Hasta el año 2003 la Universidad Complutense (UCM) se ha caracterizado por ser una universidad impermeable a los cambios habidos en el país desde el fin de la dictadura. Hasta entonces, ha mantenido la esencia del modelo napoleónico de administración pública y de universidad. Hablamos, en consecuencia, de una universidad autoritaria, irracionalmente jerarquizada, decimonónica y burocratizada hasta la inoperancia, donde la palabra democracia era un neologismo carente de significado.

En 1981 la Complutense intentó despertar de su letargo nacionalcatólico de la mano del rector Francisco Bustelo. Muchos, estudiantes en aquella época, creímos ingenuamente que la primera universidad del país en tamaño podía recuperar la identidad que le otorgaron la Institución Libre de Enseñanza y la Segunda República: una universidad creadora de conocimiento, abierta al diálogo y a la tolerancia, crítica, democrática. Poco duró aquel sueño para volver a la pesadilla del oscurantismo franquista con un rector afín al Antiguo Régimen: Amador Schüller.

El oscurantismo se mantuvo a lo largo de los años ochenta y noventa con rectores poco más o menos del mismo talante. Gustavo Villapalos, ex decano de la Facultad de Derecho, gobernó la Complutense durante más de diez años hasta que se catapultó de consejero de Educación en la Comunidad de Madrid. Sería injusto reconocerle algunos avances, como los cursos de verano de El Escorial, un cierto apoyo a la docencia y a la investigación, o una apertura a la acción sindical. Villapalos no pudo o no quiso transformar el espíritu endogámico y los privilegios de las castas docentes y administrativas emanadas de la dictadura. Su sucesor, Rafael Puyol, afín al Opus Dei, no aportó ningún cambio significativo.

Tuvo que llegar el profesor Carlos Berzosa en 2003 para que “la Complu fuera otra cosa”, como decía uno de los eslóganes de sus dos campañas electorales, y como así fue ciertamente. La Complutense experimentó un cambio profundo durante su mandato. Sus ocho años de gobierno transformaron decididamente la UCM, no sólo en sus elementos esenciales, la docencia y la investigación, elevándolas a la calidad de las mejores universidades europeas y norteamericanas, sino también en sus servicios a la comunidad universitaria, sus bibliotecas, cuya mejora fue notable, sus laboratorios, la atención a los alumnos —con la creación de la Casa del Estudiante— o la cooperación al desarrollo con países empobrecidos.

Especial mención merece la deuda que la Complutense saldó, gracias al rector Berzosa, con sus profesores, trabajadores y estudiantes víctimas de la Guerra Civil y de la represión, el exilio, la cárcel o el asesinato a manos del bando vencedor. Todos ellos recibieron el merecido homenaje y el reconocimiento que no sólo la universidad sino toda España debía a grandes pensadores y maestros cuya desaparición formó el secarral de pensamiento en que fue convertido el país entero por el bando vencedor. En cierto modo, la UCM devolvió a la sociedad española el esplendor de la Edad de Plata de la ciencia que la dictadura apagó con su afán de matar la inteligencia y vivificar la muerte. Fruto de esta apuesta decidida por dignificar la presencia de los ausentes y acallar las voces del silencio fue la creación de la Cátedra de la Memoria Histórica bajo la tutela del catedrático de Historia Contemporánea, el profesor Julio Aróstegui. Su reciente fallecimiento lo lamentamos profundamente quienes hemos conocido su trayectoria académica e intelectual y su compromiso incuestionable con la memoria de quienes fueron enterrados por el olvido, la ignorancia, el desprecio o la desidia.

