“El keynesianismo medioambiental” es una amplia escuela de pensamiento que defiende que el gasto público en objetivos “verdes” puede rescatar simultáneamente a la economía de la recesión y al planeta de la destrucción. Tras el colapso de Lehman Brothers estas ideas ganaron un enorme tirón político. En octubre de 2008, el programa Medioambiental de las Naciones Unidas pedía un “Nuevo Acuerdo Verde Global” (Global Green New Deal) para el que recomendaba al G20 dedicar un 1% del PIB mundial.

Aunque este enfoque parece muy fundamentado, en realidad sufre de un defecto fatal. Para funcionar económicamente, estos proyectos dependen de que continúe el crecimiento de la economía de consumo —lo que en sus propios términos esta escuela de pensamiento reconoce como medioambientalmente insostenible—. Aún se comprende menos su corolario: si estos proyectos funcionasen medioambientalmente, no serían económicamente sostenibles. Al menos no dentro de una economía capitalista. Lo que en realidad hace falta es alguna forma de inversión socializada que no deba conseguir un retorno económico.

Tres ideas del keynesianismo

Hay de hecho tres ideas distintas en las recetas políticas en discusión. Si cualquiera de ellas se puede atribuir o no con exactitud a Keynes es otro punto que no vamos a explorar aquí.

La primera es el efecto multiplicador. Esta dice que una subida en el gasto público llevará a olas adicionales de gasto privado ya que aquellos que reciben un pago gastan parte de ese ingreso en otros bienes y servicios, los receptores gastan parte de él, etc. Este es el principio tras los planes nacionales de estímulo, como la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009. La idea es que, en una recesión, el gobierno interviene para comprar más bienes y servicios con el objetivo de restaurar el flujo de demanda en la economía. El enfoque del keynesianismo medioambiental ha sido centrar este gasto público en proyectos que llevasen simultáneamente a beneficios medioambientales —instalando aislamientos, por ejemplo—.

La segunda idea se remonta a las políticas de Franklin Delano Roosevelt. La inversión pública en el New Deal tenía como objetivo no solo inyectar demanda a corto plazo en la economía, sino construir infraestructuras —autopistas, presas y puentes— que llevasen a un mayor crecimiento a largo plazo. El keynesianismo medioambiental argumenta que las inversiones en infraestructura verde expandirán la economía en nuevas direcciones.

La tercera idea se solapa con la segunda y se deriva de la premisa de que el futuro desarrollo de la economía mundial está obligado a estar dominado por tecnologías bajas en carbono. Su argumento es normalmente un llamamiento en defensa de los intereses nacionales —al invertir en I+D en las industrias del futuro un gobierno ayudará a que su economía sea internacionalmente competitiva—.

Estímulos verdes a corto plazo y sus críticos medioambientales

El efecto multiplicador fue una característica de numerosos planes nacionales de estímulo lanzados en 2009. Normalmente fueron criticados por los ecologistas porque los componentes verdes quedaban eclipsados por un gasto mucho mayor en áreas intensivas en uso de carbono. Tim Jackson, autor del libro Prosperidad sin crecimiento, hizo una crítica más profunda: criticó el concepto mismo de efecto multiplicador como instrumento medioambiental ya que se basa en que los receptores del dinero público gasten parte de su ingreso en otras cosas. Esto solo puede reforzar los impactos intensivos en el uso de carbono del gasto convencional en consumo. A pesar de esto, Jackson siguió apoyando firmemente las propuestas del keynesianismo medioambiental porque apoyaba el segundo y tercer conceptos, relacionados con el uso de la inversión verde para transformar la economía.

En realidad, las mismas objeciones que hace a los estímulos verdes a corto plazo se aplican a la inversión verde a largo plazo. Para que esta última funcione con éxito como inversión económica, debe llevar a una expansión de la economía de consumo —con todo el estrés que esto supondría sobre los recursos medioambientales, por no hablar de los sumideros de carbono—.

Inversión verde a largo plazo: el “ala económica”

Quienes abogan por el gasto público en I+D y en proyectos de infraestructura se dividen en dos campos. El primero es aquella ala económica (Nicholas Stern, por ejemplo) que acentúa que esta es la clave para la expansión económica. Normalmente comparan la inversión verde con olas anteriores de desarrollo de infraestructuras (por ejemplo ferrocarriles, autopistas, electrificación), y plantean que llevará a una nueva revolución industrial. Pero hay fuertes razones para dudarlo. Más proyectos de infraestructura verde —por ejemplo, granjas eólicas— son solo recambios más caros de lo que ya tenemos. Para los negocios y los hogares no habría diferencia en lo que sale del enchufe, ya haya sido producido por un panel solar o por una planta de carbón.

