Un año más nos encontramos puntualmente con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante) en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (quienes contribuimos) subvencione sus actividades de culto y clero.

1. Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la Administración Pública la que debería ofrecer dicha información como corresponde, al ser la Ic la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 249.051.689 euros —más de 41.000 millones de las antiguas pesetas—. ¿Por qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué obedece este privilegio?

2. Un año más se pretende engañar a la ciudadanía afirmando que “la iglesia renunció a la exención del IVA”. Es sencillamente falso. La exención del IVA, privilegio del que gozó la Ic hasta 2007, era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea, en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia obligó al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este privilegio eclesial y acomodarse a la normativa europea. Ha tenido que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico.

No obstante, la Ic se ha encargado de que tal circunstancia no supusiera una minoración en sus ingresos, consiguiendo un aumento del 0,52% al 0,7% del porcentaje a recibir por las “X” de cada declaración de IRPF. Esto supuso que los 173 millones de euros (M€, en adelante) que recibió por la declaración de la renta de 2006, se convirtieron en ¡241,3 M€! por la declaración de la renta de 2007; lo cual significó un incremento del 38% de un solo golpe (maestro).

Y este aspecto no ha permanecido oculto. El propio acuerdo de 2006 reconoce explícitamente que la subida hasta el 0,7%, se ha propuesto como “compensación por la pérdida de la exención del IVA a favor de la Iglesia católica, que es exigida por el Derecho comunitario”. Como posteriormente han demostrado los hechos, el negocio ha sido redondo para la Ic y ruinoso para el erario público, dado que la exención del IVA le suponía a la Iglesia, en dicho año, unos ingresos adicionales de 30 M€ y con el incremento del porcentaje ha ingresado 68 M€ más, lo que significa que en 2007 compensa lo que pierde con el IVA y aumenta el “botín” en 38 M€ adicionales.

Claro está que como la imposición por el IVA depende de las operaciones de consumo realizadas, en período de crisis, al realizar menos compras, el IVA que se soporta es mucho menor y, consecuentemente, el margen para la Iglesia mucho mayor. Así, según la propia Memoria Justificativa de Actividades del ejercicio 2011, última publicada por la Conferencia Episcopal, el IVA que debería compensar para ese ejercicio era sólo de 9,2 M€ (no de 30 M€, como en 2007), por lo que el margen a favor (botín) de la Ic fue, en 2011, de 59 M€ (casi 10 mil millones de las antiguas pesetas). Así pues, la jerarquía católica no “renunció” a nada, como afirma en su propaganda.

3. Un año más (literalmente, como la nota del año pasado) se desliza la falsa idea de que “el Estado no garantiza ya ningún mínimo para el sostenimiento básico de la Iglesia”, porque ha dejado de existir el “complemento presupuestario”. Tan sólo cambia el vocero: este año es Gil Tamayo y no Martínez Camino. Al menos, no se repite aquella boutade (intervención pretendidamente ingeniosa destinada a impresionar, según el DRAE) de que “si ningún contribuyente quisiera marcar la X, la Iglesia no recibiría nada”. Sin embargo se mantiene la falsedad de que la Iglesia no recibe “nada de los Presupuestos Generales del Estado”.

En primer lugar, toda la subvención que recibe la Ic por este concepto sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de otra forma. Si como dice la propaganda de la Corporación católica el contribuyente que marca la “X” no pone ni un euro de su bolsillo, o como afirma la nota propagandística marcar la casilla “no cuesta nada”, ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? Los impuestos no “pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.

En segundo lugar, es falsa la sugerencia de que podría estar funcionando por debajo del “mínimo para su sostenimiento básico”, y mucho menos la fantasía demagógica de que podrían “no recibir nada”. Los jerarcas católicos saben que el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Ic en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a los obispos, sacerdotes, seminarios, congresos, parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.

4. Una año más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático, en torno al 65% de l@s declarantes (el 65,13, en 2012, el 65,17, el año anterior y el 65,62 en 2007) sigue sin señalar la casilla de la Iglesia, como viene siendo habitual en la última década. Y ese porcentaje pesa como una losa, independientemente de que haya subidas más o menos coyunturales de declaraciones o de cantidades asignadas.

