Pasó un 2016 de aparente bloqueo y supuesto desgobierno mientras la verdadera política, la impuesta a lo largo de una década, era aplicada sin mayores problemas.

En el terreno nuclear, estos meses de supuesta inestabilidad han sido aprovechados por la industria para sentar estrategias. Inmersos en el ruido mediático de las agendas oficiales, los representantes políticos que tienen interés en el tema no se percataron de lo que pasaba, o se percataron y se lo guardaron para ellos. Así que, sin ni siquiera la mínima molestia que supone la rutina parlamentaria, la industria y sus seguidores han solventado cuestiones clave con toda tranquilidad.

Casi resulta enternecedor ver como en octubre, recuperada la normalidad parlamentaria, una parte de la clase política ha reparado, de pronto, en que casi todo estaba ya decidido, y sin dudarlo un momento se ha lanzado a hacer política con lo más sobado y absurdo de la última década: Garoña.

La cuestión se abordó con la discreción que exige el silencio nuclear: el 22 de noviembre todos los partidos del Congreso, excepto PP y PDECAT (ex CDC), remitieron una carta al nuevo ministro de Industria, Turismo y Energía pidiendo que diese instrucciones al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para suspender la tramitación del proceso de apertura de Garoña y paralizase el proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas [1].

Dejemos a un lado el escándalo del ATC de Villar de Cañas, algo que en una democracia mínimamente sana ya hubiese provocado la cancelación del proyecto y una cadena de dimisiones y destituciones, pero que en este reino del chapapote político continúa como si no pasase nada. Centrémonos en lo ridículo de que 2016 acabe como empezó, con otro capítulo del culebrón Garoña [2].

Garoña es una magnífica excusa para distraer del conflicto nuclear. Igual que en su día sirvió para escenificar una falsa victoria por su “cierre”, ahora permite aparentar un falso consenso crítico con la nuclear que beneficia a muchos. Mientras se “debate” sobre el caso Garoña, la industria y sus seguidores siguen repitiendo por todos los medios a su disposición (que no son pocos) la mentira de la energía nuclear “necesaria para garantizar el suministro eléctrico y combatir el cambio climático” [3]; el supuesto “debate” sobre Garoña permite celebrar reuniones, presentar proposiciones no de ley, pedir comparecencias, emitir notas de prensa y pronunciar discursos calculados, todas las variables de la estrategia basada exclusivamente en la representación y el posibilismo.

Ajena a la política de hechos consumados de la industria nuclear (o usando el recurso de mirar hacia otro lado), una parte de la clase política insiste también en abrir un debate sobre el alargamiento del funcionamiento de las centrales a sesenta años. Un “debate” ya solventado en los largos meses de supuesto “desgobierno”, con acuerdos que harán que 2017 sea un año decisivo para que en 2020, 2021 y 2024 los reactores nucleares enfilen con tranquilidad el camino hacia los sesenta años de funcionamiento. Vayamos a los hechos.

En los días posteriores a la carta al nuevo ministro, un artículo de El País informaba de dos asuntos: el primero, la superación del dilema “Garoña cierra” frente a “Garoña sigue” por la vía de legalización del actual statu quo: la central podría disponer de los permisos necesarios para entrar en funcionamiento durante diecisiete años más (recordemos que Enel-Endesa e Iberdrola se saltaron la legalidad exigiendo directamente una licencia hasta los sesenta años), pero continuaría parada por decisión de las mismas compañías propietarias.

Este escenario implicaría un “todos contentos” que incluye varias cosas: satisfacer al nacionalismo vasco, ya que PNV y Bildu han pasado de ignorar la energía atómica a “descubrirla” exigiendo exclusivamente el cierre de Garoña; satisfacer a Enel-Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, que verían aceptados los sesenta años en un caso concreto, satisfacer a los partidos que escenifican “posturas críticas” con la energía nuclear, ya que permite elogiar la virtud de hacer política; satisfacer al PP, que ha defendido siempre la continuidad de la central; satisfacer a los sectores pro-nucleares del otro partido del régimen (el PSOE); satisfacer a la industria nuclear y sus partidarios, y satisfacer a los defensores de las opciones posibilistas, ya que podrían emitir un comunicado explicando que las “verdaderas razones” por las que Garoña no se abre son los elevados costes económicos.