Esto nos lleva a un segundo problema. Si usamos el análisis de Marx, el sector energético forma parte de la Sección I —producción de medios de producción— sobre la que se basa la Sección II —producción de bienes de consumo—. Los que abogan por la inversión verde tienden a argumentar que el gasto en infraestructura en energía baja en carbono llevará a la creación de nuevos trabajos y riqueza. Pero el beneficiario directo de tales inversiones sería simplemente un subsector del Sector I, que no emplea mucha gente. Para que la inversión en energía baja en carbono lleve a un aumento de empleos y riqueza sería necesario que produjese una expansión en la Sección II, la economía de consumo convencional. ¿De dónde más el sector energético extrae un beneficio? No solo la inversión verde será solo tan verde como el gasto en objetos de consumo, por tanto, sino que para a) recuperar el aumento de costes y b) llevar a un crecimiento económico, tendría que llevar a una expansión del gasto en consumo.

La inversión verde a largo plazo: el «ala medioambiental»

Otro grupo de gente que defiende la inversión verde acentúa la protección medioambiental sobre el crecimiento económico. Los podemos llamar el ala medioambiental. Tim Jackson, por ejemplo, está en este grupo. Las contradicciones subyacentes en sus argumentos son las mismas que las del ala económica puesto que ellos, también, justifican sus propuestas sobre bases económicas.

El ala medioambiental tiende a construir la defensa económica de la inversión verde como sigue. Presuponen que los costes de la producción de energía con el business-as-usual (si todo sigue igual) seguramente aumentarán:

• Los combustibles fósiles serán más escasos y por tanto más caros;
• Seguir usando combustibles fósiles llevaría a unos peligrosos cambio climático y costes económicos; y,
• Los gobiernos probablemente van a imponer un aumento de los costes sobre el carbono.

A continuación argumentan que invertir en proyectos de energía con un uso bajo de carbono llevará a unos ahorros financieros comparables a los del business-as-usual. A menudo concluyen que está garantizado que tales inversiones darán beneficios y que cuanto mayores sean los precios del petróleo o las tasas sobre el carbono, mayor será el beneficio.

Un problema con estos argumentos está relacionado con el efecto rebote, por el que un aumento en la eficiencia en el uso de un recurso tiende a aumentar la demanda al disminuir los precios. El ala medioambiental normalmente defiende que las inversiones en eficiencia energética producirán un giro al generar ahorros de costes. Pero para que estos ahorros se conviertan en beneficios hay que gastarlos. La cuestión es: ¿en qué invertirán los hogares y empresas este dinero caído del cielo? Más consumo personal e inversión empresarial simplemente reforzarán la insostenibilidad de la economía de consumo. En esencia, la defensa económica del ala medioambiental depende del efecto rebote.

Se produciría un problema opuesto si un aumento de los costes de la energía eliminase el efecto rebote. Hay buenas razones para creer que un sistema bajo en carbono sería más caro que el actual (por ejemplo, las granjas eólicas no generan cuando no hay viento, y todavía necesitan plantas de gas/carbón como respaldo). Esto podría significar que todos los ahorros son absorbidos para cubrir el aumento de los costes de energía. No habría por tanto ninguna explosión de la demanda y la economía se encontraría atrapada por los costes de la inversión en tecnologías baja en carbono.

La economía del cambio climático

El problema dominante en el ala medioambiental es su combinación de

1. ahorros comparados con un escenario futuro contrafáctico con
2. un retorno con beneficios de la inversión actual

El cambio climático es un ejemplo clave. Como fenómeno nuevo supone un nuevo coste. Invertir en infraestructura baja en carbono, imponer tasas al carbono y construir defensas contra las inundaciones puede reducir los nuevos costes impuestos por el cambio climático en el futuro, comparado con no hacer nada. Pero eso no es lo mismo que reducir un coste existente y disfrutar de un dinero en metálico caído del cielo que se pueda gastar en otras cosas —y usarlo para devolver la inversión inicial—. Mientras tanto, la mitigación del carbono es en sí misma un nuevo coste. Será una rémora a la economía actual (comparada con otras inversiones que podrían crear más trabajos y oportunidades de comercio) y puede ralentizar simplemente la tasa a la que nos haremos más pobres en el futuro.

