ahora [Brasil] debe pagar 3,20 millones de reales, más de un tercio más» [4].

No es extraño, pues, que un artículo reciente de Le Monde Diplomatique definiera como «golpes de estado blandos» las estrategias de desestabilización política por medios jurídicos (utilización de jueces afines a la oposición, procedimientos constitucionales extraordinarios) y extrajurídicos (presión continua de los medios de opinión en manos de la oposición) con objeto de derrocar gobiernos disfuncionales a la agenda neoliberal sin necesidad de recurrir a la violencia [5].

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Igual que en Europa, en Brasil se ha utilizado a fondo la estrategia del miedo a la quiebra del estado por la insostenibilidad de la deuda pública. Si el desequilibrio de las cuentas públicas proviene, en el primer caso, de la decisión política de recapitalizar los bancos privados en quiebra en 2008, en el caso de Brasil se debe a los intereses leoninos que este país paga a los prestamistas internacionales por su deuda: 150 billones de euros en 2015, garantizados mediante activos del estado [6]; 1,2 trillones entre 1998 y 2015 [7]. Cuando se produjo el impeachment de Rousseff, la deuda pública llegaba al 70,1% del PIB —lejos del 229,2 % japonés, del 132,7% italiano, del 101% estadounidense, o el 90,7% de la zona euro—, pero el tipo de interés era del 14,25%, lo que significó que Brasil pagara a la aristocracia financiera, en los 13 años que corrieron del 2002 al 2005, el 10,11% del PIB, más del doble de todo el aumento del gasto social del periodo (4,7%) [8]. El problema, como vemos, no era la deuda, sino los intereses de la misma y la distinta presión que los mercados financieros ejercen sobre cada estado para satisfacerlos.

Los gobiernos socialdemócratas del PT consiguieron una disminución significativa de la pobreza en Brasil, pero sobre la base de un modelo expoliador de sus recursos naturales y muy dependiente de factores externos como la inversión internacional o el precio de los hidrocarburos. La retracción de éstos en los dos últimos años ha dado paso a un rápido contraavance de las políticas de suspensión indeterminada de derechos y garantías constitucionales, sin que sea suficiente para detenerlas el descrédito que supone su carácter antipopular. Como quedó representado en la reciente visita a Brasil de Rajoy —el único mandatario europeo que ha extendido la mano a Temer, aconsejándole perseverar en sus reformas e ignorar las protestas en la calle—, el sistema político global ha hecho suyo el argumento de la orientación de las políticas hacia la creación de empleo (barato y precario), la atracción de inversiones internacionales, la contención de la inflación (con la que se ha justificado en Brasil sus altísimos tipos de interés), o a la generación de «confianza» en la economía nacional, cumpliendo estrictamente con las condiciones de ajuste impuestas por los mercados financieros e instituciones como el FMI. Las cifras sobre la desigualdad aportadas por organismos independientes señalan, en cambio, que el efecto es el contrario y que la desigualdad no deja de crecer [9].

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Lo acontecido en Brasil en el último año, igual que lo sucedido antes en los países europeos sacudidos por la crisis de la deuda, muestra la voluntad político-privada de imponer unas medidas de austeridad con elementos destinados a persistir, fundamentalmente el ataque contra las instituciones del trabajo y el desmantelamiento de los sectores públicos que quedan en pie (sanidad pública, educación, pensiones). Si en Europa el riesgo de quiebra de los estados fuertemente endeudados ha sido esgrimido para imponer, a través del «Pacto Fiscal Europeo», reformas constitucionales que incorporan el «presupuesto equilibrado», el reciente caso brasileño pone de manifiesto que esta ofensiva tiene un carácter más global.

Hay por todas partes señales de la consolidación de un orden político regido por las necesidades cortoplacistas del poder financiero y empresarial, como la priorización del pago de intereses de la deuda pública al mantenimiento de servicios e inversiones públicos, o como la reducción de los salarios a favor del aumento de los márgenes de beneficio de las empresas, sin obligación recíproca alguna (lo que en el caso de Brasil, con una inflación acumulada del 81% en el último decenio, condena a la depauperación a masas de familias trabajadoras). La contención que esto supone de la demanda agregada y de la recaudación por impuestos directos e indirectos, además de la consiguiente generación de endeudamiento nuevo, dibuja un círculo vicioso suicida sustentado por el miedo permanente a la recesión. Por caminos diversos, se han puesto las condiciones para que los estados sean rehenes de los mercados financieros.

Estos aspectos hablan por sí solos de la fragilidad actual de la democracia constitucional, instrumentalizada para aprobar recortes sostenidos de todos los derechos ajenos a la propiedad y la acumulación. Sea muy bienvenida la huelga general.

Notas:

[1] Un estudio de The Intercept Brasil muestra que, de las enmiendas presentadas al proyecto, 292 (34,3%) provienen directamente de la Confederação Nacional do Transporte (CNT), la Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), la Confederação Nacional da Indústria (CNI) y la Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).

[2] V. FONTANA, Josep, El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914, Barcelona: Crítica, 2017, pp. 572-574; y ROITMAN ROSENMANN, Marcos, «Reinterpretando los golpes de estado», Le monde diplomatique, nº 257 (marzo), 2017, p. 3.

[3] CHOUSSUDOVSKY, Michel, «Neoliberalism and the New World Order. IMF-World Bank Reforms, The Role of Wall Street», Entrevista de Bonnie Faulkner, Global Research, 8.02.2017.

[4] LORENTE, Miguel Ángel, «La desregulación financiera de Trump y las guerras de la globalización», mientrastanto.e, nº 155, marzo 2017.

[5] ROITMAN ROSENMANN, Marcos, «Reinterpretando los golpes de estado», Le monde diplomatique, nº 257 (marzo), 2017, p. 3.

[6] ANFIP — Associacão Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil / DIEESE — Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Previdência: reformar para excluir? Contribuição técnica ao debate sobre a reforma da previdência social brasileira. Brasília, 2017, p. 20.

[7] MARTINS, Antonio, «Convite à desconstrução da PEC-241». Outras Palavras, 10.10.2016.

[8] KLIASS, Paulo, «Os juros, a dívida e o caos». Carta Maior, 1.11.2016, p. 4.

[9] V. CREDIT SUISSE RESEARCH INSTITUTE, Global wealth report 2016. OXFAM, Una economía al servicio del 1%, 2016. OIT, World employment social outlook. Trends 2016.