Las elecciones y el poder político tienen una importancia notable en el funcionamiento económico. Aunque la globalización y el neoliberalismo hayan erosionado a niveles alarmantes la capacidad de acción de los estados nacionales, el papel del Gobierno sigue siendo relevante. Tanto para producir cambios en el país como para actuar en la esfera internacional y tratar de alterar las reglas del juego impuestos en los últimos treinta años. Aunque pienso que el marco real de posibilidades de cambio es más pequeño del que a menudo creen los sectores sociales más activos (y en este sentido la experiencia de Syriza debe ser tomada en consideración) no es en absoluto desdeñable. Más bien de lo que se trata es de ver qué capacidad de cambio puede generarse a corto, medio y largo plazo. No pretendo con esta nota ni ofrecer una estrategia ni enmendar la plana a nadie. Los programas de las distintas izquierdas (Podemos, Izquierda Unida y la constelación de coaliciones que se han conseguido cristalizar en diversas comunidades autónomas) recogen en gran medida ideas y propuestas adecuadas. Lo que simplemente pretendo es discutir que ideas de fondo me parecen útiles para destacar en los debates, sobre todo porque creo que las propuestas concretas a menudo no tienen incidencia y en cambio los discursos poderosos acaban teniendo efectos a medio y largo plazo. Con este ánimo ahí van algunas ideas.

La economía española era insostenible antes de la crisis y todo lo realizado en estos años no ha servido más que para empeorar las cosas

Cuando hablo de sostenibilidad me refiero a la capacidad de una economía de garantizar las condiciones de vida de la gente de forma duradera. Esto implica tres criterios de sostenibilidad: la económica-convencional (una economía que produce menos de lo que consume acaba con graves problemas de endeudamiento que pueden bloquearla), la social (una economía que no garantiza a toda la población medios de vida adecuados no es aceptable) y la ecológica. Para todo el mundo es evidente que la economía española no cubre las dos últimas condiciones y que las políticas desarrolladas en los años de crisis no han servido para enderezar ninguno de los graves problemas ambientales del país y sí ha agravado considerablemente los desequilibrios sociales. Simplemente voy a subrayar la tercera pata porque ello ataca precisamente el punto, aparentemente fuerte, en el que sigue sustentándola la derecha. Desde el punto de vista convencional la economía española antes de la crisis presentaba una situación saneada por lo que respecta a las finanzas públicas y una situación muy complicada en la esfera exterior. Un déficit exterior provocado por el desequilibrio entre lo que el país produce y lo que el país consume (tanto en consumo final como en suministros a los sectores productivos) y que se reflejaba en el creciente endeudamiento exterior, fundamentalmente privado. Un desequilibrio provocado en gran medida por la desindustrialización, la dependencia energética (y de otras materias primas) y el modelo empresarial local.

Con la crisis, aparentemente los desequilibrios han cambiado. Ha mejorado la situación exterior y se ha deteriorado la situación de las finanzas públicas. Lo primero es un mero espejismo; la mejora del sector exterior se ha producido por la caída del consumo y la actividad económica que ha recortado drásticamente las importaciones. Pero ha bastado un primer y modesto retorno del crecimiento económico para que el sector exterior presente ya una situación de déficit. Algo que además tiene lugar en una coyuntura más favorable que nunca: con una fuerte caída del precio del petróleo y otras materias primas por un lado (lo que abarata la factura exterior) y con un aumento de las exportaciones en parte beneficiarias de la devaluación real del euro. Lo que refleja este problema es bastante claro: en todos los años de crisis no se han llevado a cabo políticas y acciones que hayan cambiado fundamentalmente la estructura productiva local ni los hábitos básicos de consumo, y por tanto el país se sigue enfrentando a una tensión exterior que genera problemas recurrentes.

