Paro sin paracaídas

I

Cada año el INE es más aplicado en la publicación de las cifras de empleo. Y en cada entrega las cosas son peores. Este año el paro ha rozado los 6 millones. Si no ha llegado a esta cifra es porque más de 158.000 personas han abandonado el mercado laboral y pasado a la categoría de inactivos. Y no se trata de personas que se han jubilado y al menos tienen asegurados unos ingresos sino que las salidas se han producido en los grupos de edad de menos de 55 años. O sea que en su mayoría se trata de “trabajadores desanimados” que ante la imposibilidad de encontrar empleo han decidido dejar de buscarlo. No se trata de una manipulación estadística: simplemente, la forma como se mide el paro deja fuera de tal categoría a una parte importante del ejército de reserva que busca empleo. Pero desde una perspectiva general podemos decir que los 6 millones se aproximan más a la situación real que los dígitos de la cifra oficial.

La lectura detallada de la Encuesta de Población Activa permite analizar muchas otras cuestiones que dan un cuadro bastante aproximado de la situación laboral. Por ejemplo permite observar que la retirada del mercado laboral sigue siendo cosa de jóvenes en general y de hombres en particular, pero que aún han continuado llegando mujeres al mercado laboral. Dos tercios de las nuevas buscadoras de empleo son mujeres mayores de 55 años, algo que puede estar indicando la extrema dureza de la situación. En el otro lado se constata la persistente destrucción de empleo: más de 850.000 empleos volatilizados en un año, aproximadamente un 25% en el sector público. En lo que afecta a la destrucción de empleo sí que se experimenta un cambio importante puesto que casi la mitad de los empleos destruidos lo ha sido en los servicios (un conjunto de actividades que seguían generando empleo al principio de la crisis). La construcción y la industria siguen fabricando paro en grandes cantidades, pero el desplome de los servicios indica que los recortes públicos y el ajuste en algunos sectores como la banca han acabado por hundir las actividades que en otras situaciones conseguían cuanto menos paliar la situación.

La combinación de crisis financiera, integración europea asimétrica y ajuste del gasto público ha conseguido quebrar todas las dinámicas de contención del desempleo y genera un desastre social. No sólo hay menos puestos de trabajo sino que además son peores. Sin entrar en la cuestión de los salarios (pues las estadísticas salariales merecen un análisis pormenorizado que sale fuera de la extensión de esta nota) puede observarse el imparable crecimiento del empleo a tiempo parcial: sólo en un año ha pasado del 13,8% del total de empleos al 15,3%, (la cota llega al 25,5% cuando se trata de empleo femenino). Muchas de las personas empleadas a tiempo parcial deberían considerarse paradas a tiempo parcial, puesto que se trata de actividades que no permiten obtener salarios aceptables. El tiempo parcial y la inactividad son dos de las realidades que ayudan a embellecer las cifras del paro, pero que en ningún caso resuelven los problemas de la gente.

Puestos a dar el panorama completo, sólo hay una variable que experimenta una evolución positiva: la del empleo temporal, que cae del 24,9% del empleo asalariado al 23%, sin duda un resultado debido más a la destrucción de puestos de trabajo que a un cambio en las políticas de contratación El balance general no puede ser más desastroso. Los impulsores de la reforma laboral no pueden dar ninguna señal que justifique la urgencia con la que se aplicaron las medidas ni su capacidad para reorientar el empleo. 2012 ha sido otro año de destrucción masiva de puestos de trabajo, de creación de sufrimiento, de engorde del ejercito de reserva local.

II

Detrás de los seis millones de parados hay seis millones de sufrimiento, de inseguridad extrema, de angustia, de quiebra de la seguridad vital. Pero lo peor de todo es la sensación de caída sin paracaídas, de imposibilidad de cambiar la situación, de impotencia de las políticas. Los líderes económicos solo ofrecen un plan posible de salida de la situación: la devaluación interna, en forma de reducción de salarios y derechos sociales, combinada con la llegada de inversores extranjeros y la generación espontánea de nuevos emprendedores con cuya combinación se relanzarán las exportaciones y se reanimará la actividad. Más o menos una versión tecnocrática del cuento de la lechera versión neoliberal. Los recortes de gasto público y salarios tienen un claro efecto depresor de la actividad. La llegada de inversiones internacionales es una constante de las políticas de los últimos años, un campo en el que existen muchos competidores y en el que el resultado es incierto. Parte de los males de la economía española son precisamente el resultado de una exitosa llegada de capital extranjero que compró empresas para cerrarlas y controlar el mercado y que alimentó generosamente la burbuja inmobiliaria. Y los “emprendedores” tecnológicos que tanto gustan a nuestros políticos y propagandistas económicos nunca suelen aparecer por casualidad, florecen allí donde se desarrollan procesos que generan oportunidades realistas, que requieren un fuerte impulso inicial (como puede estudiarse en el caso de la relación de las nuevas tecnologías de la información y el gasto militar de los EE.UU.). Aquí los emprendedores locales suelen ser más del tipo “promotor hecho a sí mismo” que otra cosa. El tipo de gente que protagonizó parte de la oleada especulativa de las últimas décadas. Crear otro marco cultural y otro modelo productivo no nace de la nada, sino que solo puede desarrollarse dentro de un marco de transformaciones institucionales que hoy desprecian los fundamentalistas del libre mercado. Es improbable que el modelo de deflación competitiva (reducir salarios para competir en el mercado), desmantelamiento de derechos (no sólo laborales: basta observar todas las concesiones que ha conseguido arrancar el promotor de Eurovegas) y fe ciega en la iniciativa individual nos saque del marasmo.