No vamos a ocultar errores en la gestión del profesor Carlos Berzosa y de su equipo, como no haber limpiado suficientemente la universidad de elementos procedentes de etapas anteriores. Pero, en general, y tal como se reconoce ahora, transcurridos casi dos años desde que el profesor Berzosa dejó el rectorado, el balance de su gestión es altamente positivo porque el cambio que ha experimentado la UCM durante sus ocho años de mandato es incuestionable y marca, sin duda, un antes y un después en su historia. En gran parte, aquel sueño inocente y esperanzado que tuvimos con la llegada del profesor Bustelo al mando de la UCM se cumplió con el profesor Berzosa, veintiún años después.

Tras ocho años de mandato del rector Carlos Berzosa, y tras unas reñidas elecciones, éstas dieron la victoria en segunda vuelta al candidato José Carrillo, a la sazón catedrático de Matemáticas, frente a un contrincante que, lejos de todo pronóstico, fue el profesor José Iturmendi, quien fuera durante años decano de la Facultad de Derecho, y que se presentó a las elecciones con un programa nítidamente conservador, muy similar al de rectores anteriores a Berzosa citados en la primera parte de este artículo.

Muy al contrario que el candidato Carrillo, Iturmendi no ocultó en ningún momento la naturaleza de su proyecto para la mayor universidad del país. La pérdida en la primera vuelta por escasísimo margen del otro contendiente de la izquierda, el candidato Carlos Andradas —continuador de la obra del rector Carlos Berzosa y apoyado por éste y su equipo—, provocó una polarización de la segunda vuelta entre los dos principales sectores ideológicos de la universidad, de modo que la izquierda votó en su práctica totalidad a José Carrillo, y buena parte de la derecha (salvo un pequeño porcentaje, incluidos algunos partidarios de los otros tres candidatos que también quedaron fuera en la primera vuelta) inclinó su elección por el candidato Iturmendi.

Poco tardó el nuevo rector en defraudar a sus votantes y simpatizantes, mucho menos que la esperanza puesta treinta años atrás en el profesor Francisco Bustelo. En pocos meses, el discurso y las promesas de Carrillo durante la campaña electoral se vinieron abajo como si su programa hubiera sido elaborado con un material parecido a la arenisca. Veamos algunos ejemplos:

No tuvo reparos el candidato Carrillo durante los dos períodos de la campaña electoral en prometer por activa y por pasiva dos cuestiones relacionadas con el gobierno de la Comunidad de Madrid, de cuya administración depende la economía de las universidades públicas madrileñas: la primera, que no se iba a dejar avasallar por la actitud prepotente de su presidenta y su afán de mermar los servicios públicos, la educación y las universidades públicas madrileñas, en particular; la segunda, que negociaría con la administración autonómica para lograr, como mínimo, 60 millones de euros anuales que permitieran una gestión digna con recursos suficientes para desarrollar las funciones encomendadas a la mayor universidad de Madrid y de España.

Lejos de cumplir ambas promesas, el profesor Carrillo, nada más tomar posesión de su nuevo cargo, adoptó una actitud acrítica y de constante entrega a los dictados de las políticas de la Comunidad de Madrid, no mostrando empacho alguno en acatar todas las órdenes emanadas de la Comunidad, incluyendo las que atentan directamente contra la autonomía universitaria o contra los derechos de los trabajadores, docentes o no docentes. Fruto de esta obediencia debida, la universidad ve recortados sus principales recursos para la docencia y la investigación o servicios como laboratorios o bibliotecas, disminuyendo notablemente la calidad de la que tanto hablan sus gestores. ¿Qué fue de aquellos 60 millones de euros anuales prometidos? Todo lo contrario: la Complutense se ha endeudado más con Carrillo, como veremos.

Una de las promesas estrella de su campaña, recogida en el programa, fue la defensa a ultranza de todos los derechos de los trabajadores, de los profesores y, sobre todo, de los no docentes, el personal laboral y funcionario administrativo y de servicios. No hubo mitin, encuentro o reunión donde se negara el candidato a acceder a todas las demandas del personal, por peregrinas que fueran. De hecho, el mayor porcentaje proporcional de votos obtenidos provino del sector PAS (Personal de Administración y Servicios).

