“Las mayores fortunas existentes en todos los países del planeta esconden la mayor parte de las mismas en paraísos fiscales.” Esta frase ha encabezado multitud de artículos de las principales revistas de economía del mundo, pero nunca ha tenido tanto sentido como en estos momentos.

Los papeles de Panamá, aparte de su ingente información financiera (la mayoría delictiva y opaca), demuestran que existen dos planos económicos: el del 99% de la población, cuyos ingresos están totalmente controlados, y ese 1% más rico y a la vez ambicioso que no sólo puede presumir de la riqueza acumulada, sino que puede permitirse el tenerla escondida, invisible y a salvo de cualquier contratiempo.

Si los piratas del siglo XVI escondían sus tesoros en islas desiertas donde difícilmente podían llegar sus perseguidores, los nuevos piratas del siglo XXI siguen escondiendo sus fortunas en lugares similares, islas paradisíacas de difícil pronunciación y complicada localización para el común de los mortales. Pero han cometido un error, y es que los papeles de Panamá han demostrado ser el mapa del tesoro que ha podido en primer lugar desenmascararles y, poco a poco y siguiendo las pistas, llegar al mismo cofre del tesoro.

La operativa, sencilla pero sin dejar rastro

Podríamos complicar lo inimaginable tanto la operativa de los entramados que han dado lugar a las operaciones reveladas por los papeles de Panamá como la explicación de estos circuitos. Así que es significativamente importante simplificar en qué han consistido y a quién han beneficiado.

El circuito financiero de ocultación de la riqueza en centros offshore es totalmente idéntico al timo del trilero que podemos observar cualquier mañana soleada en las Ramblas de Barcelona. Todo consiste en lo mismo, ocultar la bolita y que nadie sepa realmente dónde está. El trilero podrá darle dos, cinco o veinte vueltas a los cubiletes, pero en realidad el turista (en este caso las autoridades fiscales internacionales) jamás sabrá dónde se encuentra realmente la bolita (en nuestro caso el dinero y el patrimonio).

¿Y cómo consigue el cliente con dinero hacer desaparecer la bolita? Pues acudiendo a un bufete especializado en ocultar la identidad del verdadero propietario de los mismos.

De este modo, si el bufete hace bien su trabajo, el titular real “no aparecerá jamás”, pudiendo gestionar su dinero, comprarse su casa en el trópico o vender su barco de lujo sin aparecer en ningún momento, pero teniendo en todo momento el control de todo su patrimonio.

¿Y qué necesitará el bufete especializado para conseguirlo? Básicamente poca cosa, la existencia de territorios con poco o nulo control fiscal (los denominados “paraísos fiscales”) y tener personas que actúen como nominados en las sociedades que gestionen esa riqueza (los famosos testaferros).

Así, al final, después de todos los movimientos financieros, empresas creadas y paraísos fiscales utilizados (tantos como dinero quiera facturarse al cliente, o tantos como quieran utilizarse para asegurar el imposible seguimiento por el fisco), nos encontraremos que detrás de los mismos sólo existen empresas desconocidas, con siglas anglosajonas similares y gestionadas por personas que perfectamente pueden estar difuntas y con toda seguridad ilocalizadas, y que pueden muy bien figurar como directores de miles de estas sociedades fantasma.

El negocio es perfecto: es la posibilidad de cometer un delito sin estar en la escena del crimen, sin posibilidad de que te relacionen con él, y con la seguridad de que el botín estará a resguardo en un sitio inaccesible al resto de los curiosos.

Y esta operativa, en su día ya denunciada pero no demostrada, ha sido puesta de relieve por la información hallada en los papeles de Panamá. Documentos que no sólo muestran la operativa realizada por bancos, bufetes y otros agentes que operan en paraísos fiscales, sino que demuestran la inexistente ética de éstos, los mismos que a menudo se olvidan de su obligación jurídica de denunciar que sus clientes puedan estar involucrados en actividades delictivas.

¿A qué nos enfrentamos?

A diferencia de casos anteriores, principalmente las fugas de información de SwissLeaks o LuxLeaks, los documentos de Panamá no aluden a un solo banco o a la operativa en un único país, sino que ofrecen una vista única de un funcionamiento hasta ahora oculto de las finanzas mundiales globales. Un funcionamiento que, lamentablemente, conlleva la demostración irrefutable de que el fraude y la ilegalidad definen al capitalismo financiero sistémico actual.