Lo segundo es aún más claro. Sabemos que los problemas financieros del estado crecieron por la caída de la recaudación fiscal asociada a la crisis general y se agravaron con el elevado coste del salvamento del sector financiero. Y sabemos que se utilizaron estas dificultades para imponer políticas de recortes del gasto público que lejos de atajar los problemas los han agravado. Parte de la “recuperación” del último año ha sido provocada porque el último año el gasto público ha sido moderadamente expansivo (y porque la Unión Europea ha permitido dilatar el plazo de los ajustes). Pero el peso de la deuda pública es mucho mayor que antes de los recortes y la UE ya anuncia que tras las elecciones volverá a la carga.

El balance es por tanto que por un lado las políticas de ajuste que han tenido un elevado coste social sólo han servido para agravar los problemas de financiación pública y que la ausencia de políticas industriales ha dejado intacta la inadecuada estructura del país. Hace falta más sector público y no menos, y hacen falta buenas políticas para que se reorienten producción y consumo. Una reorientación que permite conectar con las otras dos grandes dimensiones de la sostenibilidad, la social y la ecológica.

El nivel de desigualdad es intolerable

Todos los indicadores de desigualdades muestran un gravísimo deterioro de la cuestión. Un deterioro provocado por la combinación de tres factores: paro masivo, deterioro de las condiciones laborales (con el consiguiente aumento de los trabajadores pobres) y políticas sociales insuficientes e inadecuadas. Todo esto es de sobras conocido, pero da la sensación que el tema de la igualdad se trata con demasiada timidez. Porque hablar en serio de la desigualdad exige tanto denunciar las situaciones de pobreza que se producen en los extremos inferiores de la distribución, como el de los privilegios y rentas injustificables de la parte superior.

Tratar a fondo el tema permite ligar varias de las cuestiones que deberían ser cruciales tales como: el sistema fiscal, las escalas salariales (sinceramente la forma como la izquierda ha planteado el debate de la limitación de los sueldos de los políticos es en parte demagógica y en parte insuficiente), la negociación colectiva y los derechos sindicales, las rentas del capital, las estructuras generadoras de rentas parasitarias…

Como no se trata de discutirlo todo (y hay que reconocer que muchas de estas cosas están en los programas de las fuerzas alternativas), me parece necesario incidir sólo en una cuestión. La relación que existe entre la desigualdad y el modelo productivo. Por un lado, la distribución de la renta influye directamente en la estructura de la demanda (puesto que esta genera un sistema de voto censitario, “cuanto más tienes más influyes en el mercado”) e indirectamente: las desigualdades refuerzan los procesos de consumo posicional (el que se hace más por marcar posición social y que genera importantes efectos de imitación). Y estos tienen una incidencia directa tanto en la estructura del comercio exterior (importamos bienes de lujo) como en el comportamiento ambiental.

Por otra parte el deterioro del mercado laboral aumenta las posibilidades de rentabilidad basadas en un modelo de especialización de baja calidad productiva. Y la calidad de la vida laboral incide al final en nuestro bienestar (lo ilustran claramente muchas de las entrevistas a trabajadoras de hotel incluidas en el libro de Ernest Cañada que recomiendo en la sección de libros, y lo hemos podido constatar en estudios en otros muchos sectores como la construcción, la limpieza o la producción industrial).

En suma la desigualdad no sólo es mala en sí misma, es también importante para desarrollar una economía más eficiente en términos productivos y para la transición a una economía ecológicamente sensata. Por ello hay que articular las políticas de igualdad en el conjunto de estrategias de reconversión económica.

Y no podemos limitar las políticas de igualdad a la cuestión de género, por otro lado totalmente relevantes. No sólo porque siendo crucial las desigualdades entre hombres y mujeres no agotan todo el campo de las enormes desigualdades, sino también porque estas últimas (las de clase, las étnicas) no hacen sino reforzar las desigualdades de género.

