«Antes de ser cónyuges, compañeras, esposas, madres y trabajadoras, las mujeres somos ciudadanas de pleno derecho» (Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad, 10 de diciembre de 2004 en Kigali, Ruanda)

Resulta pertinente plantear en este momento, de “revolución ciudadana” por la irrupción en la enseñanza de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, la pregunta de qué ciudadanía estamos hablando. Porque, desde mi parecer, la ciudadanía se expresa participando y esa participación tiene que producirse en el ámbito de lo público, entendiendo por tal un espacio social que no es privado ni privatizable y que tiene que ser compartido por toda la ciudadanía, regulado por derechos y deberes. Siendo el campo de «lo político» donde se desarrolla la capacidad de participar en la vida social y cotidiana y, si así se considerase, en el ejercicio del poder representativo.

Actualmente, la forma de gobierno que debería garantizar esa participación es lo que conocemos como democracia, que supone la existencia y participación de ciudadanas y ciudadanos libres. Y digo debería, porque en este mundo globalizado más del 60% de la población está ausente o subrepresentada en el juego democrático y el colectivo de las mujeres es, precisamente, quien más sufre esa falta de participación. No podemos hablar de democracia si la libertad y la igualdad no son compartidas por todos los seres humanos, y entiendo que la mujer no está incluida como debería en el espectro participativo.

En una amplia parte del mundo las mujeres están privadas de los medios indispensables para tener una vida realmente humana. Están peor tratadas que los hombres en cuanto a salud, alimentación, acceso al trabajo y retribución. Son más vulnerables a toda clase de violencias (física y sexual, etc). La familia, sigue siendo, en la mayor parte del mundo, un aspecto que sólo compete a la mujer, subyugada así al nicho familiar. Obstáculos como los citados y otros muchos impiden a las mujeres participar en la vida política y por añadidura en la vida ciudadana, privándolas de la posibilidad de hacerse ver mediante la palabra y la acción.

Martha Nussbaum, activa defensora de la causa feminista, propone un decálogo para defender la dignidad de las mujeres y en general del ser humano que, a mi parecer, es totalmente asumible en la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’. Entre otras, estas son algunas de sus propuestas:

“Tener la posibilidad de vivir hasta el fin una vida humana de duración normal; de no morir prematuramente, o antes que la propia vida sea limitada de tal modo que se vuelva indigna de ser vivida. Estar en condiciones de moverse libremente de un lugar a otro; de estar protegidas contra las agresiones, incluida la agresión sexual y la violencia doméstica; tener la posibilidad de gozar del placer sexual y tener capacidad de elección en el campo reproductivo”.

“Tener las bases sociales para el respeto de sí y para no ser humilladas; poder ser tratada como persona digna cuyo valor es igual al de los demás. Esto implica, a nivel mínimo, protección contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la tendencia sexual, la religión, la casta, la etnia, los orígenes nacionales”.

“Poder participar de un modo eficaz en las decisiones políticas que gobiernan la propia vida; gozar del derecho de participación política, tener garantías de libertad de palabra y de asociación”.

Lo dicho plantea hoy a la sociedad en su conjunto el reto imperioso de revisar lo que se entiende por democracia. De igual manera, es necesario reconocer que el concepto de ciudadanía que manejamos ignora las diferencias reales que existen en la sociedad civil.

Es necesario explicar cómo y por qué hombres y mujeres han ocupado y están ocupando espacios asimétricos en las distintas dinámicas sociales. Asimetría que se establece en función de “las necesidades” de cada sociedad, y también, en este caso, de la actual dinámica capitalista. En la sociedad actual, el patriarcado (que no ha desaparecido, mal que nos pese) desempeña una función fundamental, no sólo como forma social familiar caracterizada por la subordinación femenina, sino también como concepción del espacio público caracterizado por parámetros de subordinación femenina.

Resumiendo, ”la ciudadanía se construye —mujeres y hombres— y materializa en el ámbito público, a través del ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, en el contexto de un sistema político democrático”. Siendo esto así, extraña que “demócratas convencidos” llamen a desobedecer no tanto la asignatura EpC, como una ley aprobada por el Parlamento en el que tanto las personas convencidas como las más escépticas estamos representadas.