A lo largo de sus más de once millones de documentos, y sólo con la información que ha ido apareciendo, hemos ido observando como políticos, deportistas, gente del cine y la televisión, empresarios, coleccionistas de obras de arte, etc. han utilizado estos mecanismos para ocultar su riqueza, principalmente del fisco.

Junto a ellos, tenemos esos territorios inventados únicamente para ser el refugio de este dinero y servir de salvaguarda a esta opacidad. Territorios que utilizan su poder soberano para hacer funcionar un circuito bancario y fiscal que opera como un auténtico muro de contención de las agencias fiscales de los países que quieren cobrar sus impuestos.

Y, como organizador de todo, un despacho de abogados, Mossack Fonseca, del cual sabemos que ha creado más de 214.000 entidades offshore, compañías ficticias para ocultar la identidad de sus propietarios en 21 paraísos fiscales diferentes. Ramón Fonseca, uno de sus socios fundadores, ha calificado la filtración como “un crimen y un delito, un ataque contra Panamá debido a que a muchos países no les gusta que seamos muy competitivos para atraer a los negocios. Hay dos formas de ver el mundo: la primera es para ser competitivos y la segunda para crear impuestos”.

Sin embargo, para mí el principal protagonista de toda esta historia es el contribuyente que en nuestro país y en estos momentos está confeccionando su declaración anual de impuestos, unos impuestos que le suponen un enorme sacrificio fiscal y que asume, sabedor de que todos debemos contribuir para tener unos servicios públicos de calidad, para crear una sociedad mejor donde las diferencias sociales sean menores, donde la solidaridad sea la base de la convivencia y donde términos como “justicia social”, “progreso” y “sostenibilidad” afiancen un futuro para todos. ¿Dónde quedan esos términos para aquellos que aparecen en los papeles de Panamá, desde los firmantes que quieren ocultar su identidad para no pagar impuestos hasta las entidades financieras, los abogados, los testaferros, los gobernantes de los diferentes paraísos fiscales, etc.?

Ha sido muy largo y costoso el camino recorrido en las conciencias fiscales de todos los contribuyentes para que todo se eche a perder cuando sucesos como los papeles de Panamá desenmascaran de forma tan evidente este tipo de actitudes y este tipo de operativas. Y los responsables políticos de estos contribuyentes deben ponerse de inmediato manos a la obra para que esto no sólo no vuelva a pasar, sino que se creen mecanismos para que tanto descaro y tanta impunidad no pasen factura, la primera de ellas la factura fiscal.

La punta del iceberg

Lo que realmente asusta es que un solo despacho de abogados de uno sólo de los países —y no el principal— de los que realiza este tipo de actividades haya puesto de manifiesto todo un sistema que haya salpicado a tantas personas (entre ellas, 140 responsables políticos de 50 países diferentes).

Estamos sin duda ante la punta de un iceberg que amenaza con hundir el Titanic de la economía mundial. La presión fiscal a la que se somete al resto de los ciudadanos cuando existen mecanismos por los cuales los que más tienen menos pagan, está alcanzando en los países de la zona euro niveles hasta ahora insospechados. Y lo peor de ello es que, a cambio de tal presión fiscal, no sólo no se están ofreciendo servicios públicos de calidad sino que, por el contrario, se amenaza continuamente con recortes y más recortes de los mismos.

Afortunadamente, esa presión se está arrastrando a la opinión pública y hoy en día no son sólo los actores políticos los que abordan los temas de economía, sino que la sociedad civil empieza a demandar tanto unos impuestos justos como una justa recaudación de los mismos.

Es la misma opinión pública la que ha hecho dimitir al primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, o renunciar a su puesto a nuestro ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Y es esa opinión pública la que deberá concienciar a nuestros dirigentes de incluir en sus programas políticos una lucha eficaz contra esa economía del fraude paralela y para muchos legal que son los paraísos fiscales, cuyo manual de funcionamiento delictivo y parafiscal hemos visto perfectamente detallado en los papeles de Panamá.

El hombre sabio aprende de su enemigo, y los papeles de Panamá nos han dado mucha información sobre cómo actúa éste.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y responsable en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha)]