Parece que fue ayer cuando los ficheros provenientes del bufete panameño Mossack Fonseca nos ofrecieron una auténtica, y sin precedentes, avalancha de información sobre el circuito financiero offshore. Exactamente, fue a las 8 de la tarde del 3 de abril de 2016 cuando “los papeles de Panamá” dieron a conocer a 212.000 empresas ficticias registradas en paraísos fiscales opacos por una firma de abogados panameños entonces completamente desconocida; empresas en cuyos organigramas aparecían los nombres de políticos de alto nivel, artistas, deportistas y hasta protagonistas de redes criminales.

Y es que los 11,5 millones de documentos contenidos en los “Panama Papers” arrojaron luz sobre la cruda realidad de los circuitos de opacidad financiera mundial, y, más concretamente, sobre el dinero de la corrupción, la malversación de dinero público, la evasión y el fraude fiscal, etc. Sin duda, esa información dio un auténtico repaso a los bajos fondos de las finanzas internacionales. Y, cómo no, a los cerca de 14.000 intermediarios (bancos y empresas de consultoría de todo el mundo) que han utilizado sus servicios para crear empresas fantasmas con el objetivo de disfrazar las finanzas de sus clientes. En definitiva, pocas dudas pueden caber acerca de que se obtuvo una fabulosa fuente de información sobre estas prácticas ilegales. Con todo, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuánto hemos avanzado un año después?

Los efectos de la filtración

Tanto sea un particular, una empresa o un mafioso, el candidato a la oscuridad financiera persigue simultáneamente tres objetivos: hacer desaparecer el dinero, multiplicarlo y, por supuesto, no ser atrapado. Para llegar a conseguirlo, debe movilizar múltiples mecanismos contables, fiscales, jurídicos y financieros. ¿Tan difícil es prohibir estos mecanismos o que, peor todavía, mantengan visos de legalidad?

Cierto es que en los días que siguieron al escándalo, la agenda mundial −y especialmente la europea− fijó entre sus prioridades la lucha contra la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; temas todos ellos que ya tenía, de hecho, en su agenda. Es por ello por lo que, casi de forma inmediata, el G-20 decidió abrir las puertas a la posibilidad de sancionar a los paraísos fiscales, así como reestablecer la lista mundial de paraísos fiscales, suprimida en 2011 y que previsiblemente verá la luz en septiembre de 2017. De igual manera es relevante la prioridad que, tras la publicación de los papeles, asume en la agenda política la famosa pregunta acerca del “beneficiario real de las empresas ficticias”; encontrar las vías para llegar a él es una de las medidas necesarias para romper esas cajas oscuras que suponen las empresas offshore, incluyendo la obligación de que todos los países mantengan registros debidamente informados de estos beneficiarios. El tema, como no podría ser de otra manera, es actualmente objeto de debate político tanto a nivel europeo como en el G-20, en un intento para fortalecer el papel de las unidades nacionales de inteligencia financiera y la cooperación internacional.

Por su parte, en junio de 2016, el Parlamento Europeo decidió crear una comisión de investigación sobre las revelaciones de “papeles de Panamá”. Así, en el plazo de un año presentarán un informe sobre las posibles violaciones legislativas de la UE en materia de lavado de dinero y evasión de impuestos.

En general, pues, parece que hay voluntad para avanzar en la solución de este problema. Pero todo va a un ritmo tan lento que a veces se tiene la impresión de que, transcurrido un año de la filtración de tan valiosa información, la posibilidad real de combatir ese parásito distorsionador financiero es prácticamente nula. Un ritmo que, de seguir a esa velocidad absurda, o bien permitirá a los evasores encontrar otras vías para realitzar sus operaciones ilegales o bien dejará en el recuerdo la datos obtenidos por los papeles de Panamá.