Para ocultar esta realidad, la escasa información aportada ofrece un gráfico en el que los porcentajes de casillas marcadas a favor de la Ic, que pasan del 34,83% al 34,87%, se presentan en sendas rectas paralelas con una longitud muy diferente, cuando en realidad estamos hablando de una diferencia del 4 centésimas de punto (0,04, como se indica en el mismo gráfico). En fin, un burdo truco de manipulación visual de la información.

5. De la declaración del IRPF realizada en 2013, correspondiente a la renta de 2012, los dos únicos datos que se ofrecen (aparte de la novedad de los datos por Comunidades Autónomas) son el número total de declaraciones con “X” a favor de la Iglesia católica (7.339.102 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo (249.051.689 euros, más de 41mil millones de las antiguas pesetas), lo que significaría que ha perdido 17.935 declaraciones respecto al año anterior (un 0,3% menos), aún cuando la cantidad que se le asignaría este año es casi 2 M€ superior a la del año pasado.

No se ofrece ninguna razón que explique esta aparente paradoja en la información aportada por la Conferencia Episcopal. Sin embargo, el cuadro por Comunidades Autónomas permite alguna reflexión: a) hay Comunidades que aportan bastante más por declaración (Madrid, 57,34 €/declaración, o Cataluña, 44,35 €/declaración), que otras (Andalucía, 24,81 €/declaración, o Castilla y León, 25,48 €/declaración), lo que refleja unas mayores bases imponibles en las dos primeras citadas (efecto del mayor nivel de renta de las declaraciones con “X” en ambas Comunidades); b) en la casi totalidad de las Comunidades se ha incrementado la base imponible de l@s declarantes en 2012, respecto al año anterior, por lo que la cantidad que se desvía de cada declaración es mayor en dicho año; c) los mayores incrementos absolutos en los importes desviados a la Ic se deben, fundamentalmente, a los incrementos de recaudación en Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Canarias, pero por distintos motivos: en el caso de las dos primeras al efecto de incremento de renta se suma el de más declaraciones señaladas, mientras que las otras tres han recaudado más presentando menos declaraciones, por lo que el efecto de incremento de la base imponible (renta) ha compensado con creces la reducción de declaraciones marcadas.

6. Se afirma en la propaganda episcopal, en un intento de demostrar cómo está la crisis afectando “al sistema”, que la Ic “percibirá 3,6M€ menos que hace 4 años” (que fueron 252 M€), pero oculta que percibirá 75,3 M€ más que hace 6 años (que recibió 173,7 M€). Por lo tanto, es indudable que al sistema de financiación de la Iglesia católica no le ha afectado la crisis. De hecho, en los últimos 6 años que contamos con información (renta de 2007 hasta renta de 2012) la jerarquía católica ha recibido una media de 248 millones de euros anuales (41,2 mil millones de las antiguas pesetas). Repito, cada año.

7. No parece decir la verdad el episcopado cuando afirma en su propaganda que “las colectas o las suscripciones continúan siendo absolutamente indispensables”. En primer lugar, no aportan una sola cifra de a cuánto asciende la cantidad por estos conceptos para el ejercicio en cuestión (2012), por tanto deberíamos realizar un acto de fe para creerlo. En cualquier caso, de acuerdo a la única información disponible, facilitada por la CEE en su Memoria Justificativa de Actividades del ejercicio 2010, las diócesis nutrieron el Fondo Común Interdiocesano dicho año con 13,7 M€, de un total de 227,9 M€. Es decir, tan sólo el 6% del FCI lo aportaron las colectas de los fieles en las diócesis. Sin embargo, el restante 94% lo aportó la asignación de los Presupuestos por la asignación del IRPF. Así pues, las colectas no parecen ser “absolutamente indispensables” y sí en cambio la subvención del Estado vía casilla del IRPF. Es importante destacar que en la última Memoria de Actividades publicitada por la jerarquía católica, la correspondiente al ejercicio 2011, ha desaparecido cualquier mención a la aportación de las diócesis. Precisamente este punto era el que nos permitía esclarecer el grave déficit de éstas, pues en 2010 aportaron tan sólo 13,7 M€, mientras que recibieron 195 M€. Esto significa que las diócesis no cubren con sus aportaciones ni siquiera el 7% de sus necesidades y, en consecuencia, me permitía concluir: a) que las diócesis aportan cada vez menos al Fondo Común Interdiocesano y, por tanto, dependen del Estado cada vez en mayor medida, y b) que si no fuera por la financiación a través del Presupuesto del Estado (de tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían funcionar.