Cinco años de fracasos continuados son mucho tiempo para seguir confiando en unas políticas fracasadas. Y es necesario elevar voces en demandas y con propuestas de otras políticas. Especialmente hay que plantear algunas cuestiones de fondo básicas para poder desarrollar algún programa de reformas o cambios. Hay varias cuestiones a plantear:

Primera: la devaluación competitiva no es una fórmula aceptable para resolver el problema a escala planetaria, sino que empeora la situación global. La fórmula de exportar más que los demás es simplemente una carrera hacia atrás. Lo expresado recientemente por Merkel acerca de que lo que deben hacer países como España es exportar más a Latinoamérica (o sea, a los países más pobres) es una muestra más del mercantilismo que predomina en las élites alemanas. Más o menos la ideología dominante en gran parte del siglo XVII, un mundo con pensamiento imperial. Por el contrario, salir del desempleo requiere medidas cooperativas entre países, regulación de derechos básicos en todas partes, control de los flujos financieros, etc.

Segundo: la actividad laboral es tanto más relevante cuando más permite satisfacer necesidades básicas a todo el mundo. El empleo público es tan bueno o mejor que el privado. Cuando el sector privado no genera empleo, o lo deriva a actividades parasitarias, el desempleo debe combatirse con empleo público. O para público, si se teme a la burocracia. En definitiva, se trata de aportar recursos públicos a la creación de empleos orientados a cubrir las actividades donde las demandas sociales son palpables.

Tercero: los desafíos actuales exigen cambios considerables en las formas de vida. Y el ajuste en la urbanización, el transporte, la alimentación, la energía exige promover planes específicos de intervención, políticas colectivas que requieren liderazgo colectivo y que pueden dar lugar a la aparición de nuevas iniciativas de pequeños grupos (un terreno abonado al fomento de cooperativas y experiencias autogestionarias).

Cuarto: el principal elemento limitador de las dos políticas anteriores es la carencia de recursos públicos y la desigual distribución de la riqueza. Gran parte de las políticas actuales es mera política en beneficio de una capa de rentistas parasitarios que no son capaces de cumplir lo que presuntamente saben hacer: generar empleo. Las medidas de transferencia de riqueza son estrictamente básicas para salir del marasmo. Medidas que pueden llevarse a cabo por vías diversas: nuevos impuestos, impago de parte de la deuda pública, expropiación de bienes y empresas que han incurrido en delitos, inflación sin indexación de las rentas del capital, etc.

Quinto: el trabajo es una necesidad para producir necesidades pero no es un fin en sí mismo. Por esto hay que regular las condiciones del empleo digno, incluyendo un cierto control de las rentas salariales anteriores. Puede existir el caso de adictos al trabajo, workalcolicos, como hay adictos a otras cosas. A menudo esto se produce en actividades creativas (investigadores, artistas, etc.) y es posible que en muchos casos produzcan beneficios sociales importantes. Acotar limites de ingresos y jornada laboral no implica regular toda la actividad personal, simplemente se trata de diferenciar el nivel de actividad estándar y dejar libertad a la gente para que haga lo que quiera en el tiempo que resta. Al fin y al cabo es dudoso que muchas de estas actividades creativas dejen de hacerse por razones de retribución, puesto que incorporan otro gran número de estímulos igualmente creativos.

Estas son a mi entender las bases culturales sobre las que discutir en serio el problema del paro. Un problema que es expresión directa de los tres grandes problemas que conlleva la organización capitalista de la sociedad: injusticia distributiva (el paro es en parte una forma de distribución injusta de la renta), fallo sistémico de coordinación (Marx, Kalecki, Keynes, Robinson, Minsky y tantos otros lo han explicado muy bien) y depredación de las bases naturales y sociales que posibilitan la existencia de la sociedad. Es urgente avanzar medidas hacia un modelo social que trate de hacer frente a esta triada perversa.