Los únicos perjudicados en tan idílico panorama somos los ciudadanos, que seguiremos tragando cada día contaminación radiactiva, viviendo con el riesgo de un accidente que evolucione a catástrofe irreversible y dejando el legado de miles de toneladas de basura radiactiva durante decenas de miles de años.

La segunda información de El País era aún más explícita: se estaban desarrollando reuniones de representantes de la industria nuclear con los partidos políticos. Explícita por lo que supone de puesta al día de los subalternos sobre lo decidido por los que mandan en los meses de “desgobierno”. Por supuesto, la noticia no daba detalles sobre los protagonistas de las reuniones ni sobre el desarrollo de las mismas [4].

Ya se sabe que la energía atómica es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Otro movimiento estratégico de la industria, actuando al margen de rituales institucionales y debates que no vienen al caso, en los últimos meses ha iniciado trámites para construir Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en las dos únicas centrales que aún no disponían de ellos, Cofrentes y Almaraz. En dichos ATI se depositarán los residuos radiactivos que se generarán, adivinen, en… sesenta años de funcionamiento [5].

Y por si quedaba alguna duda de lo que se hará en 2017, y de quién manda aquí, consideremos dos de las decisiones tomadas el 30 de noviembre en el pleno del CSN. La más importante desvincula las revisiones periódicas de seguridad de cada reactor, que realiza el CSN, de la concesión de la licencia de funcionamiento que otorga el gobierno. Brevemente, que Enel-Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa podrán pedir la renovación de licencia al gobierno cuando quieran y por el plazo de tiempo que quieran, y el CSN realizará la revisión de seguridad cuando corresponda. Los resultados de la revisión que realicen los técnicos del CSN no tendrán nada que ver con la concesión de la licencia. El funcionamiento de la central quedará exclusivamente en manos de los propietarios y nadie podrá intervenir.

Si el control de los reactores por parte del CSN ya era muy discutible porque, aparte de complicidades y encubrimientos, nunca una revisión de seguridad ha recomendado un cierre, ni siquiera temporal, de una central atómica, con la decisión del 30 de noviembre desaparece el último obstáculo formal para que la industria atómica escape a cualquier control político.

Dos consecuencias se derivan de esta decisión: 1) el CSN pasa de organismo cómplice a organismo subordinado a la industria nuclear y 2) convierte el cierre de cualquier reactor en un suculento negocio. Enel-Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa podrán pedir compensaciones económicas vía lucro cesante si un gobierno decidiese, en un ejercicio de responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, aplicar el principio de precaución y decretar el cierre de un reactor considerado peligroso, pero que tuviese una licencia de funcionamiento en vigor. Como se espera que las compañías pidan una única licencia hasta llegar a los sesenta años de funcionamiento de cada reactor (véase el caso Garoña), esta decisión del CSN “blinda” los beneficios de la industria ante actuaciones políticas que no se subordinen a sus intereses.

La otra decisión es significativa: el pleno se negó a crear una especie de comisión de debate (con los clásicos sectores sociales, analistas y expertos locales e internacionales) que estudiase las implicaciones de los sesenta años de funcionamiento de las centrales atómicas. De esta forma, el CSN declaraba explícitamente que el futuro de los reactores es competencia exclusiva de las empresas, de la industria nuclear y de sus seguidores, y que a la sociedad (ni siquiera a la parte más institucionalizada) esos asuntos ni le competen ni tiene nada que opinar [6].

Las dos decisiones del 30 de noviembre son coherentes con la actividad desarrollada por el CSN a lo largo de 2016; en abril, el presidente del CSN mostró su desprecio al Congreso negándose a comparecer ante la Comisión de Industria, Turismo y Energía, pese a la petición expresa de todos los grupos parlamentarios excepto el PP. Cuando el 19 de octubre compareció finalmente, el desarrollo de la sesión fue un ejemplo de manual de la nula capacidad que tiene dicha comisión para controlar a la persona que mejor representa, hoy por hoy, los intereses de la industria nuclear y sus seguidores [7].