Necesitamos más, no menos sector público

Esta es otra de las cuestiones que si bien aparecen claramente en muchas de las propuestas electorales se plantean con la boca pequeña en muchos casos. No sólo la derecha ha tenido un especial papel en atacar al Estado. También en amplios sectores de la izquierda el papel del sector público está en entredicho. En gran parte se trata de una crítica que parte de consideraciones diferentes de las del Estado mínimo liberal. Tiene relación con el fracaso del autoritarismo, con la crítica a la cooptación del Estado por las oligarquías dominantes, con el burocratismo y con el descarado enfoque procapitalista de muchas de las políticas públicas que realmente se ejecutan. Y tiene también que ver con la atracción por lo local que surge como rechazo a la globalización capitalista. Y se traduce en plantear la economía cooperativa y social como alternativa preferente frente a la economía capitalista.

Hay sin duda buenas intuiciones en las demandas de democratización real, de autogestión, de sensibilidad social y ambiental que están en el fondo de las demandas de una economía de lo común. Pero hay también una cierta ausencia de reflexión sobre las diferentes escalas en las que hay que articular la economía, sobre la existencia de procesos económicos que requieren una organización macro que requieren de algún tipo de organización centralizada. En el corto plazo incluso el fomento de las experiencias alternativas requiere de la existencia de infraestructuras, de políticas, de sistemas de financiación que pueden ser propiciados por buenas políticas públicas. Algo que es evidente cuando pensamos en qué políticas sociales necesitamos en campos como la educación, la sanidad, los servicios de cuidados o que es insustituible a la hora de propiciar un cambio en el modelo energético o de transporte.

Y plantear un buen sector público requiere claramente un aumento de sus recursos, básicamente un aumento de ingresos que permita financiarlo adecuadamente. Una reforma fiscal socialmente justa y adecuada en volumen debe ser una batalla central frente a las enésimas promesas de la derecha de rebajar impuestos. Promesas que son claramente desnortadas y que pueden ser enfrentadas con varias evidencias. La primera y más clara es que abocan a nuevos recortes del gasto público que, como ya ocurrió en el periodo 2012-13 lo que generan es no sólo un debilitamiento de los derechos sociales, sino también una recesión. La segunda es la evidencia del doble lenguaje de la derecha, el que por un lado plantea el necesario debilitamiento del presupuesto público y al mismo tiempo reclama ingentes recursos públicos cuando se trata de salvar a grandes empresas. Si algo ha mostrado la crisis ha sido la enorme eficacia del sector público cuando compromete gasto en un objetivo específico como el de salvar bancos.

Es una buena ocasión para reivindicar más y más justos impuestos, políticas públicas bien diseñadas democráticamente y también cuestionar los enormes despilfarros y costes sociales generados por las políticas de externalización al sector privado de actividades públicas.

El contrato único es un intento de esconder la porquería debajo de la alfombra

Aunque es un tema más puntual, este va a ser uno de los temas estrella. No sólo por el presumible ascenso de Ciudadanos, sino también porque un país con tanto paro como el nuestro está expuesto, en el actual contexto de hegemonía neoliberal, a una reforma laboral tras otra. Y esta volverá a ser la medida estrella del próximo debate.

El argumento simplón es que todos los problemas de la elevada precariedad del empleo en España se deben al elevado coste del despido de empleados fijos que provoca que las empresas contraten eventuales para eludir estos costes. La solución es simple: si el coste del despido es moderado, las empresas contratarán en las mismas condiciones a todo el mundo. Una variante del cuento de la lechera. Por un lado si el despido es barato y fácil estamos ante una solución menos que trivial, todo el mundo está en condiciones de eventualidad. Todo el mundo vive en un clima de inseguridad laboral y está expuesto a todo tipo de presiones en cuestiones de condiciones de trabajo, actividad sindical, flexibilidad involuntaria, etc. De otra, el recurso a los eventuales por parte de las empresas no obedece sólo a los costes de despido, tiene también que ver con el uso cada vez más selectivo de la fuerza de trabajo en aras a mejorar la rentabilidad: gente que es sólo contratada por horas punta, o para ajustes estacionales de la producción. Gente que si tiene un contrato único de bajo coste de despido continuará siendo contratada o despedida en el corto plazo (a menos que se implante el contrato fijo de cero horas, aún no incluido en nuestra legislación laboral, que permite a las empresas dar empleo cuando hay a faena sin ningún compromiso de mínimos). Lo que va a cambiar es que en las estadísticas de empleo será imposible diferenciar a la gente por su tipo de contrato. O sea que de lo que se trata es de eliminar una de las pistas que tenemos de la mala calidad de las condiciones de trabajo en nuestro país.