De todo aquello, nada. Desde el primer momento, y ante la apremiante situación de la universidad como consecuencia del reiterado incumplimiento de los compromisos de la CM, el rector y su equipo mostraron una actitud intransigente hacia las demandas de los trabajadores, en especial del PAS, negándose a la negociación con los sindicatos, rompiendo los escasísimos compromisos adquiridos tras una dura huelga los pasados días 5 y 6 de febrero o prohibiendo, como en los viejos tiempos, asambleas informativas y concentraciones, tal como ocurrió recientemente, el pasado 15 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Información.

El rector Carrillo hace suyo el concepto de racionalidad formal de Max Weber, por oposición a la racionalidad de valores. Según aquélla, la burocracia es la encarnación suprema de la racionalidad de los fines y los medios; la racionalidad de valores, en cambio, es la que está al servicio de un fin moral escogido (Burrow, pp. 201 y ss.) La máxima autoridad de la UCM convierte la burocracia en un fin en sí mismo, elevándola a la categoría de fin supremo. Es la máquina omnipotente y omnisciente de poder cuyo valor absoluto es la encarnación del poder absoluto, el valor de la negación de toda ética, de todo fin moral, la racionalidad de los no valores, en términos weberianos.

“Una máquina sin vida —sostiene Weber— es la materialización de la mente … También una materialización de la mente es esa máquina viva que la organización burocrática representa, con sus trabajadores formados, especializados … sus regulaciones y sus relaciones de obediencia estratificadas jerárquicamente. Unida a la máquina muerta, trabaja para producir la jaula de esa esclavitud del futuro a la que algún día los hombres impotentes serán obligados a someterse como los fellahin del antiguo Egipto” (cit. por Arthur Mitzman, The Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber, New Brunswick, 1985, p. 4n. En: Burrow, pp. 201 y ss.)

Al poco tiempo de acceder al cargo, el nuevo rector ha restituido en sus anteriores puestos a funcionarios provenientes de los tiempos de la dictadura, miembros de clanes familiares, no caracterizados precisamente por su honestidad ni por su profesionalidad al frente de la institución, ni mucho menos por su espíritu democrático o por su defensa de la universidad pública. De hecho, un gerente corrupto de la UCM se vio implicado en el famoso Tamayazo, desviando dinero de la universidad para sufragar gastos de aquella vileza, que el rector Berzosa denunció en su momento.

Una seña de identidad que lastra a este equipo de gobierno y contradice absolutamente su discurso electoral es, por un lado, la total ausencia de autocrítica y, lo que es mucho más grave, la persecución de la crítica. Lejos de escuchar las voces discordantes o las sugerencias que desde diferentes ámbitos se formulan, no se duda en arrinconar a quienes se atreven a pronunciarse y en acusar en público a los disidentes, incluso con amenazas, y en especial a los que en su día apoyaron al otro candidato de izquierda, el profesor Carlos Andradas. Prueba de ello es que este artículo no puede firmarse más que con pseudónimo, por muy increíble que parezca. No son pocos los trabajadores de esta universidad que han sido rebajados de categoría, y por tanto de sueldo; se les arrincona, se les ningunea y se practica el llamado mobbing o acoso laboral sin miramientos.

Otra característica que lastra al rector es la apropiación descarada del discurso demagógico acuñado por dirigentes del Partido Popular, en especial de la Comunidad de Madrid, contra el rector Berzosa, no sólo en la campaña electoral, sino en el momento actual. Así, hicieron suyas las insidias y ataques de la presidenta de la CM contra aquél por su apoyo al juez Garzón; o por su apuesta decidida por sacar las capillas de la universidad, entre otras cosas.

