Muhammad ud-Deen

Anwar al-Awlaki en 2008

The New York Times  informaba el domingo 16 de octubre que el Departamento de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia había elaborado un memorándum legal de cincuenta paginas que pretendidamente autorizaba al Presidente Obama a ordenar matar a un ciudadano estadounidense, Anwar al-Awlaki, sin juicio. El mes pasado los Estados Unidos habían cumplido esa orden con un bombardeo en Yemen mediante un avión teledirigido que mató a al-Awlaki y a otros ciudadanos norteamericanos que viajaban con él. El bombardeo fue noticia de primera página, y al parecer fue emprendido con la aprobación de las autoridades yemeníes, aunque, como se trató de una «operación cubierta», la administración Obama se ha negado incluso a reconocer que ordenó la matanza.

De modo que ahora sabemos que hay un memorándum secreto que autoriza el asesinato secreto de un ciudadano estadounidense, y también que el memorándum y el asesinato siguen siendo oficialmente un «secreto» pese a que en la primera página del New York Times se haya informado de él. Cualquiera que sea lo que se piense sobre los títulos de los presidentes para ordenar que se mate a ciudadanos por medio de missiles de control remoto, sin duda hay algo fundamentalmente malo en una democracia que permite a su dirigente hacerlo en «secreto», sin exigirle siquiera que defienda en público sus acciones.

Como he argüído en un escrito anterior, no es necesariamente ilegal, en tiempo de guerra, matar sin juicio a un ciudadano. El Ejército de la Unión de Lincoln lo hizo reiteradamente, como es natural, durante la Guerra Civil. Si soldados estadounidenses se hubieran enfrentado a al-Awlaki llevando un arma en un campo de batalla afgano, las leyes de la guerra les permitirían matarle allí mismo. Nadie podría sostener de manera creíble que hubieran debido aguardar a que le condenara un jurado y el Tribunal Supremo denegara revisar la condena.

Pero al-Awlaki no estaba en el campo de batalla. Estaba en Yemen. Y ni siquiera se ha pretendido que formase parte de al-Quaeda o de los talibanes, las dos entidades contra las que el Congreso autorizó al Presidente para usar la fuerza militar, en una resolución aprobada una semana después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que sigue constituyendo la base legal para la guerra contra al-Quaeda y el conflicto de Afganistán. Se ha dicho que al-Awlaki era un dirigente de al-Quaeda en la Península Arábiga (AQAP), una organización del Yemen formada mucho después de los ataques del 11 de septiembre. Nunca ha sido juzgado, y mucho menos condenado, por crimen terrorista alguno. Mantuvo correspondencia con Nidal Hasan seis meses antes de que éste disparara y matara a 13 hombres en Fort Hood en noviembre de 2009, y estuvo supuestamente implicado en planificar el frustrado bombardeo aéreo cerca de Detroit el día de Navidad de 2009. Pero no fue acusado de ese delito. El ataque tampoco fue llevado a cabo por al-Quaeda o los talibanes. ¿Bastan las «alegaciones» no oficiales de incitación o implicación en el terrorismo para autorizar la ejecución secreta de un ciudadano?

The New York Times informa que el memorándum concluye que al-Awlaki podía ser ejecutado sin juicio porque era el dirigente de AQAP, por lo que se le consideraba «co-beligerante», que luchaba efectivamente al lado de la propia al-Quaeda; porque representaba una amenaza inminente contra los Estados Unidos; y porque matarle era una opción permisible si se considerara «no viable» capturarle en Yemen. Si todas estas condiciones se cumplieran de hecho, tirar a matar a al-Awlaki bien podría haberse justificado como un incidente bélico.

Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido probada en foro alguno, y como mínimo hay serias cuestiones sobre las dos últimas. ¿Era «inminente» la amenaza planteada por al-Awlaki? Nadie ha pretendido que estuviera implicado en planear un ataque terrorista inminente a Estados Unidos cuando le alcanzó el missil teledirigido. El memorándum argüía que el criterio de la «inminencia» podía ser satisfecho por la consideración de que era el dirigente de un grupo que pretendía atacar a los Estados Unidos cuando pudiera, incluso si no estuviera implicado  en tales ataques en el momento en que se le mató. Pero esto sin duda amplía el requisito de inminencia hasta hacerlo irreconocible, virtualmente hasta el punto de abandonarlo por completo.

Y ¿por qué es «no viable» capturar vivo a al-Awlaki? Las autoridades del Yemen permitieron según se informa el ataque aéreo. Al parecer estamos operando muy estrechamente con ellas, y bien puede haber fuerzas de operaciones especiales sobre el terreno. Incluso en el caso del raid sobre el recinto de Bin Laden en Pakistán, los funcionarios de la administración consideraron la posibilidad de capturarle en vez de asesinarle. Realmente, ¿no era posible tratar de capturar a al-Awlaki? ¿Qué se hace para mostrar que semejante opción no es viable?

Responder a estas preguntas es crucial para evaluar la legalidad de la muerte de al-Awlaki y sus implicaciones para proseguir matanzas por ataque aéreo de sospechosos de terrorismo en muchas partes del mundo. Pero como la administración Obama ni reconoce haber matado a al-Awlaki ni hace pública la base legal para hacerlo, estas cuestiones quedan sin respuesta.

Como ciudadanos norteamericanos tenemos derecho a saber cuándo nuestro propio gobierno cree que puede ejecutarnos sin juicio. En una democracia el poder del estado para quitar la vida a sus propios ciudadanos ha de estar sujeta a una deliberación y un debate democráticos. La guerra, como es natural, implica necesariamente matar, pero es esencial que como mínimo las líneas que definen el poder estatal de matar a los suyos estén claramente formuladas, y sean públicas, particularmente cuando la definición del enemigo y las líneas que separan la guerra de la paz son tan oscuras como lo son en el conflicto actual. Unas explicaciones filtradas a The New York Times no son el sucedáneo del proceso legal o democrático. Mientras la administración Obama insista en el poder de matar a las personas que le eligieron para representarlas —y hacerlo en secreto, sobre la base de memorandums secretos— ¿podemos pretender realmente que vivimos en una democracia?

Traducción de J.R. Capella. Publicación autorizada por The New York Review of Books para mientras tanto. David Cole enseña derecho constitucional en la universidad de Georgetown.