Motordependencia

Para cualquier país la extrema especialización constituye un riesgo. Basta recordar el efecto letal para España de un crecimiento basado en la construcción.

A pesar del fracaso final, no está claro que nuestras élites hayan aprendido la lección. Hace bastantes años que otro sector ocupa un lugar destacado en nuestra estructura económica y nuestras políticas industriales. Se trata del sector automovilístico. España es un gran productor mundial de vehículos a pesar de no contar con ninguna empresa propia en el sector. La única presencia local fue la participación del antiguo INI en Seat, pero cuando se fue el socio italiano Fiat lo único que se hizo fue sanear la empresa y dársela a Volkswagen. La fascinación por la industria del motor puede entenderse por la gran cantidad de empleos que genera, no sólo en las plantas ensambladoras sino, sobre todo, en la miríada de empresas auxiliares que producen los mil y un componentes que incorpora cualquier vehículo. También por el papel de icono que tiene el producto final en la sociedad de consumo. Convertir España en un gran centro exportador ha sido presentado como uno de los logros industriales del país.

Pero todo tiene su cara B, y esta es bastante menos amable de lo que la primera cara explica.

En primer lugar la industria española es extremadamente frágil no sólo porque depende de decisiones foráneas, sino también porque estas empresas han decidido que el país sea, fundamentalmente, un exportador de vehículos de gama media/baja. Ello conlleva no sólo una presión brutal sobre los costes, sino una cuestión paradójica sobre nuestro equilibrio exterior. En los años malos, cuando la economía española está en crisis y la demanda interna por los suelos, la balanza comercial del sector experimenta un saldo favorable. En cambio, cuando la economía está en expansión el saldo positivo se reduce y llega a ser negativo. La explicación de este enigma es que el consumo interno en años normales se orienta a vehículos más caros de importación y por tanto el modelo es inestable en términos exteriores.

En segundo lugar, el sector es un auténtico depredador de recursos públicos y derechos sociales. Cada cierto tiempo, habitualmente cuando finaliza la vida de un modelo y las plantas quedan a la espera de que la multinacional les encargue otro producto, las empresas lanzan un órdago del tipo “o me ayudas y rebajas costes salariales o no habrá modelo”. Y las Administraciones corren a rebuscar recursos (por ejemplo apoyos a la i+d) y a forzar a los sindicatos a rebajar derechos. Todo un teatro político que hemos visto practicar repetidas veces a los expertos negociadores de Volkswagen, Renault, Ford, Nissan, General Motors… Es también habitual que las empresas organicen su producción contando las variaciones en el ciclo de ventas y recurran anualmente a unos días de ERE temporal para que sea el estado y los trabajadores los que carguen con el coste. O que periódicamente exijan planes de desgravación fiscal a sus productos.

En tercer lugar, esta presión es aún mucho más fuerte sobre la red de suministradores, subcontratas y empresas auxiliares, lo que se traduce en un paulatino deterioro de derechos laborales a medida que se va descendiendo en la pirámide productiva. El final de este descenso ha sido la deslocalización de los productores de componentes fáciles de transportar hacia países de muy bajos salarios. Una deslocalización que ha afectado especialmente a poblaciones de baja industrialización (como Cervera, Tortosa, Ávila, Salamanca…) y escaso empleo alternativo.

Y cuarto, estas empresas no solo influyen poderosamente sobre la política industrial y las condiciones de empleo sino que tienen un papel crucial en definir el modelo de movilidad y transporte español. La industria del motor suele negociar de tú a tú las inversiones con el Gobierno y en esta negociación pacta condiciones no sólo concretas sino también ambientales. Y también cuenta con una actividad de lobby bien a través de su preponderante papel en el gasto publicitario que financia a los medios de comunicación, bien a través de entidades de la sociedad civil (especialmente el RACC) que actúan como instrumento de presión a favor del automóvil. Graves problemas de contaminación, factura energética y caos urbanístico son el resultado de un modelo automovilístico que para funcionar exige la contrapartida de un modelo amable.

Ahora que la crisis es galopante el sector vuelve a presentarse como el asidero de la industria local y está sacando tajada en el terreno de las ayudas y del deterioro laboral. Sus costes directos son evidentes. Y no garantiza además que una vez agotado un nuevo ciclo productivo no acabe por emigrar. Ya ha ocurrido en el sector de la moto, su primo hermano. Tras años de sacar concesiones de todo tipo a favor del sector (incluida una reforma del título de conducir para facilitarle más mercado y que se tradujo en un aumento de los accidentes) los grandes fabricantes instalados en España (Honda, Yamaha, Piaggio) decidieron largarse sin más. Jugar a atraer un sector a toda costa tiene ese riesgo. Especialmente cuando es evidente que se trata de una actividad en expansión en países en desarrollo y el peligro de una deslocalización futura es cada vez más cierto.

