Dos temas han ocupado la atención de los colombianos en los últimos tiempos: la liberación de los rehenes secuestrados en manos de la guerrilla y la reinserción de los integrantes de los grupos paramilitares. Se trata de cuestiones que hacen referencia a dos de las principales fuerzas beligerantes en lo que cabe llamar no “guerra civil”, sino “guerra contra la sociedad” que tiene lugar en Colombia desde hace más de sesenta años.

El tema de los rehenes ha cobrado renovada actualidad en los medios de comunicación y en la agenda política como consecuencia de la marcha a pie que realizó el profesor Moncayo entre el 17 de junio y el 31 de julio atravesando el país con destino a Bogotá. Este profesor, que tiene un hijo en poder de la guerrilla desde hace diez años, ha conseguido con su gesto catalizar la opinión favorable a una solución pacífica del problema de los rehenes: se trataría de que el gobierno y las FARC negociasen un intercambio de personas secuestradas por guerrilleros presos.

Sin embargo, la posición del presidente Uribe es totalmente contraria a esta propuesta: no se negocia con “terroristas” porque hacerlo sería reconocer un status político a la guerrilla. Uribe pretende solucionar el problema de los rehenes por la vía de la liberación militar, algo a lo que se oponen firmemente los familiares de éstos por los peligros que evidentemente entraña. De hecho, el 18 de junio de este año murieron once rehenes como consecuencia de un “fuego cruzado” cuyas circunstancias siguen siendo aún confusas.

Ese mismo mes de junio Uribe (quizá aconsejado por el presidente francés Sarkozy, que está muy interesado en la puesta en libertad de la ciudadana franco-colombiana Ingrid Betancourt) llevó a cabo una liberación unilateral de presos de las FARC, entre los que se encontraba Rodrigo Granda, un alto responsable de la guerrilla secuestrado en Caracas el año 2004 por la policía colombiana. El propósito de Uribe era eludir la negociación sustituyéndola por liberaciones unilaterales. Al realizar el gobierno el primer gesto, la pelota quedaba en el tejado de la guerrilla. Pero ni las FARC ni la opinión pública vieron con buenos ojos la maniobra presidencial y los familiares de los secuestrados, encabezados por Moncayo, siguen exigiendo una salida negociada al problema.

La postura del presidente Uribe en relación con los rehenes no es sino un corolario de su planteamiento general sobre el tema de la guerrilla: la solución del problema es exclusivamente militar, hay que derrotar a la guerrilla por la fuerza de las armas.

Sin embargo, la actitud del presidente es radicalmente distinta en el caso de otro de los actores del conflicto armado: las fuerzas paramilitares. Y eso a pesar de que estos grupos irregulares han cometido atrocidades de magnitud similar a las de la guerrilla: asesinatos en masa de civiles, extorsiones, secuestros, vinculación con el narcotráfico…

El eje de la política gubernamental acerca de los paramilitares lo constituye la llamada “Ley de Justicia y Paz”, aprobada en junio de 2005. Esta ley prevé una fuerte reducción de las penas a los paramilitares que se desmovilicen, y amplias posibilidades de libertad condicional sin obligación siquiera por parte de éstos de contribuir al esclarecimiento de la verdad, ni de indemnizar a sus víctimas.

Durante la visita que Uribe llevó a cabo a España en julio de 2005, Rajoy aplaudió la “Ley de Justicia y Paz” y afirmó que esta norma “transmite a los terroristas un mensaje nítido en el sentido de que su único horizonte es dejarlo”. Habría que ver qué pensaría el actual líder de la oposición de una ley que permitiera a los etarras desmovilizarse exigiéndoles únicamente una manifestación de voluntad de abandonar la organización terrorista, sin obligarles siquiera a confesar sus crímenes, e imponiéndoles unas penas meramente simbólicas.

En cualquier caso, el gobierno colombiano aparece claramente escorado en el tema del terrorismo según de donde venga: guerra a muerte para la guerrilla y amnistía encubierta para los paramilitares.

Un hecho que puede ponernos sobre la pista del por qué de esta disparidad de posturas es el fenómeno de la llamada “parapolítica”, que viene ocupando la atención de los medios de comunicación colombianos y extranjeros en los últimos meses. La “parapolítica” hace referencia a los vínculos entre los paramilitares y las autoridades estatales, que la justicia viene investigando y sacando a la luz desde el mes de marzo de este año. Se han puesto de manifiesto más de cien casos de complicidad entre paramilitares y representantes del Estado. Entre las personas investigadas y/o acusadas se encuentran el presidente de la Cámara de Representantes, por lo menos diez congresistas y media docena de senadores. Esta complicidad no sólo adopta la forma de ayuda de las autoridades a la formación y mantenimiento de los grupos paramilitares, sino también y sobre todo de financiación y apoyo por parte de éstos a las campañas de los políticos. No en vano uno de los máximos jefes “paras” manifestó en una ocasión que el 30% de los diputados del congreso eran “suyos”.

El propio presidente Uribe ha sido acusado por el senador Petro de vínculos directos con los paramilitares. De hecho, de todos es sabido que cuando Uribe era gobernador de Antioquia fundó unas unidades de autodefensa denominadas “Convivir” y que estas unidades se convirtieron en grupos paramilitares o establecieron vínculos con dichos grupos.

Así pues, el fenómeno de la parapolítica pone claramente de manifiesto que la diferencia de actitud en relación con la guerrilla y los paramilitares viene dada porque el presidente y la mayoría de los legisladores consideran que los guerrilleros son los enemigos, mientras que los “paras” son “de los nuestros”. Esa es la razón por la que los “terroristas paramilitares” saldrán de ésta prácticamente impunes, mientras que a los “terroristas guerrilleros” sólo les espera una guerra sin cuartel.