Así pues, el cuadro que se presenta este año permite deducir que se distribuyó a las diócesis en 2011, 197,7 M€, (casi 33 mil millones de las antiguas pesetas) del Fondo Común Interdiocesano para 2011, pero nada nos dice acerca de cuánto aportaron las diócesis a dicho fondo.

En cualquier caso, lo que se pretende ocultar en la Memoria es que, en estos tiempos en que la lucha contra el déficit público y el recorte del gasto público se ha convertido en el objetivo principal de la política económica, el Estado sigue “alimentando”, año tras año, a unas instituciones privadas (las diócesis), que gastan quince veces más de lo que recaudan (datos 2010) y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define en su Constitución como aconfesional.

8. Un año más siembra confusión la propaganda episcopal, a propósito de la aplicación del dinero recibido por esta vía (IRPF). En la nota oficial de la declaración de la Renta 2013 (IRPF 2012) se mencionan las “otras funciones sociales: enseñanza, atención integral a los niños, los ancianos, los discapacitados, la acogida de los inmigrantes, la ayuda personal e inmediata a quienes la crisis económica pone en dificultades […]”, dando a entender que el dinero del FCI se aplica a estos menesteres caritativos. Nada más lejos de la realidad.

Según la última Memoria de Actividades publicada, referida en el punto anterior (correspondiente al ejercicio 2011), las diócesis recibieron 197,7 M€, del total de 233,6 M€ que constituía el Fondo, esto es, un 84,6% del total. Actualmente es imposible determinar qué porcentaje de la cantidad enviada a las diócesis se emplea en sustentación del clero (sueldos y salarios de los curas), en gastos generales, en actividades pastorales o en otras actividades. Esta información dejó de suministrarla la Ic desde la Memoria del ejercicio 2009, y de ella se deducía que el 71,5% del gasto de las diócesis se empleaba en pagar los sueldos y salarios del clero y otro 10,8% en gastos generales (burocracia y mantenimiento). Tan sólo se dedicó a la actividad pastoral un exiguo 16% de todo lo que se envió a las diócesis. Por tanto, en contra de lo que afirma la nota propagandística de los obispos, las cantidades que el Fondo envía a las diócesis no se dedican ni a actividades pastorales ni a obras sociales y benéficas, sino a gastos más pedestres.

Debe de resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de las Memorias de Actividades posteriormente publicadas (2010 y 2011), de manera que ya no se puede saber, en términos aproximados, cuánto dedican a actividad pastoral.

9. Resulta difícil explicar que la Iglesia sólo dedique a actividades pastorales un exiguo 16% del montante que se envía a las diócesis, tratándose de una institución cuya prioridad es dicho tipo de actividades. La Ic no tiene casi 80.000 sacerdotes y religios@s en España para realizar prioritariamente lo que tan pomposamente llama “actividad pastoral”; en realidad, para la actividad pastoral que declara sobraría el 90% de estos efectivos.

Si el verdadero objetivo fueran las actividades pastorales, éstas deberían absorber más del 50 % de los recursos de las diócesis y el clero, sus funcionarios, no debería suponer más de un 30 % del presupuesto total de las diócesis. ¿Entonces, cuál es el verdadero motivo para mantener este “ejército” clerical, aparentemente ineficiente?