Macroeconomía medioambiental

El ala medioambiental normalmente entiende mal las implicaciones de sus propuestas. Normalmente comprenden que las ideas del ala económica son medioambientalmente insostenibles, pero no que las suyas lo son económicamente —en una economía capitalista, se entiende—. En la práctica, el crecimiento se pasa a escondidas en sus supuestos como una constante teórica. Sin esta suposición sus propuestas no tienen el sentido económico convencional que proclaman. Tim Jackson, por ejemplo, concibe una economía sin crecimiento (en la práctica, una que se contrae hasta alcanzar un estado estacionario) y todavía espera que la inversión en la economía de bajo carbono genere un retorno. Pero un retorno implica un aumento en el poder real de compra sobre aquel que se disfrutaría con los fondos iniciales. Esto, a su vez, exige que la economía en su conjunto crezca. Hay numerosas razones para esto.

Primero, si la economía deja de crecer, se produciría una implosión deflacionaria en la que esa en realidad se contraería.

Segundo, para que una inversión en un sector de la economía vaya bien, otros sectores de la economía también deben crecer. Por ejemplo, como ya se ha expuesto, las granjas eólicas solo conseguirán beneficios del consumo de las empresas y los hogares.

Tercero, si la economía se contrae, aunque una inversión (en turbinas de viento, digamos) vaya bien desde su punto de vista, un inversor podría terminar con una parte mayor de la economía de mañana, pero solo podría comprar por un valor menor de bienes y servicios.

Cuarto, si las inversiones se financian con préstamos en lugar de con ahorros, los ingresos futuros de estas inversiones tendrían que ser mayores que los costes de hoy más el interés —imposible en una economía que se ha contraído permanentemente—.

Conclusión

Para resumir, si las propuestas del keynesianismo medioambiental van bien económicamente, dañarán al medio ambiente. Y si son medioambientalmente efectivas no serán económicamente sostenibles en una economía capitalista que exige un crecimiento incesante. Los ecologistas partidarios de estas ideas tienden a creer que sus propuestas son sostenibles tanto económica como medioambientalmente. Pero este error a menudo se produce al mezclar los ahorros futuros que podrían venir de evitar el peligroso cambio climático con un crecimiento de los beneficios que podría producir un retorno de las inversiones actuales. Como el cambio climático es un nuevo coste, reducir sus efectos futuros no eliminará la carga de costes existente ni liberará recursos que podamos gastar en otras cosas. En total, el keynesianismo medioambiental es una teoría fracasada de cómo el capitalismo se puede salvar de sí mismo. No hay una razón para creer que pueda a la vez estimular el crecimiento y adaptarse a los límites medioambientales.

La implicación es que hace falta un enfoque mucho más radical: algo que vaya más allá de Keynes, cuya caja de herramientas política se reducía a rescatar a la economía capitalista de depresiones ocasionales. El keynesianismo no es la respuesta porque en el fondo se trata de expandir la demanda, mientras nuestro problema medioambiental hoy exige reducirla. Pero lo que hay que recordar es que las inversiones en mitigación y en adaptación al cambio climático son necesarias. No nos harán más ricos, pero si aceptamos esto, podemos también aceptar que de todas formas tampoco vamos a ser más ricos porque hay que limitar el crecimiento para evitar el desastre medioambiental. Lo que hace falta es un nuevo mecanismo para dirigir una parte importante de los recursos actuales a tales proyectos —no basado en la rentabilidad y el retorno económico—.

Básicamente esto significa que el capitalismo es incompatible con una rápida transición a un mundo con un uso bajo de carbono. Es esencial por tanto que el estado tenga un papel decisivo en la asignación de los recursos económicos para el bien común —y que más ecologistas lleguen a reconocerlo—.

[Bill Blackwater, escritor y periodista freelance, vive en Londres. Es editor asociado de la revista trimestral Renewal. A Journal of Social Democracy y autor del blog We are all Wotan, en el que apareció este texto en su versión original. Entre sus artículos recientes se encuentran «El negacionismo de los ecologistas progresistas» [«The Denialism of Progressive Environmentalists«] (Monthly Review) y «Dos hurras por el keynesianismo medioambiental» [«Two Cheers for Environmental Keynesianism«]. La traducción al castellano es de Carlos Valmaseda.]