Los problemas de empleo son acuciantes, pero no se pueden dilucidar con políticas laborales (éstas como mucho pueden cooperar). De una parte, los problemas de empleo del país tienen que ver con lo comentado en los puntos anteriores: una estructura productiva inadecuada, provocada tanto por factores internos –el tipo de capitalismo hegemónico en el país– como externos –el papel de las empresas multinacionales–, y el diseño de la política europea, y un inadecuado desarrollo del sector público. Problemas que están también en la base de la lacra de la corrupción. Por otra parte, el empleo está relacionado con la distribución de la renta y el poder, algo no sólo local sino universal. Si el problema del desempleo fuera causado, como piensa mucha gente, por el cambio tecnológico ahorrador de trabajo, lo que debería plantearse es un modelo social que garantizara el disfrute universal de estas ganancias de productividad, o sea de una reducción de jornada y unos mecanismos de distribución de la renta adecuados. Puede sonar muy utópico, pero es un discurso que hay que oponer al de la inevitabilidad del paro por razones de cambio técnico.

Superar el efecto Syriza

Los triunfos de la derecha están construidos también a partir de explotar nuestros fracasos. El hundimiento de la experiencia soviética se ha utilizado tanto para alegar la imposible existencia de alternativas al capitalismo como para evitar que se realice una evaluación equilibrada de lo que fue realmente. Los problemas de la Francia de Mitterrand constituyeron un lugar común para sepultar cualquier intento de política antineoliberal. Se trata de estrategias que han provocado una enorme timidez en las respuestas alternativas o las han emparedado en una defensa insostenible de tipo numantino. Con Syriza estamos ante el mismo riesgo, la lección repetida es que ha quedado claro que no hay alternativa democrática que valga a los poderes de la troika.

Como ya lo comenté no me voy a extender. Para mí el error de Syriza fue doble: pecó de ingenuidad y lanzó un órdago para el que no tenía fuerzas (la debilidad de la economía griega es excesiva y la población local no estaba por la labor de experimentar los sacrificios que conlleva la salida del euro). Algo de ello debe aprenderse, pues carecer de fuerzas para una ruptura radical obliga a practicar una política más posibilista. Aunque la situación de la economía española, por tamaño y estructura, permite más grados de libertad que la griega y posibilita órdagos más consistentes. A mi entender los próximos pulsos pasan por tres campos donde habrá que tener, cuando menos, una confrontación: el de propugnar un ajuste fiscal al alza (más impuestos en lugar de recortes, más sector público en lugar de menos), el de oponerse a la enésima reforma laboral, y el de practicar una política industrial (que puede incluso incluir una variada política en la fiscalidad indirecta) orientada a cambiar la estructura productiva. Y ello además combinado con una paciente e inteligente política internacional orientada a tejer los procesos y las alianzas que ayuden a dinamitar el actual diseño de la política europea y transformarlo en un marco institucional útil para el desarrollo humano.

Las próximas elecciones se plantean en un ambiente mucho menos eufórico que el que atisbamos tras las municipales. Los errores propios (en la construcción de las candidaturas de izquierdas) y las coyunturas (la cuestión catalana, la derrota del proyecto de Syriza) le han dado a la derecha bastante aliento. Por esto me parece que hay que plantearse una perspectiva estratégica que vaya más allá de enero y que dé aliento a un proceso de largo alcance.