La respuesta sólo puede ser que el objetivo de la Ic es mantener una extensa y profunda red de sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la difusión de su particular moral e ideología y, en definitiva, la presión y el control político y moral sobre el mayor número de ciudadan@s posible. Y para ello debe influir desde sus púlpitos, desde sus universidades, desde sus periódicos, desde sus emisoras de radio y televisión, desde sus confesionarios, con sus campañas de agitación y propaganda. Sin olvidar su influencia “vicaria”, es decir, la que no tiene origen en la actividad directa de los curas y religiosos, sino que se produce a través de periodistas, intelectuales, creadores de opinión y políticos afines, en todo tipo de medios públicos y privados.

10. Un año más, se pretende perpetuar el engaño de que “la iglesia, para su sostenimiento, sólo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes y nada de los Presupuestos Generales del Estado”. Nada más lejos de la realidad.

La liquidación del Impuesto señala la obligación de los ciudadanos (también los católicos) en el sostenimiento de los gastos del Estado (escuelas, hospitales, asistencia social, desempleo…). Quienes marcan la “X” no sólo no aportan ninguna cantidad adicional a la Iglesia, sino que gozan del privilegio de decidir a qué dedicar el 0,7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. De manera que “aportan”, generosamente, con dinero que no es suyo, sino del Estado, y por tanto de todos los españoles, sean sus creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza. El efecto final es que contribuyen a los gastos generales, de todos, sólo en un 99,3% (un 98,6% en caso de poner también la “X” en los fines de interés social, que en una cantidad significativa también va destinada a instituciones católicas). En definitiva, las personas que ponen la “X”, están pagando menos impuestos y, sin embargo, los ritos y actividades de los católicos los estamos pagando todos los españoles, sean nuestras creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza.

La misma propaganda episcopal lo reconoce en su nota: “Marcar la casilla no cuesta nada”. Efectivamente, el contribuyente que marca la casilla no pone un solo euro de su bolsillo.

Así pues, las personas que marcan la “X”, no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como establece el artículo 31 de la Constitución. La actitud de estas personas es insolidaria e injusta, pues su decisión contribuye a financiar con fondos públicos actividades de interés particular (religiosas), en detrimento de las necesidades de interés general (sanidad, educación, dotaciones sociales…). Y el comportamiento del Gobierno que lo permite es un atentado a la laicidad del Estado y una violación de la conciencia de los ciudadanos con otras creencias distintas a las católicas (sean o no religiosas).

11. De la última Memoria de Actividades publicada por la Conferencia Episcopal, correspondiente a 2011, ha desaparecido la información de lo que las diócesis han recaudado y, por tanto, aportado al Fondo. Es explicable —aunque no justificable— que haya desaparecido, porque de la Memoria correspondiente a 2010 (último año en que se ofreció esta información) se deduce que las diócesis recaudaron 13,7 M€, mientras que recibieron 195,5 M€ para su funcionamiento, es decir, apenas cubrieron el 7% de sus gastos, o dicho de manera más actual, tienen un déficit del 1.227% [1].

En unos tiempos en que la lucha contra el déficit y el recorte de los gastos públicos se ha convertido en el único objetivo de la política económica, resulta inexplicable que el Estado siga “alimentando”, año tras año, a unas instituciones (las diócesis) que gastan trece veces más de lo que recaudan y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define como aconfesional. Es evidente que si no fuera por la subvención aportada directamente por el Estado (por tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían funcionar.

Conviene no olvidar, por último, que si lo que se desvía a la jerarquía católica, para mantenimiento de culto y clero, alcanza los 249 M€ (más de 41.000 millones de las antiguas pesetas), el importe global de lo que se apropia la Iglesia, incluyendo ayudas directas y exenciones y bonificaciones fiscales, es superior a 11.000 millones de euros, lo que supone más de un punto porcentual del PIB de la economía española.

Rivas Vaciamadrid, a 24 de febrero de 2014

Nota

[1] La diferencia entre lo que ingresan —13,7— y lo que gastan —195,5— es de 181,8 M€ (en porcentaje, el 1.227 %).

[M. Enrique Ruiz del Rosal es presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid y miembro de la junta directiva de Europa Laica]