En memoria de Berta Cáceres (4 de marzo de 1973-3 de marzo de 2016), asesinada por su defensa del medio ambiente frente a la insaciable codicia de las grandes empresas energéticas y el gobierno cómplice. Sólo se la podía proteger otorgándole unos premios internacionales que no sirvieron para salvar la vida a 4 activistas de su grupo asesinados antes que ella, ni a ella misma.

El 11 de marzo, con motivo de los cinco años de catástrofe continuada en Japón, aparecieron algunos comentarios críticos con la energía atómica en varios medios de información. El tópico del declive de la energía nuclear, que llevará de forma natural al apagado de los reactores reverdeció por un día. Pero una cosa son comentarios de un día (o de dos, si consideramos que en abril se recordará que Belarus y Ucrania llevan treinta años sufriendo bajo Chernóbil), y otra muy distinta la dura realidad de los 363 días restantes.

Esa dura realidad ofrece evidencias palpables de la triple complicidad entre la industria atómica y sus seguidores, los gobiernos de turno, y el llamado organismo regulador (el Consejo de Seguridad Nuclear, o CSN) para que las centrales puedan alargar su funcionamiento a sesenta años. Las consecuencias ambientales y sociales de ese funcionamiento no son algo que preocupe especialmente a las tres partes mencionadas.

La dura realidad es que entre el próximo año 2020 y el 2021, seis de los siete reactores atómicos que operan en España (Almaraz 1, Almaraz 2, Vandellós 2, Cofrents, Ascó 1 y Ascó 2) deberán obtener la autorización del gobierno por diez años más, lo que significará, si la consiguen, que funcionarán entre 42 y 49 años, según casos.

Y eso si no se establece un nuevo calendario de revisión a partir de la petición de Endesa e Iberdrola de que el permiso para Garoña sea de 17 años, lo que es más que probable. Si ese precedente de 17 años (¿o por qué no 20?) para Garoña se generaliza nos encontraremos con unas autorizaciones que podrían llegar hasta el 2037 o el 2038. Y conviene no olvidar que Iberdrola y Endesa son propietarias, al 100% o mayoritarias, de los siete reactores atómicos en funcionamiento.

En la dura realidad cotidiana, tenemos también que cuatro partidos políticos han mencionado en sus promesas electorales, en términos bastante vagos, la necesidad de limitar el funcionamiento atómico (Podemos, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos). Y que sabemos que una cosa es lo que los partidos dicen antes de llegar al gobierno, otra la que dicen cuando acaban de llegar al gobierno, y una tercera cosa, muy diferente, lo que hacen cuando están gobernando. Podemos remitirnos como ejemplo a Garoña, a lo que dijo el presidente Zapatero, a la promesa de cerrarla en 2009, y a lo que pasó en su gobierno.

La misma dura realidad que demuestra que la industria nuclear y sus partidarios abandonarán la política de pasar desapercibidos, y gozar del silencio informativo sobre sus actividades, y organizarán una campaña mediática (y de movilizaciones) para defender sus intereses en cuanto se intente pasar del simple discurso crítico contra las nucleares a las actuaciones legislativas. Lo hicieron entre 2006 y 2009 por Garoña, y lo harán cada vez que se sientan amenazados.

Pues creer que basta un acuerdo de gobierno, de uno o de varios partidos, para no renovar el permiso de funcionamiento de seis de los siete reactores atómicos que tenemos en España entre 2020 y 2021, es algo peor que tener fe, es una irresponsabilidad. Y a diferencia de la fe, que es algo personal, la irresponsabilidad tiene consecuencias sociales y ecológicas.

Limitarse a enunciar un discurso que pida el cierre de las centrales atómicas es limitarse a marcar perfil político; puede servir para obtener algunos votos o algunas afiliaciones, pero a efectos de avanzar realmente hacia un calendario de cierre su eficacia es menos que nula. Es necesario un movimiento social que reivindique el cierre urgente y ordenado de todos los reactores que funcionan en España para que los que mandan se lo tomen en serio.

Y para que se dé un movimiento social se necesitan 4 cosas: una base ciudadana de apoyo, unas organizaciones cívicas dispuestas a dinamizarlo, unos partidos políticos dispuestos a implicarse, y un recurso legal que permita concretar la reivindicación, difundirla, y hacerla llegar a los destinatarios. Analicemos cada uno de estos cuatro factores.

• La base social de apoyo existe. Desde que en 2011 se hizo la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la energía atómica (que mostró un 60% de rechazo) no se ha vuelto a realizar otra, lo que ya de por si es significativo. Tan sólo se han publicado encuestas poco fiables de organismos como el Foro Atómico Español; encuestas realizadas por consultoras privadas, que no hacían públicos los datos de base y formulaban preguntas a gusto del cliente.