Todo ello sin contar con que, además, sólo los aspectos ambientales deberían forzar a concentrar esfuerzos en desarrollar otros modos de vida y, por tanto, otro tipo de actividades productivas. Pero la coche-dependencia es tan grande que nuestros dirigentes vuelven a apostar por los mismos riesgos de siempre. Quizás no es casualidad que ahora se sumen las investigaciones de petróleo por el método del fracking. Al fin y al cabo, aunque el sector automovilístico ha tenido devaneos con el coche eléctrico, la opción dominante sigue pasando por el vehículo con petróleo y el fracking ofrece la promesa de sortear, al menos por un tiempo, el pico del petróleo, aunque sea a costa de generar un nuevo desastre ambiental. Y es que a esta industria lo ambiental y lo social le traen al pairo. Lo que importa es que siga el negocio.

De untar para especular a las redes de blanqueo

El tema de la corrupción es una de estas cuestiones sobre las que uno vuelve cada cierto tiempo. Llevo muchos años siguiendo los distintos casos de delincuencia pija, la que hace la gente bien, la que es propia de los capitalistas (o al menos de algunos de ellos). Toda la historia del capitalismo está llena de sucesos donde se ha utilizado la fuerza, el engaño como un método de enriquecimiento rápido. La misma idea de “acumulación primitiva de capital” con el que Marx culmina el tomo I de El capital nos indica que la acumulación primitiva de capital ocurrió en gran parte mediante el uso de la coerción política. Un proceso al que hemos podido asistir como espectadores durante la fase de desguace de las viejas economías burocráticas del antiguo bloque soviético. No es de extrañar que en el período neoliberal, caracterizado por liberar de regulaciones a la acumulación capitalista y favorecer el enriquecimiento personal sin trabas, hayan proliferado las experiencias de corrupción y la delincuencia económica. En cierta medida gran parte del modelo neoliberal se ha basado en el uso del poder político y los límites de la legalidad para enriquecer a unos pocos, lo que David Harvey ha llamado “acumulación por desposesión”. Y no es por tanto casual que los casos de corrupción hayan salpicado no sólo a redes mafiosas y especuladores noveles sino también a grandes grupos empresariales que han ido apareciendo en la sección de sucesos de la prensa económica por masivas conductas irregulares (Siemens, Parmalat, UBS…).

Mafias del narcotráfico y la prostitución aparte, durante los últimos años en España la mayoría de escándalos han estado asociados a dos elementos estructurales de nuestro modelo económico: la especulación urbanística y las contratas públicas. El saqueo organizado de los bienes públicos utilizando el apoyo de los políticos locales o estatales. Un verdadero cáncer que provoca no sólo costes sociales indudables sino que genera el desánimo respecto a la acción política.

Los últimos sucesos nos conducen a otra figura delictiva, las redes de blanqueo de capitales como forma de evasión de impuestos en múltiples lugares. En unos casos redes que utilizan el país para blanquear operaciones externas, en otros, redes de reciclaje de capital local. Quizás siempre hayan existido y sean las necesidades de recursos de la Hacienda Pública lo que ha provocado una búsqueda más estricta. O que el temor a una mayor regulación bancaria las haya hecho florecer. En todo caso, la caída de la red de Gao Ping y de la red rusa de Lloret, y el debate generado alrededor de la amnistía fiscal, sirven para mostrar la estrecha ligazón que existe entre evasión monetaria y corrupción. O quizás indican que hay distintas fases del proceso corruptor, una para expoliar el país y otra para poner las rentas ganadas fuera de control.

Puede que la corrupción esté en eso tan etéreo que es “la condición humana”, pero parece estar fuera de duda que la única posibilidad de ponerla bajo control es con buenas regulaciones. Tanto preventivas, con participación democrática transparente en temas como la planificación urbanística o la provisión de servicios públicos, como punitivas. Es éste un campo donde hay mucho que regular. Y hay —incluso en muchos movimientos sociales— más tentación a denunciar a los “chorizos” que a fijar normas que limiten la acción. Y, sobre todo, hay también un vacío bastante claro a la hora de propugnar medidas de control sobre las intervenciones privadas que están en el origen de la mayor parte de procesos de corrupción. Situar el delito de cuello blanco como uno de los que deben ser más duramente castigados constituye una de las tareas básicas para erosionar la suicida hegemonía neoliberal.