Las personas de la lista

Si hacemos un breve repaso por las personas aparecidas en la lista, veremos que de los seis jefes de gobierno que aparecieron en las mismas, sólo uno fue obligado a renunciar a su cargo. Nos referimos al primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson. Los otros no solo no dimitieron, sino que tuvieron pocos o ningún coste electoral.

En el ámbito del deporte, muchos fueron los salpicados por el escándalo en el mundo del fútbol, pero pocos los damnificados; quizás únicamente el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, que tuvo que dimitir del Comité de Ética de la FIFA, cuando muchos y más influyentes nombres de este deporte estuvieron involucrados en este asunto.

Mención aparte tienen los fundadores del bufete Mossack Fonseca, es decir, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, quienes permanecen en prisión provisional desde el 9 de febrero de 2017 en Panamá, aunque no por el escándalo de los papeles de Panamá sino por la operación “Lava Jato” concerniente el blanqueo de capitales en el país vecino de Brasil, donde su bufete fue calificado por las autoridades brasileñas de “organización criminal dedicada al alzamiento de activos y dinero de origen dudoso”. Este bufet está actualmente clausurado después de tener incluso que hacer frente a una multa record de 440.000 dólares impuesta por las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas.

Por su parte, el gobierno de Panamá, para lavar la imagen del país tras el escándalo, apostó por un comité de expertos liderado por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Esta decisión, sin embargo, terminó siendo contraproducente, ya que el economista estadounidense y su compañero suizo Mark Pieth renunciaron meses después alegando falta de transparencia del lado oficial y poca voluntad para acometer los cambios que fueran necesarios. Aun así, entre 2015 y 2016 el número de sociedades anónimas registradas en Panamá cayó en más del 30%. Sin duda, un duro golpe para el mercado el mercado de intermediación financiera de este país.

La conclusión

Ciertamente, el trabajo periodístico desarrollado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) sacó los colores a todos los países desarrollados al poner sobre la mesa la escandalosa existencia de paraísos fiscales que actúan como enormes agujeros negros de fraude fiscal en cuya opacidad se refugian políticos, millonarios, famosos y deportistas, además de traficantes de armas y drogas. La información obtenida de los papeles de Panamá fue, en un primer momento, una sólida confirmación de lo que muchos analistas ya venían denunciando en sus estudios e informes. En efecto, con los datos de los papeles panameños desaparecía de repente la dificultad de explicar lo que estaba ocurriendo en esa economía paralela y oculta a la economía real, y de medir su amplitud y grado de ilegalidad. Bastaba con imaginar cuantos bufetes más podrían existir y cuantos países más albergaban mecanismos similares para evaluar el enorme coste financiero (y social) de la existencia de paraísos fiscales.

El problema es que, lejos de haberse tomado medidas efectivas para suprimir esas “puertas de atrás” al tráfico financiero real, la filtración ha servido para evidenciar una realidad económica a la que pocos pueden acceder (y además con total impunidad) y que se aleja totalmente de la economía real y regulada de la que el resto de la población forma parte. Se ha puesto así en evidencia que en la economía hay reglas de juego diferentes en función de la cantidad de dinero que se posea, y que la gran mayoría de los ciudadanos debemos conformarnos con ser meros espectadores críticos de su existencia.

Los papeles de Panamá desenmascaran el lado oscuro del sistema financiero global en el que bancos, abogados y profesionales de las finanzas utilizan empresas opacas para hacer operaciones monetarias ilícitas y corruptas. Y si bien el trabajo periodístico que descubrió la realidad panameña ha sido galardonado con el prestigioso Premio Pulitzer, no deja de ser preocupante y penoso que aún no se hayan eliminado estas prácticas criminales. En suma, queda mucho y muy arduo camino por recorrer, ya que debemos asumir que −si queremos llevar adelante una lucha real contra las desigualdades económicas, sociales y normativas− ha llegado el momento de erradicar de una vez por todas los paraísos fiscales y las prácticas que les respaldan.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y responsable en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]