• En una época marcada por la catástrofe de Fukushima, la consigna impuesta por la industria es de silencio nuclear. Y es también la prueba de que el rechazo a la energía atómica tiene un arraigo social transversal. La consigna de silencio cambiaría si se detectase una opinión pública favorable, como pasó entre 2001 y 2011 con el llamado renacimiento nuclear.

• Existen organizaciones cívicas contrarias a la energía atómica con recursos y estructura para dinamizar ese movimiento social. Las organizaciones ecologistas más consolidadas son de ámbito estatal, y pueden actuar como punto de encuentro y coordinación de muchas personas que apoyarían dicho movimiento con su trabajo voluntario. Esas organizaciones tienen además una responsabilidad: que el rechazo pasivo a la energía atómica detectado en parte importante de la sociedad se traduzca en movilización activa. Impedir que una barbaridad ecológica y social como son los 60 años de funcionamiento atómico se lleve a la práctica es un imperativo ético.

• Y existen cuatro partidos políticos que se han manifestado críticos con la energía atómica y están respaldados por millones de votantes. Un movimiento social que reivindique un calendario de cierre ordenado y urgente ayudaría, y mucho, a que la vaguedad actual del discurso político sobre la energía atómica se plasmase en una propuesta concreta, generando, además, un sano debate político.

Pero no basta con impulsar cualquier tipo de movimiento social. El destinatario de dicho movimiento debe ser el poder legislativo; se debe apoyar en un mensaje nítido, en las ventajas ambientales y sociales que llevaría aparejado el cierre nuclear; se debe formular una demanda concreta que denuncie la verdadera faceta política de la aparente rutina técnica de renovación de los permisos de funcionamiento, que es la amenaza más inmediata que enfrentamos y, sobre todo, debe buscar diálogo, implicación y complicidades entre representantes políticos, ONG, movimientos sociales y todos los sectores que apoyen el calendario ordenado y urgente de cierre de las centrales atómicas.

El ámbito legal de decisión en el caso de las centrales atómicas es el Estado. Por ello, el recurso más eficaz y directo para incidir es desplegar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que, forzosamente, ha de ser de ámbito estatal que es donde están las competencias.

Ya entre 1990 y 1991 se realizó una ILP estatal sobre energía nuclear. Fracasó en conseguir las 500.000 firmas necesarias (por un escaso margen de unas 40.000) porque el estallido de la primera guerra de Irak (el 16 de enero de 1991) llevó a muchas de las personas que apoyaban la campaña de la ILP a abandonarla para atender la urgencia que implicaba detener la guerra para salvar las vidas de los civiles afectados. La situación actual es totalmente distinta.

Se puede argumentar que una ILP no ofrece garantías de cumplimiento, que el texto presentado (si se consiguen las firmas) puede ser modificado a criterio de los partidos políticos con representación parlamentaria. Y es verdad. Lo demuestran los casos de las ILP presentadas en Cataluña sobre residuos y organismos modificados genéticamente, que tenían un respaldo social muy superior al número de firmas necesario para tramitarlas y que fueron completamente alteradas en el trámite parlamentario.

Pero el valor de una ILP no radica sólo en su eficacia legislativa, sino en su potencial de movilización social.

Porque, entre otras cosas, una ILP supone un considerable respaldo ciudadano a la actividad de unas ONG ecologistas y unos partidos que en la cuestión atómica se verán obligados a dialogar con un poder muy superior: las empresas eléctricas, respaldadas por los correspondientes bancos, una parte importante de los medios informativos, parte de las fuerzas políticas, y la larga nómina de personas a sueldo de la industria nuclear. Por todo esto, al margen de las dificultades y limitaciones que una ILP conlleva, su realización otorga un plus social de legitimidad a la hora de tratar con los que mandan. Una ILP es la forma más eficaz de romper el pacto de silencio atómico de los 363 días de cada año.

En 2020, dentro de escasamente tres años, afrontaremos una decisión política que supondrá un mínimo de 10 años más de contaminación radiactiva, impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, y amenaza continuada de un accidente irreversible. Todo eso justifica sobradamente abandonar las pautas de respuesta habituales.

Y es que el tiempo corre ya en nuestra contra.

Notas

Las/los lectores/lectoras que necesiten justificación de las afirmaciones de este artículo con datos y cifras pueden obtenerlos en los análisis desarrollados en http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcatalunya/nucleararticles.html.

Sobre las limitaciones de la ILP es interesante el artículo: http://www.publico.es/espana/ilp-pasado-filtro-mas-30.html.

[Miguel Muñiz es miembro Tanquem les Nuclears-100% EER, y mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/]