Las bases para sesenta años de funcionamiento atómico se han ido sentando a lo largo de 2016; en 2017 se cosechará el fruto de ese trabajo, y los permisos de los reactores se renovarán en 2020, 2021 y 2024, si no antes, excepto que un movimiento social amplio lo remedie. Pero, pese a la crudeza de los hechos expuestos, pese a que demuestran nuevamente la distancia entre política parlamentaria y política real, aún oiremos alguna propuesta de negociación posibilista en torno a la renovación de Almaraz, procurando mirar hacia otro lado en lo que afecta a los restantes cinco reactores; o seis, contando con Garoña [8].

Notas

[1] Véase la carta en http://www.elindependiente.com/economia/2016/11/25/psoe-podemos-cs-piden-nadal-paralizar-la-reapertura-garona-almacen-nuclear/

[2] El 20 de enero de 2016, el orden del día del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó una serie de medidas para la reapertura de la central nuclear de Garoña; véase “Atómicas. El 2016 comienza con un nuevo capítulo del ‘culebrón’ Garoña”, en http://www.mientrastanto.org/boletin-143/notas/atomicas-el-2016-comienza-con-un-nuevo-capitulo-del-culebron-garona

[3] “El sector nuclear reclama que es necesario para rebajar las emisiones de CO2 y lleva su postura a la recién estrenada Conferencia sobre el Cambio Climático”, en http://www.eldiario.es/sociedad/Iberdrola-Industria-permita-alargar-Cofrentes_0_577792841.html

[4] Véase http://politica.elpais.com/politica/2016/11/24/actualidad/1480002460_854003.html

[5] http://www.hoy.es/extremadura/201611/21/municipios-entorno-almaraz-quieren-20161121001028-v.html y http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/11/09/5822d36322601db87d8b45c8.html

[6] Véase “Acta del Pleno del Consejo, n.º 1.396”, Madrid, 30 de noviembre de 2016,
https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1396+-+Acta.

En dicha acta son destacables dos datos. En primer lugar, la denuncia de la consejera Narbona de que la desvinculación entre revisiones de seguridad y permisos de funcionamiento era una reivindicación de la patronal eléctrica: “La única referencia a la disociación de las RPS con el periodo de renovación de las autorizaciones de explotación se encuentra en los ‘Comentarios Internos’, recibidos sobre una primera revisión del borrador, de la GS 1-10, actualización de la revisión 1, en concreto los realizados por UNESA en una decisión, de carácter informal, mantenida con el CSN”.

El otro dato es la acusación del consejero Dies a la consejera Narbona de que la propuesta de una comisión para debatir los sesenta años de funcionamiento nuclear presentada por esta era muy similar a la “realizada por los representantes de Greenpeace y Ecologistas en Acción” en la reunión del Comité Asesor del CSN el día anterior (29 de noviembre).

Las implicaciones de la “denuncia” del consejero Dies son muy significativas: por una parte insinúa que la consejera Narbona actúa en connivencia con las organizaciones ecologistas que “politizan” la pureza técnica del CSN; por otra, muestra el carácter de las citadas organizaciones, ya que el movimiento de resistencia a la energía nuclear desconocía la propuesta de comisión de debate sobre los sesenta años que, legítimamente, presentaron en el Comité Asesor del CSN.

[7] Véase http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-33.PDF. El presidente del CSN dedicó su intervención a explicar extensamente un informe que podía ser leído en cualquier momento por los diputados y diputadas presentes, respondió con evasivas a las preguntas concretas, realizó proclamas personales que no venían al caso para perder el tiempo y dedicó casi todo el turno de réplica a denigrar al sindicato ASTECSN, que ha denunciado la situación de connivencia entre el CSN y la industria. Las cuatro horas y media de la sesión sirvieron para demostrar la absoluta inutilidad de la comisión a efectos prácticos.

[8] Véase “¿Almaraz es una grieta?”, en http://www.mientrastanto.org/boletin-152/notas/almaraz-es-una-grieta.

Miguel Muñiz es miembro de Tanquem Les Nuclears–100% RENOVABLES y mantiene la página de divulgación energética http://sirenovablesnuclearno.org. También es miembro del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS