A través de las páginas web de organizaciones que participaron en el Foro de Porto Alegre como la norteamericana Public Citizen o la francesa ATTAC, se puede acceder a un documento en inglés, castellano, portugués y francés titulado «¡No al ALCA!». Ese manifiesto ha sido suscrito por 164 organizaciones de 15 países americanos y forma parte de la campaña ciudadana iniciada hace algunos años contra la pretensión de Estados Unidos de crear una Alianza de Libre Comercio de las Américas, que abarque todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, excluyendo, naturalmente, a Cuba.

Los motivos del rechazo ciudadano al ALCA se refieren, primero, a la forma como se están llevando a cabo las negociaciones. Su contenido es secreto y está vedado el acceso al mismo no sólo a la opinión pública, sino también a los parlamentarios de los países participantes. No obstante, existe un mecanismo, el Trade Advisory Comitee (Comité Asesor de Comercio) que hace posible que representantes de quinientas grandes empresas puedan seguir las negociaciones y hacer oír su voz. Por eso, la primera razón por la que se dice «no» al ALCA es la conducta antidemocrática y pro-oligárquica de los 34 gobiernos participantes.

Por lo que se refiere a la sustancia de las negociaciones, todo hace sospechar que el diseño del ALCA responde a la fórmula NAFTA+OMC. Es decir, que Estados Unidos pretende extender a toda América el modelo del tratado de libre comercio e imponer determinadas reglas de liberalización de los servicios que la Organización Mundial del Comercio todavía no ha podido poner en práctica en el resto del mundo.

En este sentido, dos de los objetivos que presuntamente se persiguen resultan especialmente preocupantes. En primer lugar, el establecimiento de reglas ­como las existentes en el NAFTA­, que darían a las empresas el derecho para demandar directamente a los gobiernos ante tribunales supraestatales, en caso de que sus expectativas de beneficio resultasen frustradas como consecuencia de decisiones democráticas en favor de la población (por ejemplo en materia de protección ambiental). De hecho, en el marco del NAFTA, el gobierno mexicano ya ha sido condenado a indemnizar a una empresa norteamericana por haber ordenado el cierre de un vertedero de basuras. El segundo designio amenazador es el de dar acceso a las corporaciones transnacionales a la prestación de servicios públicos esenciales financiados con fondos públicos (salud, educación, suministro de agua), con el consiguiente perjuicio para la población más necesitada.

Sin pretender en absoluto defender las políticas de la Unión Europea, creo que el ALCA no debe ser enjuiciado primordialmente desde la perspectiva de la contraposición de intereses entre «América» y «Europa», sino adoptando el criterio de la redistribución de poder a que daría lugar la implantación de la Alianza en el seno del continente americano. Y la experiencia del NAFTA en particular y del proceso de globalización económica en general aportan suficientes evidencias para pensar que los ganadores serían las grandes empresas multinacionales y los perdedores las personas individuales, tanto en su condición de ciudadanos, como de trabajadores y consumidores.