La ponencia de Un País en Comú

Un grupo promotor de En Comú Podem ha decidido posar fil a l’agulla para expresar un proyecto nuevo: la ponencia se llama Un País en Comú. 

La ponencia expone el deseo de llevar adelante una nueva manera de hacer política, que sin duda es un deseo verdadero, pero en las 65 páginas de que consta el documento no se encuentra la menor indicación procedimental para que eso se produzca. La política puede ser nueva u «otra», pero de la manera nueva  no se cuenta nada.

Tampoco figuran en el documento las clases trabajadoras y la solidaridad con poblaciones del resto de España. Por consiguiente, tampoco se pone de manifiesto un verdadero internacionalismo más que como vaga evocación ¡al lado del municipalismo! Eso, en una época de refugiados y de guerras, es un olvido imperdonable.

A la larga exposición del dibujo de la sociedad deseada le faltan también las indicaciones de las dificultades, la problematicidad, los medios para materializar ese programa. No se señalan tampoco etapas, estrategias ni tácticas. No se habla siquiera de socialismo ni se especifica qué feminismo se prefiere entre los varios modelos existentes. Tampoco se habla —faltaría más— de pacifismo, ni de desobediencia civil.

Alguna de las nociones básicas del documento, señaladamente el bien común, al que se apela con frecuencia, ignoran que en una sociedad clasista no hay ni puede haber bien común. O tal vez lo ignorado sea la naturaleza clasista de la sociedad a la que se refiere la ponencia.

En relación con el futuro lingüístico programado para la sociedad catalana, la ponencia va más lejos que los proyectos secesionistas. Reitera el sofisma de la «lengua propia» de Cataluña, olvidando —no hay que cansarse de repetirlo— que son los hablantes y no las entidades las que tienen lengua, y que los hablantes catalanes tienen o dos  lenguas o una de dos.

En suma: un documento en que tampoco se aborda seriamente el problema significado por la Unión Europea revela, simplemente, que no se ha ido más allá de un intento —fallido— de poner fil a l’agulla.

¿Quién judicializa?

Los medios secesionistas o simplemente nacionalistas catalanes condenan la judicialización de la política, de la que hacen responsable a las autoridades estatales.

Sin embargo la judicialización de la política no la ha impuesto el gobierno español, sino automáticamente la vía emprendida deliberadamente por los secesionistas para conseguir su objetivo.

Los dirigentes del secesionismo, con una inteligencia política semejante a la de las autoridades catalanas de 1714, en vez de emprender un camino largo pero inobjetable para alcanzar ese objetivo suyo —camino que hubiera debido incluir convencer a los ciudadanos españoles, o sea, a sus fuerzas políticas, para realizar en alianza con ellas una reforma constitucional que federalizara el estado y abriera paso a una expresión democrática del derecho de libre determinación—, prefirieron un atajo ante la supuesta debilidad del Estado: celebrar de cualquier modo un simulacro de plebiscito, sin garantías, para tratar de obtener una mayoría política —no jurídica, ni en rigor contabilizada— vagamente legitimadora de sus deseos, y en todo caso manejable como si una mayoría así —en el suspuesto de conseguirla— equivaliera a un referéndum con garantías. Garantías, esto es, con expresas libertades e igualdad jurídica para toda la población catalana.

Y, obviamente, como tal atajo necesariamente habría de conculcar la legalidad constitucional, serían presentadas cada una de sus obvias dificultades como pasos en la judicialización de la política. El mundo al revés.

Eso recuerda el comportamiento de los militares rebeldes de 1936: en su territorio condenaban por rebelión militar precisamente a los militares que no se habían rebelado, y los pasaban por las armas.

El resultado ha sido introducir una brutal confusión en la política catalana. La idea de derecho a decidir, que tan democrática parece y a la que, si fuera inocente, nadie en su sano juicio se opondría, es en realidad un taparrabos legitimador del referéndum sin garantías. Pues ¿quién podría oponerse a una decisión popular? Aparentemente nadie; sin embargo, tal como se plantea, nadie sabe qué tipo de sociedad se decidiría así, ni con qué garantías contarían las minorías, ni tampoco se puede confiar en un futuro estado constitucional de derecho ya que los dirigentes del secesionismo catalán vulneran sistemáticamente el estado constitucional de derecho que hay ahora; ni se podría confiar tampoco en unas instituciones catalanas que ya funcionan a base de consignas —que imponen a sus funcionarios y comunican a sus aliados— más que mediante leyes, despreocupándose de la mayoría de la población.

El secesionismo ha conseguido dividir a la sociedad catalana. Y está logrando sacar del escenario la magnitud del expolio al erario público de sus sucesivos dirigentes: de la CDC de Pujol y de Mas, con la complaciente mirada para otro lado de Esquerra republicana. También aquí el mundo al revés: Espanya nos roba, aquel slogan repetido miles de veces, se ha demostrado falso; y en el mundo real quienes roban son Convergència y los de Convergència.

Esa división, por supuesto, cuenta con otro invento ideológico, el de la lengua propia de Cataluña —invento del que ya me he ocupado en el apartado anterior—. La lengua propia es tan ideológica como lo sería afirmar que la religión propia de Cataluña es la católica. Con la lengua propia se procede a expulsar de la esfera pública la lengua castellana, que es oficial pero —¡ay!— no propia, o sea, en la práctica, impropia.

Los catalanes castellanohablantes deberían haber percibido la intención de arrinconar su lengua en Cataluña a la esfera privada ya en el lejano momento en que se cambiaron los nombres de las calles: las placas que rezaban ‘calle’ o ‘avenida’ fueron sustituidas por otras que rezaban ‘carrer’ o ‘avinguda’, etc. Sustituidas, no simplemente complementadas por estas últimas. También han catalanizado —paga el contribuyente, pero ¿era necesario?— los rótulos de las placas de fundición por las que se accede desde el suelo a las conducciones subterráneas de agua y electricidad.

Voluntad culturicida no les ha faltado a los secesionistas. Que también podrían haber limitado la inmersión lingüística escolar a la enseñanza primaria o buscar fórmulas flexibles. Y establecer el bilingüismo en una televisión pública que sufragan todos los contribuyentes. Pero no: había que hacer pasar por el aro a los recalcitrantes ciudadanos de segunda y de tercera…

La pregunta fundamental, a estas alturas, es qué ocurrirá con la división de los catalanes en independentistas y no independentistas. Una división que es una realidad. Y que sin duda persistiría si por un milagro político —un milagro es curiosamente la única hipótesis plausible— hubiera una consulta sin garantías. Pues nadie, ni unos ni otros, aceptarían el resultado que les fuera contrario. Los atajos tienen eso.

Mientras tanto, puede seguir adelante la ceremonia de la confusión. La formación Podemos ha caído inocentemente en la trampa de ver con buenos ojos el ambiguo derecho a decidir en vez de optar claramente por tratar de constitucionalizar el derecho de libre determinación. Con ello el PP se debe estar frotando las manos, pues así Podemos, atraído por la vis emocional del independentismo en Cataluña, es un partido con un handicap para emprender una verdadera reforma constitucional, que al PP no le hace la menor gracia; con un handicap para ensanchar el camino de las libertades, las garantías y un estado constitucional de derecho verazmente federal.

Pero Unidos Podemos acabará constituyendo —eso esperamos, para eso estamos, en eso estamos— un bloque social histórico que cambie este país: que cambie a España y a Cataluña con ella. Éste es su destino; esa alianza ha nacido para eso.