Pero el mayor ataque de Carrillo que recuerda cansinamente el discurso dominante del PP se refiere a la famosa, en ambos casos, herencia recibida. Según Carrillo, su antecesor dejó a la UCM endeudada en más de 150 millones de euros. Carlos Berzosa contradice con datos económicos de su gestión —véase su artículo en Nueva Tribuna del 6 de febrero— el cúmulo de medias verdades que constituyen la gran mentira utilizada por los actuales gestores para engañar a la opinión pública, ocultando no sólo que la UCM fue saneada por Berzosa, sino también el incumplimiento del contrato programa suscrito entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense.

La Comunidad de Madrid rompió en el año 2008 sus compromisos con ésta y con todas las universidades públicas madrileñas, hecho denunciado en 2009 por el rector Carlos Berzosa cuando la CM se negó reiteradamente a cumplir sus acuerdos marco y contratos programa firmados con aquéllas. Tres años se demoró la Justicia en dar la razón a la UCM, condenando a la Comunidad a pagarle cerca de 70 millones de euros.

A pesar de esta sentencia y del pago que la CM ya se ha obligado a efectuar, el equipo gobernante de la UCM continúa empecinado en su política intransigente y antisocial, negándose al diálogo y a la negociación con los representantes de los trabajadores y prohibiendo asambleas y concentraciones. La inyección económica que la UCM acaba de recibir en virtud de las sentencias condenatorias a la CM la colocan en la mejor situación económica, con diferencia, del resto de las universidades públicas madrileñas. Ya no hay, por tanto, excusa ninguna para mantener los precios abusivos de los másters o para continuar castigando a su plantilla con bajadas de salarios y con amenazas de despidos, como acaba de ocurrir recientemente.

A pesar de su discurso pro servicios públicos, el rector de la UCM mantiene la misma política contraria a la universidad pública que el gobierno de la Comunidad de Madrid y de la nación. No es el único: en el momento de redactar este texto, la Universidad Politécnica de Madrid acaba de anunciar el próximo despido de 301 trabajadores de su plantilla. En protesta, han renunciado dos decanos de esta universidad: el de la Facultad de Actividades Físicas y del Deporte, y el director de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Nuestra felicitación por este gesto que les honra y el deseo de que la lucha de los trabajadores de la UPM impida estos despidos abusivos y, sin duda, injustificados.

Conclusión

La gestión del rector José Carrillo al frente de la UCM está resultando estrepitosa. No hay miembro de la comunidad universitaria —salvo alguno del equipo, y cada vez menos— que no esté en desacuerdo con su política.

Pero el profesor Carrillo no es el único responsable de esta situación insostenible que ha provocado. Hay una segunda responsabilidad, no menos grave por su significado y trascendencia: el sindicato que lo aupó a rector. Es decir, Comisiones Obreras. Por ello, esta central tiene una deuda pendiente con quienes creyeron en su discurso y en el de su candidato. Sería un gesto de honestidad que le honraría hacer una declaración pública de reconocimiento de errores y petición de disculpas a la comunidad universitaria por haber apoyado a un candidato hace justo lo contrario de lo que prometió en campaña y contradice de principio a fin su programa electoral.

Por ello, es preciso también formular una segunda petición, que es una exigencia: por su ruptura de los compromisos con los trabajadores y con los estudiantes de la UCM; por las promesas incumplidas; por el incumplimiento absoluto de su programa electoral; por su complacencia ante los mandatos del gobierno de la Comunidad de Madrid; por su falta de voluntad para defender la universidad pública; por su incompetencia para sacar adelante la UCM, por favor, señor rector, por honestidad, por dignidad suya, de su equipo y de la universidad, deje el cargo, dimita, convoque nuevas elecciones. Reconozca que se ha equivocado: quienes sufrimos las consecuencias de su política, la práctica totalidad de los miembros de esta universidad, se lo vamos a agradecer y mucho.

[«Fabián Estibáñez» es trabajador de la UCM. Debido a la deriva autoritaria que ha tomado la universidad con el equipo del rector Carrillo, este artículo está firmado con pseudónimo, con el fin de evitar futuras represalias]